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Difícilmente se puede rastrear en Colombia un antecedente comparable con la propuesta de “paz total” que planteó el presidente Gustavo Petro: buscar, en simultánea, la negociación o el sometimiento de los principales grupos armados ilegales y bandas criminales que siguen sembrando violencia en el país. Se trata de una apuesta mucho más ambiciosa que la que desplegó en la década del 50 el general Gustavo Rojas Pinilla con las guerrillas liberales o la de Juan Manuel Santos, que logró que más de 13.000 guerrilleros de las FARC firmaran un acuerdo de terminación del conflicto y entregaran las armas hace seis años.
Los desafíos de una apuesta con múltiples actores y múltiples agendas se advirtieron desde el comienzo, pero en las últimas semanas los tropiezos de la “paz total” se han acumulado, aumentando las críticas y desconciertos.
¿Son alarmantes o irreversibles las dificultades en las mesas o acercamientos de diálogo? No, de hecho, se preveían y seguirán ocurriendo, como en cualquier intento por buscar la paz con grupos que actúan al margen de la ley y siguen cometiendo crímenes. Sin embargo, que los tropiezos sean esperables no significa que no haya nada por corregir, sobre todo porque cada tensión con las organizaciones ilegales trae consecuencias humanitarias en los territorios donde el conflicto sigue activo, sin contar que el tiempo del Gobierno se agota, al igual que el muy necesario respaldo y confianza de la ciudadanía en este proyecto.
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“Estas conversaciones se dan en escenarios de conflictividad armada y social que no se resuelven en nueve meses, por eso hay reveses y avances. Donde hay crisis, son para aprender de ellas y proyectar salidas, que están hechas al lado de la población”, le dijo a Colombia+20 el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
A grandes rasgos, lo que peor les ha salido a Petro y Rueda son los ceses al fuego. De cinco acuerdos bilaterales anunciados por el jefe de Estado el 31 de diciembre de 2022, tres fueron suspendidos (El ELN dijo que no fue acordado con ellos), y el último de estos -con la disidencia de las FARC autodenominada Estado Mayor Central (EMC)- terminó en una amenaza del EMC a las elecciones regionales. A las rupturas (dos de las cuales fueron consecuencia de acciones armadas contra la población civil por parte del Clan del Golfo y el EMC ) se suman los incumplimientos: se han registrado 117 acciones violentas, según informó la Defensoría del Pueblo en su más reciente reporte de seguimiento (aunque plataformas civiles reportan más de 250 violaciones al cese).
Entre los puntos a destacar están el avance en la mesa de diálogos con el ELN (que termina su tercer ciclo el jueves próximo), la instalación de la mesa con las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá (que se logró el viernes pasado) y la vigencia del cese al fuego con la disidencia de FARC Segunda Marquetalia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Aunque poco se sabe de los avances con esos dos últimos grupos, el comisionado Rueda reveló que pronto se le presentará al presidente Petro una caracterización de la Segunda Marquetalia para que decida qué estatus darle, mientras que con las ACSN están en un proceso de reconocimiento de integrantes del mecanismo de monitoreo y verificación del cese de fuego. “Seguimos avanzando para comenzar el escenario de la segunda fase, que es la dialógica, y, además de Medellín, estamos a punto de iniciar esta fase (con las bandas) en Quibdó y Buenaventura”, dijo Rueda.
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En ese panorama de luces y sombras tras nueve meses del inicio del Gobierno, hay lecciones en varios campos que deben mejorar: la metodología de la negociación, las comunicaciones, las demoras en los ajustes normativos para los diálogos (como la ley de sometimiento), e incluso, la pelea entre el presidente Petro y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, cuyas potestades lo convierten en una ficha estratégica de esta apuesta, ya que de él y de los jueces depende que se suspendan las órdenes de captura de los delegados de cada grupo en la mesas de diálogo. Por supuesto, la responsabilidad no solo recae en el Estado, sino también en los grupos armados y su voluntad, que debería traducirse en acciones de desescalamiento de la violencia.
