Memorias de víctimas de detenciones arbitrarias en Montes de María

Una fila de personas miran al frente sin bajar el rostro. Desde el ángulo desde el cual observo, la fila se pierde anunciando que es más larga de lo que alcanzamos a ver. Hago el esfuerzo por contar cuántos son y, después de repetir muchas veces la operación, calculo que son 39. Están vestidos con camisas de mangas largas recogidas al codo, con estampados a cuadros y de listas, una que otra es de un solo color. La mayoría son hombres, pero entre ellos sobresale una mujer que luce erguida, con el gesto del que no debe nada a nadie. A su lado, un soldado de la Infantería de Marina, vigilante con su fusil en alto. Debajo de la imagen, que ocupa casi la mitad de la página del periódico, un titular anuncia: “Caen 74 presuntos guerrilleros”.

La lideresa retirada

Viajamos a La Cansona, el cerro más alto de los Montes de María con 656 metros de altura. Está ubicado en el municipio de El Carmen de Bolívar, corona de la llamada Alta Montaña, desde donde en los días soleados se puede divisar el mar Caribe. Ahí nos encontramos con Emilse Hernández, una mujer de 45 años, alta, de piel morena, rasgos fuertes y sonrisa fácil.

Lea los relatos de víctimas de detenciones arbitrarias

Emilse se considera fundadora de las primeras organizaciones comunales de la zona alta montemariana. Me cuenta que no le es posible explicar las razones, pero que la convicción de que la gente debe organizarse para reclamar sus derechos la lleva adentro y nació con ella. Tenía 17 años cuando entró a la junta de acción comunal de la vereda Hondible, de El Carmen de Bolívar. También me dice que no entiende por qué el propio Gobierno les impulsó a crear la Junta de Acción Comunal, y luego les dio la espalda.

“Íbamos recogiendo los problemas por las veredas, luego yo iba a la Alcaldía, a la Gobernación, a la Personería, a la Defensoría para buscar solución”, dice mientras estira su figura atlética en la silla plástica donde está sentada.

Emilse Hernández - Fotos Juan Zarama

Cuenta que ni su mamá ni sus hermanos querían que siguiera en la organización. En el año 2002, el Ejército preguntaba por ella a todo el que pasaba por los puestos de control. “Le mostraban a la gente una foto mía y le preguntaban si conocían a esa terrorista”, relata. Emilse no olvida que militares iban una vez por semana a su casa y le revolvían todo, incluso un día le quemaron los papeles de la junta.

A Emilse la detuvieron dos veces, la primera a mediados de 2003 y sólo duró un día. Recuerda que llegaba a una reunión en la vereda Loma Central, cuando el Ejército le dijo que la acompañaría. Al llegar al pueblo otros soldados que la esperaban le gritaron obscenidades, le arrebataron el bolso y le pidieron que se desnudara. En ese momento se lleno de ira y lejos de obedecer recogió un cigarro del piso, lo prendió y con su mano temblorosa se lo llevó a la boca. El capitán a cargo le sentenció: “Tienes miedo”. Y de nuevo, sin saber de dónde le vino el valor, lo miró a los ojos y le dijo: “Sí, tengo miedo, y también tristeza de que sea el Gobierno el que me haga temblar en vez de defenderme”.

Los soldados se quedaron callados, incluso cree que algunos sintieron vergüenza. Entonces señaló con su mano a seis informantes encapuchados que les acompañaban, y les reprochó: “¿Ustedes les creen a esas personas? Recogen a todos los delincuentes que hay en las comunidades y les pagan para que nos señalen. Qué vergüenza me dan”.

A Emilse la capturaron otra vez el 25 de octubre de 2005. Llegaron a su casa con un orden de captura procedente de Sucre. Desde Hondible la llevaron caminando hasta la vereda Lázaro, donde la esperaba un helicóptero que la trasladó hasta una base militar ubicada en Cartagena. De ahí la trasladaron a la Fiscalía seccional 39 y luego a la cárcel de San Diego, donde estuvo 8 días. La Defensoría del Pueblo le nombró un abogado y el juez, al revisar el caso, le dio la libertad inmediata.

