“Apoyamos a Petro, pero exigimos soluciones”: sigue movilización en Ruta del Sol

En el sur del Cesar se mantiene la protesta de más de 3.000 pobladores del nororiente del país, con cierres intermitentes a la Ruta del Sol. Exigen salidas a la crisis humanitaria y la avanzada de grupos armados.

Redacción Colombia +20
05 de junio de 2024 - 03:32 p. m.
Las comunidades están haciendo un bloqueo pacífico de la Ruta del Sol.
Las comunidades están haciendo un bloqueo pacífico de la Ruta del Sol.
Foto: El Espectador
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“Necesitamos soluciones urgentes”. “Nos están matando”. “Apoyamos al Gobierno Petro, pero también le exigimos que nos dé garantías”. “Desmonte del paramilitarismo ya”. Las frases se repiten entre los líderes de la Movilización Nacional por la Vida y la Permanencia en los Territorios, que comenzó este martes en varias regiones del país y tiene como principal punto de concentración el sur del Cesar, entre los municipios de Floresta y Pailitas.

Más de 3.000 pobladores de regiones como el Magdalena Medio, el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño y la zona sur de los departamentos de Bolívar y Cesar llegaron a este punto para encender, una vez más, las alertas sobre la crisis de violencia que se vive en estos territorios, y para hacerle un llamado al presidente Gustavo Petro: “Nosotros lo respaldamos, votamos por él, pero estamos viviendo más riesgos, nos han matado compañeros, necesitamos que el Gobierno se siente con nosotros y nos dé soluciones de verdad”, resume una de las voceras de la movilización, que pide reservar su identidad.

Como parte de la protesta, las comunidades han bloqueado de forma pacífica e intermitente la Ruta del sol, vía que comunica al interior del país con la Costa Caribe. Las movilizaciones también han tenido lugar en Bogotá y Cauca.

“El presidente ha incumplido, por eso tomamos las vías de hecho”

Hace un mes y medio, el 21 de abril, fue asesinado Narciso Beleño, un histórico líder social agrominero del Sur de Bolívar, quien impulsaba los escenarios de participación para la construcción de paz y denunció la avanzada en la región del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC). Como contó Colombia+20, tras el crimen llegaron algunos representantes del Ejecutivo, rechazaron el hecho, pero se fueron del territorio y todo siguió igual.

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Sin embargo, los antecedentes de esta ola de violencia vienen de mucho antes. De hecho, en enero de 2023 estas mismas comunidades bloquearon la vía a Barrancabermeja, en el sector de La Lizama, para denunciar la situación.

“En esa oportunidad tuvimos diálogo directo con el Ministerio del Interior, se creó una mesa, se establecieron unos compromisos, pero luego todo se detuvo, no vimos cambios. El Gobierno ha incumplido, por eso nos vemos obligados a tomar las vías de hecho”, asegura un vocero de la región del Magdalena Medio.

Por ahora, los manifestantes aseguran que se mantendrá el bloqueo de la carretera hasta que se garantice una mesa de alto nivel con el Ejecutivo y establezcan compromisos claros para frenar la violencia en el territorio.

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En un comunicado del Congreso de los Pueblos, organización a la que pertenecen varios de los procesos sociales que se están movilizando, se plantea un pliego de peticiones en el que se incluyen temas como una mesa permanente de interlocución y negociación nacional, el cambio de la doctrina de seguridad nacional, el “desmonte del paramilitarismo”, mecanismos urgentes de protección y autoprotección, un plan inicial de reparación integral y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en La Lizama y otros espacios en Chocó, Arauca y Cauca.

La crisis humanitaria del nororiente del país

Varias de las comunidades que hoy se están movilizando para exigir salidas a la crisis han sido afectadas históricamente por el conflicto armado: sobrevivieron a la violencia paramilitar de las décadas de 1980, 1990 e inicios de los 2.000, fueron afectadas también por el actuar de grupos guerrilleros, y actualmente se enfrentan a una revictimización por cuenta de los grupos ilegales.

En regiones como el Sur de Bolívar, donde el ELN ha tenido presencia consolidada desde hace más de 40 años, el Clan del Golfo inició en 2018 un despliegue para hacerse con el control de esta zona, que es clave por su ubicación estratégica y su economía (alta producción de oro y cultivos de coca).

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Producto de esa incursión, que se intensificó en los últimos dos años, la población civil ha sido afectada por combates, desplazamientos, confinamientos, amenazas, reclutamientos forzados y extorsiones. Un contexto similar se vive en el Magdalena Medio y el Bajo Cauca antioqueño, y se teme que la situación llegue a ese punto en el Catatumbo, a donde los gaitanistas han tratado de expandirse.

*Este artículo fue realizado en el marco de una misión de prensa convocada por la Asociación Minga.

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