Los jóvenes afectados por la guerra les hablan a los congresistas colombianos

En un encuentro a puerta cerrada y virtual, por las condiciones de la pandemia, un grupo de congresistas de la Comisión de Paz del Senado y la Cámara de Representantes escuchó de primera mano los reclamos y las reivindicaciones que jóvenes de algunas de las regiones más afectadas por la guerra tenían para decir. Un grupo de líderes y lideresas que están organizados en sus regiones, haciendo incidencia y denunciando las consecuencias que el conflicto deja en su tierra.

A la cita, que se dio el 22 de febrero pasado, acudieron jóvenes de Buenaventura, que en las últimas semanas ha ocupado titulares de prensa por la confrontación sin cuartel entre ‘Los Shotas’ y ‘Los Espartanos”, grupos originados en la estructura ‘La Local’; pero también del Catatumbo y del Cauca, donde confluyen actores armados de todas las orillas, así como de la región del Meta y Caquetá, donde la deforestación consume la selva, para meterle cabezas de ganado y matas de coca. Los escucharon 13 senadores y representantes a la Cámara, de distintos partidos políticos, en un encuentro promovido por la Fundación Ideas Para la Paz (FIP) y el Instituto Republicano Internacional (IRI), que en el proyecto Del Capitolio Al Territorio promueven un seguimiento desde el Congreso a la implementación del Acuerdo de Paz en las regiones.

Lea: “Los civiles no somos parte de la guerra”: el llamado desde el Catatumbo

“Los jóvenes tememos por nuestra seguridad”, les dijo sin rodeos a los parlamentarios Liceth Alejandra Cuetio, una lideresa de 18 años de Corinto, en el norte del Cauca, que integra la Plataforma Municipal de Juventudes. Recordó el caso de Yiner Quiguantar, un joven de la Red Departamental de Jóvenes del Cauca, que fue amenazado en enero pasado cuando la fachada de su casa amaneció grafiteada con advertencias de muerte. “Nosotros nos movemos mucho en el campo de los Derechos Humanos, la participación política y aparentemente él tocó alguna fibra”, dice sobre esa amenaza que sintió todo el liderazgo juvenil del Cauca.

“Sentir seguridad por el Acuerdo de Paz era lo que se esperaba, pero no fue lo que sucedió”, dice. Su preocupación la compartieron otras asistentes al encuentro, como Luzary Riascos, de Buenaventura precisamente. Además del enfrentamiento armado entre los grupos, dijo que lo que sienten en su territorio es violencia estructural: “A consecuencia de la escasa presencia gubernamental no hay garantías, no hay acceso a necesidades básicas, agua potable y muchas otras que se necesitan para que un pueblo pueda vivir con dignidad. Necesitamos es la implementación de una paz positiva, más allá del silencio de los fusiles o el cese de las confrontaciones”.

En ese puerto, explica la lideresa, los enfrentamientos no solo afectan a los barrios en los que se escuchan los disparos, sino a prácticamente toda la ciudad porque la plata ya no les alcanza para comprar los productos básicos. Como los grupos ejercen un control sobre los tenderos y se llevan una cuota de sus ganancias, los precios se subieron y todo se encareció: los huevos, el plátano, el queso, el arroz. “Nosotros vamos a Cali y allá es mucho más barato”, dice.

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En Catatumbo la situación no es muy distinta. Vivien Alba, una joven de Sardinata, habló de las consecuencias que deja la erradicación forzada de los cultivos de coca. Según dijo, al hacer la erradicación, las familias campesinas se desplazan, las veredas van quedando solas y esos terrenos los llenan de minas antipersonal. “En Sardinata hay una vereda que está completamente sola, San Gil, porque está minada; la gente tuvo que desplazarse; las fuentes hídricas están minadas. Una mina es una advertencia: si explota es porque hay actores cerca”, explica.

Sin oportunidades para los jóvenes rurales

Pero además de la violencia de los armados, los jóvenes les denunciaron a los parlamentarios las limitaciones para acceder a educación y, por consiguiente, a un empleo digno. En la cabecera de Sardinata solo hay dos colegios y en las veredas solo hay hasta noveno grado, cuenta Vivien Aba. Para la mayoría de los muchachos, hasta ahí llegará su formación y en adelante quedan al vaivén del contexto. “Los hombres se van de raspachínes y las mujeres de cocineras en las fincas cocaleras. Pero donde hay coca la vida es más costosa y esa vida se gana es raspando. Es que no es solo sobrevivir a la violencia, sino también a la economía”, reclama.

