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El Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Integral y la Gestión Social (una organización sin ánimo de lucro) fue uno de los ejecutores de regalías de los polémicos proyectos del Ocad-Paz. En 2021 ejecutaron contratos en más de cinco departamentos del país por más de $100 mil millones. El representante a la Cámara Duvalier Sánchez, quien lideró una investigación en este departamento, aseguró que los proyectos en los municipios más afectados por el conflicto armado tuvieron sobrecostos de, por lo menos, $18 mil millones.
La denuncia la hizo el congresista en el debate de control político que lideró la Cámara de Representantes el pasado 7 de septiembre. Allí señaló que los sobrecostos provienen de 17 contratos (de 33 en total) que administró este Fondo en 2021 para ejecutar obras en municipios fuertemente afectados por el conflicto armado en cinco departamentos del país: Caquetá, Cauca, Cesar, Nariño y Valle del Cauca. También advirtió que algunas de esas obras no han empezado a ejecutarse y otras cuentan con retrasos de más del 90 %.
En su denuncia también señaló que los proyectos cuestionados son de municipios cuyas alcaldías pertenecen al Partido de la U (el partido de la gobernadora del Valle Clara Luz Roldán y presidido por Dilian Francisca Toro, su madrina política) o están en alguna coalición con ese partido.
(Vea: Las alertas que recibió el gobierno en el escándalo del Ocad-Paz)
Colombia+20 conoció la investigación completa de Sánchez en la que revela, además, el entramado que se habría gestado en el Fondo Mixto del Deporte a través del “Pool de Aliados Estratégicos”, una figura que crearon para que un grupo de socios exclusivos -y reservados- sean quienes ejecuten los contratos públicos que administra el Fondo haciendo un proceso de selección interna de contratación entre los socios.
Lyda Caicedo, la directora del Fondo Mixto del Deporte, en diálogo con El Espectador explicó que esta entidad fue creada como una organización sin ánimo de lucro de carácter mixto (pública-privada) en 1993 por ordenanza de la Asamblea Departamental del Valle. Funciona como una entidad ejecutora de contratos en todo el territorio nacional y también a nivel internacional. Lo curioso es que, a pesar de ser una entidad mixta, el Fondo apenas tiene una participación privada del 0,23 %. El 99,77 % restante corresponde a participación de la Gobernación del Valle.
El “Pool de Aliados Estratégicos” de la contratación
El manual de contratación del Fondo Mixto del Deporte establece que únicamente los socios miembros del “Pool de Aliados Estratégicos” podrán concursar para ejecutar los contratos públicos o privados que sean designados por esta entidad. Es decir, los 33 contratos de Ocad-Paz fueron asignados a integrantes de este exclusivo grupo de empresarios que integran el “Pool”. “Lo grave es que ellos hicieron su propio manual de contratación. Ellos terminan decidiendo a qué contratista asignar cada proyecto, con la diferencia de que no hay concurso o convocatoria pública, sino que los ejecutores e interventores deben ser integrantes del su socio de aliados estratégicos”, denunció el congresista.
La directora Lyda Caicedo explicó que ese “Pool” es una “base de datos de los debidamente inscritos y vinculados al Fondo Mixto como Aliados Estratégicos para la participación, selección, celebración y ejecución de contratos derivados”. Mencionó también que todos los integrantes de ese exclusivo grupo de socios son empresas privadas y profesionales “en diferentes áreas del conocimiento, con experiencia y reconocimiento de sus trabajos a nivel nacional”.
Sin embargo, el representante a la Cámara aseguró que no se garantiza la transparencia en el proceso de contratación por la falta y omisión de información y se refirió a otras irregularidades: “Documentamos que hubo proyectos en los que solo daban un día hábil para recibir la propuesta de los oferentes. ¿Qué contratista puede estructurar una buena propuesta en 24 horas si la contratación pública establece que son mínimo 10 días hábiles? Los del Pool Estratégico lograban en menos de un día presentar su propuesta, como si ya conocieran la convocatoria previamente”. Advirtió que estos procesos de contratación con el Fondo no son públicos.
Sobre este asunto, la directora Caicedo especificó que, si bien únicamente los socios del Pool pueden convertirse en oferentes de los contratos, su forma de garantizar la transparencia en los procesos es: “Haciendo una selección de contratistas imparcial, ajustada exclusivamente a los lineamientos contenidos en los términos de referencia que elabora la entidad, con criterios de requisitos habilitantes establecidos como capacidad jurídica, financiera, técnica y de experiencia y con criterios de evaluación de experiencia y presupuesto, que permite al Fondo efectuar una evaluación de las propuestas presentadas por los inscritos al Pool de Aliados y seleccionar la oferta que en conjunto ofrezca las mejores condiciones para la ejecución del objeto propuesto”.
(Lea también: El proyecto de Ocad-Paz que tiene cuatro contratistas investigados por Contraloría)
Otra de las advertencias que hizo el representante a la Cámara gira en torno al aumento en la cantidad de contratos del Ocad-Paz adjudicados entre 2020 y 2021. Mientras en 2020, según el portal Colombia Compra Eficiente el Fondo Mixto del Deporte tuvo a su cargo la ejecución de apenas un contrato de Ocad-Paz, por la suma de $1.295 millones, en 2021 la cifra se multiplicó: les asignaron 33 proyectos por cerca de $485.298 millones para ejecutar obras en Nariño, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Putumayo y Valle del Cauca.
