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Carmen Perlaza* ha sido desplazada siete veces. Nació en el departamento de Casanare, pero salió de su casa huyendo de la violencia intrafamiliar que vivió desde pequeña. Llegó hasta Puerto López (Meta) a sus 18 años. Se enamoró, pero la guerra la dejó viuda a los 20. En ese momento vivió su primer desplazamiento forzado cuando grupos paramilitares llegaron a su territorio amedrentando a la gente y arrebatándoles todo lo que tenían: sus tierras.
Desde ese momento hasta hoy ha recorrido tres municipios en los seis desplazamientos, huyendo del conflicto armado que parecía perseguirla. Estuvo en Puerto Lleras, Villavicencio y Granada. En 2006 quiso retornar a Casanare, pero la situación allá parecía estar peor, así que tuvo que volver a salir de su territorio con uno de sus hijos en brazos y otros dos niños con apenas pocos años para lograr entender lo que pasaba.
Su relato, junto con los de otras 140 mujeres, se contaron ayer ante la Comisión de la Verdad (CEV) en la entrega del informe “VerdadEs: politizar el dolor y las emociones de las mujeres”, un documento de memoria entregado por la Casa de la Mujer, en alianza con las asociaciones Asovilor (Asociación de Víctimas de Lorica), la Red Municipal de las Mujeres de Caldono, Asomuariari (Asociación de Mujeres en Municipios del Ariari), Fundesia (Fundación para el Desarrollo Social y la Investigación Agrícola) y Rosmuc (Red de Organizaciones Sociales de Mujeres).
Las mujeres que rindieron su testimonio en “VerdadEs” buscan entregar su versión de lo sucedido en el conflicto armado interno en los departamentos de Meta, Córdoba y Cauca. Aunque todas están desde distintas partes del país, sus testimonios se entretejen y se encuentran en los patrones de violencia que vivieron: desplazamiento forzado (143 casos), desaparición forzada (34 casos), violencia sexual (25 casos) y reclutamiento forzado (8 casos).
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Los hechos que documentaron fueron cometidos por miembros de grupos paramilitares, excombatientes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública. Así lo explicó Olga Amparo Sánchez, directora de la Casa de la Mujer, entidad encargada de la recopilación y producción del informe. “Lo más importante de este informe es que trata de mirar la relación entre las violencias públicas con las violencias privadas que han vivido las mujeres en la ruralidad.
Entonces, mientras la violencia privada se da en un entorno intrafamiliar, ellas en el interior de sus familias eran las encargadas de cocinar, de la reproducción social y del cuidado, en el contexto del conflicto armado fue muy similar: muchas de ellas fueron reclutadas para que hicieran esos mismos oficios para la guerrilla, la Fuerza Pública o los paramilitares”.
En palabras de Sánchez, los roles de género que han estigmatizado a las mujeres por años por las labores del hogar, se reprodujeron durante el conflicto. Como Perlaza, que cuenta que no tuvo la oportunidad de formarse académicamente porque “eso era mal visto para las mujeres y además el desplazamiento no lo permitía”. Esa situación la han vivido al menos 4,5 millones de mujeres en el país y 4,4 millones de hombres, según el Registro Único de Víctimas.
Otro de los desafíos que ha traído el desplazamiento a las mujeres es el complejo cumplimiento de las labores como madres y cuidadoras, en entornos de violencia y zozobra. “Recuerdo que hubo una época muy difícil para mí y para mis hijos, por allá en el año 2000, donde no podíamos salir del pueblo acá en el Meta porque había enfrentamientos todo el tiempo, pero uno tenía que salir a mercar o hacer diligencias, y lo que vi esas veces me dejó marcada para siempre. Ver la violencia a plena luz del día en una plaza pública, presenciar asesinatos, desapariciones, eso no se olvida”, narra.
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Sobrevivir, cuenta, era el objetivo diario mientras esperaba contar una historia distinta a sus hijos. Por fortuna, dice, no vivió muchas de las cosas que sus compañeras de la Asomuriari (Asociación de Mujeres de Municipios del Ariari), quienes tuvieron que vivir otro tipo de hechos victimizantes además del desplazamiento. Según la Casa de la Mujer, el 90 % de los relatos recopilados en el informe son mujeres que vivieron múltiples violencias.
Martha Ramírez*, lideresa de Santander de Quilichao (Cauca), de la Fundación Mujer, Niñez y Juventud Nortecaucana, dice que la entrega del documento es parte de un proceso largo en el que han venido capacitando a mujeres de distintos municipios sobre la importancia del acceso a la justicia. “Nosotras hemos encontrado muchos obstáculos para dar a conocer los casos, pero logramos este proceso, con la realización del informe, y me llamó mucho la atención porque creo que puede ser un buen insumo para la Comisión”.
La historia de Martha no es muy distinta a la de Carmen. Ambas son mujeres desplazadas por el conflicto armado y que han sacado adelante a sus familias solas. Los tipos de violencia que vivieron los hombres y las mujeres en el conflicto armado tienen profundas diferencias. La violencia sexual, por ejemplo, aunque la vivieron ambos, la Unidad de Víctimas tiene reportadas a 32.092 personas que vivieron estas agresiones, de las cuales 29.035 fueron mujeres, es decir, más del 90 % del total de casos.
De hecho, según el documento presentado, los tipos de violencias también están tipificados de acuerdo con la edad de las personas: el reclutamiento forzado tanto para actividades armadas como para labores de aseo y cocina lo vivieron, en su mayoría, niñas menores y adolescentes. La violencia sexual y el desplazamiento son dos de los delitos que no han discriminado edad para ellas, y la desaparición forzada la vivían, en su mayoría, con sus familiares (tíos, hermanos, esposos o hijos).
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Sobre este punto, la Casa de la Mujer hizo un análisis en el informe, donde indican que los hombres fueron las principales víctimas de desaparición forzada para los entornos públicos, porque “aunque sí hay una cantidad considerable de mujeres desaparecidas, las vidas de las mujeres no importaban. Entonces siempre se rumoraba, cuando una de ellas desaparecía, que se había ‘escapado’ con algún amante o novio… pero resulta que nunca aparecieron”.
En sus propias voces, y a través de una videollamada que duró una hora y media, fueron las mujeres víctimas quienes expusieron a los comisionados de la CEV los hechos que ellas documentaron durante más de seis meses. “Politizar el dolor es reconocer, entender y expresar el dolor de las mujeres”, con esta frase finalizó esta entrega.
*Nombres cambiados por seguridad de las fuentes.