En ese contexto, dice, “las decisiones que puede tomar uno dependen de quién les brinde la mano”. Muchas veces terminarán entonces engrosando las filas de los grupos armados. En ello coincidió Luzary Riascos, que lo ha visto en los barrios de Buenaventura. “Los niños van creciendo en zonas vulnerables, en medio de las confrontaciones y empiezan a ver a esas personas como un referente. Por falta de oportunidades, de educación, terminan yéndose por ese mismo camino”, lamenta.

“Los jóvenes se están tomando la paz por sus propias manos”

No hubo solo denuncias en ese encuentro. También reivindicaciones. “A ellos les mostramos un proceso bastante fortalecido, que somos jóvenes pensantes, y que entre nosotros mismos nos hemos activado. En Corinto logramos que se adoptara la Política Pública de Juventudes”, sostiene Liceth Cuetio.

Esa ambigüedad entre las denuncias de los jóvenes, pero al mismo tiempo la manifestación de su compromiso con la construcción de paz la recoge la representante a la Cámara Juanita Goebertus, que asistió al encuentro. “Fue una reunión por un lado muy angustiante, porque ratifican con su experiencia de vida lo que hemos venido documentando en los informes de seguimiento a la implementación del Acuerdo; pero al mismo tiempo fue supremamente esperanzadora porque son mujeres y hombres súper echados para adelante, no están quietos, no están en la reunión en la lógica de “ustedes resuelvan”, sino que ellos están con los guantes en el terreno, viendo como resuelven, cómo generan pactos de respeto por la vida; en ellos hay una generación de jóvenes a nivel territorial que se está tomando la paz por sus propias manos”.

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Según dijo, en las intervenciones de los jóvenes se reafirmaron algunos de los hallazgos que han arrojado los informes de seguimiento a la implementación del Acuerdo elaborados por los congresistas con el apoyo de la Fundación Ideas para la Paz. “Brandon Alvis, de Caquetá, dijo algo que hemos constatado en otras visitas y lo hemos documentado. Él, sin hacer mención a las cifras exactas, dijo que estaba preocupado porque ponen a los municipios a competir por los recursos para la paz y los que tienen menos capacidad institucional están recibiendo menos recursos, por lo tanto, los recursos se quedan en los mismos municipios”. En esos informes, dijo la parlamentaria, han verificado que, del total de los proyectos, el 50% se concentran en cuatro subregiones PDET: Sierra Nevada – Perijá, Catatumbo, Macarena – Guaviare y Cuenca del Caguán. Mientras tanto, regiones como el Pacífico Medio o el sur del Tolima tienen cero o muy pocos proyectos aprobados.

Juan Carlos Losada, representante a la Cámara, dijo que pudo evidenciar en los jóvenes una importante conciencia ambiental. “A mí me sorprendió que un número muy importante de ellos, casi que unánimemente, hicieron intervenciones en las que reclamaban justicia ambiental y cuestionaban el deterioro al medio ambiente; teniendo en cuenta además que este gobierno no ha podido sacar adelante en el Congreso el acuerdo de Escazú””, dijo el representante. De hecho, Caquetá, de donde había jóvenes en la reunión, es el departamento más deforestado del país, solo en los municipios de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.

Los compromisos de los congresistas

Según algunas voces del Congreso que se reunieron con los jóvenes, el tema no muere allí y se comprometieron a llevarse consigo las denuncias que recogieron. “Este tipo de encuentros nos permiten nutrir con elementos concretos los informes de seguimiento a la implementación que hacemos nosotros y con esos informes hemos venido haciendo control político que se traduce en debates de control a los funcionarios: para finales de este año tenemos el último debate de cierre, de cómo deja Duque la implementación del Acuerdo y eso se nutrirá con este ejercicio de seguimiento territorial”, señaló la representante Goebertus.

Igualmente, dijo que a los jóvenes se les entregaron “cajas de herramientas” con un paso a paso de cómo crear veedurías ciudadanas, cómo postularse a proyectos PDET, cómo participar en el sistema de justicia transicional, entre otras rutas.

“Nosotros no somos el ejecutivo, pero podemos, por un lado, ser amplificadores de esas voces y, dos, ser agentes de varias de las gestiones que ellos necesitan. Por ejemplo, nosotros podemos entablar las conversaciones necesarias con el ministerio de las TIC para ver por qué los espacios digitales que se necesitan para viabilizar a los jóvenes de las regiones no se han abierto en estos territorios. O lo que tiene que ver con el ministerio del Interior y la presión política que debemos ejercer para que haya una verdadera formulación de la política de paz, convivencia y reconciliación, y justamente varios de los que asistimos a la reunión somos de la comisión Primera, es decir, quienes estamos más en contacto con el ministerio del Interior”, sostuvo el representante Juan Carlos Losada.