La mitad de los contratos beneficiaban alcaldías del Partido de la U
Una de las particularidades es que de estos 33 contratos, 17 se ejecutaron en municipios cuyos alcaldes pertenecen al Partido de la U (partido de Dilian Francisca Toro, cofundadora del Fondo Mixto). En el departamento de Caquetá, por ejemplo, las alcaldías beneficiarias de dos de esos proyectos fueron los municipios de Solita (en cabeza de Luis Antonio Morales Cubillos del Partido de la U), y Milán (en cabeza de Nayive López Olaya)
En el departamento del Cauca se ejecutaron cinco proyectos: cuatro de ellos en el municipio de Miranda, cuyo alcalde es Samuel Londoño Ortega, de la Coalición Alcaldía de Miranda Cauca (Partido de la U-Partido Conservador-Colombia Renaciente). De estos cuatro contratos, dos se encuentran suspendidos y el avance físico reportado de las obras no supera el 2 %, mientras en cada uno ya se ha desembolsado, por lo menos, el 30 % del dinero.
(En contexto: Claves para entender las denuncias sobre OCAD Paz tras debate de control político)
El otro contrato en el Cauca tenía como objetivo construir y dotar un polideportivo en Toribío, el municipio más atacado por la otrora guerrilla de las Farc en Colombia. El alcalde Silvio Valencia Lemus también es del Partido de la U y, según los reportes de Colombia Compra Eficiente, la ejecución del contrato no ha comenzado, a pesar de haber sido aprobado el 25 de octubre de 2021.
En el departamento del Cesar se habla de siete proyectos en marcha: uno en el municipio de Becerril, dos en el municipio de La Paz, otros dos en Pueblo Bello, uno más en San Diego y otro en Valledupar. Los alcaldes de los cinco municipios pertenecen al Partido de la U o a coaliciones con este. Los casos más críticos son en Pueblo Bello, en cabeza del alcalde Danilo Duque Barón, de la Coalición Partido Conservador-Partido de la U-Cambio Radical-Partido Liberal. “El contratista asignado es Libardo José Cuello, quien tiene tres contratos más en el Cesar por $83 mil millones. Cuello se ha asociado, entre otros, con Intec (empresa que hizo parte del Consorcio de Centros Poblados, señalado de quedarse con $70 mil millones)”.
En Nariño, por su parte, se designaron dos contratos, ambos en el municipio de Los Andes, en cabeza del alcalde Yonny Fernando Delgado Montenegro, elegido a través de una coalición entre el Partido de la U y el Partido Liberal). Finalmente, en el Valle del Cauca se asignó un contrato por más de $8.800 millones para el mejoramiento de vías en el municipio de Pradera, administrado por Justino Sinisterra Sinisterra, también del Partido de la U.
(Nota relacionada: Caso OCAD-Paz: Procuraduría adelanta 24 indagaciones e investigaciones)
Sobre este asunto, la directora Lyda Caicedo afirmó que “como ente ejecutor y como entidad sin ánimo de lucro, descentralizada de segundo orden por servicios no está dentro de mis funciones verificar a que partido político pertenecen los alcaldes o gobernadores de las entidades territoriales que nos contratan para ejecutar recursos públicos”.
Las denuncias por sobrecostos
La investigación del congresista arrojó que en los proyectos de los municipios de Condoto (Chocó), Pueblo Bello (Cesar), Los Andes (Nariño) y Orito (Putumayo) se habrían comprado materiales de obra con sobrecostos en comparación con una tabla de precios de referencia de Invías. Algunos de los productos analizados fueron pavimento de concreto hidráulico, base y sub-base granular (base para el asfalto) y cunetas y bordillos (para la construcción de aceras y carreteras).
Por ejemplo, en el caso del pavimento de concreto hidráulico que se requería para la obra de Condoto (Chocó), el oferente hizo una cotización que superaba los $6.600 millones por 7.320 unidades en metro cúbico de este material. Sin embargo, en la tabla de precios de referencia que utiliza el Invías, la misma cantidad de ese material habría costado poco más de $3.700 millones. Es decir, el sobrecosto habría sido de casi $3 mil millones.
El segundo municipio donde se habría comprado materiales a un precio muy superior al promedio es Los Andes (Nariño). El material analizado se llama sub-base granular y el contratista cotizó 7.599 unidades por un valor superior a los $1.850 millones. Sin embargo, la misma cantidad, según los precios de referencia del Invías, habría costado $611 millones. (Vea a continuación la tabla comparativa de precios completa).
Ese mismo ejercicio de comparación de precios lo hicieron con otros tres materiales de obra de infraestructura y las diferencias de los costos ascendieron a casi $18.500 millones. Sobre esta denuncia, la directora del Fondo Mixto respondió que la entidad que dirige “en ningún momento se involucra en la estructuración del presupuesto ni de ninguno de los componentes técnicos, jurídicos y financieros exigidos por el Sistema General de Regalías”. Explicó que es el Órgano Colegiado de Administración del Ocad-Paz, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte, quienes revisan los requisitos de presupuesto de cada contrato.
Lyda Caicedo, como directora ejecutiva, explicó que su labor en los contratos de Ocad-Paz ha sido la supervisión en la ejecución dichos proyectos. Esos tiempos de ejecución también han sido cuestionados, pues la mayoría no supera el 20 %. Frente a eso, respondió que “teniendo en cuenta que son zonas de municipios PDET, hay problemas de orden público. Además, como son zonas apartadas se presentan inconvenientes de cambios climáticos que, en varios casos, no han permitido tener una ejecución mucho más avanzada”.
