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Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, dice que la presentación del más reciente informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz en la sesión del Consejo de Seguridad del organismo, el pasado 12 de abril, fue un éxito porque este organismo mantiene su respaldo unánime a los esfuerzos de Colombia en la búsqueda de la paz. Resalta la presencia del presidente Iván Duque en la sesión, ya que indica la enorme valoración que le da el Estado colombiano a sus compromisos con lo pactado en La Habana.
La Misión estuvo en Alto Remanso, en el Putumayo. ¿Qué conclusiones sacan de esa visita después de un operativo tan cuestionado?
Putumayo representa, en un ejemplo trágico, todo lo que está pendiente del Acuerdo de Paz: el reto de llevar la presencia integral del Estado al territorio, la necesidad de seguir incrementando los programas sociales y la institucionalidad civil, para seguir atacando las causas del conflicto. Y no es solo el Putumayo, representa otras zonas del país con presencia de grupos armados, de economías ilícitas, partes del Acuerdo que todavía falta fortalecer como el PNIS. En el caso concreto, reiteramos el llamado a que se investigue a fondo lo ocurrido y que si hubiera responsabilidades, se asuman. En tres viajes que hicimos en el marco de la verificación de garantías de seguridad de las comunidades, se constató la necesidad de que haya esas investigaciones a la mayor brevedad y que no dejen ninguna duda. Yo hice un viaje hace mes y medio a Puerto Leguízamo y Puerto Asís. Fue previo al asesinato del excombatiente Jorge Santofimio. Ahí ya era evidente que había problemas de seguridad. Por eso, más allá de destacar lo positivo y lo inspirador del caso colombiano, pues esto también nos ilustra la inmensidad de lo que falta por hacer.
¿Para ustedes fue evidente que murieron civiles en el operativo?
Nosotros no tenemos el alcance para verificar esa situación, pero es importante que las autoridades competentes puedan dilucidar con investigaciones independientes, que esperamos sean profundas.
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¿Qué significa para ustedes que en Putumayo, pero también en otras zonas, existan varios grupos de disidentes enfrentados?
Precisamente muestra la necesidad de profundizar en la implementación integral del Acuerdo de Paz, como la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, que es función de la Comisión de Garantías de Seguridad, que no ha avanzado al ritmo que se esperaba y será uno de los grandes pendientes para las nuevas autoridades. Y muestra que si no hay esa presencia integral, de manera gradual y a lo largo del tiempo, los espacios se llenan por distintos grupos armados, para sufrimiento de las comunidades. Ese es el grito de necesidad para que se siga avanzando en los elementos más transformadores del Acuerdo, que esperábamos y seguimos esperando que se profundice.
¿Cómo analizan que en cuatro años no se haya formulado esa política pública para el desmantelamiento de organizaciones criminales?
En el último período hubo un avance importante, aunque no trascendente, que fue el reglamento de la Comisión. Pero la elaboración y la implementación de la política pública es el gran pendiente que queda. Esa es una institución del Acuerdo de Paz que debiera tener ese resultado y si hubiera resultados importantes, efectivos, probablemente el Consejo de Seguridad y la Misión serían menos insistente en el tema. Al no tener esos resultados, esperamos que se avance en los meses que quedan de este gobierno y que las nuevas autoridades se concentren en lograrlo.
Deja mucho que desear que en cuatro años no se haya podido formular la política, era algo que dependía del Ejecutivo…
Los órganos derivados del Acuerdo tienen unos resultados distintos. Probablemente el más efectivo es el CNR, en el que hubo claros avances en los proyectos productivos. Caso contrario a la Comisión de Garantías por no tener un resultado concreto, así como la CSIVI, que nunca llegó a esa interacción constructiva y positiva para que las partes resolvieran obstáculos en la implementación. Esos órganos hay que aprovecharlos, hay que usar su potencialidad. Esperamos que en el futuro sigan operando de manera más regular. Hay mecanismos tripartitos “ad hoc” que han resultado muy efectivos, como el que hay para el tema de minas, en el que las antiguas Farc han empezado a proporcionar información que sirve para identificar territorios.
