Los primeros 25 predios de las Farc para reparar a las víctimas

El pasado 11 de septiembre, la Justicia Especial para la Paz (JEP) le dio un término de diez días hábiles a la Superintendencia de Notariado y Registro para que envíe a esa jurisdicción “los respectivos soportes acerca de toda la información que conozca y que esté relacionada con el inventario de bienes y activos de las Farc”. Además, le pidió aportar las pruebas específicas de despojo y ocupación (de tierras) a las que hizo referencia el superintendente Jairo Mesa Guerra en los medios de comunicación. Días después, el funcionario respondió, otra vez, por los micrófonos. Dijo que las Farc le habían hecho “conejo” al país en la entrega de tierras y que, por el contrario, la entidad notarial encontró bienes de testaferros de la exguerrilla no reportados en los listados de agosto de 2017.

Está polémica, aún no zanjada, puso de presente la pregunta de cómo avanza el proceso de recuperación de las tierras que las Farc controlaron durante el conflicto. Son 722 los predios que la antigua insurgencia reportó al Estado como parte de los bienes conseguidos en la ilegalidad y los cuales suman más de 240.000 hectáreas. No obstante, aún hace falta mucho camino para que la Sociedad de Activos Especiales (entidad encargada de administrar estos bienes), identifique todos los predios y los monetice para reparar a las víctimas.

Algunas tierras son baldías, otras están en territorios colectivos de comunidades negras e indígenas y, en otros casos, la SAE tendrá que determinar si fueron objeto de despojo o fueron bienes inmuebles que las Farc entregaron a terceros para que se las administraran. “Algunos de esos bienes los dejaron en cabeza de civiles, con el compromiso de que ellos los entregarían sin oposición en el marco del Acuerdo de Paz”, afirmó Raúl Vargas, gerente técnico de la SAE.

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La tarea avanza y durante el mes que termina se identificaron cuatro predios en zona rural de Bogotá, en la localidad de Sumapaz. Ahí operó el frente 40 del Bloque Oriental de las Farc, bajo el mando de Henry Castellanos, también conocido como Romaña. Son predios ubicados en los corregimientos de Nazaret, Betania y San Juan, en lo más alto del páramo y en algunas zonas urbanas del sur de Bogotá.

El papel de la SAE es identificar las coordenadas del terreno, visitar el predio, determinar si está habitado y que la gente diga si efectivamente es un predio de las Farc. “En el Sumapaz la mayoría de personas dijeron que iban a entregar los predios”, reveló Vargas. Lo hacen para no afectar a los terceros que quizá se opongan a lo escrito en los listados por la exguerrilla.

Dentro de un año se sabrá cuál es la lista final de esos predios y la verdadera cuantía. Los bienes que registró el ahora partido político FARC podrían costar cerca de medio billón de pesos, según el reporte de 2017.

Pero la tarea aún no está ni en la mitad del camino. De los 722 predios, 299 tienen al menos una coordenada. De esos, 90 están identificados, pero, por ahora, solo 25 tienen matrícula catastral. Esos son los que tiene la Superintendencia de Notariado, los cuales, según sus cuentas, suman 66.540 hectáreas. Están en siete departamentos del país y, sin duda, muestran la ruta de control territorial de las Farc durante la confrontación armada. En cada región hay particularidades. El hecho de que la exguerrilla entregue terrenos en Caquetá, Meta, Arauca y Magdalena, muestra en el mapa su accionar y su enfrentamiento con hacendados y ganaderos.

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En Caquetá, por ejemplo, las tierras que la SAE entrará a recuperar en la segunda semana de octubre suman un total de 4.184 hectáreas. Aún es el primer barrido, pero en esa visita tendrán que hablar con la viuda de Augusto César Oyuela Rojas, un narcotraficante, según el exjefe guerrillero Martín Sombra, asesinado por las Farc en los Llanos del Yarí. María Nancy Hinestroza Guzmán se llama la reclamante de la famosa finca Caquetania, quien está inscrita en la Unidad de Restitución de Tierras, en busca de recuperar su predio de 1.545 hectáreas. Según su testimonio, fue desplazada en 2009 por la guerrilla.

