Mujeres víctimas del conflicto en el Caribe narran cómo fueron despojadas de su humanidad

En los Montes de María las mujeres han callado su sufrimiento. Desde la incursión guerrillera en los años sesenta y luego, la llegada de los paramilitares durante la década de los ochenta, en esta región del Caribe colombiano, las mujeres niñas y adolescentes negras, indígenas y campesinas fueron el botín de guerra de todos los actores armados, incluida también la Fuerza Pública.

La verdad sobre estos crímenes aún está por contarse. El dolor y trauma que dejó la violencia en la mente y los cuerpos de las mujeres montemarianas y del departamento de Bolívar les han impedido a las víctimas y sobrevivientes contar su historia. Sin embargo, lideresas sociales, organizaciones y fundaciones han acompañado a estas mujeres para que sanen, al tiempo que narran sus experiencias y exigen sus derechos como víctimas del conflicto armado.

Un ejemplo de esto es el informe “Despojadas de su humanidad: Violencia sexual contra mujeres y familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria en Bolívar y Montes de María”, que llegó este jueves a la Comisión de la Verdad. Tres organizaciones: Fundación Nydia Erika Bautista (organización de familiares de víctimas de desaparición forzada); Mujer Sigue mis Pasos y Narrar para Vivir (ambas organizaciones de mujeres) se pusieron en la tarea de acompañar a las víctimas y sistematizar sus testimonios para entregar un insumo documental a esta entidad encargada de construir el relato nacional sobre el conflicto armado en Colombia.

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Mayerlis Angarita Robles, oriunda de San Juan de Nepomuceno, una de las lideresas con más incidencia en el Caribe y fundadora de la organización Narrar para Vivir, asegura que “en este punto las mujeres que participaron en el informe se sienten orgullosas pero también sienten angustia porque no recoge, como ha sido nuestro sueño, las voces de todas las víctimas. Esto porque no todas se atreven a hablar y por eso, pedimos a la Comisión y el Sistema de Verdad, Justicia y No Repetición, que asuma el compromiso de documentar todos los casos de violencia sexual y desaparición forzada de las mujeres”.

Precisamente Mayerlis se refiere a que el aporte documental del informe es un gran avance en Colombia donde todavía existe un subregistro de víctimas de violencias sexuales en el marco del conflicto armado. Así también lo han advertido organizaciones como Sisma Mujer y la Comisión Colombiana de Juristas.

Al adentrarse en el informe, las cifras son reveladoras. Cerca del 53 % de las víctimas de violencia sexual eran menores de edad entre los 4 a los 17 años. “Para los actores armados, la corta edad de las niñas y menores de 18 años de edad, no fue un impedimento para imponer a través de la violencia sexual el dominio y el control territorial sino un elemento clave e integrante de la estrategia para sembrar el terror”, se asegura en el informe. A continuación, una gráfica que desagrega los grupos de edades de las víctimas:

Según se explica, la edad de las víctimas les permitió a los victimarios que sus mensajes de superioridad llegaran no solo a las mujeres, también a sus familias y comunidades. La violencia sexual, entonces, fue perpetrada “como señales ya de advertencia, ya de venganza, o de aleccionamiento cuando ocurrieron en el contexto de estigmatización de poblaciones campesinas enteras como «auxiliadoras de la guerrilla»”, resalta el informe.

(Le puede interesar: Yulieth: reclutada por las Farc y asesinada por los paramilitares)

Ahora, hay que hablar de los lugares donde fueron registrados los hechos de violencia sexual, porque aunque el informe documenta los testimonios de mujeres en los Montes de María y Bolívar, no todas son oriundas de estos territorios. “Los hechos que se reportan en este informe fueron cometidos Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Chocó, Antioquia y Santander, desde donde se desplazaron forzadamente las mujeres a Bolívar y Montes de María, donde sufrieron nuevas vulneraciones basadas en el género”.

En el siguiente mapa se presenta el porcentaje de víctimas de violencias sexuales por departamento:

Además de la diferenciación territorial, es importante señalar los espacios (privados y públicos) donde fueron cometidos los actos violentos contra las mujeres. “Los crímenes fueron perpetrados en veredas, caseríos, y poblaciones urbanas en la zona rural y en un porcentaje importante en el lugar donde habitaban las víctimas, particularmente, en sus casas, fincas y ranchitos donde irrumpieron los actores armados. En estos lugares, los victimarios actuaron con división de funciones, mientras unos violaban, otros asesinaban a sus parientes y los otros vigilaban” se dice en el documento.

