Los prisioneros de guerra, la estrategia de las Farc que surgió en 1996

Cuando Ernesto Samper asumió la presidencia de Colombia, de inmediato su preocupación fue cómo aclimatar una negociación de paz con los grupos guerrilleros y al mismo tiempo crear condiciones jurídicas para hacer viable los diálogos con el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, desde el primer minuto, el gobierno entró con el fardo a cuestas  de los narcocasetes.

Las denuncias sobre la narcofinanciación de la campaña presidencial dificultaron de entrada la gestión del Gobierno, sobre todo la perspectiva de opcionales diálogos de paz. De todos modos, el dirigente liberal Carlos Holmes Trujillo fue designado comisionado de paz y comenzó los primeros contactos para intentar acercamientos políticos con los distintos grupos guerrilleros.

De igual modo, la administración Samper avanzó en dos temas cruciales: el trámite de la ley 171 de 1994, a través de la cual Colombia incluyó en su ordenamiento jurídico los protocolos adicionales de los convenios de Ginebra, con lo cual se formalizó la vigencia del Derecho Internacional Humanitario en el país. La Corte Constitucional avaló la ley en sentencia proferida en mayo de 1995.

La segunda iniciativa, a instancias de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue permitir el trabajo de una Comisión de la Verdad para esclarecer lo sucedido en el municipio de Trujillo (Valle) a finales de los años 80. La Comisión concluyó su gestión a principios de 1995, con la sugerencia de abrir investigaciones penales contra militares, narcotraficantes y autodefensas.

Estas iniciativas crearon un ambiente optimista frente a eventuales diálogos de paz, aunque al mismo tiempo el gobierno se vio enfrentado a un dilema de orden público asociado a la confrontación armada: las marchas cocaleras en Caquetá, Putumayo o Guaviare, para protestar contra la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. En buena medida, las marchas eran presionadas por las Farc.

Las primeras semanas de 1995 exigieron al Gobierno con las protestas campesinas. Entonces, surgió el estilo negociador de José Noé Ríos para garantizar el fin de las marchas cocaleras a través de la negociación. Superada la crisis, en febrero el Gobierno admitió que buscaba un primer encuentro con los jefes de las Farc en Uribe (Meta), a pesar de la férrea oposición de los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

No obstante, se atravesó el escándalo judicial. El 21 de abril de 1995, el fiscal Alfonso Valdivieso anunció un cerco a la narcopolítica que tomó el nombre del proceso 8.000. En adelante, la cotidianidad del país se convirtió en una cacería de congresistas, dirigentes políticos y particulares que tenían nexos con el cartel de Cali. Al mismo tiempo, se reabrieron las investigaciones contra la campaña Samper.

A pesar de la dimensión del escándalo, equilibrado por el protagonismo del Bloque de Búsqueda creado para desmantelar al Cartel de Cali, a mediados de mayo de 1995, el comisionado de paz Carlos Holmes Trujillo reveló que el Gobierno estudiaba la posibilidad de desmilitarizar el municipio de Uribe (Meta) para adelantar diálogos de paz con las Farc. El anuncio causó revuelo político.

Entre los altos mandos militares tampoco cayó bien el mensaje. Por eso, el 3 de julio, durante la celebración de los 60 años de la Escuela Naval en Cartagena, el presidente Samper, sacó a relucir su condición de comandante de las Fuerzas Armadas. “Aquí mando yo”, fue la frase del jefe de Estado para advertir al general Harold Bedoya que él era quien decidía si se desmilitarizaba o no algún territorio.

Semanas después, tras la captura del tesorero de la campaña Samper Presidente, Santiago Medina, y después del ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, se fueron  al traste los diálogos con las Farc, y el Jefe de Estado se vio forzado a priorizar su defensa jurídica. En ese momento, ya la confrontación armada crecía en hechos violentos y víctimas, en especial en la región de Urabá.