Antonio Penagos, miembro de la Federación de Ganaderos del Caquetá, explica cómo fue el conflicto de las Farc y los hacendados en los Llanos del Yarí, la zona de retaguardia de la insurgencia y la antigua región donde operaron los laboratorios de Tranquilandia del cartel de Medellín.

“El problema que hay en la región, porque hoy en día continúa, es el tema del impuesto o vacuna que ahora cobra la disidencia de las Farc. Y hubo ganaderos que no estuvieron de acuerdo con eso y prefirieron irse de la zona o vender los predios durante la época del conflicto”, comenta Penagos.

En todo caso, “de Oyuela Rojas se decía que era ganadero, pero la guerrilla lo mató porque era un narcotraficante de los paramilitares en Caquetania”, confiesa un campesino de la región.

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Este bien inmueble estaba en proceso de extinción de dominio, dice el certificado de tradición, no obstante, en la última anotación en este documento notarial, fechado el 4 de octubre de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó entregar el predio a la viuda. “Si el predio se le quitó a alguien, esa persona es una víctima del conflicto”, explica Pastor Alape, el coordinador de la entrega de bienes por el Partido FARC, haciéndole el quite a una pregunta sobre cómo despojaron este predio.

Otro terreno, que aparece entre los 25 plenamente identificados, es el que está en el Consejo Comunitario del río Salaquí, en el municipio de Riosucio (Chocó). Son cerca de 57.000 hectáreas las que reportó la Superintendencia. Sin embargo, Alape solo reconoce que compraron las mejoras de una finca de 100 hectáreas.

“Ese era un predio que, en medio de la guerra, un particular vendió para desarrollar actividades productivas. Nosotros, de antemano, sabíamos que el negocio que se estaba haciendo era sobre la posibilidad de explotar las mejoras. Pero la tierra es del consejo comunitario”, enfatiza el líder de la FARC.

En los listados de bienes que entregaron las Farc también hay tierras en resguardos indígenas, parques nacionales y tierras baldías. El gerente de la SAE dice que estos casos serán analizados y posteriormente entregados a la Agencia Nacional de Tierras o a Parques Naturales.

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“Tenemos que revisar la tradición y ver si fue que en algún momento se pagó por las mejoras sobre algunas tierras y simplemente no tendrán vocación reparadora, es decir, los predios no van a poder ser monetizados, sino que regresan a sus dueños, a las agencias del Estado”, puntualiza.

Otro caso especial es el de un predio de Mapiripán (Meta) que mide 2.762 hectáreas. Está en la vereda Mapiripán y se llama Caño Ovejas. Según el certificado de tradición, fue adjudicado por el otrora Instituto Nacional de Reforma Agraria (Incora) al señor Armando Ahumada Villamil, quien, según el documento, vendió su finca en abril de 2008. No obstante, seis meses después apareció una medida cautelar del Comité de Atención a la Población Desplazada del municipio en el que dice: “Los registradores deben abstenerse de enajenar este bien rural”. Toda vez que hubo alguna situación que habría obligado a Ahumada a vender la tierra. A pesar de ello, el predio aparece a nombre de Rosa Delia Mora de Najar, quien deberá explicar la procedencia del predio y la presunta falsa tradición.

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Mapiripán fue otra zona de larga disputa en el río Guaviare. Los hacendados y finqueros acusados de colaborar con uno u otro grupo armado terminaban siendo expulsados del territorio o ajusticiados. Por eso, el capítulo de los terrenos por donde transitaron las Farc apenas empieza a escribirse. Muchos de esos predios tienen historias inéditas del conflicto y, al final, también servirán para reparar directamente a las víctimas de despojo y destierro.

