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Bajo la apuesta de una verdadera voluntad de paz, el espacio de diálogo sociojurídico entre el Gobierno y las tres principales bandas criminales de Quibdó: Locos Yam, RPS y Mexicanos, se sostiene y avanza a paso lento, a pesar de la presión negativa que ejercen otros grupos armados del territorio.
Atendiendo el clamor de las comunidades para que algún día la paz llegue a sus barrios, las delegaciones en la mesa les hacen un llamado urgente al Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia), los Zetas y los Cabí para que se sumen a una tregua indefinida que permita el desarrollo completo de las transformaciones territoriales en beneficio de los quibdoseños.
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En entrevista con Colombia+20, el congresista David Racero, delegado en ese espacio de diálogo, explicó el acompañamiento a los proyectos productivos de las comunidades, la necesidad de disminuir los índices de extorsión y otros temas álgidos en la mesa de conversación.
¿Cómo avanzan las transformaciones territoriales que se impulsan desde el espacio sociojurídico con las bandas criminales en Quibdó?
Tenemos proyectos de impacto rápido que consisten en apoyar a comunidades que ya tenían iniciativas, es decir, personas que tienen algún tipo de experiencia en ejecución de proyectos y lo que hacemos es fortalecerlos. Pero hay otros cuatro proyectos que son de un impacto mucho más grande que se están trabajando con la Unión Europea y surgen del mismo proceso en las cárceles. Hay una reflexión con los actores de lo que pueda significar acciones de impacto en sus territorios no para que ellos lo ejecuten, sino con la plena conciencia de que en esas acciones de transformación territorial también está la posibilidad de que ellos dejen las acciones criminales.
En el caso de Quibdó es más disidente que en otros espacios. Tenemos unas estructuras armadas muy arraigadas en el territorio, muy barriales como los mexicanos, los Locos Yam, RPS, posiblemente los Zetas. Muchos de estos jóvenes, que no superan los 30 años, en otro tipo de condiciones hubiesen sido unos líderes seguramente sociales o hasta políticos, porque al fin y al cabo ejercen liderazgo dentro de sus estructuras, por eso también es fácil hablar con ellos sobre las transformaciones en la comunidad.
Con ellos hemos hablado de que Quibdó tiene unas condiciones de pobreza extrema que hace que muchos de esos jóvenes terminen siendo reclutados por las bandas criminales. El hambre, por ejemplo, es un tema fundamental. No tener un plato de comida hace que muchos jóvenes entren a la delincuencia. Las cifras salen por sí solas. Quibdó es la ciudad capital de departamento con mayor índice de pobreza multidimensional, mayor índice de pobreza monetaria, llegando casi a un 60%. La ciudad con la tasa de desempleo más alta del país, alrededor de un 30% y con el desempleo juvenil más alto, llegando al 35%. Así que pensar que situaciones de pobreza extrema no son condiciones de posibilidad para la delincuencia, es negar la realidad. Por eso las acciones de transformación en los territorios son tan importantes.
¿Qué salidas se les está ofreciendo a los jóvenes para que se desarmen y se reintegren a la vida civil?
Con la apuesta de Jóvenes en Paz buscamos disputarle a la criminalidad esos jóvenes que están siendo reclutados. Con el apoyo económico se van a generar procesos de capacitación para que amplíen sus competencias y les digan no a las redes criminales. Este recurso no va destinado a financiar a las estructuras criminales, sino para darles oportunidades justamente a aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad.
Quisiéramos que el Gobierno acelerara esta medida. Vengo insistiendo al Gobierno Nacional que debería hacer una Misión Quibdó, así como ya hay Misión Guajira, Misión Cauca, yo le ruego al gobierno nacional que vea la posibilidad de adelantar Misión Quibdó, porque las necesidades básicas y satisfechas en Chocó son altísimas. Se necesita una apuesta articulada de intervención.
¿Los empresarios se han acercado al espacio de diálogo para apoyar acciones de empleabilidad para los jóvenes que están en riesgo de ser reclutados?
Desde la Cámara de Comercio había un seguimiento constante, pero vemos unos empresarios muy agotados por la extorsión. Eso es algo que venimos trabajando dentro de la mesa, porque impacta de manera negativa el proceso. Si hay extorsión, hay castigo al empresario, al comerciante y poco estímulo para poder seguir invirtiendo para generar empleo. Tuvimos una reunión con el coronel encargado en Quibdó y tienen un plan desde su deber constitucional para perseguir a aquellos que generan este tipo de acciones criminales. Sin embargo, hay diálogo con empresarios, sobre todo desde Medellín, que quieren hacer mucha más presencia en Quibdó. Y si hubiera un poco más de voluntad política del Gobierno Nacional seguro se podría hacer mucho más.
En la mesa se habían llegado a algunos acuerdos para dejar de extorsionar a ciertos sectores. ¿Esos acuerdos se mantienen vigentes?
Hoy en día, después de un año de haberse instalado el espacio socio jurídico en Quibdó, entre los tres grupos sentados en la mesa ya no hay ningún tipo de acción violenta o asesinatos. Podemos decir que hay un acuerdo de paz entre ellos, pero es muy difícil avanzar cuando hay otros actores criminales fuera de ese proceso de paz, por ejemplo Clan del Golfo, los Zetas o Cavit. Eso perturba cualquier dinámica interna dentro de la mesa.
Aunque ya habíamos hecho un acuerdo con esas estructuras, el Clan del Golfo empezó a tener una avanzada sobre Quibdó. Eso lo que ha generado es una reacción por parte de esas estructuras que están sentadas en el espacio. La justificación de ellos es decir que necesitan o que apelan a esas prácticas, por ejemplo extorsión y robo, para poder asumir la guerra contra el Clan del Golfo.