Cuando salió, le daba susto regresar y por primera vez tuvo miedo de morir. Para escapar del temor y sobrevivir se hizo empleada doméstica en Cartagena, donde estuvo ocho meses hasta que no resistió más la nostalgia y se regresó. Sin embargo, algo en ella se había roto.

Ahora que no hay grupos armados y que muchas organizaciones campesinas han reactivado su trabajo, le pregunto por qué no está en esos escenarios. Emilse guarda silencio: luego me responde con los ojos aguados: “A veces amanezco con ganas de ir a una reunión, pero no sé qué me pasa, al poco tiempo de estar allí me entra algo y me voy… me siento sin fuerzas. Ya no es lo mismo”. Su confianza en el Estado sigue rota, dice que oye las noticias y ve que en medio del proceso de paz se sigue acusando a gente inocente.Al final, insiste en que tengo que visitarla en su casa, que tiene un galpón de gallinas ponedoras que llegaron cuando a su mama y a sus 12 hermanos les dictaron a favor una sentencia de restitución de tierras.

Evidentes irregularidades

William Montes

Casos como el de la detención de Emilse Hernández no fueron aislados, sino que se enmarcaron en una estrategia del Gobierno para enfrentar lo que a su juicio era la “mimetización de integrantes de la sociedad civil en organizaciones armadas”. Según un informe de la Defensoría del Pueblo en Bolívar, entre 2003 y 2004, 328 personas fueron capturadas masivamente en 26 procesos adelantados por la Fiscalía. Dice ese informe, que de los 328 capturados se concedió libertad a 231 en los meses siguientes y 97 fueron acusados, sin que existan datos sobre si hubo condenas.

Dos datos claves aparecen en el informe defensorial de Bolívar en 2006 sobre capturas arbitrarias en el departamento. De un lado, la participación de informantes que recibían incentivos por la delación, que en muchos casos les llevó a tergiversar la verdad para obtener beneficios. Y de otro lado, las características de buena parte de los detenidos: ejercían liderazgo y defensa de derechos, o cumplían labores que garantizaban la subsistencia y la permanencia de campesinos en zonas rurales de difícil acceso. La mayor parte de los casos se ubicaban en la subregión de Montes de María y el 52 % en el municipio El Carmen de Bolívar.

En 2004, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo llamaron la atención sobre los excesos cometidos por funcionarios públicos en los procedimientos de capturas en todo el país. En febrero de 2005, un Informe rendido por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia planteó la preocupación por las detenciones arbitrarias, caracterizadas por “la precariedad de los indicios, y las irregularidades y manipulaciones procesales”. Las denuncias incluían la estigmatización por “el despliegue periodístico y público del nombre, y a veces foto o imagen, de las personas detenidas”.

Según el organismo internacional, funcionarios públicos protagonizaron o apoyaron la práctica de detenciones individuales y masivas basadas en investigaciones e indicios poco sólidos. Denunciaron, asimismo, que “en reiteradas ocasiones se dieron órdenes de captura en blanco o éstas se emitieron con posterioridad a las actuaciones, con la tolerancia o la implicación directa de los fiscales”.

En estos tiempos de consolidación de paz territorial, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se desprende del Acuerdo de Paz, podría esclarecer las responsabilidades colectivas del Estado y atender a esas víctimas. El posacuerdo es una oportunidad para adoptar las reformas necesarias en instituciones estatales como el Ejecutivo, la Fiscalía, la Policía y las Fuerzas Militares, para evitar que esos excesos de poder vuelvan ocurrir.

Cientos de historias

En la casa de Eduardo Meriño, a quien todos conocen como el Cachaco Meriño, me esperan Fernando Royett, Luis Anillo, Fabio Romero, María Patricia Chimá, William Montes Ortiz, y Javier Reyes. Antes de empezar, les cuento que me acompaña el fotógrafo Juan Zarama, de El Espectador, y les explico que están en su derecho a rehusarse a ser fotografiados. El señor Meriño interrumpe y casi me regaña: “Mire, sabe qué, así como nos sacaron la cara en la prensa, asimismo quiero que me tomen mi foto y que en los periódicos digan que nunca he sido guerrillero”. Todos los demás asienten.

