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En el cuarto aniversario de la firma del Acuerdo Final de La Habana, organizaciones sociales y campesinas se juntaron para hacer su propio balance sobre lo que han sido estos cuatro años de la implementación de uno de los pilares de ese pacto: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Pactados en el primer punto del Acuerdo, estos 16 programas apuntaban a la transformación rural en las regiones más afectadas por la guerra, pero según líderes de Buenaventura, Arauca, Caquetá y Cauca, hoy ese objetivo parece haberse deformado.
El balance de los PDET fue convocado por la Mesa Nacional de las Plataformas de la Sociedad Civil creada en 2017 precisamente para hacerle seguimiento a la implementación de esos programas. Una mesa de la que hacen parte organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN), entre otras. Estos fueron sus reclamos:
Tras la firma del PDET, las comunidades se quedaron sin participación
“Después de la parafernalia de la firma y de la publicación, la frustración ha sido grande porque la implementación de los PDET no ha tenido en cuenta a las comunidades. Se vienen haciendo cosas por parte de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), pero sin las comunidades. Llegan a una vereda con una obra que la gente ni sabe y si la comunidad critica, pues se la llevan para otra parte”, reclamó Martín Sandoval, de la veeduría departamental del PDET en Arauca.
(Lea: Las críticas al Gobierno por “simular” la implementación de los PDET)
Como él, fueron reiteradas las ocasiones en que los voceros presentes en el encuentro (virtual) aseguraron que las comunidades que participaron en la construcción y formulación de esos programas quedaron excluidas del proceso, una vez fueron firmados esos documentos. Y es que durante la fase de formulación fueron alrededor de 220 mil personas las que participaron en el proceso, en un amplio ejercicio participativo que ha sido destacado por el propio Gobierno. Por eso, la expectativa que había en los territorios era grande.
El líder Martín Sandoval denunció además que las veedurías conformadas para la implementación de los PDET han sido desconocidas. “A las veedurías nos aislaron, no nos convocan a las reuniones que hace la ART. A los grupos motores los están invitando, pero quieren convertirlos en un comité de aplausos”, dijo.
Por su parte, Alberth Ochoa, del Espacio Regional de Paz del Cauca, reafirmó que las comunidades siguen dispuestas a continuar con el proceso y que esperan del Gobierno tener una puerta abierta para ello. “Estamos a la expectativa, pero el espíritu de construcción de paz territorial continúa a pesar de todo”.
Los PDET, reducidos a obras de cemento
Otra de las fuertes críticas que lanzaron los representantes de las comunidades durante el evento fue que hasta el momento la implementación de estos programas ha quedado reducida a la construcción de pequeñas obras de infraestructura, cuya priorización no contó con el aval de las poblaciones involucradas. “El PDET se convirtió en obras. En puentes sin participación comunitaria, en infraestructura que es una lista de mercado. No tienen nada que ver con la transformación regional de los territorios y no reconoce el abandono histórico del Estado en las regiones”, aseguró Alberth Ochoa.
En igual sentido habló Magaly Belálcazar, de la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas. “Los PDET se dedicaron a todo lo que tiene que ver con cemento: placa huellas, centros de acopio, pero no hay avance significativo en el punto 1 del Acuerdo. El PDET está divorciado de los enfoques ambiental, de género, étnico y territorial”. Según dijo, en su departamento se han ejecutado 548 obras, en los municipios de Puerto Rico y La Montañita, principalmente relacionadas con temas deportivos, centros educativos o puentes peatonales.
Pero, además, Álvaro Arroyo, del consejo comunitario del río Yurumanguí de Buenaventura e integrante del PCN, reclamó que las comunidades tengan que competir en convocatorias abiertas con otros postulantes privados para poder acceder a proyectos. “Quien no presenta proyectos, no implementa. Y no hay capacidad en muchas comunidades para formularlos. No puede ser que las comunidades se pongan a competir en convocatorias porque sería revictimizarlas”, aseguró.
Si bien el Gobierno Nacional no fue invitado a este balance de los cuatro años de los PDET, en otras oportunidades ha defendido su gestión. El consejero Emilio Archila ha dicho que lo que se está haciendo es empezar a organizar, priorizar y ejecutar lo que plasmaron las comunidades en esos programas. Para ello, se contrató a la firma Deloitte que está adelantando el proceso y que entregará las 16 hojas de ruta (ya entregó la del Catatumbo). Como se trata de un proceso de carácter meramente técnico, ha dicho el consejero, no ha habido el mismo nivel de participación. Sin embargo, dijo que lo elaborado por Deloitte se pone en consideración de las poblaciones involucradas.
El enfoque de género, una deuda pendiente
“En el Caquetá una vaca tiene más derechos que una mujer, porque una vaca tiene dos o tres hectáreas de tierra y las mujeres no tenemos tierra ni en las uñas”. Con esa frase, Magaly Belálcazar resumió lo que ha sido la implementación del PDET en su territorio. Según dijo, nada se ha avanzado en acceso a tierras por parte de las mujeres.
“En el tema de mujeres rurales estamos lejos de ser reconocidas. No se han tenido en cuenta las dinámicas del territorio para las mujeres. Los PDET nos están poniendo en las huertas, nos están poniendo en el patio trasero de la casa: en la crianza de las gallinas, en la cría de los cerdos”, denunció. Por eso, las mujeres exigen también ser dueñas de la tierra.
Para avanzar en ese sentido, la lideresa propuso crear una mesa de concertación con las mujeres en los territorios, donde se puedan discutir las propuestas, “más allá del cemento”: temas de salud y de prevención de violencias, dijo.