Desde abril de1995 se había dado vía libre a la creación de Cooperativas de Seguridad Rural (Convivir), y estas organizaciones se convirtieron en aliciente de la guerra, con creciente participación de civiles en el conflicto armado. En particular, en Antioquia, desde la gobernación presidida por Álvaro Uribe Vélez, las citadas Convivir fueron protagonistas del recrudecimiento de las hostilidades.

En Urabá, en agosto de 1995 ya se registraban más de 600 asesinatos en siete meses y, tanto en Antioquia como Chocó, no hubo semana sin una masacre del paramilitarismo o de la guerrilla. Entre tanto, el presidente Samper persistió en su defensa, que se prolongó hasta junio de 1996, cuando la Comisión de Acusación del Congreso lo absolvió de toda responsabilidad en la narcofinanciación de su campaña.

El 16 de abril de 1996, tres frentes de las Farc atacaron un convoy militar en Puerres (Nariño) causando la muerte de 29 soldados y un suboficial. Este golpe a las Fuerzas Militares constituyó el anuncio de una racha de derrotas que al mismo tiempo probaron la máquina de guerra en que se había convertido la guerrilla. El 30 de agosto de ese año, vino el ataque que cambió el curso del conflicto.

Dos frentes de las Farc atacaron la base del Batallón de Selva número 49 del Ejército situado en Las Delicias (Putumayo), dejando como cruento saldo 28 uniformados muertos, 16 heridos y 60 prisioneros de guerra. Días después, las Farc le hicieron saber al Ejecutivo que los 60 retenidos se convertían en canjeables por guerrilleros presos en las cárceles de Colombia.

Desde ese momento, comenzó una intensa negociación política entre el Gobierno y la insurgencia que se prolongó durante 289 días. Primero se designó una Comisión integrada por los exministros Augusto Ramírez y Álvaro Leyva, el delegado de la Cruz Roja Internacional, Pierre Gassman, y el consejero de derechos humanos, Carlos Vicente de Roux. Las Farc exigieron un despeje militar para negociar.

Después de un largo tira y afloje, el gobierno Samper aceptó la desmilitarización de 14 mil kilómetros cuadrados en una región del Caquetá. El despeje se concretó entre el 6 y el 16 de diciembre, pero no aparecieron ni los guerrilleros ni sus prisioneros. Al día siguiente, las madres de los militares se tomaron pacíficamente la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá para presionar una solución.

El 16 de enero de 1997, las Farc atacaron a un grupo de infantes de Marina en Juradó (Chocó) y se llevaron cautivos a diez uniformados. De inmediato, anunciaron que se sumaban a la lista de los 60 canjeables de la base de Las Delicias. Los reclamos de las familias de los secuestrados aumentaron y el gobierno, apoyado por la sociedad civil y las madres de los cautivos, encontró la senda para liberarlos.

En ese propósito, se dieron dos nombramientos que resultaron determinantes. A principios de abril, la designación de Gilberto Echeverri como nuevo ministro de Defensa; y en mayo la de José Noé Ríos como negociador del Gobierno en el tema de los secuestrados, para reemplazar a Carlos Vicente de Roux. Menos de un mes después el Ejecutivo anunció un nuevo despeje militar en Caquetá.

El domingo 18 de mayo de 1997, tras un encuentro en la residencia presidencial de Hatogrande, el presidente Samper, su ministro de Defensa, Gilberto Echeverri y el negociador José Noé Ríos acordaron evacuar la tropa en un área de 13.161 kilómetros cuadrados, incluyendo el municipio de Cartagena del Chairá. Cinco días después, en medio de la controversia nacional, la medida fue anunciada al país.

En adelante, fue asunto de cumplir la cronología acordada por las partes. Del 23 al 27 de mayo, despeje militar. Del 28 de mayo al 1 de junio, verificación guerrillera. Del 2 al 3 de junio, reunión con los comandantes del Bloque Sur de las Farc. El domingo 15 de junio, la entrega de los cautivos, y el 24 de junio, el regreso de la tropa. Los compromisos pactados se cumplieron al pie de la letra.