En un encuentro a puerta cerrada y virtual, por las condiciones de la pandemia, un grupo de congresistas de la Comisión de Paz del Senado y la Cámara de Representantes escuchó de primera mano los reclamos y las reivindicaciones que jóvenes de algunas de las regiones más afectadas por la guerra tenían para decir. Un grupo de líderes y lideresas que están organizados en sus regiones, haciendo incidencia y denunciando las consecuencias que el conflicto deja en su tierra.

A la cita, que se dio el 22 de febrero pasado, acudieron jóvenes de Buenaventura, que en las últimas semanas ha ocupado titulares de prensa por la confrontación sin cuartel entre ‘Los Shotas’ y ‘Los Espartanos”, grupos originados en la estructura ‘La Local’; pero también del Catatumbo y del Cauca, donde confluyen actores armados de todas las orillas, así como de la región del Meta y Caquetá, donde la deforestación consume la selva, para meterle cabezas de ganado y matas de coca. Los escucharon 13 senadores y representantes a la Cámara, de distintos partidos políticos, en un encuentro promovido por la Fundación Ideas Para la Paz (FIP) y el Instituto Republicano Internacional (IRI), que en el proyecto Del Capitolio Al Territorio promueven un seguimiento desde el Congreso a la implementación del Acuerdo de Paz en las regiones.

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“Los jóvenes tememos por nuestra seguridad”, les dijo sin rodeos a los parlamentarios Liceth Alejandra Cuetio, una lideresa de 18 años de Corinto, en el norte del Cauca, que integra la Plataforma Municipal de Juventudes. Recordó el caso de Yiner Quiguantar, un joven de la Red Departamental de Jóvenes del Cauca, que fue amenazado en enero pasado cuando la fachada de su casa amaneció grafiteada con advertencias de muerte. “Nosotros nos movemos mucho en el campo de los Derechos Humanos, la participación política y aparentemente él tocó alguna fibra”, dice sobre esa amenaza que sintió todo el liderazgo juvenil del Cauca.

“Sentir seguridad por el Acuerdo de Paz era lo que se esperaba, pero no fue lo que sucedió”, dice. Su preocupación la compartieron otras asistentes al encuentro, como Luzary Riascos, de Buenaventura precisamente. Además del enfrentamiento armado entre los grupos, dijo que lo que sienten en su territorio es violencia estructural: “A consecuencia de la escasa presencia gubernamental no hay garantías, no hay acceso a necesidades básicas, agua potable y muchas otras que se necesitan para que un pueblo pueda vivir con dignidad. Necesitamos es la implementación de una paz positiva, más allá del silencio de los fusiles o el cese de las confrontaciones”.

En ese puerto, explica la lideresa, los enfrentamientos no solo afectan a los barrios en los que se escuchan los disparos, sino a prácticamente toda la ciudad porque la plata ya no les alcanza para comprar los productos básicos. Como los grupos ejercen un control sobre los tenderos y se llevan una cuota de sus ganancias, los precios se subieron y todo se encareció: los huevos, el plátano, el queso, el arroz. “Nosotros vamos a Cali y allá es mucho más barato”, dice.

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En Catatumbo la situación no es muy distinta. Vivien Alba, una joven de Sardinata, habló de las consecuencias que deja la erradicación forzada de los cultivos de coca. Según dijo, al hacer la erradicación, las familias campesinas se desplazan, las veredas van quedando solas y esos terrenos los llenan de minas antipersonal. “En Sardinata hay una vereda que está completamente sola, San Gil, porque está minada; la gente tuvo que desplazarse; las fuentes hídricas están minadas. Una mina es una advertencia: si explota es porque hay actores cerca”, explica.

Sin oportunidades para los jóvenes rurales

Pero además de la violencia de los armados, los jóvenes les denunciaron a los parlamentarios las limitaciones para acceder a educación y, por consiguiente, a un empleo digno. En la cabecera de Sardinata solo hay dos colegios y en las veredas solo hay hasta noveno grado, cuenta Vivien Aba. Para la mayoría de los muchachos, hasta ahí llegará su formación y en adelante quedan al vaivén del contexto. “Los hombres se van de raspachínes y las mujeres de cocineras en las fincas cocaleras. Pero donde hay coca la vida es más costosa y esa vida se gana es raspando. Es que no es solo sobrevivir a la violencia, sino también a la economía”, reclama.

