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Yadira Bermúdez camina por el invernadero vestida de camiseta amarilla y cachucha negra. A lado y lado, sobre estructuras de madera construidas por ella y sus compañeras, reposan miles de plántulas que están empezando a germinar.
“Antes solo había 10.000, pero ahora tenemos 400.000 plántulas. Acá somos las mujeres las que estamos sosteniendo el campo”, dice Yadira, quien junto con otras 13 paisanas forman parte de la Asociación Horticuy, dedicada a la cría de cuyes y la producción de hortalizas de clima frío y abono orgánico en Buesaquillo, un corregimiento ubicado a media hora del casco urbano de Pasto, Nariño.
La Asociación empezó con la unión de tres mujeres que cultivaban fresas y engordaban para le venta a esos roedores que son el plato insignia del departamento, pero de poco en poco se sumaron varias vecinas que buscaban una alternativa económica.
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“La mayoría de las 14 asociadas somos madres cabezas de familia. Acá ya pocos hombres trabajan en el campo, y viendo que teníamos tierra disponible nos formalizamos como una organización con enfoque de género que trabaja para que las mujeres tengamos autonomía económica y hagamos una transición agroecológica”, dice Yolanda.
En 2018, Horticuy recibió el apoyo del Proyecto de Desarrollo Territorial (PDT) Nariño en Condiciones de Paz, una apuesta que busca restaurar el tejido social, reforzar la presencia del Estado y estimular el acceso a medios dignos de vida en esta zona del sur del país.
Con el espaldarazo del PDT -que es liderado por la Cooperación Española y financiado por el Fondo Europeo para la Paz- las mujeres de la Asociación levantaron el invernadero, se capacitaron, recibieron herramientas e insumos agrícolas y echaron a andar una producción que ya cuenta con certificación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para la comercialización de plántulas certificadas. Además, están trabajando en la recuperación de semillas nativas y la producción de bioabonos y biofertilizantes.
A pocos metros del semillero de plántulas, cruzando una casa que sirve de sede de la asociación, está la biofábrica comunitaria, conformada por nueve canecas azules, de 200 litros cada una, con letreros que recuerdan a la tabla periódica de los elementos químicas: sulfato de manganeso, hierro, zinc, cobre, fósforo, entre otros.
Janeth Botina, otra de “las horticuyas” -como les dicen a las asociadas- se para frente a esas canecas y explica cómo es el proceso para pasar de los agroquímicos a los fertilizantes orgánicos, que podrían representar un ahorro del 90 % para los cultivos de sus vecinos.
“En la Asociación tenemos mujeres entre los 25 y 74 años. Las mayores tienen unos saberes que valoramos y cuidamos, y los reforzamos con lo que nos han enseñado. Acá el propósito es fortalecer una cultura de paz, que no es solo la ausencia de conflicto, sino tener herramientas de arraigo y acceso a oportunidades para que solidariamente podamos sacar a nuestro corregimiento adelante”, asegura Yadira Bermúdez.
Esa visión de la construcción de paz está en el centro del Proyecto de Desarrollo, que no busca atender las situaciones humanitarias de emergencia -que abundan en Nariño-, sino fortalecer capacidades y políticas públicas para garantizar mejores condiciones de vida y alejar a las comunidades de la guerra. De hecho, una de las principales apuestas del PDT fue no restringir su campo de acción a los municipios con mayores índices de violencia y conflictividad vigente, como Tumaco, para abarcar también otros como Pasto, Ipiales y zonas aledañas donde a pesar de unas condiciones de seguridad más favorables persisten la desigualdad y las brechas entre las zonas rurales y urbanas.
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“La paz no es solo que unos grupos se dejen de pegar tiros. Se trata de construir una sociedad más justa, que permita tener una vida digna, un empleo, conseguir desarrollo. Acá muchas personas, sobre todo las mujeres, no piensan solo en una paz relacionada con el conflicto armado, sino con no sufrir violencia de género y que haya oportunidades”, dice Vicente Ortega, coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Colombia (AECID), quien durante el 26 y 29 de junio visitó varias de las iniciativas apoyadas en el PDT, en el marco de una misión de cierre del proyecto en Nariño.
El potencial del turismo
El cráter del volcán Cumbal, que marca el punto más alto de Nariño (4.764 msnm), amaneció cubierto por una nube espesa. En las faldas de ese gigante, en medio de un valle de frailejones, está la laguna La Bolsa, custodiada por el pueblo indígena de los pastos. Julián Valenzuela pertenece a esa comunidad y lidera la Asociación de Lancheros del Gran Cumbal, que nació hace una década y ha tratado de impulsar el turismo en esta región ubicada 100 kilómetros al soroeste de Pasto.
“Trajimos las lanchas para que los visitantes puedan recorrer la laguna, y ahora se logró la construcción del muelle. Acá alrededor se cultiva papa y otros productos, pero quisiéramos dejar la agricultura y dedicarnos de lleno al turismo para conservar esta fuente hídrica, porque de acá nace el agua para los acueductos y tenemos que cuidarla”, dice Valenzuela, quien junto con otros 400 habitantes de la zona recibieron apoyo para impulsar el turismo.
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Al otro lado del muelle, en la sede de la Asociación Yakumama, se levanta uno de los mayores tesoros de la zona: un frailejón de más de cuatro metros de altura al que le calculan entre 400 y 700 años de existencia. Allí, sobre una colina desde la que se ve casi toda la laguna, los turistas pueden encontrar platos autóctonos de la región, con los productos que los indígenas cultivan en sus chagras (huertas), desde lechugas, zanahorias y arvejas hasta tubérculos como los ollocos, ocas y papas.