Colombia+20 habló con académicos, investigadores, exnegociadores de paz y miembros de centros de estudios que, desde orillas distintas, coincidieron en que la apuesta de “paz total” no está en crisis, pero sí hay frentes por afinar para que llegue a buen puerto. Estos son los principales:
Medidas apresuradas y falta de metodología clara
Pese a que se ha dicho que la “paz total” es el proyecto más importante del Gobierno Petro, uno de los temas que genera dudas es que todavía no hay una política púbica que delimite sus alcances ni enfoque. “Aún no es del todo claro si el objetivo final de las negociaciones es la dejación de armas o los alivios humanitarios en las regiones, y cada uno implica procesos y consideraciones distintas”, dice Andrés Preciado, director del área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación, no comparte la crítica de algunos sectores que dicen que “se está improvisando”. Asegura que esto apenas está iniciando y cada actor está tanteando al Gobierno y este a ellos: “Hay que adelantar cada proceso según la singularidad de cada grupo, y el Gobierno tiene eso perfectamente claro. Acá el reto está en entender la naturaleza de cada actor”.
Un factor que complica la ecuación es que el gobierno plantea abrir mesas de diálogo simultáneas con siete grupos armados distintos, unos por vía de negociación y otros de sometimiento. Aunque se trata de una apuesta loable para alcanzar una paz lo más completa posible, hasta el momento “no se ha traducido en una lectura estratégica de cómo avanzar realmente en procesos simultáneos con todo lo que eso implica en términos de estrategia negociadora y de seguridad”, como sostiene el investigador Sebastián Guerra, del Instituto de Paz de Estados Unidos.
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Guerra explica que uno de los retos de este tipo de negociación es que “siempre hay percepciones cruzadas entre los procesos o temas que se acuerdan en las mesas y tienen impactos en el posicionamiento estratégico de los grupos en territorio. Si se avanza más rápido en un proceso eso empieza a marcar la cancha frente a otros. Si se establecen lógica y esquemas negociadores eso se posiciona como un modelo a seguir en el gobierno, la opinión pública o los grupos armados”.
Para varios de los expertos consultados, la carta que se jugó el Gobierno por ambientar los diálogos dictando ceses al fuego salió mal y resultó siendo una medida apresurada (como lo vio en su momento el ELN, que se desligó del acuerdo desde el comienzo y exigió que fuera un tema debatido en la mesa de diálogos).
“Era previsible que pasara lo que estamos viendo con los ceses al fuego, porque no tenían un marco que los soportara. Lo normal es que primero empiece la negociación y, a medida que se avanza en la discusión, se planteen medidas temporales como el cese al fuego, que acá se dio de forma precipitada”, asegura Preciado.
El general (r) Eduardo Herrera Berbel, quien participó en la mesa de negociación con el ELN durante el Gobierno Santos, explica que los ceses al fuego deben partir de cuatro parámetros: un acuerdo de mesa (con consensos en los lineamientos), la definición de un mecanismo de monitoreo y verificación, la expedición de protocolos y, luego de surtir esos pasos, el decreto presidencial. “Un cese al fuego que no cumpla con estas condiciones lo único que hace es generar dificultades de seguridad y soberanía territorial y con eso se abre un escenario de incredulidad de la sociedad en estas medidas”, dice Herrera.
El llamado desde varios sectores, aunque parece una posibilidad lejana para los grupos armados, es que se le apueste más a un cese multilateral del fuego, porque en la actualidad la mayoría de las confrontaciones no son con el Estado, sino entre las estructuras ilegales.
Los incentivos y la ley de sometimiento
Otro de los temas que pueden seguir generando tropiezos, pero en los acercamientos de paz urbana, es la ausencia de la ley de sometimiento, cuyo proyecto sigue en trámite en el Congreso. El viernes, durante la instalación de la mesa en Medellín, el vocero de las bandas criticó que los diálogos comenzaron sin que exista aún el marco jurídico para resolver las situaciones socio jurídicas de los miembros de estas estructuras. Ese mismo cuestionamiento se escuchó en Buenaventura a mediados de abril, cuando después de siete meses de relativa calma volvieron las tensiones entre Shottas y Espartanos.
Paola Molano, coordinadora de la línea de Justicia Transicional de Dejusticia, asegura que la discusión no debe agotarse en la ley de sometimiento, sino en beneficios no judiciales, porque estos grupos están lejos de sentir que están acorralados y la única alternativa que les queda es someterse “Para que esto sea sostenible hay que hablar sobre cómo crear una estructura de incentivos para someter o desmantelar grupos tan distintos. El proyecto de ley es muy amplio, tratando de cubrir a todos los grupos posibles, pero al mismo tiempo elimina las particularidades de cada uno. Además, por tratar de abarcar todo en un mismo paquete, políticamente es difícil avanzar en el Congreso”.