(Le recomendamos: Persiste la impunidad en los casos de violencia sexual en el conflicto armado)

¿Quiénes fueron los responsables de estos hechos? Según los testimonios recopilados los principales autores habrían sido los grupos paramilitares, seguido de miembros de la Fuerza Pública. Hay que recordar que durante los 80, en los Montes de María y en Bolívar se instalaron grupos paramilitares locales conocidos como “Los Rodriguez” y “Los Meza”. Estas agrupaciones hicieron años más adelante, durante la década de los 90 y 2000, parte de las Convivir, y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Aquí un gráfico que ilustra los presuntos autores de violencias sexuales en esta región:

El contexto sociopolítico a nivel nacional, pero también en estos territorios es imprescindible para comprender por qué los hechos de violencia sexual se agudizaron principalmente durante la década de los 90 y 2000.

Según el informe, ya con el asentamiento de los paramilitares y la alianza que se habría consolidado con miembros de la Brigada de Infantería de Marina número 1, 5 y los Batallones de Contraguerrilla de Infantería de Marina número 21 y 33, esta región pasó por un periodo de terror.

El periodo de 1990 a 1999 fue el más violento: cerca del 50 % de los hechos de violencias sexuales se documentaron durante esta época. En ese mismo lapso ocurrió uno de los episodios más desgarradores del conflicto armado en Colombia: la Masacre de El Salado, perpetrada por el Bloque Norte y el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que comandaba Rodrigo Tovar Pupo (conocido como Jorge 40) y Rodrigo Mercado Pelufo (conocido como “Cadena”). Esta matanza ocurrió del 16 al 22 de febrero de 1997, hace ya 24 años, y cobró la vida de un centenar de personas.

La caracterización de estos patrones de criminalidad en los Montes de María y en Bolívar, aseguró la comisionada Alejandra Miller, serán contrastados e incluidos en el informe final que presentará la Comisión de la Verdad. La comisionada, quien dirige el grupo de género de la Comisión, resaltó el valioso trabajo y aporte de las organizaciones que realizaron el informe, y felicitó a las mujeres víctimas por su valentía. Ellas, desde su tierra le respondieron con una canción sentida: “a todas las mujeres reincorporadas, las niñas embera que han sido violadas, para las campesinas y las desplazadas, y todas las colombianas, pedimos justicia y gritamos por cada desaparecida”.

Le recomendamos:

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*Las mujeres de Montes de María resisten con su trabajo en el campo.

*‘Aunque autoridades lo nieguen, los gaitanistas están en Montes de María’: líderes sociales.

En los Montes de María las mujeres han callado su sufrimiento. Desde la incursión guerrillera en los años sesenta y luego, la llegada de los paramilitares durante la década de los ochenta, en esta región del Caribe colombiano, las mujeres niñas y adolescentes negras, indígenas y campesinas fueron el botín de guerra de todos los actores armados, incluida también la Fuerza Pública.

La verdad sobre estos crímenes aún está por contarse. El dolor y trauma que dejó la violencia en la mente y los cuerpos de las mujeres montemarianas y del departamento de Bolívar les han impedido a las víctimas y sobrevivientes contar su historia. Sin embargo, lideresas sociales, organizaciones y fundaciones han acompañado a estas mujeres para que sanen, al tiempo que narran sus experiencias y exigen sus derechos como víctimas del conflicto armado.

Un ejemplo de esto es el informe “Despojadas de su humanidad: Violencia sexual contra mujeres y familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución sumaria en Bolívar y Montes de María”, que llegó este jueves a la Comisión de la Verdad. Tres organizaciones: Fundación Nydia Erika Bautista (organización de familiares de víctimas de desaparición forzada); Mujer Sigue mis Pasos y Narrar para Vivir (ambas organizaciones de mujeres) se pusieron en la tarea de acompañar a las víctimas y sistematizar sus testimonios para entregar un insumo documental a esta entidad encargada de construir el relato nacional sobre el conflicto armado en Colombia.

