Tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, en debates legislativos y académicos, incluso en las calles, se abordó la necesidad de regular el funcionamiento de la fuerza pública, con especial énfasis en transformaciones de fondo a la Policía Nacional. Algunas de las propuestas han sido pasar su administración del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, reformar los métodos de operación de los escuadrones antimotines y cambiar los uniformes y las patrullas, entre otras ideas que han rondado el futuro inmediato de esa institución.
La idea central de todas es darle un enfoque de derechos humanos, un pedido que se hizo aún más manifiesto desde el estallido social de 2021. En resumen, los cambios buscan que se lleve del papel a la práctica el objetivo de la Policía: mantener las condiciones necesarias para ejercer derechos y libertades públicas y, de paso, acercar más esa institución a la comunidad.
En los últimos años —más que nunca— se han planteado varias inquietudes: ¿Cómo debería ser la cercanía de la ciudadanía con la Policía? ¿Cómo ese cuerpo estatal puede ir a los territorios promoviendo confianza y seguridad? Y ¿cómo aprender de los errores del pasado para no repetirlos?
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Todas esas dudas se relacionan con la mediación policial. Con una guía completamente puesta en práctica para que los policías sean reguladores de agravios, puedan instrumentalizar el diálogo como primera salida a los conflictos o servir como una instancia preventiva. Y esto, contrario a lo que se pueda pensar, no es necesariamente por escenarios de una guerra civil o algo similar; es algo que pueda funcionar para la resolución de desencuentros entre vecinos, colegas o que aborden temas locales.
Para el coronel Edwin Olarte, jefe del Área de Servicios de Policía y Gestión Comunitaria de la Policía Nacional, hablar de mediación policial es crucial para entender el nuevo rumbo que quiere tomar su institución. Asegura que “mediar desde nuestro rol nos hará más fuertes en la atención a la comunidad, más preparados hacia la prevención de violencias y más acertados en la ejecución de acciones aplicadas al territorio”.
La mediación policial no entiende de lejanía o virtualidad. Su éxito radica en que los cuerpos de policía estén en el lugar de los hechos para atender diferencias en la vía pública, intentar que un conflicto entre personas no escale y que la convivencia marche con la mayor tranquilidad posible.
Y para formar esto de una manera metodológicamente organizada, la Policía Nacional, a través del programa Somos Comunidad, se alió con USAID y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) para sacar adelante una guía de mediación que permita pensar las intervenciones policiales desde y hacia los territorios, enfocada desde el humanismo de las personas como agente de cambio.
De acuerdo con Juan Carlos Nieto, director de Seguridad Ciudadana de Somos Comunidad, esta unión interinstitucional es un incentivo para generar cohesión social y resiliencia comunitaria. “La Policía no puede ser distante a las necesidades cotidianas de la gente. Contamos con un piloto en el norte del Cauca que esperamos replicar. Santander de Quilichao es el primer municipio en Colombia con todos sus policías certificados en mediación policial. Esto no es menor si lo ponemos a la luz de la realidad del país. El 49 % de las muertes violentas en Colombia surgen de problemas de convivencia. Si trabajamos desde la base, lo local, lo preventivo, lo que se puede mediar, pues se reduce la violencia en el país”, agrega.
Ese tema es crucial para el coronel Olarte. El uniformado recalca en que la intervención del programa Somos Comunidad los ha ayudado a “tecnificar la forma en la que la Policía cambie su actuación frente a la comunidad, que se dialogue más con el ciudadano y queremos llegar al punto en que los ciudadanos cumplan voluntariamente con sus acuerdos. Es un tema progresivo”.
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El piloto de Santander de Quilichao
La gran entrada al Cauca desde el Valle es Santander de Quilichao. Un municipio en el que convergen pueblos negros, indígenas y campesinos y que por años vio cómo la guerra quiso arrasar con todo. Ha sido un pueblo resistente que abre sus calles de par en par a la vía Panamericana, que conecta al suroccidente colombiano con el resto del continente.
Allí decidieron hacer el piloto de mediación policial y en su jurisdicción la primera persona interesada en que esto se llevara a cabo fue Lucy Amparo Guzmán, su alcaldesa saliente.