Por lo pronto, está la tarea pendiente de identificar más de 400 predios que la exguerrilla reportó como suyos. El supernotariado, Jairo Mesa, dice que Alape debe seguir ayudando al Gobierno a identificarlos. “Hay que seguir trabajando el inventario”, ratifica. Por su parte, Alape responde que hay que superar las dificultades que existen con el Gobierno para desarrollar las operaciones y recuperar los predios con los que se pretende reparar a las víctimas del conflicto colombiano

El pasado 11 de septiembre, la Justicia Especial para la Paz (JEP) le dio un término de diez días hábiles a la Superintendencia de Notariado y Registro para que envíe a esa jurisdicción “los respectivos soportes acerca de toda la información que conozca y que esté relacionada con el inventario de bienes y activos de las Farc”. Además, le pidió aportar las pruebas específicas de despojo y ocupación (de tierras) a las que hizo referencia el superintendente Jairo Mesa Guerra en los medios de comunicación. Días después, el funcionario respondió, otra vez, por los micrófonos. Dijo que las Farc le habían hecho “conejo” al país en la entrega de tierras y que, por el contrario, la entidad notarial encontró bienes de testaferros de la exguerrilla no reportados en los listados de agosto de 2017.

Está polémica, aún no zanjada, puso de presente la pregunta de cómo avanza el proceso de recuperación de las tierras que las Farc controlaron durante el conflicto. Son 722 los predios que la antigua insurgencia reportó al Estado como parte de los bienes conseguidos en la ilegalidad y los cuales suman más de 240.000 hectáreas. No obstante, aún hace falta mucho camino para que la Sociedad de Activos Especiales (entidad encargada de administrar estos bienes), identifique todos los predios y los monetice para reparar a las víctimas.

Algunas tierras son baldías, otras están en territorios colectivos de comunidades negras e indígenas y, en otros casos, la SAE tendrá que determinar si fueron objeto de despojo o fueron bienes inmuebles que las Farc entregaron a terceros para que se las administraran. “Algunos de esos bienes los dejaron en cabeza de civiles, con el compromiso de que ellos los entregarían sin oposición en el marco del Acuerdo de Paz”, afirmó Raúl Vargas, gerente técnico de la SAE.

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La tarea avanza y durante el mes que termina se identificaron cuatro predios en zona rural de Bogotá, en la localidad de Sumapaz. Ahí operó el frente 40 del Bloque Oriental de las Farc, bajo el mando de Henry Castellanos, también conocido como Romaña. Son predios ubicados en los corregimientos de Nazaret, Betania y San Juan, en lo más alto del páramo y en algunas zonas urbanas del sur de Bogotá.

El papel de la SAE es identificar las coordenadas del terreno, visitar el predio, determinar si está habitado y que la gente diga si efectivamente es un predio de las Farc. “En el Sumapaz la mayoría de personas dijeron que iban a entregar los predios”, reveló Vargas. Lo hacen para no afectar a los terceros que quizá se opongan a lo escrito en los listados por la exguerrilla.

Dentro de un año se sabrá cuál es la lista final de esos predios y la verdadera cuantía. Los bienes que registró el ahora partido político FARC podrían costar cerca de medio billón de pesos, según el reporte de 2017.

Pero la tarea aún no está ni en la mitad del camino. De los 722 predios, 299 tienen al menos una coordenada. De esos, 90 están identificados, pero, por ahora, solo 25 tienen matrícula catastral. Esos son los que tiene la Superintendencia de Notariado, los cuales, según sus cuentas, suman 66.540 hectáreas. Están en siete departamentos del país y, sin duda, muestran la ruta de control territorial de las Farc durante la confrontación armada. En cada región hay particularidades. El hecho de que la exguerrilla entregue terrenos en Caquetá, Meta, Arauca y Magdalena, muestra en el mapa su accionar y su enfrentamiento con hacendados y ganaderos.

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En Caquetá, por ejemplo, las tierras que la SAE entrará a recuperar en la segunda semana de octubre suman un total de 4.184 hectáreas. Aún es el primer barrido, pero en esa visita tendrán que hablar con la viuda de Augusto César Oyuela Rojas, un narcotraficante, según el exjefe guerrillero Martín Sombra, asesinado por las Farc en los Llanos del Yarí. María Nancy Hinestroza Guzmán se llama la reclamante de la famosa finca Caquetania, quien está inscrita en la Unidad de Restitución de Tierras, en busca de recuperar su predio de 1.545 hectáreas. Según su testimonio, fue desplazada en 2009 por la guerrilla.