El operativo de liberación de los militares de Las Delicias y los infantes de Marina de Juradó (Chocó), tuvo el apoyo principal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de los civiles Augusto Ramírez y Álvaro Leyva, y del sacerdote Jorge Martínez. Del lado de las Farc, la gestión estuvo a cargo de los comandantes Fabián Ramírez y Joaquín Gómez, designados por el Secretariado de la organización.

Después de 38 semanas de pulso político entre el gobierno y las Farc, la sociedad civil, con el apoyo de la comunidad internacional, impuso una solución negociada. El 15 de junio de 1997, los 70 militares volvieron a sus hogares. Fue tal el entusiasmo que causo el hecho que, dos meses después, el 22 de agosto, el presidente Samper ofreció una zona de distención para discutir la opción de un proceso de paz.

Sin embargo, los clarines de la guerra opacaron esta opción tardía de Samper por la paz. Por el contrario, desde mediados de septiembre, en los llanos del Yarí (Caquetá), las Fuerzas Armadas pusieron en marcha la Operación Destructor, encaminada a golpear los baluartes territoriales de la guerrilla. De nada sirvieron las buenas intenciones de los comisionados José Noé Ríos y Daniel García-peña.

Hacia el mes de octubre, cuando las expectativas de una negociación con las Farc ya eran nulas, el revuelo provino de un plan de paz promovido por el precandidato presidencial Juan Manuel Santos, a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con participación de la guerrilla y de las Autodefensas. El tema terminó en escándalo porque planteaba también la salida de Samper.

Al tiempo que los políticos deliberaban por la fórmula planteada por Santos, las Farc le hicieron saber a las autoridades su condición para iniciar un proceso de paz: el despeje de cuatro municipios del territorio nacional. Ante tal propuesta, el gobierno Samper quedó en la sinsalida porque ya su tiempo se agotaba. Entonces, el protagonismo volvió a ser de la sociedad civil.

El 26 de octubre de 1997, durante la elección de alcaldes y gobernadores, con 5.181.389 votos, los colombianos aprobaron en las urnas el “Mandato por la paz, la vida y la libertad”. Una consulta popular que le hizo ver a la clase dirigente del país que Colombia aceptaba buscar una salida negociada al conflicto armado. En particular, quedó ratificada la voluntad nacional para sacar a los menores de la guerra.

Desafortunadamente, mientras ese proceso de paz tomaba forma en el siguiente gobierno, el ocaso de la era Samper resultó doloroso. En su propósito de forzar un eventual canje de prisioneros de guerra por insurgentes presos en las cárceles del país, las Farc pusieron en marcha una ofensiva sin antecedentes que provocó las mayores derrotas a las Fuerzas Armadas en la historia del conflicto.

Una secuencia para no olvidar que comenzó el domingo 21de diciembre de 1997, cuando las Farc atacaron la base militar de Patascoy (Nariño), causaron la muerte de 22 militares y se llevaron como prisioneros a 35 uniformados. En marzo de 1998, el descalabro militar fue en la quebrada El Billar (Caquetá), con saldo de 70 militares muertos y casi un centenar de prisioneros de guerra.

A tres días del relevo en la Casa de Nariño, el 4 de agosto de 1998, las Farc atacaron la base antinarcóticos de Miraflores (Guaviare), y además de 69 víctimas mortales, sumaron 39 militares y policías a las listas de canje. En ese momento, ya la guerrilla tenía otro as para presionar una negociación política. De hecho, en la elección presidencial de 1998, el factor determinante fue esa opción. 

*Consulte los otros capítulos de El camino hacia la paz con las Farc

1. Hace 34 años se inició el proceso de paz con las Farc en el gobierno de Belisario Betancur
2.  El exterminio de la UP
3.  El secuestro acabó con el proceso de paz en el gobierno Gaviria
4.  Los prisioneros de guerra, la estrategia de las Farc que surgió en 1996
5. Cuando Marulanda dejó la “silla vacía”
6. Entre la Seguridad Democrática y los acuerdos humanitarios
7. La hora de la paz y el tiempo de Santos

Cuando Ernesto Samper asumió la presidencia de Colombia, de inmediato su preocupación fue cómo aclimatar una negociación de paz con los grupos guerrilleros y al mismo tiempo crear condiciones jurídicas para hacer viable los diálogos con el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, desde el primer minuto, el gobierno entró con el fardo a cuestas  de los narcocasetes.

