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El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso respondió al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que negó su libertad, designado como gestor de paz por resolución Presidencial. La Corte explicó que la medida solicitada por el Gobierno carecía de proporcionalidad en relación con los derechos de las víctimas y los fines de justicia.
A través de su cuenta de Tiktok, Mancuso afirmó: “La reciente decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema al intentar impedir que actores del conflicto actúan como gestores de paz -cuando ya han pagado el doble de la condena máxima- vulnera flagrantemente el compromiso y los propósitos de paz, reconciliación y no repetición de la Ley de Justicia y Paz”.
El pronunciamiento de la Sala Penal fue sobre la resolución presidencial 244, expedida el 14 de agosto de 2023 y no sobre la 453 firmada el pasado 8 de noviembre y conocida esta semana. La diferenciación es importante porque la primera no especifica el tiempo en que Mancuso tendrá este rol (la segunda sí dice que será por seis meses). Para la Corte, no precisar este tiempo de designación “podría enviar un mensaje erróneo a las víctimas”.
Además, advirtió que otorgar la libertad sin una contribución real a la verdad y la reparación de las víctimas se podría considerar un beneficio excesivo para un individuo responsable de graves violaciones de derechos humanos, especialmente cuando aún se encuentra bajo medida de aseguramiento preventiva.
“Al analizar el alcance de la paz en relación con la justicia y los derechos de las víctimas, se advierte la falta de proporcionalidad de la medida pretendida por el Gobierno Nacional”, se lee en la decisión. Y agrega que busca otorgar un beneficio ilimitado (la libertad), “sin contraprestación ni contención alguna, pese a la ausencia de contribución real con la verdad y la reparación de las víctimas por parte del postulado”.
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La figura de los gestores de paz, creada a partir de la Ley 418 de 1997, fue creada para designar a personas que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que estando en la cárcel son liberadas para que presten sus buenos oficios en tareas varias que ayuden a alcanzar acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con el grupo al que pertenecen.
Esa norma fue recientemente modificada por la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total, que en uno de sus artículos se refiere a las personas en prisión, una carta de la que podría echar mano el Ejecutivo en los casos de los detenidos en protestas. “Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”, dice el parágrafo 1 del artículo 5.
Otra de las razones expuestas por la Corte es que la designación de Mancuso como gestor de paz no cumple con el carácter excepcional que exige la ley. La resolución presidencial carece de un objetivo claro y definido, ya que sus consideraciones son vagas y generales, explicó el alto tribunal. En particular, las consideraciones 11 y 13 son las únicas que sugieren un propósito, pero no especifican el rol concreto de Mancuso en las mesas técnicas mencionadas, ni detalles como quiénes las integrarían, dónde se llevarían a cabo o cuánto tiempo durarían.
“La justicia transicional se ha vuelto un factor de persistencia de la guerra”: Mancuso
En el video, Mancuso también hace una crítica contra el sistema de justicia transicional del que dice que ha creado inseguridad jurídica. “El Sistema de Justicia Transicional, nacido de las negociaciones con las Autodefensas, enfrente hoy una profunda crisis de inseguridad jurídica que ha provocado el asesinato de más de 5.000 desmovilizados, y muchos de los que han sobrevivido han sido forzados a volver a las trincheras. Hoy el Sistema de Justicia Transicional en Colombia, lejos de ser garantía, se ha vuelto un factor de persistencia de la guerra, generando más víctimas, más pobreza, más desigualdad”, afirmó.
De acuerdo con el exjefe paramilitar, la estigmatización de por vida de los desmovilizados perpetúa condenas sociales y a su vez el conflicto armado. “Por eso, una de las razones de ser de la justicia transicional es cerrar esos ciclos de violencia y para eso es fundamental garantizar los derechos de aquellos que hemos cumplido con las penas y sanciones a una segunda oportunidad para empezar de nuevo. Para eso es fundamental que a los desmovilizados no se les impida trabajar por la paz y la reconciliación de Colombia. La paz no se logra con más castigos o linchamientos sociales o mediáticos, sino con reconciliación”, dijo en la grabación.
Sobre esto, la decisión de la Corte rechaza la idea de que Mancuso aún tenga influencia sobre grupos criminales emergentes, señalando que si fuera así, debería declararse su incumplimiento de compromisos y activarse su exclusión.
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La mesa de paz que quiere abrir Petro con la antigua cúpula de las AUC
Aunque la decisión de la Corte no está relacionada con la reciente resolución del presidente Petro en la que se nombra a 18 exjefes paramilitares de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz, sí da luces sobre lo que podría decir el alto tribunal acerca de esa designación.
De acuerdo con la resolución que fue firmada el pasado 8 de noviembre, la designación de estos 18 “exparas” se da con el objetivo de que “contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.
Justamente sobre ese objetivo, la Sala Penal también se pronunció y dijo que la frase es tan amplia que más bien se asemeja a las funciones que debe desempeñar el Alto Comisionado para la Paz”, específica la Sala de Casación Penal. Así, lo que debería ser una medida excepcional según la resolución se convierte en una regla general, lo que abriría la puerta para que cualquier persona privada de la libertad, sin importar el delito cometido, pueda participar en la búsqueda de la paz por simple discrecionalidad presidencial.
Entre la lista de los 18 aparecen nombres como Hernán Giraldo Serna, conocido como “el Patrón de la Sierra”; Carlos Mario Jiménez, “Macaco”; Ramón Isaza; Rodrigo Tovar, “Jorge 40″, y Hebert Veloza, “HH”. Algunos de ellos fueron extraditados a Estados Unidos, donde pagaron sentencias por narcotráfico y otros aún están en cárceles de Colombia por delitos como desaparición forzada, reclutamiento, homicidios o violencia sexual.
La resolución, que se dio a conocer el martes, se dio en cumplimiento de lo dicho el pasado 3 de octubre por el presidente pasado 3 de octubre Petro durante un evento en Córdoba, Montería, cuando afirmó que la idea central de esa mesa era “terminar” ese proceso de desmovilización que se dio en 2005, hace casi 20 años, y entregar los bienes a las víctimas.
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“Salvatore, ‘Macaco’, ‘Jorge 40′ podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad que existía en esa época”, aseguró entonces el mandatario.
Petro también aclaró en su momento que una mesa con los ex-AUC tendría como objetivo entregar tierras a las víctimas del conflicto armado.
La viabilidad de una eventual mesa de paz con los exjefes paramilitares de las AUC depende de varios factores, entre ellos la transparencia del proceso, la capacidad del Estado de garantizar justicia a las víctimas y el compromiso genuino de contar la verdad.
El presidente Petro ha venido hablando de la teoría de la verdad extraditada, en referencia a todos esos exjefes paramilitares fueron enviados a cárceles de Estados Unidos sin revelar las relaciones con políticos, empresarios, fuerza pública, entre otros actores, o verdades sobre hechos de violencia en el país.
El mandatario varias veces ha sostenido que por eso se hace necesario un tribunal de cierre en la que confluyan todos los actores armados y se conozca toda la verdad.
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