Si bien ese es un factor de inestabilidad para la mesa y que puede propiciar el conflicto, también es cierto que hay unos límites de estas estructuras que se han pasado completamente y eso genera rechazo mayoritario del pueblo quibdoseño. Ahí volvemos a un círculo completamente vicioso y perverso, porque más extorsión propicia que en algunos sectores se pueda estar legitimando la presencia del Clan del Golfo como reacción a esas extorsiones.
¿Han tenido acercamientos con el Clan del Golfo o han tenido alguna respuesta sobre la invitación a una tregua indefinida?
Lo que hemos tratado de explorar y el mensaje es cómo podemos llegar a un punto de acuerdos mínimos entre esas estructuras con el Clan del Golfo. Y que sea este el espacio para volver a hacer el llamado al Clan del Golfo. Podríamos tener un proceso de distensión con las otras estructuras para generar un proceso de paz en Quibdó. Las estructuras dentro de la cárcel han invitado a hacer una gran tregua que por supuesto nosotros como Institución podríamos acompañar a partir de los puntos que empiezan a desescalar el conflicto.
No hemos obtenido respuesta del Clan del Golfo, así que la mesa continúa haciendo lo que le corresponde, un proceso interno con las estructuras. Ya estamos evaluando también las condiciones legales, tanto de los internos como de los externos, para mirar posibilidades de salidas de sometimiento. Pero necesitamos más claridad por parte del Clan.
¿Cómo están hablando de salidas al sometimiento sin un marco jurídico todavía?
Con lo que hay. Ya es claro para estas estructuras que una ley de sometimiento en el mediano plazo se ve muy difusa. Lo que estamos haciendo es que con el marco legal actual, que a nuestro modo de ver es limitado y por eso queríamos profundizarlo con la nueva ley de sometimiento, pero contempla reducción de penas a cambio de diferentes factores como la verdad o el cese a las actividades ilegales. Estamos mirándolo con la normativa que tenemos hoy en día que son más planes de sometimiento individual a partir de las diferentes penas o procesos judiciales que tengan.
¿Y ellos están dispuestos a someterse a la normativa actual?
Lo primero que queremos hacer es una caracterización para mirar el estado de cada uno. Seguramente habrá más voluntad por parte de unos que de otros. Algunos por su situación judicial, que contemplan hasta 20 años de cárcel, tal vez no será muy llamativo algún tipo de acción donde la pena se le reduzca poco, pero sin lugar a dudas hay otros, y pueden ser la gran mayoría, que tienen penas que pueden ser revisadas. Por ejemplo, muchos de ellos tienen procesos judiciales por concierto para delinquir, que son menos gravosos que por ejemplo asesinatos o secuestros. Según lo que está en la ley tendríamos que mirar caso por caso y buscar algún tipo de viabilidad.
Uno de los temas que más le preocupa a la comunidad es la violencia contra la mujer, el plan de feminicidio y la instrumentalización de sus cuerpos. ¿Ese tema se está tratando en la mesa?
Directamente en la mesa lo que se ha planteado genéricamente es el cese de todo tipo de violencias. Pero la mayor acción que se contempla dentro de este proceso de paz integral es que se priorice a las mujeres en las iniciativas de transformación territorial y en Jóvenes en Paz. Esto en el marco del empoderamiento, especialmente en el empoderamiento económico para que no sean sujetas de otras violencias. La organización de las mujeres termina teniendo un impacto muy positivo sobre las propias comunidades y por eso un énfasis de este proceso de paz es el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres. Sin lugar a dudas hay que tener más acompañamiento de la Defensoría y de las instituciones tanto del Gobierno Nacional como del gobierno local. La protección hacia la mujer debe ser integral.
¿Se está pensando en la participación de una mujer en el espacio de diálogo?
Sí, es importante la participación de la mujer. Estamos pendientes que en el Ministerio de la Igualdad se pueda concretar esa participación de una voz y representación femenina.
Otro tema alarmante tiene que ver con la instrumentalización de los niños. Señalan que hay un grupo de niños que se hace llamar “Los mexicanitos”. ¿Ese tema se está llevando también en la mesa?
Total, ese es uno de los puntos en el espacio de diálogo, el no reclutamiento de menores. Ya hay pronunciamiento de las bandas en el que dicen que van a dejar la práctica de reclutar menores, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, en eso somos completamente conscientes. Las dinámicas de los conflictos mutan, pero la instrucción del Gobierno Nacional es que la protección de los menores es algo innegociable, se tiene un compromiso, pero creo que en eso nos falta avanzar mucho más.
Y sobre el hermetismo que tiene la mesa. ¿Se está pensando en un canal directo entre el espacio de diálogo y la comunidad para informar qué está pasando?
Sí, ese canal se tiene. Seguramente hay que involucrar a más estamentos de la comunidad, pero nosotros tenemos diálogo con las juntas de acción comunal. Justamente parte de estos proyectos que se están desarrollando involucran a la comunidad, más allá de las estructuras. Venimos trabajando junto con la alcaldía de Quibdó la posibilidad de generar una cofinanciación de unos programas que tiene contemplado el gobierno local en materia de paz y en eso el Gobierno Nacional se dispone completamente, tiene toda la voluntad de cofinanciación. Sin lugar a dudas hay que hacer más claridad y más pedagogía, pero estamos seguros de que en los barrios donde hay mayor conflicto, cuando se empiece a dar resultados de este tipo de proyectos, las comunidades van a ver que este proceso de paz va a tener frutos para los barrios.
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