Las denuncias sobre la narcofinanciación de la campaña presidencial dificultaron de entrada la gestión del Gobierno, sobre todo la perspectiva de opcionales diálogos de paz. De todos modos, el dirigente liberal Carlos Holmes Trujillo fue designado comisionado de paz y comenzó los primeros contactos para intentar acercamientos políticos con los distintos grupos guerrilleros.

De igual modo, la administración Samper avanzó en dos temas cruciales: el trámite de la ley 171 de 1994, a través de la cual Colombia incluyó en su ordenamiento jurídico los protocolos adicionales de los convenios de Ginebra, con lo cual se formalizó la vigencia del Derecho Internacional Humanitario en el país. La Corte Constitucional avaló la ley en sentencia proferida en mayo de 1995.

La segunda iniciativa, a instancias de la Organización de Estados Americanos (OEA), fue permitir el trabajo de una Comisión de la Verdad para esclarecer lo sucedido en el municipio de Trujillo (Valle) a finales de los años 80. La Comisión concluyó su gestión a principios de 1995, con la sugerencia de abrir investigaciones penales contra militares, narcotraficantes y autodefensas.

Estas iniciativas crearon un ambiente optimista frente a eventuales diálogos de paz, aunque al mismo tiempo el gobierno se vio enfrentado a un dilema de orden público asociado a la confrontación armada: las marchas cocaleras en Caquetá, Putumayo o Guaviare, para protestar contra la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato. En buena medida, las marchas eran presionadas por las Farc.

Las primeras semanas de 1995 exigieron al Gobierno con las protestas campesinas. Entonces, surgió el estilo negociador de José Noé Ríos para garantizar el fin de las marchas cocaleras a través de la negociación. Superada la crisis, en febrero el Gobierno admitió que buscaba un primer encuentro con los jefes de las Farc en Uribe (Meta), a pesar de la férrea oposición de los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

No obstante, se atravesó el escándalo judicial. El 21 de abril de 1995, el fiscal Alfonso Valdivieso anunció un cerco a la narcopolítica que tomó el nombre del proceso 8.000. En adelante, la cotidianidad del país se convirtió en una cacería de congresistas, dirigentes políticos y particulares que tenían nexos con el cartel de Cali. Al mismo tiempo, se reabrieron las investigaciones contra la campaña Samper.

A pesar de la dimensión del escándalo, equilibrado por el protagonismo del Bloque de Búsqueda creado para desmantelar al Cartel de Cali, a mediados de mayo de 1995, el comisionado de paz Carlos Holmes Trujillo reveló que el Gobierno estudiaba la posibilidad de desmilitarizar el municipio de Uribe (Meta) para adelantar diálogos de paz con las Farc. El anuncio causó revuelo político.

Entre los altos mandos militares tampoco cayó bien el mensaje. Por eso, el 3 de julio, durante la celebración de los 60 años de la Escuela Naval en Cartagena, el presidente Samper, sacó a relucir su condición de comandante de las Fuerzas Armadas. “Aquí mando yo”, fue la frase del jefe de Estado para advertir al general Harold Bedoya que él era quien decidía si se desmilitarizaba o no algún territorio.

Semanas después, tras la captura del tesorero de la campaña Samper Presidente, Santiago Medina, y después del ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, se fueron  al traste los diálogos con las Farc, y el Jefe de Estado se vio forzado a priorizar su defensa jurídica. En ese momento, ya la confrontación armada crecía en hechos violentos y víctimas, en especial en la región de Urabá.