De acuerdo con la funcionaria, en diálogo con El Espectador, la mediación policial en su municipio es la “forma más efectiva para construir ambientes sanos entre la comunidad y su fuerza pública. Apoyamos y acompañamos que un grupo de expertos de Somos Comunidad orienten eso, porque es una ayuda para todos. Humanizan más a nuestros policías, piensan en lo que la gente necesita para su convivencia diaria y actúan desde la prevención; algo a lo que no estábamos muy acostumbrados”.
Testimonio de eso lo da el subintendente Arnold Gallego, de la estación de Policía de Santander de Quilichao, quien fue uno de los uniformados capacitados en temas de mediación y a la luz de esos aprendizajes dice que se siente más capacitado para cumplir sus funciones de manera más eficiente.
“Como policía, uno puede estar sujeto más a las formas tangibles de hacer cumplir los derechos y la sana convivencia. Sin embargo, por medio de la mediación tenemos medios inmateriales en caso de que haya conflictos. Todo esto lo realizamos en los sitios de los hechos y es una aplicación plena de la Ley 1801 de 2016. Se evitan agresiones, el policía lleva a un feliz término un conflicto, se hace seguimiento a lo que sucedió y esto ha servido para disminuir acá los índices de delitos”, asegura Gallego.
Para usar este tipo de métodos en la Policía se necesita determinación, convencimiento y vocación hacia el servicio comunitario. Con esos pilares se puede trabajar en el servicio policial y en la sana convivencia entre ciudadanos.
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Así lo entiende Jaidivi Núñez, coordinadora para la implementación de la mediación policial de Somos Comunidad, quien conoce de primera mano el proceso en Santander de Quilichao. Instruyó en las capacitaciones a los uniformados y vio en esta área una oportunidad inmejorable para construir acuerdos con los ciudadanos que lleven a la disminución de comportamientos contrarios a la convivencia.
“Manejamos códigos preventivos y no punitivos. Desde un inicio buscamos aumentar las competencias de diálogo y qué mejor manera de hacerlo que con palabras que sanen, vinculen y empaticen. Es que esa es la naturaleza de la gestión comunitaria, que las palabras sean lo que medie todo. Si los policías no tienen vocación de diálogo, entonces falta mucho por hacer; creo que a partir de esto podemos hacer cambios maravillosos para toda la institución”, comenta Núñez.
La mediación policial se rige en el Registro Nacional de Medidas Correctivas. Desde allí se les hace seguimiento a los casos que se aborden y se forma una red de articulación con la que la institución en general está pendiente de que los acuerdos se cumplan y que la convivencia entre ciudadanos no se vea afectada.
De hecho, como le explica Jaidivi Núñez a este diario, el hilo conductor de estos procesos de mediación los lleva la Jefatura Nacional de Servicio de Policía (JESEP), que monitorea los procedimientos policiales y sobre quien obedece el servicio de Policía.
“El modelo de Santander de Quilichao debe ser llevado a nivel nacional. En este municipio no están en el paraíso, pero hay muestras de mejoramiento visible en el relacionamiento entre ciudadanía e institución. El hecho de que tú veas al policía atendiendo la realidad de la comunidad construye confianza difícil de romper y con esto se ‘combinan formas de lucha’, por así llamarlo, como: promover una Policía inteligente, que vuelva sagrados los compromisos con la gente, que el cuerpo de Policía esté capacitado siempre y con respuestas eficaces con medidas que, insisto, no deben hacer otra cosa que sanar”, concluye Jaidivi.
Los prejuicios sobre las formas de proceder de la Policía Nacional pueden desvanecerse poco a poco conforme avancen este tipo de procesos. Estar cerca todos los días de su comunidad es un sueño cumplido para el subintendente Arnold Gallego y, a su vez, un generador de lecciones que pocas veces en la vida ha tenido de esa forma. “Sentirnos como gestores comunitarios nos da orgullo, nos da más soporte para cumplir con nuestra tarea con todo el honor y el hecho de que la gente nos vea como sinónimos de prevención cambia muchos imaginarios… estamos para servir, construir acuerdos y que en la toma de decisiones siempre el bien común prevalezca”, analiza el uniformado.
Santander de Quilichao es uno de los 35 municipios PDET con los que trabaja el programa Somos Comunidad.
*Este artículo fue construido en alianza con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD).