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El 5 de mayo de 2021, un contingente de policía se encontraba a menos de 400 metros del punto donde ocurrió el atentado contra Lucas Villa Vásquez, Javier David Clavijo y Andrés Felipe Castaño en el Viaducto de Pereira, pero no acudió a auxiliarlos.
Este contingente era identificado en las comunicaciones radiales de la Policía como BLACK7 y recibía órdenes directas del Puesto de Mando Unificado –liderado por el coronel Aníbal Villamizar, comandante de la Metropolitana de Pereira–. Sobre las 6:55 de noche la orden fue que se trasladaran hacia la glorieta de Servientrega en Dosquebradas, muy cerca de la Plazoleta del Viaducto donde ocurrió el ataque en el que murió el estudiante, quien se convirtió en el símbolo de la protesta pacífica en el marco del paro nacional de abril pasado en Colombia.
A la misma hora, otra unidad de Policía realizó un patrullaje por el barrio San Judas, ubicado en las bases del Viaducto. Por ese sitio escaparon los sicarios en una motocicleta BWIS y otra moto negra -aún no identificada- que algunos testigos describen como una Yamaha RX-115. El patrullaje de la Policía por San Judas reportó que no había “novedad” y muy poca afluencia de personas. El atentado ocurrió 36 minutos más tarde.
Toda esta información está consignada en sendas minutas de la Policía a las que tuvo acceso a este diario (ver fotos abajo).
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Una pregunta fundamental sobre los hechos del 5 de mayo gira en torno a la ausencia de la Policía del Viaducto justo antes del atentado y su nula reacción después del crimen. Héctor Fabio Toro, comandante de la estación de Dosquebradas, aseguró que hubo una orden para retirar el dispositivo policial del puente aquel día “con el fin de evitar alguna provocación”, aunque no está claro de dónde provenía esa orden.
Varias veces se intentó contactar al coronel Aníbal Villamizar e incluso se le envío un cuestionario con esta y otras preguntas a través de la oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Metropolitana de Pereira, pero nunca se obtuvo respuesta.
Sin embargo, no es cierto que se hubiera retirado completamente el dispositivo policial, como aseguró el comandante Toro. Las comunicaciones por radio de los uniformados prueban que durante todo el día y por lo menos hasta las 5:22 de la tarde de ese 5 de mayo hubo monitoreo permanente y vigilancia del puente.
A través de derecho de petición se pudo acceder a las minutas del CAI del 20 de julio, ubicado frente a la entrada del barrio San Judas, así como a la lista de patrulleros que estuvieron disponibles para atender las protestas en Pereira durante las jornadas del paro nacional. También se obtuvo la bitácora de comunicaciones de la Policía Metropolitana en esas semanas.
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De aquellos reportes se puede comprobar que todos los días hubo control y monitoreo permanente del Viaducto, incluso con múltiples arremetidas violentas del Esmad contra los manifestantes, con una única excepción ocurrida la noche del 5 de mayo. Los altos mandos policiales aún no han dado una explicación clara que justifique por qué se retiró la vigilancia sólo durante ese día y en esa hora precisa.
Esta omisión resulta aún más grave si se suma a las nuevas evidencias que aparecieron sobre el caso. Existe un video hasta ahora inédito de los hechos, que había sido captado por la cámara de seguridad de la fábrica ‘Nicole’ en Dosquebradas. Este video fue revelado el lunes 6 de diciembre por una investigación conjunta de Baudó Agencia Pública, Bellingcat y 070.
La cámara situada a 100 metros del lugar del atentado muestra cuando una patrulla motorizada cruza cerca del tumulto donde estaban los heridos. Esta patrulla pasó a las 7:39 de la noche, cuando habían transcurrido apenas ocho minutos del atentado, pero no se acercó al sitio. Posteriormente, a las 7:45 p.m., cruzó otra camioneta de la Policía que tampoco acudió al lugar.