Desde abril de1995 se había dado vía libre a la creación de Cooperativas de Seguridad Rural (Convivir), y estas organizaciones se convirtieron en aliciente de la guerra, con creciente participación de civiles en el conflicto armado. En particular, en Antioquia, desde la gobernación presidida por Álvaro Uribe Vélez, las citadas Convivir fueron protagonistas del recrudecimiento de las hostilidades.

En Urabá, en agosto de 1995 ya se registraban más de 600 asesinatos en siete meses y, tanto en Antioquia como Chocó, no hubo semana sin una masacre del paramilitarismo o de la guerrilla. Entre tanto, el presidente Samper persistió en su defensa, que se prolongó hasta junio de 1996, cuando la Comisión de Acusación del Congreso lo absolvió de toda responsabilidad en la narcofinanciación de su campaña.

El 16 de abril de 1996, tres frentes de las Farc atacaron un convoy militar en Puerres (Nariño) causando la muerte de 29 soldados y un suboficial. Este golpe a las Fuerzas Militares constituyó el anuncio de una racha de derrotas que al mismo tiempo probaron la máquina de guerra en que se había convertido la guerrilla. El 30 de agosto de ese año, vino el ataque que cambió el curso del conflicto.

Dos frentes de las Farc atacaron la base del Batallón de Selva número 49 del Ejército situado en Las Delicias (Putumayo), dejando como cruento saldo 28 uniformados muertos, 16 heridos y 60 prisioneros de guerra. Días después, las Farc le hicieron saber al Ejecutivo que los 60 retenidos se convertían en canjeables por guerrilleros presos en las cárceles de Colombia.

Desde ese momento, comenzó una intensa negociación política entre el Gobierno y la insurgencia que se prolongó durante 289 días. Primero se designó una Comisión integrada por los exministros Augusto Ramírez y Álvaro Leyva, el delegado de la Cruz Roja Internacional, Pierre Gassman, y el consejero de derechos humanos, Carlos Vicente de Roux. Las Farc exigieron un despeje militar para negociar.

Después de un largo tira y afloje, el gobierno Samper aceptó la desmilitarización de 14 mil kilómetros cuadrados en una región del Caquetá. El despeje se concretó entre el 6 y el 16 de diciembre, pero no aparecieron ni los guerrilleros ni sus prisioneros. Al día siguiente, las madres de los militares se tomaron pacíficamente la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá para presionar una solución.

El 16 de enero de 1997, las Farc atacaron a un grupo de infantes de Marina en Juradó (Chocó) y se llevaron cautivos a diez uniformados. De inmediato, anunciaron que se sumaban a la lista de los 60 canjeables de la base de Las Delicias. Los reclamos de las familias de los secuestrados aumentaron y el gobierno, apoyado por la sociedad civil y las madres de los cautivos, encontró la senda para liberarlos.

En ese propósito, se dieron dos nombramientos que resultaron determinantes. A principios de abril, la designación de Gilberto Echeverri como nuevo ministro de Defensa; y en mayo la de José Noé Ríos como negociador del Gobierno en el tema de los secuestrados, para reemplazar a Carlos Vicente de Roux. Menos de un mes después el Ejecutivo anunció un nuevo despeje militar en Caquetá.

El domingo 18 de mayo de 1997, tras un encuentro en la residencia presidencial de Hatogrande, el presidente Samper, su ministro de Defensa, Gilberto Echeverri y el negociador José Noé Ríos acordaron evacuar la tropa en un área de 13.161 kilómetros cuadrados, incluyendo el municipio de Cartagena del Chairá. Cinco días después, en medio de la controversia nacional, la medida fue anunciada al país.

En adelante, fue asunto de cumplir la cronología acordada por las partes. Del 23 al 27 de mayo, despeje militar. Del 28 de mayo al 1 de junio, verificación guerrillera. Del 2 al 3 de junio, reunión con los comandantes del Bloque Sur de las Farc. El domingo 15 de junio, la entrega de los cautivos, y el 24 de junio, el regreso de la tropa. Los compromisos pactados se cumplieron al pie de la letra.