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Mayerlis Angarita Robles, oriunda de San Juan de Nepomuceno, una de las lideresas con más incidencia en el Caribe y fundadora de la organización Narrar para Vivir, asegura que “en este punto las mujeres que participaron en el informe se sienten orgullosas pero también sienten angustia porque no recoge, como ha sido nuestro sueño, las voces de todas las víctimas. Esto porque no todas se atreven a hablar y por eso, pedimos a la Comisión y el Sistema de Verdad, Justicia y No Repetición, que asuma el compromiso de documentar todos los casos de violencia sexual y desaparición forzada de las mujeres”.

Precisamente Mayerlis se refiere a que el aporte documental del informe es un gran avance en Colombia donde todavía existe un subregistro de víctimas de violencias sexuales en el marco del conflicto armado. Así también lo han advertido organizaciones como Sisma Mujer y la Comisión Colombiana de Juristas.

Al adentrarse en el informe, las cifras son reveladoras. Cerca del 53 % de las víctimas de violencia sexual eran menores de edad entre los 4 a los 17 años. “Para los actores armados, la corta edad de las niñas y menores de 18 años de edad, no fue un impedimento para imponer a través de la violencia sexual el dominio y el control territorial sino un elemento clave e integrante de la estrategia para sembrar el terror”, se asegura en el informe. A continuación, una gráfica que desagrega los grupos de edades de las víctimas:

Según se explica, la edad de las víctimas les permitió a los victimarios que sus mensajes de superioridad llegaran no solo a las mujeres, también a sus familias y comunidades. La violencia sexual, entonces, fue perpetrada “como señales ya de advertencia, ya de venganza, o de aleccionamiento cuando ocurrieron en el contexto de estigmatización de poblaciones campesinas enteras como «auxiliadoras de la guerrilla»”, resalta el informe.

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Ahora, hay que hablar de los lugares donde fueron registrados los hechos de violencia sexual, porque aunque el informe documenta los testimonios de mujeres en los Montes de María y Bolívar, no todas son oriundas de estos territorios. “Los hechos que se reportan en este informe fueron cometidos Bolívar, Sucre, Magdalena, Cesar, Chocó, Antioquia y Santander, desde donde se desplazaron forzadamente las mujeres a Bolívar y Montes de María, donde sufrieron nuevas vulneraciones basadas en el género”.

En el siguiente mapa se presenta el porcentaje de víctimas de violencias sexuales por departamento:

Además de la diferenciación territorial, es importante señalar los espacios (privados y públicos) donde fueron cometidos los actos violentos contra las mujeres. “Los crímenes fueron perpetrados en veredas, caseríos, y poblaciones urbanas en la zona rural y en un porcentaje importante en el lugar donde habitaban las víctimas, particularmente, en sus casas, fincas y ranchitos donde irrumpieron los actores armados. En estos lugares, los victimarios actuaron con división de funciones, mientras unos violaban, otros asesinaban a sus parientes y los otros vigilaban” se dice en el documento.

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Aquí un gráfico que ilustra los presuntos autores de violencias sexuales en esta región:

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Según el informe, ya con el asentamiento de los paramilitares y la alianza que se habría consolidado con miembros de la Brigada de Infantería de Marina número 1, 5 y los Batallones de Contraguerrilla de Infantería de Marina número 21 y 33, esta región pasó por un periodo de terror.

El periodo de 1990 a 1999 fue el más violento: cerca del 50 % de los hechos de violencias sexuales se documentaron durante esta época. En ese mismo lapso ocurrió uno de los episodios más desgarradores del conflicto armado en Colombia: la Masacre de El Salado, perpetrada por el Bloque Norte y el Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que comandaba Rodrigo Tovar Pupo (conocido como Jorge 40) y Rodrigo Mercado Pelufo (conocido como “Cadena”). Esta matanza ocurrió del 16 al 22 de febrero de 1997, hace ya 24 años, y cobró la vida de un centenar de personas.

La caracterización de estos patrones de criminalidad en los Montes de María y en Bolívar, aseguró la comisionada Alejandra Miller, serán contrastados e incluidos en el informe final que presentará la Comisión de la Verdad. La comisionada, quien dirige el grupo de género de la Comisión, resaltó el valioso trabajo y aporte de las organizaciones que realizaron el informe, y felicitó a las mujeres víctimas por su valentía. Ellas, desde su tierra le respondieron con una canción sentida: “a todas las mujeres reincorporadas, las niñas embera que han sido violadas, para las campesinas y las desplazadas, y todas las colombianas, pedimos justicia y gritamos por cada desaparecida”.

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