Eduardo Meriño

El Cachaco Meriño siempre se ha ganado la vida transportando gente entre las más de cien veredas y corregimientos de la zona baja, media y alta de El Carmen de Bolívar. Los viejos camperos que maneja también han sido el único vehículo para abastecer las tiendas en los lugares más apartados.

Cuenta que cuando empezó el retorno a El Salado, después de la masacre de febrero de 2000, donde perdieron la vida decenas de personas, él era el único que se atrevía a subir para garantizar que la gente tuviera lo necesario para subsistir y recibieran noticias del resto del mundo: “¿Cómo iba a dejarlos solos?”, me dice. Fue en esa época cuando ocurrió su captura, en septiembre de 2003. Narra que 10 camionetas del Ejército y 60 hombres rodearon su casa, como si fuera el peor criminal. Se lo llevaron y estuvo 26 días en la cárcel de Ternera, en Cartagena, acusado del delito de rebelión, pues lo asociaban a transporte de insumos para la guerrilla.

En la conversación, las historias de Eduardo, Fernando, Luis, Fabio, María Patricia, William y Javier se entrecruzan: fueron víctimas de capturas masivas en septiembre de 2003, encapuchados los señalaron de guerrilleros, las imágenes de sus capturas salieron en medios de comunicación, todos demostraron su inocencia y fueron puestos en libertad, y por varios años compartieron el miedo a hablar y a demandar a quienes los incriminaron.

La mayoría de los detenidos no pasaron mucho tiempo encerrados, pero los daños del cautiverio todavía se ven y se sienten. Sin embargo, además de destrozar la vida de muchas de estas personas, las capturas también significaron la interrupción de procesos sociales en todo el territorio y sembraron la semilla de una profunda desconfianza de las comunidades en las instituciones, especialmente frente a la Fuerza Pública y autoridades judiciales como la Fiscalía.

Javier Reyes

Javier, el único condenado del grupo, me muestra los datos que ha recogido de 678 capturados en Montes de María con las que aspira a organizarse para reclamar justicia y verdad. Antes de despedirnos, María Patricia desdobla la página del periódico donde está la fotografía del grupo con el titular de los 74 guerrilleros capturados y exige, junto a sus compañeros, que este capítulo de la historia del conflicto armado no se cierre sin ellos.

Una fila de personas miran al frente sin bajar el rostro. Desde el ángulo desde el cual observo, la fila se pierde anunciando que es más larga de lo que alcanzamos a ver. Hago el esfuerzo por contar cuántos son y, después de repetir muchas veces la operación, calculo que son 39. Están vestidos con camisas de mangas largas recogidas al codo, con estampados a cuadros y de listas, una que otra es de un solo color. La mayoría son hombres, pero entre ellos sobresale una mujer que luce erguida, con el gesto del que no debe nada a nadie. A su lado, un soldado de la Infantería de Marina, vigilante con su fusil en alto. Debajo de la imagen, que ocupa casi la mitad de la página del periódico, un titular anuncia: “Caen 74 presuntos guerrilleros”.

La lideresa retirada

Viajamos a La Cansona, el cerro más alto de los Montes de María con 656 metros de altura. Está ubicado en el municipio de El Carmen de Bolívar, corona de la llamada Alta Montaña, desde donde en los días soleados se puede divisar el mar Caribe. Ahí nos encontramos con Emilse Hernández, una mujer de 45 años, alta, de piel morena, rasgos fuertes y sonrisa fácil.

Lea los relatos de víctimas de detenciones arbitrarias

Emilse se considera fundadora de las primeras organizaciones comunales de la zona alta montemariana. Me cuenta que no le es posible explicar las razones, pero que la convicción de que la gente debe organizarse para reclamar sus derechos la lleva adentro y nació con ella. Tenía 17 años cuando entró a la junta de acción comunal de la vereda Hondible, de El Carmen de Bolívar. También me dice que no entiende por qué el propio Gobierno les impulsó a crear la Junta de Acción Comunal, y luego les dio la espalda.

“Íbamos recogiendo los problemas por las veredas, luego yo iba a la Alcaldía, a la Gobernación, a la Personería, a la Defensoría para buscar solución”, dice mientras estira su figura atlética en la silla plástica donde está sentada.