“El hecho de que la Policía no llegara después del atentado nos deja un indicio muy fuerte de que estuvo involucrada”,
Sidssy Uribe Vásquez, hermana de Lucas Villa
La misma institución confirmó que en la Estación Pereira, ubicada al final del Viaducto sobre el costado de Pereira (el otro costado es Dosquebradas), y que está a una distancia de 700 metros del sitio del atentado, se había asignado 28 patrulleros y varios vehículos al mando del teniente Carlos Enrique Tafur. Ninguno de estos hombres reaccionó ni fue a prestar los primeros auxilios a los heridos, como confirman múltiples testigos.
En la minuta del CAI 20 julio, ubicado frente al barrio San Judas, consta que el 5 de mayo los efectivos allí disponibles no reseñaron ninguna novedad especial. Esta unidad de Policía se encuentra a menos de 100 metros del punto por donde huyeron los sicarios.
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“El hecho de que la Policía no llegara después del atentado nos deja un indicio muy fuerte de que estuvo involucrada”, asegura Sidssy Uribe Vásquez, hermana de Lucas Villa. Y agregó: “la policía trató de desviar la investigación con testimonios muy apresurados”, dijo en referencia a las primeras versiones dadas por el general Fernando Murillo de la DIJIN, quien sostuvo que una banda delincuencial local sería la responsable del homicidio. También contactamos a la oficina de Comunicaciones Estratégicas de la DIJIN para consultar al General Murillo, la respuesta fue que ese asunto le concernía a la Policía Metropolitana de Pereira pues se trataba de “su jurisdicción”.
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La Policía Judicial, que debía practicar las acciones urgentes como acordonar el área y recolectar las vainillas, proyectiles o posibles pruebas, jamás lo hizo, a pesar que dos funcionarios llegaron hasta el sitio a las 8:15 de la noche, cuando ya no había ningún bloqueo ni presencia de manifestantes en la zona. Colombia+20 conoció el testimonio de ambos funcionarios, quienes manifestaron que después de acudir al Viaducto sostuvieron conversación con un comandante del Esmad que estaba acantonado en la Estación Pereira, citada antes.
Una acción sistemática y coordinada
Para la abogada y defensora de Derechos Humanos Adriana González Correa es urgente esclarecer por qué varios amigos cercanos y compañeros de la misma carrera de Lucas Villa resultaron perfilados por la Policía, capturados o amenazados en los días anteriores y posteriores al atentado. Según ella, esto podría indicar que existía un plan mayor en marcha.
“Hay indicios por unas intervenciones en los chats del programa de Deportes de la Universidad, que ellos reportaron y esto se informó a las autoridades”, puntualiza González, quien fue una de las primeras activistas en arribar al Hospital San Jorge después del atentado. “Se descubrió que esos chats estaban intervenidos, después atentan contra la vida de una persona, violan a una chica también del programa de deportes y amenazan a seis estudiantes, estos son indicios graves”, afirma.
El 1 de mayo durante los bloqueos en el peaje del Manzano la policía capturó ilegalmente a M. R., un compañero de Lucas Villa a quien le confiscaron y revisaron su teléfono móvil. Fue a partir de entonces que varios números extraños aparecieron infiltrados en los chats de estudiantes del programa de Ciencias del Deporte de la Universidad Tecnológica de Pereira, al cual pertenecía Lucas y todos los demás muchachos amenazados. En esos mismos chats fue donde circularon los videos de Villa el día del atentado, casi en simultáneo con los hechos.
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A través de otro derecho de petición se le solicitó a la Policía información sobre la identidad de los uniformados que estuvieron en la estación del Manzano el 1 de mayo. No obstante, no aportaron la información requerida.
“Lo que ha pasado con Lucas es lo de siempre, en cada momento de la historia de este país hay un grupo que termina siendo víctima de las perores violaciones de derechos humanos, los sindicalistas, los estudiantes, los partidos de izquierda”, insiste la doctora González. Y agrega: “no sabemos ni siquiera quiénes cometieron los homicidios de Galán, de Pizarro, de Bernardo Jaramillo. Nuestro anhelo es el de siempre: que se investigue y se encuentre a los responsables”.
