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La implementación de varios puntos del Acuerdo de Paz con las Farc, que quedó a media marcha durante el gobierno de Iván Duque, cae en el resorte del Ministerio del Interior. El jefe de esa cartera, Alfonso Prada, asegura que para la administración de Gustavo Petro es prioritario ponerle el acelerador a los puntos rezagados, para así dar pasos hacia la “paz total”, la bandera principal del presidente.
En entrevista con Colombia+20, Prada hace un balance de lo que recibió el Ministerio en temas de paz y reitera su compromiso con la puesta en marcha de lo pactado en La Habana. También explica el impacto de la reactivación de las dos principales instancias para tomarle el pulso al tratado: la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS). Prada resalta la reducción en los hechos de violencia contra las poblaciones azotadas por el conflicto tras las medidas urgentes adoptadas por el Ejecutivo.
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Uno de los puntos críticos durante el Gobierno Duque fue la falta de garantías de seguridad para firmantes de paz y líderes sociales. La administración pasada, en lugar de la CSIVI y la CNGS, lanzó el Plan de Acción de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos (PAO). ¿Qué encontró en ese campo al llegar al cargo?
Encontré muchas resistencias de todas las organizaciones de la sociedad civil y la plataforma de los derechos humanos frente al PAO, así que rediseñamos el instrumento y adoptamos 49 medidas diferentes, que sugerimos iniciar de forma inmediata en 65 municipios que encontramos en alto nivel de riesgo para la vida de líderes y lideresas sociales y de la comunidad misma. Esas 49 medidas las adoptó el gobierno con un plan de choque, un plan de emergencia de protección de vida, y las estamos implementando a través de los puestos de mando unificado, que estamos instalando en estos 65 municipios.
Entonces, ¿podemos decir que formalmente en este gobierno ese PAO no existe?
Existe, porque es un decreto adoptado por el presidente, pero está sujeto a revisión y posible derogación del mismo.
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Las 49 medidas llevan escasamente un mes. ¿Para qué han servido?
Al día de hoy, reportamos instalados 44 de los 65 puestos de mando unificado y comenzamos a sentir en el territorio la presencia del Estado, del gobierno nacional junto con gobiernos departamentales, municipales, con sociedad civil, con cooperación internacional, órganos de control y con líderes sociales. Con ellos estamos adoptando medidas de choque y medidas adicionales que surgen en estos puestos de mando unificado como sugerencias de la comunidad y de los líderes para la protección de su vida. Esperamos que en el muy corto plazo esas medidas comiencen a mostrar cifras de descenso de los asesinatos y cifras por ende de protección de la vida.
El Primer Puesto de Mando Unificado se instaló el 20 de agosto en Caldono, Cauca, y pocos días después asesinaron a tres jóvenes. ¿Qué podemos decir de ese tipo de situaciones?
También instalamos puesto de mando unificado en Puerto Asís, Putumayo, y a los pocos días asesinaron una lideresa social. Hablaba con la comunidad del Putumayo y les respondía la misma pregunta: el Puesto de Mando Unificado no garantiza automáticamente que los violentos no continúen sus actividades violentas y asesinen, incluso, pero sí garantizan que instalamos una instancia de coordinación de todos los esfuerzos del Estado a nivel nacional, departamental, municipal, con toda la sociedad civil, la cooperación internacional para adoptar estas 49 medidas de choque.
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Indepaz reportó el asesinato de 8 líderes sociales en septiembre, mientras que en meses anteriores esa cifra no había bajado de 13 homicidios. ¿A qué le atribuyen esa reducción, que también se ve en violencia contra exFarc y masacres?
Yo creo que es el conjunto de medidas, desde responder con seriedad a las alertas tempranas que hace la Defensoría del Pueblo, adoptando medidas que permitan atenderlas rápidamente. Desde la posesión del presidente hasta hoy, todas las alertas tempranas se han atendido dentro de la semana siguiente. Había alertas que duraban meses enteros en atenderse antes de este gobierno, y ahí encuentra usted una reacción inmediata que seguramente se puede medir en vidas salvadas, y lo propio con las medidas cautelares del Sistema Interamericano de Justicia, las órdenes que se imparten para la protección de la vida de los líderes y que estaban también un poco rezagadas las hemos ido actualizando, al igual que las medidas de protección colectiva en la Unidad Nacional de Protección.
El fin de semana el Gobierno reactivó la CSIVI y la CNGS, que estuvieron relegadas durante el gobierno pasado. ¿Qué esperan que se logre con ese relanzamiento?