Antonio Penagos, miembro de la Federación de Ganaderos del Caquetá, explica cómo fue el conflicto de las Farc y los hacendados en los Llanos del Yarí, la zona de retaguardia de la insurgencia y la antigua región donde operaron los laboratorios de Tranquilandia del cartel de Medellín.

“El problema que hay en la región, porque hoy en día continúa, es el tema del impuesto o vacuna que ahora cobra la disidencia de las Farc. Y hubo ganaderos que no estuvieron de acuerdo con eso y prefirieron irse de la zona o vender los predios durante la época del conflicto”, comenta Penagos.

En todo caso, “de Oyuela Rojas se decía que era ganadero, pero la guerrilla lo mató porque era un narcotraficante de los paramilitares en Caquetania”, confiesa un campesino de la región.

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Este bien inmueble estaba en proceso de extinción de dominio, dice el certificado de tradición, no obstante, en la última anotación en este documento notarial, fechado el 4 de octubre de 2017, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó entregar el predio a la viuda. “Si el predio se le quitó a alguien, esa persona es una víctima del conflicto”, explica Pastor Alape, el coordinador de la entrega de bienes por el Partido FARC, haciéndole el quite a una pregunta sobre cómo despojaron este predio.

Otro terreno, que aparece entre los 25 plenamente identificados, es el que está en el Consejo Comunitario del río Salaquí, en el municipio de Riosucio (Chocó). Son cerca de 57.000 hectáreas las que reportó la Superintendencia. Sin embargo, Alape solo reconoce que compraron las mejoras de una finca de 100 hectáreas.

“Ese era un predio que, en medio de la guerra, un particular vendió para desarrollar actividades productivas. Nosotros, de antemano, sabíamos que el negocio que se estaba haciendo era sobre la posibilidad de explotar las mejoras. Pero la tierra es del consejo comunitario”, enfatiza el líder de la FARC.

En los listados de bienes que entregaron las Farc también hay tierras en resguardos indígenas, parques nacionales y tierras baldías. El gerente de la SAE dice que estos casos serán analizados y posteriormente entregados a la Agencia Nacional de Tierras o a Parques Naturales.

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“Tenemos que revisar la tradición y ver si fue que en algún momento se pagó por las mejoras sobre algunas tierras y simplemente no tendrán vocación reparadora, es decir, los predios no van a poder ser monetizados, sino que regresan a sus dueños, a las agencias del Estado”, puntualiza.

Otro caso especial es el de un predio de Mapiripán (Meta) que mide 2.762 hectáreas. Está en la vereda Mapiripán y se llama Caño Ovejas. Según el certificado de tradición, fue adjudicado por el otrora Instituto Nacional de Reforma Agraria (Incora) al señor Armando Ahumada Villamil, quien, según el documento, vendió su finca en abril de 2008. No obstante, seis meses después apareció una medida cautelar del Comité de Atención a la Población Desplazada del municipio en el que dice: “Los registradores deben abstenerse de enajenar este bien rural”. Toda vez que hubo alguna situación que habría obligado a Ahumada a vender la tierra. A pesar de ello, el predio aparece a nombre de Rosa Delia Mora de Najar, quien deberá explicar la procedencia del predio y la presunta falsa tradición.

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Mapiripán fue otra zona de larga disputa en el río Guaviare. Los hacendados y finqueros acusados de colaborar con uno u otro grupo armado terminaban siendo expulsados del territorio o ajusticiados. Por eso, el capítulo de los terrenos por donde transitaron las Farc apenas empieza a escribirse. Muchos de esos predios tienen historias inéditas del conflicto y, al final, también servirán para reparar directamente a las víctimas de despojo y destierro.

Por lo pronto, está la tarea pendiente de identificar más de 400 predios que la exguerrilla reportó como suyos. El supernotariado, Jairo Mesa, dice que Alape debe seguir ayudando al Gobierno a identificarlos. “Hay que seguir trabajando el inventario”, ratifica. Por su parte, Alape responde que hay que superar las dificultades que existen con el Gobierno para desarrollar las operaciones y recuperar los predios con los que se pretende reparar a las víctimas del conflicto colombiano