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¿La reincorporación es un tema superado?
No, es un tema en el que se ha avanzado. Más del 60 % de los excombatientes están vinculados a proyectos productivos, hay mucho compromiso de los excombatientes, a pesar de los retos en materia de seguridad. Pero hay tres temas que sirven para anclar de manera más firme la reincorporación y que todavía tienen pocos avances: el tema de tierras, el de vivienda, mantener asistencia técnica y seguir apoyando el acceso a mercados de los productos. Esa es la sostenibilidad de la reincorporación.
¿Podría bajar el flujo de recursos que se dirigen a la reincorporación?
Esperamos que no haya baja. Ahí debe haber compromisos. Nosotros celebramos que todos los candidatos a la presidencia hayan expresado su compromiso para la implementación del Acuerdo y en avanzar en lo que falta por hacer, que se materialicen más recursos hacia los distintos apartados del Acuerdo. Para la cooperación internacional no tenemos más que palabras de agradecimiento por la generosidad de acompañar a Colombia en este proceso. Pero también sabemos que las prioridades pueden cambiar con el tiempo. Hay que aprovechar lo más que se pueda esa generosidad.
¿Cómo avanza la articulación con la JEP para verificar las sanciones respectivas a los comparecientes?
Se ha avanzado bastante, tanto con la JEP como con el Gobierno, que tiene que dar las condiciones bajo las cuales la ejecución de las sanciones puede ser posible. Las audiencias públicas de reconocimiento, en particular de los casos 01 y 03, son pasos importantes para que venga la resolución de conclusiones y luego la sanción. Hay que reconocer cómo Colombia ha logrado cosas que son impensables en otros procesos, como tener a una exguerrilla que reconoce, a los pocos años, haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad. Eso es algo inédito, y eso se logra gracias a esas instituciones que tienen una orientación distinta, que buscan sanciones privilegiando la verdad.
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¿Hay retraso en las sanciones o es el tiempo que se necesita?
Siendo instituciones tan nuevas, los tiempos son los que normalmente se toman este tipo de tribunales. Pero sí es obvio que la sociedad colombiana en su conjunto demanda celeridad.
¿Cuál es su balance de la sesión del Consejo de Seguridad?
Es un balance muy positivo. El Consejo de Seguridad reafirma su apoyo unánime al proceso que de paz en Colombia. Hay diferentes intervenciones en las que los países reconocen avances, pero también señalan las áreas de preocupación que todavía requieren más esfuerzo, particularmente los temas de seguridad de las regiones. Reconocen que las elecciones del Congreso, en general, fueron un proceso pacífico, muy inclusivo y participativo. El Consejo mandó un mensaje a los candidatos presidenciales: independientemente de quién gane las elecciones, se debe seguir implementando el Acuerdo de Paz.
¿Y cuál es su mensaje a los candidatos presidenciales?
Nosotros estamos listos a expresar lo que esperamos del nuevo gobierno. El tema es que se hagan las cosas que hay que hacer para garantizar que el Acuerdo sea una historia de éxito, que Colombia siga en esta senda. Es necesario que se comprometan con la reforma rural integral, la reforma política, el programa de sustitución cultivos y la presencia integral del Estado para garantizar la seguridad en los territorios.
¿Cómo observa que algunos candidatos presidenciales hayan anticipado que quieren volver a la fumigación aérea de cultivos de uso ilícito o hablan de una visión más militarista para solucionar el conflicto?
Es importante, desde la óptica del Acuerdo, que se privilegie el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y, sobre todo, que se le dé la oportunidad de ser exitoso. Ese programa sigue teniendo muchos elementos por los cuales hay que seguir intentando que se implemente como se concibió. La resiembra en el PNIS sigue siendo baja en comparación con la de erradicación forzada. Este programa es el que ha quedado más rezagado. Está abajo del diez por ciento en su implementación, hay que darle a esas familias la oportunidad de dedicarse a la vida legal. En temas de seguridad, el elemento de presencia de fuerza pública es importante, pero debe haber un convencimiento más claro de que esa presencia debe avanzar más a otros elementos para tener mayor control territorial.