La CSIVI es la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final. Como usted lo menciona, estuvo bastante rezagada durante los últimos cuatro años. Es la instancia en la que se crean los acuerdos para garantizar un adecuado cumplimiento de implementación, por esa razón, no convocarla o darle un puesto inferior dentro del desarrollo de los acuerdos era desperdiciar un instrumento que ponía alertas a los funcionarios del Estado y a la sociedad sobre aquellos puntos que se van rezagando. Obviamente si se iba rezagando y no había ninguna instancia que le hiciera seguimiento, el acuerdo se fue deprimiendo en puntos esenciales que, por ejemplo, aumentaron una variable de riesgo en la vida de los excombatientes firmantes de los Acuerdos de Paz, líderes y lideresas sociales que tenían que ver con temas como el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, la restitución de tierras, entre otros muy conectados a temas del acuerdo.
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Por otro lado está la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia creada para recomendar y adoptar las decisiones necesarias para el desmonte de las organizaciones criminales, paramilitares, etcétera, que atentan contra la estabilidad también del acuerdo y obviamente de la Nación. Por eso recuperar las dos instancias para nosotros es recuperar un instrumento que coadyuva un compromiso de campaña del presidente Gustavo Petro que es la del cumplimiento integral de los acuerdos. Aquí no solamente se expresa la voluntad política, sino se toman decisiones para que eso sea real y se cumpla el compromiso de protección de la vida de los excombatientes y los líderes sociales. Recuperamos un instrumento que nos permite que fluya más información, que acordemos más decisiones o más instrumentos para la adopción de más estrategias que apunten a la protección de la vida de los colombianos y las colombianas.
Esta administración ha hablado del sometimiento o acogimiento de los grupos ilegales. ¿Cómo se articularía ese proceso con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad?
Como se venía haciendo hace algunos años, y es venir a estas instancias con los textos borradores para escuchar la opinión de los diferentes integrantes de estas comisiones, tanto de la CSIVI como de la Comisión de Garantías, y ahí enriquecer los textos (que son finalmente responsabilidad del gobierno en su iniciativa y que serán decididos finalmente por el Congreso de la República en la adopción de la ley correspondiente).
¿Cuál es el compromiso desde el Ministerio del Interior con la implementación del acuerdo de paz?
Es un compromiso total. Nosotros tenemos dos funciones muy grandes. La primera es coordinar las relaciones con el Legislativo para que todas esas medidas, como por ejemplo las reformas a la Ley 418 o la instalación en Colombia de una jurisdicción agraria o el logro de la de aprobación de la reforma tributaria del Presupuesto General de la Nación, toda esta actividad legislativa, incluida cuando lleguemos con la ley de acogimiento o sometimiento, son coordinadas por el Ministerio y ahí tenemos un compromiso total, porque esa es la legislación para la paz. Todos estos proyectos que le he mencionado son instrumentos que van a terminar facilitando la implementación del acuerdo y pavimentan la autopista de llegada hacia la “paz total”.
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¿Y la otra gran función?
Lo segundo es que nosotros tenemos misionalmente la responsabilidad de dictar la política de derechos humanos, coordinar las relaciones con las instancias de alto nivel y de organizaciones indígenas, afrocolombianas, campesinas, comunales, y todas estas organizaciones tienen una relación demasiado directa con la implementación de los acuerdos de paz.
Por decisiones como haber subordinado la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación a la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, desde algunos sectores se ha dicho que, por la apuesta de la “paz total”, el Gobierno Petro podría llegar a descuidar la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Qué responde al respecto?
Para nada me parece correcta la crítica. Por ejemplo, el instalar la CSIVI y la Comisión Nacional de Garantías, dos instrumentos hijos del Acuerdo de Paz, prueba claramente el compromiso con la implementación de los acuerdos. Además, el compromiso del Gobierno es la implementación plena, y por eso arrancamos con el punto primero, como una meta que queremos conseguir pronto: la Reforma Rural Integral, la adquisición de tierras, el fondo económico para la adquisición de esos predios y poder armar la entrega en territorio para contribuir a la paz y a la implementación de los acuerdos del Teatro Colón del 2016 y para contribuir a la “paz total”, así que diría que son complementarios. Estos actos, además, muestran nuestro compromiso con dar un paso adelante con otras fuerzas diferentes a las Farc, que han nacido o han continuado como fuentes de violencia, como el Eln, las disidencias y organizaciones o clanes criminales que también queremos someter a la justicia. La “paz total”, por ende, es un complemento a los Acuerdos de Paz.
