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La tarea que le encargo el presidente Gustavo Petro al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo no es ni por asomo ligera. A parte de ser su ministro de la política, su embajador en el Congreso, el encargado de destrabar incluso esa tensa relación con el Legislativo y lograr que pueda por fin aprobar sus reformas sociales, el mandatario le puse el trabajo de ser una suerte de coordinador del Acuerdo de Paz y de implementador, pero en los gobiernos locales.
La idea de Petro es simple: como es a las regiones a donde no ha llegado la ya retrasada ejecución del pacto firmado en 2016 con las antiguas FARC, el plan de choque que anunció durante su visita al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas empezará a ejecutarse justamente en los municipios más azotados por el conflicto, que también se conocen como zonas PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial).
Los PDET son una de las herencias más preciadas del expresidente Juan Manuel Santos, padre de ese Acuerdo de Paz, y aunque Cristo varias veces ha negado que su aterrizaje en el gobierno de Petro sea por cuenta de un pedido del exmandatario, el hecho de que una de sus primeras acciones en esa nueva labor sea un recorrido por las 16 zonas PDET no deja de ser un guiño y una señal.
La correría empezó el viernes pasado con un viaje maratónico al municipio de Simití, en Bolívar, a donde llegó para concluir con tres días de diálogo entre voceros de la comunidad y los alcaldes de Yondó (Antioquia) y Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo y Santa Rosa del Sur, en Bolívar, que componen toda esa región PDET.
“¿Qué significa esa paz territorial? ¿Por qué no se avanzó de manera suficiente? ¿Por qué tenemos que recuperar el tiempo perdido? Lamentablemente después del Acuerdo de Paz, apenas un año después, los colombianos válida y legítimamente eligieron un presidente de la República cuyo compromiso con los colombianos había sido hacer trizas el Acuerdo de Paz, pero no pudieron por el blindaje que tenía frente a la comunidad internacional (…) Vamos a acelerar a recuperar el tiempo perdido con todos los municipios PDET, que son los que más lo necesitan (..,) Vine a Simití a iniciar una gira que nos permitirá avanzar en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz”, afirmó Cristo en el parque principal del pueblo, a donde bajo el inclemente sol de la ciénaga lo escuchaban decenas de personas.
El ministro no viajó solo. En este primer recorrido lo acompañaron Raúl Delgado, director de la Agencia de Renovación del Territorio, el hombre que se ha echado al hombro la implementación de los PDET y que logró este año, por primera vez, a que un amplio porcentaje de alcaldes y gobernadores incluyeran en sus Planes de Desarrollo Locales un capítulo denominado “Proyectos, políticas y programas para la construcción de paz” o “capítulos de paz”, como lo llama el director Delgado.
Además: Petro en ONU: los mensajes clave de su plan de choque para acelerar Acuerdo de Paz
Esa iniciativa, que se estipuló como obligatoria en la ley 2272 -también conocida como Ley de Paz Total- tenía serios retrasos en los primeros meses de administración de los mandatario locales, pero Delgado se propuso la tarea de hacer pedagogía con los alcaldes hasta casi alcanzar el 100 de la implementación de ese requisito.
Para saber qué requerían cada uno de esos territorios PDET se hizo un trabajo de consulta con las comunidades -más o menos 12.000 juntas de acción comunal veredales participaron del proceso- para conocer cuáles eran las necesidades prioritarias y convertirlas en iniciativas, y luego en proyectos de la región. El mecanismo para implementar todas esas iniciativas son los Planes de Acción para la Transformación Territorial (PATR), que deben ser reajustados cada cinco años. Este año también debe haber actualización.
La ART es la que tiene la tarea de implementar los PDET, revisarlos y actualizarlos, con un agravante: el tiempo que le corre en contra porque la ejecución de esos programas debe hacerse, según el Acuerdo de Paz, en 10 años y en 2024 se cumple la mitad del camino, dado que la estrategia de los PDET en realidad se empezó a implementar en 2019.