El operativo de liberación de los militares de Las Delicias y los infantes de Marina de Juradó (Chocó), tuvo el apoyo principal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de los civiles Augusto Ramírez y Álvaro Leyva, y del sacerdote Jorge Martínez. Del lado de las Farc, la gestión estuvo a cargo de los comandantes Fabián Ramírez y Joaquín Gómez, designados por el Secretariado de la organización.

Después de 38 semanas de pulso político entre el gobierno y las Farc, la sociedad civil, con el apoyo de la comunidad internacional, impuso una solución negociada. El 15 de junio de 1997, los 70 militares volvieron a sus hogares. Fue tal el entusiasmo que causo el hecho que, dos meses después, el 22 de agosto, el presidente Samper ofreció una zona de distención para discutir la opción de un proceso de paz.

Sin embargo, los clarines de la guerra opacaron esta opción tardía de Samper por la paz. Por el contrario, desde mediados de septiembre, en los llanos del Yarí (Caquetá), las Fuerzas Armadas pusieron en marcha la Operación Destructor, encaminada a golpear los baluartes territoriales de la guerrilla. De nada sirvieron las buenas intenciones de los comisionados José Noé Ríos y Daniel García-peña.

Hacia el mes de octubre, cuando las expectativas de una negociación con las Farc ya eran nulas, el revuelo provino de un plan de paz promovido por el precandidato presidencial Juan Manuel Santos, a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con participación de la guerrilla y de las Autodefensas. El tema terminó en escándalo porque planteaba también la salida de Samper.

Al tiempo que los políticos deliberaban por la fórmula planteada por Santos, las Farc le hicieron saber a las autoridades su condición para iniciar un proceso de paz: el despeje de cuatro municipios del territorio nacional. Ante tal propuesta, el gobierno Samper quedó en la sinsalida porque ya su tiempo se agotaba. Entonces, el protagonismo volvió a ser de la sociedad civil.

El 26 de octubre de 1997, durante la elección de alcaldes y gobernadores, con 5.181.389 votos, los colombianos aprobaron en las urnas el “Mandato por la paz, la vida y la libertad”. Una consulta popular que le hizo ver a la clase dirigente del país que Colombia aceptaba buscar una salida negociada al conflicto armado. En particular, quedó ratificada la voluntad nacional para sacar a los menores de la guerra.

Desafortunadamente, mientras ese proceso de paz tomaba forma en el siguiente gobierno, el ocaso de la era Samper resultó doloroso. En su propósito de forzar un eventual canje de prisioneros de guerra por insurgentes presos en las cárceles del país, las Farc pusieron en marcha una ofensiva sin antecedentes que provocó las mayores derrotas a las Fuerzas Armadas en la historia del conflicto.

Una secuencia para no olvidar que comenzó el domingo 21de diciembre de 1997, cuando las Farc atacaron la base militar de Patascoy (Nariño), causaron la muerte de 22 militares y se llevaron como prisioneros a 35 uniformados. En marzo de 1998, el descalabro militar fue en la quebrada El Billar (Caquetá), con saldo de 70 militares muertos y casi un centenar de prisioneros de guerra.

A tres días del relevo en la Casa de Nariño, el 4 de agosto de 1998, las Farc atacaron la base antinarcóticos de Miraflores (Guaviare), y además de 69 víctimas mortales, sumaron 39 militares y policías a las listas de canje. En ese momento, ya la guerrilla tenía otro as para presionar una negociación política. De hecho, en la elección presidencial de 1998, el factor determinante fue esa opción. 

*Consulte los otros capítulos de El camino hacia la paz con las Farc

1. Hace 34 años se inició el proceso de paz con las Farc en el gobierno de Belisario Betancur
2.  El exterminio de la UP
3.  El secuestro acabó con el proceso de paz en el gobierno Gaviria
4.  Los prisioneros de guerra, la estrategia de las Farc que surgió en 1996
5. Cuando Marulanda dejó la “silla vacía”
6. Entre la Seguridad Democrática y los acuerdos humanitarios
7. La hora de la paz y el tiempo de Santos