Emilse Hernández - Fotos Juan Zarama

Cuenta que ni su mamá ni sus hermanos querían que siguiera en la organización. En el año 2002, el Ejército preguntaba por ella a todo el que pasaba por los puestos de control. “Le mostraban a la gente una foto mía y le preguntaban si conocían a esa terrorista”, relata. Emilse no olvida que militares iban una vez por semana a su casa y le revolvían todo, incluso un día le quemaron los papeles de la junta.

A Emilse la detuvieron dos veces, la primera a mediados de 2003 y sólo duró un día. Recuerda que llegaba a una reunión en la vereda Loma Central, cuando el Ejército le dijo que la acompañaría. Al llegar al pueblo otros soldados que la esperaban le gritaron obscenidades, le arrebataron el bolso y le pidieron que se desnudara. En ese momento se lleno de ira y lejos de obedecer recogió un cigarro del piso, lo prendió y con su mano temblorosa se lo llevó a la boca. El capitán a cargo le sentenció: “Tienes miedo”. Y de nuevo, sin saber de dónde le vino el valor, lo miró a los ojos y le dijo: “Sí, tengo miedo, y también tristeza de que sea el Gobierno el que me haga temblar en vez de defenderme”.

Los soldados se quedaron callados, incluso cree que algunos sintieron vergüenza. Entonces señaló con su mano a seis informantes encapuchados que les acompañaban, y les reprochó: “¿Ustedes les creen a esas personas? Recogen a todos los delincuentes que hay en las comunidades y les pagan para que nos señalen. Qué vergüenza me dan”.

A Emilse la capturaron otra vez el 25 de octubre de 2005. Llegaron a su casa con un orden de captura procedente de Sucre. Desde Hondible la llevaron caminando hasta la vereda Lázaro, donde la esperaba un helicóptero que la trasladó hasta una base militar ubicada en Cartagena. De ahí la trasladaron a la Fiscalía seccional 39 y luego a la cárcel de San Diego, donde estuvo 8 días. La Defensoría del Pueblo le nombró un abogado y el juez, al revisar el caso, le dio la libertad inmediata.

Cuando salió, le daba susto regresar y por primera vez tuvo miedo de morir. Para escapar del temor y sobrevivir se hizo empleada doméstica en Cartagena, donde estuvo ocho meses hasta que no resistió más la nostalgia y se regresó. Sin embargo, algo en ella se había roto.

Ahora que no hay grupos armados y que muchas organizaciones campesinas han reactivado su trabajo, le pregunto por qué no está en esos escenarios. Emilse guarda silencio: luego me responde con los ojos aguados: “A veces amanezco con ganas de ir a una reunión, pero no sé qué me pasa, al poco tiempo de estar allí me entra algo y me voy… me siento sin fuerzas. Ya no es lo mismo”. Su confianza en el Estado sigue rota, dice que oye las noticias y ve que en medio del proceso de paz se sigue acusando a gente inocente.Al final, insiste en que tengo que visitarla en su casa, que tiene un galpón de gallinas ponedoras que llegaron cuando a su mama y a sus 12 hermanos les dictaron a favor una sentencia de restitución de tierras.

Evidentes irregularidades

William Montes

Casos como el de la detención de Emilse Hernández no fueron aislados, sino que se enmarcaron en una estrategia del Gobierno para enfrentar lo que a su juicio era la “mimetización de integrantes de la sociedad civil en organizaciones armadas”. Según un informe de la Defensoría del Pueblo en Bolívar, entre 2003 y 2004, 328 personas fueron capturadas masivamente en 26 procesos adelantados por la Fiscalía. Dice ese informe, que de los 328 capturados se concedió libertad a 231 en los meses siguientes y 97 fueron acusados, sin que existan datos sobre si hubo condenas.

Dos datos claves aparecen en el informe defensorial de Bolívar en 2006 sobre capturas arbitrarias en el departamento. De un lado, la participación de informantes que recibían incentivos por la delación, que en muchos casos les llevó a tergiversar la verdad para obtener beneficios. Y de otro lado, las características de buena parte de los detenidos: ejercían liderazgo y defensa de derechos, o cumplían labores que garantizaban la subsistencia y la permanencia de campesinos en zonas rurales de difícil acceso. La mayor parte de los casos se ubicaban en la subregión de Montes de María y el 52 % en el municipio El Carmen de Bolívar.