Ahí es donde Cristo entra a actuar. Entre los propósitos del presidente Petro tanto en los ocho puntos que presentó ante la ONU como en el plan de choque que presentará para acelerar la implementación está la extensión del tiempo de ejecución a siete años, lo que le permitiría, entre otros, ampliar la vida de los PDET.
“Estoy seguro de que parte del Acuerdo Nacional serán los cambios, las transformaciones presupuestales y las reformas sociales que se necesitan para transformar las 16 zonas PDET del país, bajo la concepción de que la paz es la piedra angular de la transformación territorial”, dijo Delgado durante su intervención.
El director de la ART, que se mueve como pez en el agua en estos municipios en los que, por su franqueza y carácter directo, ha logrado trazar lazos de confianza con las comunidades, aprovechó su tiempo de hablar para agradecer a las comunidades por la paciencia en la lentitud del trabajo que se les prometió ocho años atrás cuando se firmó el acuerdo.
“Gracias por resistir y por persistir. No pudieron hacer trizas el acuerdo por ustedes. Gracias por la paciencia. Sé que se está agotando. El Gobierno es consiente de eso y de que el cambio ha resultado más difícil de lo que se esperaba. Hay más palos en la rueda, más dificultades de las que pensábamos. Por eso, el señor presidente nombra a personas como el ministro Cristo, que tienen el compromiso de acelerar la implementación del acuerdo de paz”, afirmó.
En el viaje también estuvo presente Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, una entidad creada en enero de 2023 como sucesora de la Alta Consejería para la Implementación, pero que desde el inicio a quedado como en segundo plano frente a los trabajos que necesita ese pacto. Esto porque la mayoría de sus funciones la dejaba sin dientes para coordinar las diferentes entidades implementadoras y porque, al quedar bajo la sombrilla de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz -que encima coordina las negociaciones de la paz total- quedó sin autonomía.
Cristo quiere trabajar en llave con esa unidad para armonizar las funciones sobre esa ejecución. Por ahora, Cuartas apoyará en lo técnico al ministro y seguirá activa en las actividades que, como esta, pretenden volver a activar no solo la maquinaria de la paz, sino también el tema mismo en la opinión pública.
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Los puntos del plan de choque para acelerar la implementación del Acuerdo
El acuerdo de La Habana se ha convertido en el caballo de batalla del presidente Petro que fue viene insistiendo en varios escenarios, ONU incluida, en que quiere cumplirlo, pero que necesita tiempos y recursos para ello.
Algunos creen, basados en algunas salidas que ha tenido Petro que en realidad es la excusa que está usando para su idea de una Constituyente, pero tanto el jefe de Estado que le ha bajado el tono a sus declaraciones como el mismo Cristo han cambiado en los últimos días la narrativa y se han centrado en que se necesita un acuerdo nacional en torno a lo fundamental: llevar el acuerdo a las regiones.
Cristo, un hombre cercano a Santos y quien también participo del Acuerdo de Paz, aceptó volver al cargo que ostentó por tres años justamente al lado del presidente y en menos de un mes ya sentó al partido Comunes, a Cuartas y a la Oficina del Alto Comisionado de Paz para prender motores. También se ha reunido con todos los sectores para unir y articular la implementación con ese acuerdo nacional. El primer paso para ello es darle forma al plan de choque.
“El plan de choque tiene tres grandes capítulos y todo tiene que ver con acelerar procesos que venían retrasados. El primero es lo que acabamos de ver en Simití: apresurar la inversión del Estado en los 170 municipios PDET. Se han hecho cosas, pero no han tenido el impacto suficiente en las comunidades. A mí me impresiona mucho la gente en los territorios de Colombia porque es gente que le tiene mucha paciencia al Estado siguen esperando. No podemos defraudar esa confianza. Hay una oportunidad de sincerarnos con estos pactos territoriales”, explicó a Colombia+20 Cristo durante uno de los trayectos a Simití.
Cristo explica que esos pactos territoriales se diferencian de los PATR en la metodología. “Queremos garantizar que se utilicen de manera más transparente y eficiente los recursos. Para nadie es un secreto que se han perdido recursos de la paz durante estos años especialmente con el OCAD-PAZ donde hay un hueco negro. No nos podemos dar el lujo de pensar de que, encima de que hay problemas fiscales y poca plata para la implementación, la plata se quede donde no debe”, afirma.