En ese contexto, dice, “las decisiones que puede tomar uno dependen de quién les brinde la mano”. Muchas veces terminarán entonces engrosando las filas de los grupos armados. En ello coincidió Luzary Riascos, que lo ha visto en los barrios de Buenaventura. “Los niños van creciendo en zonas vulnerables, en medio de las confrontaciones y empiezan a ver a esas personas como un referente. Por falta de oportunidades, de educación, terminan yéndose por ese mismo camino”, lamenta.

“Los jóvenes se están tomando la paz por sus propias manos”

No hubo solo denuncias en ese encuentro. También reivindicaciones. “A ellos les mostramos un proceso bastante fortalecido, que somos jóvenes pensantes, y que entre nosotros mismos nos hemos activado. En Corinto logramos que se adoptara la Política Pública de Juventudes”, sostiene Liceth Cuetio.

Esa ambigüedad entre las denuncias de los jóvenes, pero al mismo tiempo la manifestación de su compromiso con la construcción de paz la recoge la representante a la Cámara Juanita Goebertus, que asistió al encuentro. “Fue una reunión por un lado muy angustiante, porque ratifican con su experiencia de vida lo que hemos venido documentando en los informes de seguimiento a la implementación del Acuerdo; pero al mismo tiempo fue supremamente esperanzadora porque son mujeres y hombres súper echados para adelante, no están quietos, no están en la reunión en la lógica de “ustedes resuelvan”, sino que ellos están con los guantes en el terreno, viendo como resuelven, cómo generan pactos de respeto por la vida; en ellos hay una generación de jóvenes a nivel territorial que se está tomando la paz por sus propias manos”.

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Según dijo, en las intervenciones de los jóvenes se reafirmaron algunos de los hallazgos que han arrojado los informes de seguimiento a la implementación del Acuerdo elaborados por los congresistas con el apoyo de la Fundación Ideas para la Paz. “Brandon Alvis, de Caquetá, dijo algo que hemos constatado en otras visitas y lo hemos documentado. Él, sin hacer mención a las cifras exactas, dijo que estaba preocupado porque ponen a los municipios a competir por los recursos para la paz y los que tienen menos capacidad institucional están recibiendo menos recursos, por lo tanto, los recursos se quedan en los mismos municipios”. En esos informes, dijo la parlamentaria, han verificado que, del total de los proyectos, el 50% se concentran en cuatro subregiones PDET: Sierra Nevada – Perijá, Catatumbo, Macarena – Guaviare y Cuenca del Caguán. Mientras tanto, regiones como el Pacífico Medio o el sur del Tolima tienen cero o muy pocos proyectos aprobados.

Juan Carlos Losada, representante a la Cámara, dijo que pudo evidenciar en los jóvenes una importante conciencia ambiental. “A mí me sorprendió que un número muy importante de ellos, casi que unánimemente, hicieron intervenciones en las que reclamaban justicia ambiental y cuestionaban el deterioro al medio ambiente; teniendo en cuenta además que este gobierno no ha podido sacar adelante en el Congreso el acuerdo de Escazú””, dijo el representante. De hecho, Caquetá, de donde había jóvenes en la reunión, es el departamento más deforestado del país, solo en los municipios de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán.

Los compromisos de los congresistas

Según algunas voces del Congreso que se reunieron con los jóvenes, el tema no muere allí y se comprometieron a llevarse consigo las denuncias que recogieron. “Este tipo de encuentros nos permiten nutrir con elementos concretos los informes de seguimiento a la implementación que hacemos nosotros y con esos informes hemos venido haciendo control político que se traduce en debates de control a los funcionarios: para finales de este año tenemos el último debate de cierre, de cómo deja Duque la implementación del Acuerdo y eso se nutrirá con este ejercicio de seguimiento territorial”, señaló la representante Goebertus.

Igualmente, dijo que a los jóvenes se les entregaron “cajas de herramientas” con un paso a paso de cómo crear veedurías ciudadanas, cómo postularse a proyectos PDET, cómo participar en el sistema de justicia transicional, entre otras rutas.

“Nosotros no somos el ejecutivo, pero podemos, por un lado, ser amplificadores de esas voces y, dos, ser agentes de varias de las gestiones que ellos necesitan. Por ejemplo, nosotros podemos entablar las conversaciones necesarias con el ministerio de las TIC para ver por qué los espacios digitales que se necesitan para viabilizar a los jóvenes de las regiones no se han abierto en estos territorios. O lo que tiene que ver con el ministerio del Interior y la presión política que debemos ejercer para que haya una verdadera formulación de la política de paz, convivencia y reconciliación, y justamente varios de los que asistimos a la reunión somos de la comisión Primera, es decir, quienes estamos más en contacto con el ministerio del Interior”, sostuvo el representante Juan Carlos Losada.