Los tropiezos del alto comisionado para lograr la paz total
Un fallido y confuso encuentro de paz en Montes de María, el cuestionado capítulo que casi deja en libertad al hijo de La Gata, un cartel de abogados que estarían cobrándole a capos a cambio de beneficios o el anuncio de un cese al fuego bilateral que no existía son algunos de los episodios que han empañado esa apuesta.
El último episodio que empañó la “paz total” fue un fallido encuentro por la paz en los Montes de María. El evento se realizaría los pasados 9 y 10 de febrero en El Carmen de Bolívar, convocado por la Comisión Americana de Derechos Humanos , dirigida por el abogado Pedro Niño, a quien el comisionado de Paz, Danilo Rueda, facultó en diciembre pasado con una resolución para que contribuyera a verificar la voluntad real de paz y sometimiento a la justicia de las Agc o Clan del Golfo.
Lea: “No vamos a pactar treguas o alivios temporales, solo permanentes”: Gobierno a Eln
Pero el mismo 9 de febrero desde temprano circuló un pronunciamiento firmado por algunas de las plataformas más importantes de los Montes de María en el que cuestionaban duramente el espacio, afirmaban desconocerlo así como a la organización que lo convocaba:
“Los y las lideresas del territorio nos enteramos de manera informal que se realizará el “primer encuentro ciudadano por la paz” en el Carmen de Bolívar, lo cual la mayoría de procesos de Montes de María desconocemos totalmente (…) manejar esto de forma tan abrupta es desconocer los procesos que por años hemos resistido en el territorio, además nos expone a un nuevo riesgo dado que varios procesos se han abstenido a pronunciarse en este comunicado por el miedo y falta de garantías”, se lee en el documento suscrito por la Mesa de Garantías para lideresas y defensoras de Derechos Humanos, las 15 mesas de víctimas de la región y la organización Narrar para Vivir.
La falta de claridad escaló hasta tal punto que la propia oficina del comisionado de Paz trinó en su cuenta oficial sobre el medio día de ese 9 de febrero: “Aclaramos que la OACP no ha avalado al abogado Pedro Niño ni a su organización para convocar a reuniones de paz en ninguna región del país. Las tareas de construcción de paz del Gobierno Nacional se rigen bajo las disposiciones constitucionales y legales vigentes”. Lo secundó también en Twitter el senador Iván Cepeda.
“Fue duro porque no teníamos claridad de qué pasaba hasta que el doctor Iván (Cepeda) y el mismo comisionado trinaron que ellos no habían mandado a esta organización a hacer ese tipo de ejercicios en territorio”, explicó Mayerlis Angarita, vocera de Narrar para Vivir. Pero además agregó que las organizaciones de los Montes de María sí llevan meses esperando un espacio o una reunión con el comisionado de Paz para tomar acciones concretas sobre la situación humanitaria en la región, ante el avance a pasos de gigante de las Agc o Clan del Golfo, pero que dicho espacio no se ha dado.
“De verdad necesitamos que nos escuchen; si no, tendremos que ir hasta Bogotá, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma”, precisó.
Lea también: “Esto lastima la paz total”: Danilo Rueda sobre la confusa libertad del “Gatico”
La sensación en los Montes de María se suma a lo que también han expresado las organizaciones sociales, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta: que están quedando excluidas de las conversaciones de paz en sus respectivas regiones. Así lo han afirmado desde la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes sociales de la Sierra (PDHAL), donde reclamaron que el comisionado ha llegado a la región de manera sigilosa a sostener encuentros de cara a sus acercamientos con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, sin que las organizaciones de la zona tengan conocimiento, ni sepan con quién se está hablando, a través de quiénes o en qué van esos diálogos.
Juan Camilo Restrepo, quien fue el jefe de la delegación de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos con el Eln, resume así la política de paz total del actual gobierno: “es una política bienintencionada, pero tremendamente desordenada”. Y añadió: “Llevamos los últimos dos meses dando bandazos con una ausencia de claridad en los procedimientos que están haciéndole perder credibilidad a la que es una buena idea”.