En 2004, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo llamaron la atención sobre los excesos cometidos por funcionarios públicos en los procedimientos de capturas en todo el país. En febrero de 2005, un Informe rendido por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia planteó la preocupación por las detenciones arbitrarias, caracterizadas por “la precariedad de los indicios, y las irregularidades y manipulaciones procesales”. Las denuncias incluían la estigmatización por “el despliegue periodístico y público del nombre, y a veces foto o imagen, de las personas detenidas”.

Según el organismo internacional, funcionarios públicos protagonizaron o apoyaron la práctica de detenciones individuales y masivas basadas en investigaciones e indicios poco sólidos. Denunciaron, asimismo, que “en reiteradas ocasiones se dieron órdenes de captura en blanco o éstas se emitieron con posterioridad a las actuaciones, con la tolerancia o la implicación directa de los fiscales”.

En estos tiempos de consolidación de paz territorial, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se desprende del Acuerdo de Paz, podría esclarecer las responsabilidades colectivas del Estado y atender a esas víctimas. El posacuerdo es una oportunidad para adoptar las reformas necesarias en instituciones estatales como el Ejecutivo, la Fiscalía, la Policía y las Fuerzas Militares, para evitar que esos excesos de poder vuelvan ocurrir.

Cientos de historias

En la casa de Eduardo Meriño, a quien todos conocen como el Cachaco Meriño, me esperan Fernando Royett, Luis Anillo, Fabio Romero, María Patricia Chimá, William Montes Ortiz, y Javier Reyes. Antes de empezar, les cuento que me acompaña el fotógrafo Juan Zarama, de El Espectador, y les explico que están en su derecho a rehusarse a ser fotografiados. El señor Meriño interrumpe y casi me regaña: “Mire, sabe qué, así como nos sacaron la cara en la prensa, asimismo quiero que me tomen mi foto y que en los periódicos digan que nunca he sido guerrillero”. Todos los demás asienten.

Eduardo Meriño

El Cachaco Meriño siempre se ha ganado la vida transportando gente entre las más de cien veredas y corregimientos de la zona baja, media y alta de El Carmen de Bolívar. Los viejos camperos que maneja también han sido el único vehículo para abastecer las tiendas en los lugares más apartados.

Cuenta que cuando empezó el retorno a El Salado, después de la masacre de febrero de 2000, donde perdieron la vida decenas de personas, él era el único que se atrevía a subir para garantizar que la gente tuviera lo necesario para subsistir y recibieran noticias del resto del mundo: “¿Cómo iba a dejarlos solos?”, me dice. Fue en esa época cuando ocurrió su captura, en septiembre de 2003. Narra que 10 camionetas del Ejército y 60 hombres rodearon su casa, como si fuera el peor criminal. Se lo llevaron y estuvo 26 días en la cárcel de Ternera, en Cartagena, acusado del delito de rebelión, pues lo asociaban a transporte de insumos para la guerrilla.

En la conversación, las historias de Eduardo, Fernando, Luis, Fabio, María Patricia, William y Javier se entrecruzan: fueron víctimas de capturas masivas en septiembre de 2003, encapuchados los señalaron de guerrilleros, las imágenes de sus capturas salieron en medios de comunicación, todos demostraron su inocencia y fueron puestos en libertad, y por varios años compartieron el miedo a hablar y a demandar a quienes los incriminaron.

La mayoría de los detenidos no pasaron mucho tiempo encerrados, pero los daños del cautiverio todavía se ven y se sienten. Sin embargo, además de destrozar la vida de muchas de estas personas, las capturas también significaron la interrupción de procesos sociales en todo el territorio y sembraron la semilla de una profunda desconfianza de las comunidades en las instituciones, especialmente frente a la Fuerza Pública y autoridades judiciales como la Fiscalía.

Javier Reyes

Javier, el único condenado del grupo, me muestra los datos que ha recogido de 678 capturados en Montes de María con las que aspira a organizarse para reclamar justicia y verdad. Antes de despedirnos, María Patricia desdobla la página del periódico donde está la fotografía del grupo con el titular de los 74 guerrilleros capturados y exige, junto a sus compañeros, que este capítulo de la historia del conflicto armado no se cierre sin ellos.