El escándalo del OCAD-PAZ se conoció hace dos años, cuando se reveló el desfalco de al menos $250 mil millones destinados para los municipios PDET. De acuerdo con las revelaciones de Blu Radio el 12% de los recursos aprobados por el OCAD-Paz terminó en coimas y sobornos.
Este desfalco se habría producido a través de coimas y sobornos a funcionarios de la Contraloría, el Departamento Nacional de Planeación y varios congresistas, que habrían pedido dineros a cambio de dar el visto bueno a los proyectos presentados por los alcaldes de los municipios PDET. Si los alcaldes no aceptaban pagar las coimas, los proyectos serían descartados y no recibirían los avales necesarios para su aprobación
“Lo que no queremos es someter a los alcaldes a la peregrinación en Bogotá de ir a todos los ministerios, a Planeación Nacional para lograr recursos para la paz, sino que definamos esas necesidades. Hablamos con el consejo gremial para vincular mucho más activamente al sector privado y potenciar el mecanismo de obras por impuestos y que el pacto signifique un compromiso mayor de los entes territoriales”, explica.
Según el jefe de la cartera, se trabaja desde hace días con Planeación Nacional y con las agencias implementadoras para suscribir esos 16 pactos territoriales y tener una hoja de ruta de inversión que tenga un impacto realmente transformador en los próximos dos años.
El segundo capítulo del plan es la reforma rural integral, también uno de los puntos en los que más ha insistido el presidente Petro. “Hemos venido trabajando con el Ministerio de Agricultura y con la Agencia Nacional de Tierras el ritmo de la adquisición y distribución de tierras, y también de ponerlas a producir porque va muy lento. Cualquier proceso de reforma agraria es supremamente complejo porque hay que articular demasiados temas, pero yo soy optimista que con la nueva ministra vamos a hacer un buen equipo. La reforma no es solamente en las zonas PDET, sino también en todo el país donde tienen definidos los núcleos de la reforma agraria que es como la llama el presidente. Tenemos que avanzar mucho más en las metas del acuerdo porque estamos muy quedados”, admite.
La tercera “pata del trípode”, como lo califica el ministro Cristo, quizás será la más difícil. Se trata de definir cuáles serán los proyectos de ley o de reforma constitucional que tendrá que tramitar en el Congreso. “Tampoco queremos abrumar de proyectos al Congreso de implementación, pero sí queremos avanzar en varios temas que tienen que ver con el territorio: la ley de tratamiento penal diferencial a los pequeños cultivadores. Esto es un compromiso, claro y exigible”, detalla.
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El segundo tema que se está evaluando para ese trámite legislativo, es -como lo adelantó Petro hace unas semanas- un ajuste puntual al Sistema General de Participaciones (SGP) para “privilegiar transitoriamente a los 170 municipios” y aumentar la inversión de ese SGP.
A ello se suman dos temas. Por un lado, la ley de jurisdicción agraria. “Ya se aprobó acto legislativo, ya se aprobó la ley estatutaria, falta la ley ordinaria. Esta semana empezaremos a socializarla”. Por el otro, se está decidiendo si es necesario un proyecto de ley de tierras.
El otro tema que se está evaluando es la ampliación de la vigencia del plan de implementación del Acuerdo de Paz. Sobre esto, el ministro aclara que se está contemplando no tramitar un proyecto de ley, “sino que podría darse a través de un documento Conpes o por un decreto que fue por el que se adoptó un plan de implementación”.
Y agrega: “Sería básicamente ampliar plazos, mover Conpes, mover vigencias futuras y definir un plan hasta el 2037″.
Por último, Cristo afirmó que sí hay algunas dificultades con el dinero de la implementación del Acuerdo de Paz. “Hay recursos distribuidos en todo el presupuesto nacional y lo que está claro es que se viene un ajuste porque la situación fiscal y la paz no va a escapar de ese ajuste. Creo que en unas semanas presentaremos esas cuentas”.
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