La efímera libertad del hijo de La Gata
El fallido encuentro de los Montes de María ocurrió apenas un día después del que quizás hasta ahora ha sido el peor momento para la paz total: el enredo con Jorge Luis Alfonso López, el hijo de La Gata, condenado por el asesinato de un periodista y quien paga su pena en prisión domiciliaria. El miércoles 8 de febrero, el Inpec confirmó que el Gatico saldría libre luego de que así lo ordenara un juez de Barranquilla con el argumento de que había sido nombrado facilitador de paz por el Gobierno.
Ante el escándalo en la opinión pública, la oficina del alto comisionado de Paz tuvo que emitir ese mismo día un comunicado aclarando la situación: “La OACP no solicitó la libertad de Jorge Luis Alfonso López”. El comisionado explicó que el detenido sí se había facultado para contribuir en la labor de verificar la voluntad real de paz y sometimiento de los grupos armados, pero que era una asignación por dos meses y que ejercería desde su lugar de reclusión, sin que ello implicara que debía quedar libre.
Luego solicitó retirarle esa figura de facilitador y el juez terminó revocando la libertad. Lo que quedó al descubierto en el hecho es que López y su defensa habrían aprovechado la falta de claridad para pedir la libertad usando como argumento la resolución que le había sido emitida por el comisionado y lograron que el juez se la concediera.
Pero el hecho levantó toda serie de suspicacias pues ya durante la campaña presidencial, Juan Fernando Petro (hermano del presidente) y Danilo Rueda habían visitado varias cárceles del país para reunirse con miembros de grupos armados. En ese momento ambos trataron de explicar lo que habían denominado como el “perdón social”.
El senador Iván Cepeda, quien integra la delegación de diálogos con el Eln y es cercano a los procesos de la paz total, reconoció en conversación con Colombia+20 que deben extremarse los cuidados para que esta apuesta salga bien. “Hay que proceder con mucho cuidado, con toda la meticulosidad, para evitar que personas que están en las cárceles puedan abusar de cualquier prerrogativa para extralimitar lo que se pretende; en eso hay que tener un comportamiento muy riguroso para evitar cualquier clase de situaciones que puedan desbordar la ley”, sostuvo.
Y añadió que se debe buscar el desmantelamiento de esos grupos a través del diálogo, “pero con el respeto de la ley y la Constitución, y con total transparencia, sin que en esto haya zonas grises, penumbras de ninguna naturaleza”.
Recordó que ya durante el Gobierno de Juan Manuel Santos él participó de los intentos para someter a las Agc o Clan del Golfo a la justicia y que “en ese momento fuimos muy cuidadosos, al punto que no hay ninguna clase de quejas o de situaciones que se puedan mencionar de alguna manera crítica o con censura sobre lo que fue esa actuación; así que hay que repetir eso”, aseguró.
El cartel de abogados en la paz total
Los comunicados aclaratorios después del escándalo de parte de la oficina del comisionado ya se han vuelto habituales. Cuatro días antes del capítulo del Gatico, el 4 de febrero, la oficina del comisionado había tenido que sacar otro comunicado de esa naturaleza, pero sobre otro asunto: “Transparencia y verdad en la paz total”, se tituló ese. “Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición”, denunciaba el documento.
Allí se incluía un caso en el que una persona privada de la libertad pagó a un abogado una alta suma de dinero por tramitar su traslado a un centro penitenciario en particular. “El traslado, por supuesto, no se produjo”, aclaraba. “Así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de paz total (…) Lamentamos que esta situación genere suspicacias frente a las mesas de paz en centros penitenciarios, en torno a las cuales muchas personas privadas de la libertad están hoy construyendo propuestas significativas de verdad y reconciliación”.
