Aunque el lunes se logró la liberación de los 66 militares retenidos desde el viernes en San José del Guaviare –en un acto calificado por la comunidad como un cerco humanitario y por el Ejército como un secuestro–, el hecho abre varios interrogantes sobre el proceso de paz que se lleva con la disidencia de las FARC comandada por Calarcá Córdoba y que opera en la región, y también sobre temas como la vigencia del cese al fuego, la extorsión y el papel de las organizaciones sociales en las dinámicas del conflicto.
“Tras más de 72 horas secuestrados, los 66 uniformados pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega comienzan a salir de la zona en donde permanecían”, indicó el Ejército en un comunicado en el que dijo que sus hombres seguirán en la zona.
Inicialmente, fue retenido un grupo de 100 soldados, aunque el sábado fueron liberados 40 de ellos. Para la liberación fue clave el papel de la Misión de Verificación de la ONU que, junto con la MAPP-OEA y la Defensoría, se trasladaron al lugar.
El Ejército argumentó desde el inicio que su presencia en la zona respondía a llamados de la población por casos de extorsión que ha hecho a varios sectores comerciales, el frente Jorge Suárez Briceño, perteneciente a esa disidencia.
La guardia campesina y las organizaciones sociales afirman que el cerco se hizo para frenar la presencia de los uniformados en la zona que, según ello, incrementaría la conflictividad en la región.
Pero cualquiera de los argumentos deja en medio de la discusión al diálogo de paz que el Gobierno lleva con ese grupo armado, entre otras cosas, porque la crítica más frecuente es que esa disidencia está instrumentalizando a la población para impedir que las autoridades estén en terreno. Además, afirman que sería una violación al cese al fuego y que, sumado a otras polémicas, muestran una falta de voluntad de paz esa disidencia.
Camilo González, jefe negociador del Gobierno en el proceso con esas estructuras del Estado Mayor Central (EMC) que aún están en la mesa, explica: “Sea cualquiera el caso, los hechos no pueden catalogarse como parte de una confrontación armada y menos considerar a los campesinos involucrados como guerrilleros o parte de la organización ilegal”.
Todo ese contexto es parte de la discusión actual. Aunque es innegable el papel que cumplen estas guardias en la protección de los territorios, también es cierto que puede haber influencia y cooptación de los grupos sobre ciertas organizaciones sociales por las dinámicas mismas del territorio. Pero eso no da carta abierta para estigmatizar a los movimientos. En la mayoría de casos ciertas acciones se realizan bajo amenazas de un actor armado ilegal que funge como la única forma de autoridad en el territorio.
El otro punto es que la disidencia de Calarcá niega que esté detrás de la retención realizada de las organizaciones sociales e incluso afirma que, tras la división que tuvo con el grupo de Iván Mordisco, no ejerce ninguna influencia sobre ellas.
La información que se conoce del mismo jefe negociador del Gobierno es que las Juntas de Acción Comunal de 94 veredas del área del Guayabero y La Macarena, la Guardia Campesina y la Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales (Coscopaas) hicieron el cerco para pedir el retiro de las tropas del Ejército del territorio.
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“Dicen que para evitar transformar esas veredas en escenario de confrontaciones se deben retirar las tropas y piden la intervención de los Mecanismos de Veeduría, Monitoreo y Verificación, regional y local, acordados en la mesa de conversaciones entre el Gobierno y el Estado Mayor del Bloque Jorge Suárez Briceño de FARC-EP”, explica González en su carta.
Coscopaas es una cooperativa que integra a varias organizaciones sociales de Meta, Caquetá y Guaviare, así como la Guardia Campesina, Asopeproc, Ascal-g, Corpoayari, Asoregional, Asocampo. En abril de 2023 fue una de las organizaciones que, de acuerdo con la Consejería Comisionada de Paz (antes la Oficina del Alto Comisionado), convocó a la reunión de mandos del Estado Mayor Central en los Llanos de Yarí. Esa reunión fue uno de los pasos previos para la instalación de la mesa de diálogos y se dio para conocer de primera mano la conclusión de ese encuentro de mandos.
El origen y papel de las guardias campesinas en los territorio
Las guardias campesinas —al igual que las indígenas y cimarronas— funcionan como un mecanismo de autoprotección para las comunidades en las zonas rurales, pero no son un cuerpo armado.
En algunos contextos del conflicto acompañan y protegen a las comunidades o incluso pueden tener funciones de mediación con actores armados.
La figura tiene antecedentes en las guardias cívicas que se conformaron en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) en los años 70, pero su consolidación se dio en la última década en zonas como Cauca, Nariño, Magdalena Medio, Meta y Catatumbo.
Aunque también cuentan con un alto grado de formalidad y organización, aún no han sido reconocidas por el Estado. En el Plan Nacional de Desarrollo de Petro las mencionan y afirman que entre los objetivos está su empoderamiento. Sobre estos movimientos se extiende el estigma de ser asociadas como si fueran parte de la insurgencia.
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La extorsión y el cese al fuego
El domingo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó que ese secuestro debería “obligar a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briceño”. Aunque la petición del funcionario obedece a que, según Velásquez, el secuestro de los soldados es una muestra de su poca voluntad de paz, relacionarlo con el cese al fuego tiene algunas implicaciones.
La principal es que dentro de las acciones prohibidas del protocolo del cese al fuego no hay una que hable específicamente sobre las extorsiones. Solo hay un punto, el número tres, que dice que no se debe incurrir en infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Aun así, González afirma que el tema de la extorsión sí ha sido abordado en la mesa de diálogos en varias ocasiones y que se ha documentado como una exacción, un concepto contenido en el DIH que se relaciona con las exigencias de contribuciones arbitrarias por parte de grupos armados en desarrollo de un conflicto.
La polémica más reciente con esa disidencia ocurrió el 23 de julio, cuando en un retén militar fueron capturados algunos miembros del grupo que se transportaban en camionetas de la UNP con órdenes de captura vigentes. El episodio, por el que aún están cuatro personas capturadas, se solucionó en tres días con el compromiso de ajustar los traslados de los disidentes que sean parte de la mesa. Ese trámite extrarrápido generó desconfianza en el proceso.
Algunos críticos han afirmado que, en general, el Gobierno es demasiado flexible en los procesos de paz que lleva adelante.