Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La suspensión regional del cese al fuego con la mayor disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central (EMC), tras un ataque armado contra indígenas de Toribío, en el norte de Cauca se dio en plena reunión en ese departamento entre la delegación del Gobierno y de la disidencia que comanda Iván Mordisco, en la que paradójicamente se quiere acelerar acuerdos y acciones para, entre otras cosas, disminuir la violencia en esa región.
El encuentro se dio Huisitó —un centro poblado a unos 40 kilómetros de El Tambo— y, aunque las reuniones iban hasta el próximo jueves la suspensión del alto al fuego en Valle del Cauca, Nariño y en Cauca, llevó a terminar las actividades.
En la reunión estaban tres negociadores del Gobierno, entre ellos Camilo González Posso, jefe de la delegación; miembros de la comunidad internacional y delegados del EMC, como Andrey Avendaño, Calarcá Córdoba y Óscar Eduardo Sandoval Noscué, conocido como Mocho o Andrés Patiño, jefe del Comando Coordinador de Occidente (también conocido como Bloque Occidental Jacobo Arenas), que opera en esa zona.
En diálogo con Colombia+20, González Posso habló de las repercusiones que tuvo la expedición del decreto en esa reunión y de lo que se vienen para la mesa de diálogos.
En contexto: Suspensión del cese al fuego muestra que Cauca es el talón de Aquiles de la negociación con disidencia
Lea aquí todas las historias de este reportaje especial
¿El presidente les avisó sobre la expedición del decreto? Porque la noticia los tomó en esa reunión en el Cauca
Sabíamos que estaba en proceso una decisión, una discusión sobre el asunto, pero ya los términos, detalles y alcances del decreto no los conocíamos.
La disidencia ha hecho otros ataques a la población en medio del cese al fuego y por eso las comunidades también habían pedido la suspensión, ¿qué llevó al presidente a tomar la decisión esta vez? ¿Fue la reunión previa con esa guardia indígena?
La verdad es que los hechos que se han ido presentando con el Cauca, en general en todo el suroccidente eran todos muy graves. Entre el 75 y el 80% de los eventos, de las posibles infracciones al fuego presentados ante el Mecanismo de Verificación y los registros oficiales, se han concentrado en la zona de suroccidente. Entonces hay un patrón de ruptura de los compromisos del cese al fuego. Lo de Toribío ya fue el punto crítico porque se dio en medio de una gran movilización en la región de la minga y demás, pero con una ya extrema de disparar contra la gente, pasando sobre todo tipo de consideración y diciendo que es el derecho a matar civiles. Eso es terrible y muy grave.
Ustedes estaban en Huisitó, en pleno cañón del Micay, en medio de la reunión cuando se conoció la expedición del decreto. ¿Cómo reaccionó la delegación de la disidencia?
En la reunión veníamos trabajando diferentes puntos de la salvedades de los frentes del Cauca sobre los compromisos aprobados por la plenaria en San José del Guaviare (en el cuarto ciclo de diálogos). Cuando se conoció el decreto, la reunión cambió completamente y pues ya nos tocó abordar una situación distinta. Lo que se hizo fue escuchar las posiciones de los diferentes comandantes, pero la reunión terminó ahí. Lo que siguió fue la salida de ese cañón. Fue muy complicado.
¿En la reunión hablaron o se pronunciaron sobre el ataque en Toribío o sobre la expedición del decreto?
Ellos señalaron primero ya había una ruptura del cese por parte del gobierno en esta región porque había, según lo que denuncian, una alianza entre la fuerza pública con el ELN la Segunda Marquetalia (la otra disidencia de las antiguas FARC) para atacarlos y una serie de iniciativas para ganarles territorios y ventajas militares. Entonces dijeron que, a juicio de ellos, quienes estaban rompiendo el cese al fuego, era el Gobierno, esa fue la consideración que hicieron. Otros hicieron una afirmación terrible porque reafirmaron que como uno de los guerrilleros fue detenido por un civil en Toribío y estaba en peligro que le quitaran el arma, pues una respuesta legítima era disparar. Esas fueron algunas de las posiciones condenables de algunos, pero no hubo un pronunciamiento oficial de la delegación del Estado Mayor Central.