A finales de enero, el malentendido había sido “sobre el proceso de paz urbana en Medellín”. En el documento, la oficina explicaba que lo cierto hasta ahora es que llevaban cuatro meses avanzando confidencialmente en un proceso con 12 grupos armados de esa ciudad que tenían voluntad de paz. Sin embargo, decía que “el sigilo que nos exige esta delicada primera fase del proceso ha dado pie a informaciones incorrectas sobre compromisos entre las partes y escenarios inexistentes (…) A los periodistas y medios de información les agradecemos su comprensión, y a todos los ciudadanos les reiteramos que los asuntos sustanciales de este proceso de construcción de paz urbana se darán a conocer en el momento oportuno y que nadie que esté interesado en la paz será excluido. La ciudadanía conocerá la arquitectura de la conversación sociojurídica cuando se cuente con una hoja de ruta finalizada”.
Precisamente este martes la oficina del comisionado emitió un comunicado sobre ese tema, en el que contó que en Bogotá se reúnen hoy los siete facilitadores de 12 estructuras armadas de Medellín con el comisionado, su equipo y un senador de la República.
“La paz es un propósito que hay que buscar, pero hay que buscarlo con orden, con protocolos, de una manera mucho más esmerada de como parece que se está haciendo; no por ir rápido se hacen bien las cosas; el Gobierno está intentando ir rápido, pero las está haciendo mal. Es mejor ir despacio, pero con paso firme”, sostuvo Juan Camilo Restrepo.
Otro de los episodios grises en el avance de la paz total fue el “choque” con la Fiscalía General de la Nación. El Gobierno le solicitó expresamente levantar las órdenes de captura de 16 integrantes de grupos armados: ocho de las Agc o Clan del Golfo y ocho de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. La petición obedecía, según el Gobierno, a que la medida era necesaria para avanzar en los diálogos con ambas estructuras armadas. La Fiscalía argumentó que no había marco jurídico para levantarles las órdenes de captura y se negó a la solicitud del Gobierno.
Colombia+20 conoció que algo similar ocurrió con 20 comandantes de la disidencia de las Farc de Iván Mordisco, que la semana pasada firmó un protocolo de cese al fuego con el Gobierno Nacional. El paso a seguir por parte de esa estructura era una cumbre de sus comandantes en un punto del territorio nacional, para lo cual el Gobierno solicitó levantarles las órdenes de captura. Hasta el momento, la Fiscalía no ha respondido positivamente a todas las solicitudes.
El cese al fuego bilateral que no existía y la pérdida de credibilidad
Y otro que sin duda resultó desconcertante fue el anuncio del cese al fuego bilateral con cinco grupos armados en el país, que el presidente Petro anunció en su cuenta de Twitter el 31 de diciembre de 2022, minutos antes de que se acabara el año. Apenas dos días después, el Eln, que supuestamente estaba dentro de ese cese, emitió un comunicado en el que decía que no había acordado ningún cese bilateral con el Gobierno y que eso tendría que decidirse en la mesa. Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno para el diálogo con ese grupo, calificó el anuncio, más bien, como una “propuesta audaz”, de la que ni siquiera él tenía conocimiento. Luego se sabría, en realidad, que no había nada pactado con ninguno de los cinco grupos, sino que era a partir de allí que empezarían a tratar de acordarlo.
Para Kyle Jhonson, cofundador e investigador de la fundación Conflict Responses, una de las consecuencias en la seguidilla de salidas en falso en el marco de la paz total, es que crece el escepticismo que de por sí ya rodea esa ambiciosa apuesta:
“El éxito de las negociaciones en parte depende del apoyo político hacia la negociación. Para generar esos apoyos políticos tiene que haber avances, resultados tangibles, digamos unas victorias pequeñas de la paz total. Con lo que pasó con los ceses bilaterales, hay mayor escepticismo frente a esas victorias. Porque pueden hacer anuncios con los que el Gobierno cree que puede generar algo de capital político, pero con ese escepticismo no van a tener tanto efecto político positivo como quisiera. Porque la reacción de mucha gente puede ser “bueno el anuncio, pero esperemos unos días a ver si es verdad”. Ya no creen tanto”, sostuvo. Y añadió: “Las victorias tienen que ser cada vez más contundentes para generar algún efecto político.”