Se avecina la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, ¿qué hacer para que no nos divida más de lo que estamos?
El llamado del Secretario General es que la sociedad colombiana asuma ese informe y lo trate con sabiduría. Sabemos que esos informes son importantes de cara al futuro de la reconciliación nacional, pero también, contienen una verdad que no siempre nos gusta escuchar. Hay que hacer mucha pedagogía para la aceptación y tratar de enseñar, a través de la experiencia internacional, como estos productos juegan un papel fundamental en la reconciliación.
¿Cuál es su visión sobre la forma en que el nuevo gobierno debe actuar frente al Eln y otros grupos como las disidencias y el clan del Golfo?
En cuanto al Eln, hemos visto que los candidatos, por lo general y con matices, se han mostrado abiertos al diálogo o a tener un proceso. Nosotros hemos explorado en el pasado la voluntad tanto del gobierno como de delegación de paz del Eln y siempre esteremos listos para apoyar cualquier esfuerzo porque favorecemos el dialogo para resolver conflictos.
¿El programa Paz con legalidad del Gobierno es la implementación del Acuerdo de Paz?
Nosotros verificamos el cumplimiento de las obligaciones de las partes sobre el Acuerdo de Paz, con un mandato particular en ciertos aspectos del Acuerdo. La política pública que el gobierno de turno establezca para cumplir sus obligaciones derivadas del Acuerdo es prerrogativa de este. Nosotros no verificamos el cumplimiento de una política pública, verificamos cómo están respecto a las obligaciones del Acuerdo.
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¿El Gobierno presionó para que en la sesión del Consejo de Seguridad no estuvieran excombatientes o representantes de sectores sociales?
Lo desconozco. Lo que sí puedo comentar es que esta es otra característica muy particular e innovadora de Colombia y que ya se ha vuelto una tradición y es que en las sesiones se escuchen otras voces desde los territorios que han agregado muchísimo a las sesiones. Esperamos que la práctica se mantenga. No se acostumbra a que un presidente vaya a estas sesiones. En este caso la decisión que tomó la presidencia del Consejo fue que, por la presencia del presidente, no hubiera ninguna otra participación más. Desconozco los elementos para tomar esa decisión.
¿Cómo valoran la presencia del presidente Iván Duque en la sesión?
Algo que hemos atestiguado y nos parece muy importante, es el valor que le han asignado tanto el Gobierno, como el Partido Comunes de los excombatientes de las Farc, al Consejo de Seguridad y a la Misión de Naciones Unidas. La presencia del Gobierno con delegados de alto nivel ha estado desde la época del presidente Juan Manuel Santos, cuando siempre atendía el vicepresidente Naranjo las sesiones del consejo. Este Gobierno mantuvo la participación de la Cancillería y eso lo tomamos como una deferencia de la importancia que le asignan al tema y vimos que el presidente Duque, en los últimos meses de su administración, quiso presentar personalmente su visión de gobierno sobre lo que ha hecho.
El presidente dijo en su discurso que uno sus logros fue la aprobación de las curules de paz, ¿usted considera que fue así? Lo que vimos aquí fue lo contrario, incluso el gobierno interpuso un recurso de nulidad para detener su implementación, fueron las altas cortes las que les dieron vía libre...
Lo importante es haber logrado estas curules, más allá de los responsables. Lo importante es que se lograron y el Consejo de Seguridad lo destacó porque esas curules representan a las víctimas. En el recorrido hubo un elemento legislativo, la Corte les dio validez y luego hubo una sanción por el ejecutivo. Cada quien hizo su parte. Así esperamos que se sigan haciendo las legislaciones que, son muchas, quedan pendientes y confiamos en que el nuevo Congreso apruebe toda la legislación para la implementación.
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