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Fue el 2 de enero del 2005. Ese domingo, el primero del año, Norbey Chavarro Guzmán detuvo el carro en aquel pedazo de monte que separa al Meta y al Caquetá. No había que temer, pensó. Al fin y al cabo, tan solo quería tomar un poco de agua. Pero unos segundos después detonó el artefacto explosivo que destrozó parte de su pierna izquierda.
Tenía apenas 18 años. “En ese momento no lo vi como lo que era: un comportamiento inseguro, teniendo en cuenta la situación en el municipio”, dice Norbey, de contextura gruesa, piel trigueña y barba perfilada, mientras se acomoda una camiseta azul que lleva en el pecho el nombre de la organización que lidera: Unidos por la Vida.
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Él llegó en 2013 a esta asociación, que reúne a más de 80 caqueteños sobrevivientes de minas antipersonal, munición sin explosionar y trampas explosivas. Ya habían pasado ocho años desde su accidente, pero aún se sentía desorientado, sin saber cómo ganarle la batalla a esa nueva vida, cuando le dijeron en la Pastoral Social que había un grupo que lo podía apoyar.
Desde entonces ha visto decenas de personas que, como él, se empoderaron, empezaron a reclamar sus derechos y encontraron alternativas económicas y apoyo psicosocial de la mano de Unidos por la Vida. Esas son solo algunas de las razones que llevaron a esta asociación del Caquetá a recibir, el 7 de diciembre del 2022, el Premio CaMina, organizado por la Embajada del Reino de Bélgica en Colombia, la Embajada de Canadá, Gran Tierra Energy y la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM).
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“Ya habíamos quedado en el segundo lugar antes. Ganar el premio fue muy gratificante, porque han sido muchos los sacrificios que hemos hecho como organización y es un reconocimiento a ese trabajo y liderazgo. Siento que es como cuando un futbolista se gana la liga, el título”, dice Norbey, quien viajó 17 horas desde Florencia hasta Bogotá para recibir el galardón.
Más de una década de lucha
La historia de Unamos por la Vida comenzó en 2010. Ese año un grupo de sobrevivientes empezó a organizarse para darle forma a una asociación que acompañara sus procesos y luchara por sus derechos, pero solo hasta 2014 lograron oficializarla.
Desde entonces han promovido escenarios de participación en mesas de víctimas y comités de discapacidad, así como talleres en Educación en el Riesgo de Minas (ERM) en el departamento, además de apoyar a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la implementación del la Acción Integral contra Minas Antipersonal. El foco de su trabajo ha sido desplegar una estrategia entre pares para que las víctimas de artefactos explosivos reclamen las garantías que el Estado debe ofrecerles.
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“A veces la persona no quiere hablar ni con la familia ni con médicos, pero cuando los compañeros van y muestran que también han tenido el accidente, que tienen posibilidad de tener prótesis, cuando hay comunicación con ellos, se hacen visitas al lugar de la vivienda, se aporta con recursos, consejos, con documentación requerida, empiezan a ver opciones, que se puede salir adelante”, cuenta José Numael Sánchez, el vicepresidente de Unidos por la Vida.
Sánchez, de 58 años, es oriundo de Cartagena del Chairá y salió desplazado en 2004, tras la toma de Peñas Coloradas. Su accidente, que implicó la amputación de ambas piernas, se dio mientras trabajaba en el departamento de Nariño, el 11 de septiembre de 2012.
“Lo más verriondo de todo esto es cuando las personas se empiezan a alejar, porque sí, después de esto uno pierde amigos, muchas personas. Muchas parejas hasta lo abandonan a uno porque uno cambia de genio, las necesidades brillan, todo es un cambio enorme, por eso es tan importante que se reciba atención psicosocial”, dice José Numael.
De acuerdo con Alejandra Uscátegui, quien forma parte de la Campaña Colombiana Contra Minas, el trabajo de Unidos por la Vida es clave porque no solo se enfoca en los sobrevivientes, sino también en sus familias y las comunidades: “Ellos juegan un rol fundamental en las personas que son afectadas por estos artefactos”.
El foco también está puesto en promover la educación en los niños y jóvenes de la región, para que cualifiquen sus saberes y se alejen de situaciones violentas y de conflicto.
Para los integrantes de la asociación, el trabajo no puede quedarse solo en educar y apoyar procesos de reclamación. Una de sus metas cercanas es acreditarse en actividades de desminado humanitario que permitan descontaminar los territorios donde aún hay artefactos explosivos.
También le quieren apostar un proyecto de granjas autosostenibles integrales, con asistencia técnica, para que la asociación pueda comercializar productos y darles un valor agregado. Un plan clave teniendo en cuenta que la mayoría de sobrevivientes son de origen campesino.
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“Todos esos procesos han hecho notar un cambio. Antes la gente se escondía, pero ahora uno los ve en la calle con sus prótesis, buscando sobreponerse a las adversidades y meterse en nuevos retos. Eso es lo que esperamos que siga pasando”, dice el líder Norbey Chavarro.