Como ejemplo de ello, cita el caso de los protocolos de cese al fuego que firmaron la semana pasada el Gobierno Nacional y la disidencia de las Farc de Iván Mordisco, que pasaron prácticamente desapercibidos en la opinión pública. “El anuncio de que ya están esos protocolos no generó tanto ruido político como el anuncio en falso del 31 de diciembre”, lamentó.
El último episodio que empañó la “paz total” fue un fallido encuentro por la paz en los Montes de María. El evento se realizaría los pasados 9 y 10 de febrero en El Carmen de Bolívar, convocado por la Comisión Americana de Derechos Humanos , dirigida por el abogado Pedro Niño, a quien el comisionado de Paz, Danilo Rueda, facultó en diciembre pasado con una resolución para que contribuyera a verificar la voluntad real de paz y sometimiento a la justicia de las Agc o Clan del Golfo.
Lea: “No vamos a pactar treguas o alivios temporales, solo permanentes”: Gobierno a Eln
Pero el mismo 9 de febrero desde temprano circuló un pronunciamiento firmado por algunas de las plataformas más importantes de los Montes de María en el que cuestionaban duramente el espacio, afirmaban desconocerlo así como a la organización que lo convocaba:
“Los y las lideresas del territorio nos enteramos de manera informal que se realizará el “primer encuentro ciudadano por la paz” en el Carmen de Bolívar, lo cual la mayoría de procesos de Montes de María desconocemos totalmente (…) manejar esto de forma tan abrupta es desconocer los procesos que por años hemos resistido en el territorio, además nos expone a un nuevo riesgo dado que varios procesos se han abstenido a pronunciarse en este comunicado por el miedo y falta de garantías”, se lee en el documento suscrito por la Mesa de Garantías para lideresas y defensoras de Derechos Humanos, las 15 mesas de víctimas de la región y la organización Narrar para Vivir.
La falta de claridad escaló hasta tal punto que la propia oficina del comisionado de Paz trinó en su cuenta oficial sobre el medio día de ese 9 de febrero: “Aclaramos que la OACP no ha avalado al abogado Pedro Niño ni a su organización para convocar a reuniones de paz en ninguna región del país. Las tareas de construcción de paz del Gobierno Nacional se rigen bajo las disposiciones constitucionales y legales vigentes”. Lo secundó también en Twitter el senador Iván Cepeda.
“Fue duro porque no teníamos claridad de qué pasaba hasta que el doctor Iván (Cepeda) y el mismo comisionado trinaron que ellos no habían mandado a esta organización a hacer ese tipo de ejercicios en territorio”, explicó Mayerlis Angarita, vocera de Narrar para Vivir. Pero además agregó que las organizaciones de los Montes de María sí llevan meses esperando un espacio o una reunión con el comisionado de Paz para tomar acciones concretas sobre la situación humanitaria en la región, ante el avance a pasos de gigante de las Agc o Clan del Golfo, pero que dicho espacio no se ha dado.
“De verdad necesitamos que nos escuchen; si no, tendremos que ir hasta Bogotá, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma”, precisó.
Lea también: “Esto lastima la paz total”: Danilo Rueda sobre la confusa libertad del “Gatico”
La sensación en los Montes de María se suma a lo que también han expresado las organizaciones sociales, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta: que están quedando excluidas de las conversaciones de paz en sus respectivas regiones. Así lo han afirmado desde la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes sociales de la Sierra (PDHAL), donde reclamaron que el comisionado ha llegado a la región de manera sigilosa a sostener encuentros de cara a sus acercamientos con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, sin que las organizaciones de la zona tengan conocimiento, ni sepan con quién se está hablando, a través de quiénes o en qué van esos diálogos.
Juan Camilo Restrepo, quien fue el jefe de la delegación de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos con el Eln, resume así la política de paz total del actual gobierno: “es una política bienintencionada, pero tremendamente desordenada”. Y añadió: “Llevamos los últimos dos meses dando bandazos con una ausencia de claridad en los procedimientos que están haciéndole perder credibilidad a la que es una buena idea”.