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También hay que poner el foco en los mandos medios, que en casos anteriores han sido quienes se apartan de las negociaciones y crean nuevas estructuras ilegales que reciclan el conflicto y las lógicas criminales. “Puede que para los jefes encarcelados la paz total sea atractiva, pero siempre hay alguien en la calle a quien puede no parecerle. Hay que cerrar la brecha entre unos y otros”, dice el investigador Andrés Preciado.
Voluntad de grupos y respaldo político
Un componente crucial del éxito (o fracaso) de la apuesta de paz del Gobierno Petro es la voluntad y compromiso de los grupos ilegales con los que se negocia. El asesinato de los tres menores de edad indígenas Murui a manos del EMC en Putumayo, el ataque del ELN que dejó 10 soldados muertos en el Catatumbo o la ola de violencia y control que sostiene el Clan del Golfo en varias regiones son apenas ejemplos de hechos recientes que demuestran que la guerra sigue viva. No se puede olvidar que el Gobierno se está sentando a negociar con grupos que están en proceso de fortalecimiento y expansión, no con estructuras diezmadas o derrotadas táctica, operativa ni estratégicamente.
“En las negociaciones no puede existir buena fe con los grupos violentos, sino un pragmatismo estratégico. Cuando uno empieza a trabajar por afinidades pasa lo que está pasando: se cede y se concede mucho”, dijo un exnegociador de paz que pidió no ser citado.
Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), hace falta también un llamado efectivo de la ciudadanía y de distintos sectores a que los grupos armados detengan la violencia: “Debe haber más presión de la sociedad civil. Por ejemplo, en el caso del ELN, cuando comete actos violentos, todos salen a criticar al Gobierno, pero poco se le exige al grupo que abandone el terrorismo o el secuestro”.
Hasta ahora, decisiones unilaterales del Gobierno -como la suspensión de ceses al fuego en respuesta a acciones violentas de los grupos- muestran que hay unas líneas rojas claras. “Hay unas reclamaciones justas de la población que el gobierno escucha. En la segunda fase, las líneas rojas serán todo tipo de eventuales crímenes de guerra que puedan suceder. Su sistematicidad si así ocurriera sería un límite que nos impediría seguir avanzando con confianza en un ambiente de construcción de paz”, dijo el comisionado de Paz, Danilo Rueda. Y recalcó que la meta sigue siendo acordar ceses al fuego y de hostilidades para generar un ambiente de mayor tranquilidad y aliviar la situación humanitaria de las comunidades golpeadas por el conflicto.
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Todas estas medidas son claves para posicionar política y socialmente la apuesta de “paz total”, en la que según la percepción de la ciudadanía falta mucho por hacer. En los recientes resultados de la encuesta de Invamer, el 63,0% de los encuestados asegura que el proyecto de “paz total” va por mal camino, pero casi el mismo porcentaje de personas (63,2%) indica que se debe insistir en los diálogos hasta lograr acuerdos de paz.
En esa línea, Restrepo menciona algunas recomendaciones para que esta apuesta se afine y tenga éxito: “Lo primero es que se debe persistir en las iniciativas de diálogo y reducción de la violencia. Segundo, debe haber mucha más información, pero bien comunicada, sobre los avances y situaciones de la negociación. Otro punto es mantener el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC, que puede ser un gran incentivo para las negociaciones con otros grupos. También hay que tener un tono de apertura, escucha y receptividad de las experiencias pasadas, y urge construir una coalición política que acompañe la negociación”.
Sería de una coalición que incluya distintos sectores, como universidades, empresarios y lideres regionales. “Si la ‘paz total’ es la principal apuesta del Gobierno, se le debería restar el capital político a las reformas y ponérselo a la paz”, dice Restrepo.
El comisionado Danilo Rueda, que reconoce los tropiezos que ha tenido el proyecto, asegura que el Gobierno va a perseverar en la búsqueda de la paz. “No es la primera vez que hay crisis en los procesos de paz que se adelantan con grupos armados, pero es la primera vez que estamos intentando con la mayoría de las expresiones armadas lograr escenarios dialógicos simultáneos que minimicen los efectos de violencia letal y maximicen posibilidades de vida digna de todas y todos los colombianos”. Se trata de un deseo que, después de décadas de guerra ininterrumpida, el país entero espera que se cumpla.