Cumbal produce alimentos únicos, que son muy sanos y nos mantienen fuertes, que hacen que no mantengamos en el hospital. Acá ofrecemos nuestras comidas en una dinámica de turismo comunitario en la que todos vamos de la mano”, dice Gloria Aza, quien es parte de Yakumama. “No puedo ser lanchera, guía al volcán y al mismo tiempo dedicarme a la gastronomía; todos aportamos desde nuestro sector para ofrecerles una buena experiencia a los visitantes y que tengan confianza en este destino”, agrega.
Para el jefe de cooperación de la Unión Europea en Colombia, Alberto Menghini, uno de los principales impactos del apoyo a estas iniciativas es que las comunidades logran sostenerlas y replicarlas. “El proyecto aporta material, conocimientos y asistencia técnica, pero lo que más aporta es la excusa para hacer algo, incluso autoestima y confianza en el futuro en zonas donde muchas veces el Estado no había llegado. Acá nos articulamos con alcaldías y Gobernación, y lo fundamental es que la gente que no se había sentido respaldada ahora vio esa excusa y está logrando caminar por sí sola con sus proyectos”, dice Menghini, quien también participó de la misión de cierre del PDT.
Como en el caso de Yakumama y la Asociación de Lancheros, en Nariño el PDT impactó a 53 organizaciones y casi 20.000 personas, a través del impulso de iniciativas agropecuarias y emprendimientos, la construcción de obras para acceder al servicio de agua y saneamiento y el apoyo en la formulación de políticas públicas que incrementen la participación ciudadana, la equidad de género y la planeación eficiente de los recursos del territorio.
Empleo y acceso a servicios, claves para combatir la guerra
Luego de descender de las montañas y valles de la cordillera de los Andes, Tumaco recibe a los visitantes con el calor y la humedad de la costa Pacífica nariñense. A diferencia de Pasto, Ipiales o Cumbal, esta ciudad portuaria de 260.000 habitantes -la segunda más habitada del departamento- aún resiste el rigor del conflicto armado y la alta dependencia de los cultivos de uso ilícito para subsistir.
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“Acá se mantiene la presencia de grupos armados, que a veces nos perjudican. Llevamos del bulto sin ser parte de esa situación”, cuenta el líder indígena José Canticus García, gobernador del resguardo Inda Guacaray del pueblo awá.
En este territorio del corregimiento de Llorente se construyó un sistema de acueducto, con el apoyo del PDT, que va a beneficiar a más de 130 familias que en época de sequía debían caminar hasta media hora para recoger agua (que no era potable).
“Esto nos va a permitir prevenir enfermedades y solucionar una necesidad de la comunidad. Esto es muy importante para alcanzar la paz, porque lo que se necesita es tener condiciones de vida digna, que nuestros jóvenes vean que hay oportunidades y no se dediquen a actividades ilegales. Estas obras se hicieron en minga, las construyó la misma población y eso va a servir para que se vigile y se cuide”, dice el gobernador indígena.
A una hora del resguardo, en pleno casco urbano de Tumaco, la experiencia de un grupo de hombres y mujeres afros dedicados al procesamiento de piangua muestra cómo ese acceso a oportunidades es crucial para el desarrollo de las comunidades.
Dayana Sánchez es una joven que salió desplazada de la zona rural junto a su familia. Desde que tenía siete años, ante la falta de empleo, empezó a ir con sus papás a los manglares pare recoger conchas o piangua, uno de los moluscos más apetecidos de la gastronomía del Pacífico.
En 2008, varias mujeres se empezaron a juntar y formaron la Asociación de Piangueras Exportadoras (Asoco Exportadora), que es parte de la Federación de Concheras de la Costa Pacífica de Nariño (Fedeconcha).
“Antes cada organización tiraba pa su punta, no sabíamos trabajar conjuntamente, pero nos capacitamos y entendimos la importancia de hacer equipo, de tener procesos de administración. Así logramos un apoyo para mejorar la infraestructura, tener máquinas y bodegas con espacios de desinfección y hasta paneles solares. Ahora estamos exportando conchas a Ecuador, vendemos conservas y ceviches. La meta a largo plazo es que podamos ofrecer empleo a 5.000 personas. ¿Se imagina eso?”, dice Dayana.
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Para Gloria Pérez, coordinadora del PDT Nariño en condiciones de paz, la intervención que se hizo durante los cinco años del programa muestra que se pueden generar impactos en los territorios desde sus particularidades: “A las comunidades les quedan unas mejoras en sus infraestructuras físicas, pero también unas capacidades para seguirse gestionado, un escenario claro de hacia dónde avanzar. Son comunidades que por primera vez tienen acceso al agua, que reciben apoyos en sus proyectos después de décadas de abandono, y con esto ven una esperanza”.
Vicente Ortega, quien está a la cabeza de la cooperación española en Colombia, asegura que estas experiencias dan fe de que es posible alcanzar la paz. “A veces los colombianos te miran con cara rara cuando dicen que sí se puede lograr la paz, pero cuando ves a estas comunidades tan resilientes, que tienen claro lo que necesitan para su desarrollo y están enormemente capacitadas, te das cuenta de que es posible si se sigue avanzando en la justicia social y el fortalecimiento de la democracia”.