La efímera libertad del hijo de La Gata
El fallido encuentro de los Montes de María ocurrió apenas un día después del que quizás hasta ahora ha sido el peor momento para la paz total: el enredo con Jorge Luis Alfonso López, el hijo de La Gata, condenado por el asesinato de un periodista y quien paga su pena en prisión domiciliaria. El miércoles 8 de febrero, el Inpec confirmó que el Gatico saldría libre luego de que así lo ordenara un juez de Barranquilla con el argumento de que había sido nombrado facilitador de paz por el Gobierno.
Ante el escándalo en la opinión pública, la oficina del alto comisionado de Paz tuvo que emitir ese mismo día un comunicado aclarando la situación: “La OACP no solicitó la libertad de Jorge Luis Alfonso López”. El comisionado explicó que el detenido sí se había facultado para contribuir en la labor de verificar la voluntad real de paz y sometimiento de los grupos armados, pero que era una asignación por dos meses y que ejercería desde su lugar de reclusión, sin que ello implicara que debía quedar libre.
Luego solicitó retirarle esa figura de facilitador y el juez terminó revocando la libertad. Lo que quedó al descubierto en el hecho es que López y su defensa habrían aprovechado la falta de claridad para pedir la libertad usando como argumento la resolución que le había sido emitida por el comisionado y lograron que el juez se la concediera.
Pero el hecho levantó toda serie de suspicacias pues ya durante la campaña presidencial, Juan Fernando Petro (hermano del presidente) y Danilo Rueda habían visitado varias cárceles del país para reunirse con miembros de grupos armados. En ese momento ambos trataron de explicar lo que habían denominado como el “perdón social”.
El senador Iván Cepeda, quien integra la delegación de diálogos con el Eln y es cercano a los procesos de la paz total, reconoció en conversación con Colombia+20 que deben extremarse los cuidados para que esta apuesta salga bien. “Hay que proceder con mucho cuidado, con toda la meticulosidad, para evitar que personas que están en las cárceles puedan abusar de cualquier prerrogativa para extralimitar lo que se pretende; en eso hay que tener un comportamiento muy riguroso para evitar cualquier clase de situaciones que puedan desbordar la ley”, sostuvo.
Y añadió que se debe buscar el desmantelamiento de esos grupos a través del diálogo, “pero con el respeto de la ley y la Constitución, y con total transparencia, sin que en esto haya zonas grises, penumbras de ninguna naturaleza”.
Recordó que ya durante el Gobierno de Juan Manuel Santos él participó de los intentos para someter a las Agc o Clan del Golfo a la justicia y que “en ese momento fuimos muy cuidadosos, al punto que no hay ninguna clase de quejas o de situaciones que se puedan mencionar de alguna manera crítica o con censura sobre lo que fue esa actuación; así que hay que repetir eso”, aseguró.
El cartel de abogados en la paz total
Los comunicados aclaratorios después del escándalo de parte de la oficina del comisionado ya se han vuelto habituales. Cuatro días antes del capítulo del Gatico, el 4 de febrero, la oficina del comisionado había tenido que sacar otro comunicado de esa naturaleza, pero sobre otro asunto: “Transparencia y verdad en la paz total”, se tituló ese. “Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición”, denunciaba el documento.
Allí se incluía un caso en el que una persona privada de la libertad pagó a un abogado una alta suma de dinero por tramitar su traslado a un centro penitenciario en particular. “El traslado, por supuesto, no se produjo”, aclaraba. “Así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de paz total (…) Lamentamos que esta situación genere suspicacias frente a las mesas de paz en centros penitenciarios, en torno a las cuales muchas personas privadas de la libertad están hoy construyendo propuestas significativas de verdad y reconciliación”.
A finales de enero, el malentendido había sido “sobre el proceso de paz urbana en Medellín”. En el documento, la oficina explicaba que lo cierto hasta ahora es que llevaban cuatro meses avanzando confidencialmente en un proceso con 12 grupos armados de esa ciudad que tenían voluntad de paz. Sin embargo, decía que “el sigilo que nos exige esta delicada primera fase del proceso ha dado pie a informaciones incorrectas sobre compromisos entre las partes y escenarios inexistentes (…) A los periodistas y medios de información les agradecemos su comprensión, y a todos los ciudadanos les reiteramos que los asuntos sustanciales de este proceso de construcción de paz urbana se darán a conocer en el momento oportuno y que nadie que esté interesado en la paz será excluido. La ciudadanía conocerá la arquitectura de la conversación sociojurídica cuando se cuente con una hoja de ruta finalizada”.