¿Entonces la mesa continúa? ¿Hay riesgo de que ellos se levanten de los diálogos?
De nuestra parte hemos dicho que la suspensión es especial, no de la mesa ni del cese al fuego a nivel nacional y mantenemos la agenda de trabajo acordada en San José del Guaviare. Sobre el riesgo de que se levanten de la mesa, pues es una posibilidad. Sin embargo, creo que existen otras alternativas para que la mesa continúe y, por el contrario, se solucione la crisis por la suspensión en suroccidente.
¿Y cuáles serían esas otras alternativas? ¿Cómo podría el Gobierno involucrar a los frentes del Cauca, tan reacios a los diálogos, en el proceso de paz?
Lo primero es fortalecer el respeto a la población civil y la presencia del Estado y las instituciones en los territorios donde se quieren hacer los planes de transformación.
Pero el Cauca se está convirtiendo en la ‘palo en la rueda’ de las negociaciones, ¿qué se puede hacer para involucrarlos en los diálogos?
Por lo pronto le diría que insistir en el diálogo. Las comunidades indígenas, la minga, presentó una serie de puntos y propuso una mesa de trabajo para darle salida a una ruta humanitaria. Lo que podemos ofrecer en el Gobierno es validar esa reunión y proponer la concurrencia de una delegación de la mesa.
¿Y cuándo sería esa reunión?
Lo está manejando la minga y el CRIC y estamos viendo cuándo sería oportuno.
Usted dice que las actividades de la mesa de diálogos continúa. Ustedes tienen una reunión programada para el 8 de abril en el Caguán con Parque Nacionales Naturales, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, y otra el 19 de abril en Lozada Guayabero, ¿eso sigue?
Sí, se mantiene la agenda de implementación. La cita inmediata de mayor nivel es la del 8, 9 y 10 de abril y es importante mantenerla.
Usted también dijo que habría una sesión extraordinaria. ¿Cuándo sería esa?
Esa es solo una idea, una propuesta en consideración de que esa reunión de la que le hablo del 8, 9 y 10 en el Caguán se convierta en una sesión extraordinaria.
Después de la expedición del decreto de suspensión regional, la disidencia realizó otro ataque en las veredas La Luz y Gallinaza, también en Toribío. El presidente Petro dijo que era un “crimen contra la humanidad y debe ser juzgado como tal”. ¿Qué responde sobre esto la delegación de Gobierno?
Eso demuestra precisamente la gran dificultad de la negociación. A pesar del decreto, a pesar de la crisis, a pesar de que eso que es un llamado de atención, pues han seguido haciendo ataques a la población civil. Eso muestra que la situación es gravísima porque nosotros no muestran intenciones de rectificación.
¿Y entonces por qué seguir en los diálogos?
Hay que seguir acompañando a las comunidades en esa resistencia regional.
Volvamos a la reunión porque usted dice algo importante y es que las delegaciones estaban discutiendo salvedades de los frentes del Cauca sobre lo que ya acordaron en Guaviare. ¿Es sobre la presencia de uniformados en los centros poblados o qué otras salvedades?
Sí, en el punto de no presencia armada ni uniformada por parte del EMC en los centros poblados con o sin presencia de policía. En ese acuerdo hay unas expresiones muy precisas y los del Cauca no firmaron allá eso. Ellos dicen que firman todo, pero ponen en salvedad en ese punto y también en el que se refiere a la presencia de la fuerza pública en el cañón del Micay y en general de presencia de autoridades en los procesos de transformación territorial en zonas que ellos dicen que son de altísimo control. Esas fueron las salvedades. No aceptan que se establezcan puestos de policía en nuevas áreas donde ellos se sientan en disminución de sus posiciones militares.
¿Y la delegación de Gobierno o la mesa respondió algo a estas salvedades?
No porque eso ya está aprobado y aplica para los demás. Pero los del Cauca dijeron que firmaban todo, menos eso.
¿Pero entonces se aceptaron las salvedades?
Es que eso ya se aprobó en Guaviare. Además, esa reunión no era decisoria, no era un plenario de la mesa, sino una reunión de las partes para destrabar eso que no se incluyo en la mesa. Con el decreto, la reunión cambió.
