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La congresista colombiana Piedad Córdoba Ruíz, fallecida este 20 de enero en Medellín, le dedicó más de tres décadas a la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz en Colombia.
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Su trabajo por la liberación de secuestrados y el fin del conflicto ―que no estuvo exento de críticas y señalamientos― fue tal que en las últimas horas, tras conocerse su muerte, voces de todos los sectores han resaltado la huella que dejó la senadora. Desde el presidente Gustavo Petro hasta personajes como José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, quien aseguró que fue “una perseverante combatiente” que siempre estuvo “en primera línea para defender sus ideas”.
A mediados de la década de 1980, antes de cumplir 30 años, Córdoba se consolidó como líder comunal en su natal Medellín, y en 1991 empezó su carrera como congresista de la República. Desde su curul lideró proyectos para la madres comunitarias, las comunidades negras, la equidad de la mujer, los derechos de la comunidad LGBTIQ+, las víctimas del conflicto y las salidas pacíficas a la guerra.
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Sus apuestas políticas y denuncias la pusieron en la mira de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que en 1999 la secuestraron por orden del líder del grupo, Carlos Castaño Gil. El hecho la llevó a exiliarse en Canadá, pero meses después, a su regreso a Colombia, la violencia la siguió persiguiendo: sobrevivió a dos atentados.
La liberación de secuestrados
Sin duda, una de las labores por las que más se destacó Piedad Córdoba fue la búsqueda de acuerdos para poner fin al cautiverio de los secuestrados y buscar salidas negociadas al conflicto.
A mediados de 2007 comenzó a participar del acuerdo humanitario entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y la otrora guerrilla de las FARC, que impulsó la liberación unilateral de secuestrados.
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De la mano del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, la fallecida senadora fue facilitadora de acercamientos con el grupo armado, que ayudaron e varias liberaciones y canjes de secuestrados por guerrilleros presos.
Años más tarde, Córdoba creó el grupo de Colombianos y colombianas por la Paz, que estableció acercamientos con el grupo guerrillero a través de cartas que permitieron el retorno de algunos rehenes a sus hogares.
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El trabajo de la congresista en pro de la paz del país llevó a que, en 2009, fuera nominada por el artista argentino Adolfo Pérez Esquivel al Premio Nobel de Paz. Pérez, quien recibió ese galardón en 1980, destacó el rol de Córdoba en Colombia.
Córdoba también fue una férrea defensora de la negociación que adelantó la guerrilla de las FARC con el Gobierno de Juan Manuel Santos, que resultó en la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016.
Rodrigo Londoño, el último máximo comandante de la antigua guerrilla, aseguró este sábado que “Piedad Córdoba fue una auténtica demócrata, una liberal de convicciones profundas, incansable defensora de los derechos humanos y una imprescindible de la solución política al largo conflicto armado”.
Los señalamientos de vínculos con las FARC
Hacia 2008 empezaron a divulgarse una serie de cuestionamientos contra la senadora Córdoba, quien fue señalada de tener presuntos vínculos con las FARC. Luego del bombardeo al campamento del excomandante guerrillero Raúl Reyes en Ecuador, se habló de hallazgos en computadores y USB en los que supuestamente había intercambios de correos entre Reyes y Córdoba, a quien se refería como “Teodora”.
Usando como prueba esa información, el entonces procurador Alejandro Ordóñez sancionó a la senadora en 2010, y la inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 18 años.
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En su momento, Córdoba calificó la decisión como una persecución política. Seis años después, la sala plena del Consejo de Estado tumbó la sanción y le devolvió sus derechos políticos.
Sin embargo, en 2023 su nombre volvió a los estrados judiciales. A finales de ese año, la Corte Suprema le abrió una investigación por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad en documento público por supuestos incrementos patrimoniales sin justificar de parientes cercanos entre 2006 y 2012.