Precisamente este martes la oficina del comisionado emitió un comunicado sobre ese tema, en el que contó que en Bogotá se reúnen hoy los siete facilitadores de 12 estructuras armadas de Medellín con el comisionado, su equipo y un senador de la República.
“La paz es un propósito que hay que buscar, pero hay que buscarlo con orden, con protocolos, de una manera mucho más esmerada de como parece que se está haciendo; no por ir rápido se hacen bien las cosas; el Gobierno está intentando ir rápido, pero las está haciendo mal. Es mejor ir despacio, pero con paso firme”, sostuvo Juan Camilo Restrepo.
Otro de los episodios grises en el avance de la paz total fue el “choque” con la Fiscalía General de la Nación. El Gobierno le solicitó expresamente levantar las órdenes de captura de 16 integrantes de grupos armados: ocho de las Agc o Clan del Golfo y ocho de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. La petición obedecía, según el Gobierno, a que la medida era necesaria para avanzar en los diálogos con ambas estructuras armadas. La Fiscalía argumentó que no había marco jurídico para levantarles las órdenes de captura y se negó a la solicitud del Gobierno.
Colombia+20 conoció que algo similar ocurrió con 20 comandantes de la disidencia de las Farc de Iván Mordisco, que la semana pasada firmó un protocolo de cese al fuego con el Gobierno Nacional. El paso a seguir por parte de esa estructura era una cumbre de sus comandantes en un punto del territorio nacional, para lo cual el Gobierno solicitó levantarles las órdenes de captura. Hasta el momento, la Fiscalía no ha respondido positivamente a todas las solicitudes.
El cese al fuego bilateral que no existía y la pérdida de credibilidad
Y otro que sin duda resultó desconcertante fue el anuncio del cese al fuego bilateral con cinco grupos armados en el país, que el presidente Petro anunció en su cuenta de Twitter el 31 de diciembre de 2022, minutos antes de que se acabara el año. Apenas dos días después, el Eln, que supuestamente estaba dentro de ese cese, emitió un comunicado en el que decía que no había acordado ningún cese bilateral con el Gobierno y que eso tendría que decidirse en la mesa. Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno para el diálogo con ese grupo, calificó el anuncio, más bien, como una “propuesta audaz”, de la que ni siquiera él tenía conocimiento. Luego se sabría, en realidad, que no había nada pactado con ninguno de los cinco grupos, sino que era a partir de allí que empezarían a tratar de acordarlo.
Para Kyle Jhonson, cofundador e investigador de la fundación Conflict Responses, una de las consecuencias en la seguidilla de salidas en falso en el marco de la paz total, es que crece el escepticismo que de por sí ya rodea esa ambiciosa apuesta:
“El éxito de las negociaciones en parte depende del apoyo político hacia la negociación. Para generar esos apoyos políticos tiene que haber avances, resultados tangibles, digamos unas victorias pequeñas de la paz total. Con lo que pasó con los ceses bilaterales, hay mayor escepticismo frente a esas victorias. Porque pueden hacer anuncios con los que el Gobierno cree que puede generar algo de capital político, pero con ese escepticismo no van a tener tanto efecto político positivo como quisiera. Porque la reacción de mucha gente puede ser “bueno el anuncio, pero esperemos unos días a ver si es verdad”. Ya no creen tanto”, sostuvo. Y añadió: “Las victorias tienen que ser cada vez más contundentes para generar algún efecto político.”
Como ejemplo de ello, cita el caso de los protocolos de cese al fuego que firmaron la semana pasada el Gobierno Nacional y la disidencia de las Farc de Iván Mordisco, que pasaron prácticamente desapercibidos en la opinión pública. “El anuncio de que ya están esos protocolos no generó tanto ruido político como el anuncio en falso del 31 de diciembre”, lamentó.