Ataques y asesinatos: la violencia en Cauca por la que la minga pide cita a Petro

Esa región del país ha sido blanco de amenazas y atentados por parte de la disidencia de Iván Mordisco desde el levantamiento del cese al fuego. El episodio más reciente fue el asesinato del guardia indígena Víctor Alfonso Yule Medina.

Redacción Colombia +20
20 de agosto de 2024 - 05:28 p. m.
El recrudecimiento de la violencia en el país, que ha afectado con más dureza al Cauca, llevó a la movilización de la minga indígena que este martes llegó a Bogotá . EFE/Ernesto Guzmán
El recrudecimiento de la violencia en el país, que ha afectado con más dureza al Cauca, llevó a la movilización de la minga indígena que este martes llegó a Bogotá . EFE/Ernesto Guzmán
Foto: EFE - Ernesto Guzmán

El recrudecimiento de la violencia en el país, que ha afectado con más dureza al Cauca, llevó a la movilización de la minga indígena que este martes llegó a Bogotá con el objetivo de reunirse con el presidente Gustavo Petro para encontrar algunas soluciones a los ataques que se han agudizado en el departamento.

Esa zona, epicentro de operación de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC), pero el grupo que está comandado por Iván Mordisco, ha sido blanco en los últimos meses de serie de atentados con motobomba, ataques por aire y tierra -incluido el uso de drones- y el aumento de los secuestros y el reclutamiento forzado.

El episodio más reciente ocurrió este fin de semana. De acuerdo con la denuncia, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), miembros del frente Dagoberto Ramos, perteneciente a la disidencia del Estado Mayor Central comandada por Mordisco y que se levantó de la mesa de diálogos, asesinaron el domingo en Toribío al guardia indígena y presidente de la Junta de Acción Comunal de Pueblo Viejo, Víctor Alfonso Yule Medina.

“En el municipio de Toribío han ocurrido al menos 15 asesinatos en las últimas tres semanas. De otra parte, desde el 2017 hasta el presente han sido asesinados 17 guardias indígenas en la zona norte del Cauca”, dice la denuncia de la ACIN.

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Pero este hecho es solo uno de los que llevaron a esta movilización de la minga. El último mes se han registrado ataques con explosivos contra la fuerza pública en Jambaló y Suárez, hostigamientos contra guardias indígenas en esos mismos municipios, el asesinato de una profesora en Corinto, así como de un firmante de paz.

“Como es evidente, se trata de un conjunto de hechos extremadamente graves, especialmente el ataque contra la Misión Médica ocurrido en el municipio de Caloto y el ataque contra el punto de cuidado territorial en el municipio de Toribío. En esta escalada violenta en el norte del Cauca no se están respetando ni el DIH ni ningún tipo de derecho individual o colectivo de las comunidades. La población civil sigue quedando en medio del fuego cruzado y la zozobra crece entre las veredas”, dice la ACIN.

A ello se suma el doble atentado que en mayo sufrió Jamundí (Valle del Cauca) y Morales (Cauca), que dejó ocho personas heridas.

Para la Fundación Ideas para la Paz, este escenario está determinado por las dinámicas de los grupos armados que le apuntas a “sostener y a ampliar su gobernanza criminal”.

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Además, el lanzamiento de la Misión Cauca, una propuesta que en parte confirma la orden de “ofensiva total” dada hace unos meses por el presidente Petro en contra de los frentes del EMC que se alejaron de la mesa de negociación.

Ese plan, de acuerdo con el Ministerio de Defensa, busca frenar la escalada de violencia que se ha presentado en esa zona del país y de paso consolidar los derechos de sus habitantes. En resumidas cuentas, la misión combina la estrategia militar y la inversión del Gobierno para recuperar la seguridad y apostarle a la transformación del Cauca. Según conoció Colombia+20 hace unos meses, el principal objetivo está relacionado con un tema que en el último año ha reiterado el presidente: quitarle el control del cañón del Micay al EMC.

Esa toma del control también ha supuesto un timonazo en la directriz del Ministerio de Defensa. El 25 de julio, el gobierno Petro realizó su primer bombardeo en más de dos años en la Casa de Nariño. El lugar escogido para la acción que, de acuerdo con esa cartera, no se hizo “contra objetivos humanos”, sino contra un campo minado fue nada menos que en El Plateado, un corregimiento de Argelia, de apenas unos 8.000 habitantes, que se ha convertido en una zona de grave disputa entre el Ejército y hombres del EMC.

Velásquez dijo que el objetivo final era “liberar” a El Plateado y a Argelia “de todas estas organizaciones criminales”. Además, quieren dar con el paradero de Andrés Patiño o el Mocho, máximo comandante del Bloque Occidental Jacobo Arenas, con injerencia en esa zona, y de un hombre conocido como Kevin, cabecilla del frente Carlos Patiño.

Todo este panorama llevó a que más de cuatro mil representantes de pueblos indígenas hagan presencia en la capital, en donde se ubicarán en el Parque El Renacimiento.

Por ahora, no hay una agenda con el presidente, pero sí con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien encabezará la mesa que estará hablando con la minga.

Los responsables de los hechos violentos

El Bloque occidental es una de las tres estructuras al mando de Iván Mordisco que actualmente no está en esa mesa de diálogos. Los frentes que operan en el Cauca bajo la conducción del Occidental Jacobo Arenas – los frentes Dagoberto Ramos, Jaime Martínez y Carlos Patiño- son los más fuertes y con mayor control territorial de esa disidencia. En esa zona del país, así como en Valle del Cauca y Nariño, el Gobierno levantó el pasado 17 de marzo el cese al fuego con esas facciones del EMC tras un atentado contra una comunidad indígena. Pese a ello, el Gobierno sigue en la mesa con frentes de Caquetá, Catatumbo y algunos de Putumayo y Arauca.

Tras el levantamiento del cese al fuego, los hechos violentos por parte del EMC se han incrementado en la región, y han incluido ataques contra sedes militares, secuestros como el ocurrido contra tres agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Cauca y un aumento acelerado en el reclutamiento forzado, especialmente de jóvenes indígenas.

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