Negociar e implementar acuerdos de paz favorece los derechos políticos de las mujeres
Así lo reveló un estudio realizado por dos investigadores de la Universidad de Notre Dame y del Peace Research Institute Oslo (PRIO), quienes lograron comprobar, tras contrastar 205 terminaciones de guerras en 69 países, que una salida negociada de las guerras y la implementación adecuada de la paz benefician significativamente en la lucha por la equidad de género.
Valerie Cortés Villalba
A nivel internacional, apoyar los procesos de paz internos o entre naciones ha sido una prioridad. Por este motivo, garantes internacionales, centros de estudios, universidades e institutos investigan y monitorean no sólo los diálogos de negociación, sino también su implementación y posibles consecuencias a largo plazo. En medio de esta disciplina se enmarca el último estudio publicado por Madhav Joshi (del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame) y Louise Olsson (del Peace Research Institute Oslo —PRIO—), titulado Terminación de la guerra y derechos políticos de las mujeres.
El artículo, publicado el pasado 31 de diciembre en la revista científica The Social Science Journal, estudió 205 terminaciones de guerras civiles en 69 países, desde 1989 hasta 2011, con el fin de comprobar si la forma en la que se termina un conflicto armado tiene un impacto en el desarrollo de los derechos políticos de las mujeres. En los casos, como el de Colombia, sus conclusiones dan panoramas esperanzadores si se llegase a implementar en su totalidad el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Los investigadores se refieren a cuatro escenarios: (1) un acuerdo de paz comprensivo entre las partes involucradas; (2) un acuerdo de paz “incomprensivo”, es decir, aquel que aunque delimita acciones militares como el cese al fuego no resuelve todas las causas que originaron el conflicto; (3) una victoria insurgente o rebelde, y (4) una victoria del Gobierno o del Estado.
Aunque suene complicado, en la práctica es más sencillo. Por ejemplo: el conflicto maoista en Nepal, que comenzó en 1996 y terminó en 2006, gracias a un acuerdo de paz comprensivo (escenario 1) y a su debida implementación, permitió que se establecieran las oportunidades para reformar aspectos políticos, sociales y económicos. Entre ellos, los derechos políticos de las mujeres. Pese a que las organizaciones de mujeres adelantaban sus luchas por separado y no hicieron parte de las negociaciones, entre las reformas realizadas en el Nepal tras la firma del acuerdo se acordó que las mujeres ocuparan al menos el 33 % de los asientos de la Asamblea Constituyente de 2008.
Otro ejemplo es Colombia. El Acuerdo de Paz, firmado entre la extinta guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, haría parte de este primer escenario, puesto que además de acabar con los enfrentamientos armados y hostilidades, apunta a resolver las causas estructurales de la guerra. Además, se elaboró de manera conjunta, incluyendo no sólo a las partes involucradas y representantes de víctimas, sino también una Subcomisión de Género de la Mesa de Negociaciones de La Habana (Cuba), en la que participaron representantes de organizaciones de mujeres. Ubicar en qué escenario está Colombia es fundamental para aterrizar los hallazgos de esta investigación.
El caso de un acuerdo de paz “parcial” (escenario 2) se puede ejemplificar en el Congo. Allí, tras un pacto firmado entre tres fuerzas políticas (AFDL, RCD y MCL) en mayo de 2001, se lograron reformas limitadas hasta 2009. Aunque se aseguraron algunos derechos políticos en la nueva constitución, no alcanzaron la protección de mujeres y niñas de las violencias basadas en género.
Los otros dos escenarios en el que hay una terminación de la guerra por una victoria estatal o insurgente, como el conflicto interno en Sri Lanka en 1989 y el caso de Afganistán en la década de los setenta, respectivamente, no se documentaron avances reales en los derechos políticos de las mujeres, pues no hacían parte de la agenda. En el caso de Afganistán se retrocedió con campos ya ganados, como el acceso de las mujeres a la educación universitaria.
Los hallazgos históricos llevaron a los investigadores a responder si, efectivamente, la forma como se terminan los conflictos armados tienen una repercusión en los derechos políticos de las mujeres. Aplicando ocho modelos diferentes, cruzando las variables (forma de terminación del conflicto, implementación del acuerdo y los derechos políticos de las mujeres) los académicos lograron comprobar que efectivamente la forma en la que se culmina una guerra tiene impactos negativos o positivos en los derechos políticos de las mujeres, dependiendo el escenario.
Como es de esperarse, el más favorable para los derechos políticos de las mujeres es el primer escenario en el que el conflicto termina tras la firma y adecuada implementación de un acuerdo de paz comprensivo. “La probabilidad de mejorar el porcentaje de implementación de un 10 % a un 80 % incrementa la probabilidad de favorecer los derechos políticos de las mujeres de un 21 % a un 278 %. Esto es significativo y demuestra por qué las negociaciones de la paz mediante a un acuerdo comprensivo y su debida implementación deben ser priorizados”, aseguran los investigadores.
Es la primera vez que un estudio demuestra cuantitativamente el impacto que tiene negociar o no el final de una guerra con los derechos políticos de las mujeres. La salida más favorable es, entonces, negociar por medio de un acuerdo comprensivo e implementarlo a cabalidad. La siguiente es un acuerdo parcial, que abre algunas oportunidades a las mujeres por la agencia de sus derechos. Los escenarios más desfavorables son: la no implementación de los acuerdos y las victorias insurgentes o estatales, que pueden incluso bloquear avances en la equidad de género.
Los autores aseguran que las demandas de las mujeres tienen que ser trasladadas en reformas institucionales en orden de que se vean progresos reales en un contexto de postguerra. Esto para que no solo se siga adelantando investigaciones como esta, sino para que los estados y organismos internacionales que respaldan los acuerdos de paz no solo redacten los compromisos sino que construyan estrategias a largo plazo que favorezcan la consolidación de la paz y de la mano, los derechos de las mujeres.
¿Cómo va el Acuerdo en temas de género?
Teniendo en mente los hallazgos revelados, necesario revisar en qué va la implementación del Acuerdo de Paz en temas de género. El 24 pasado de noviembre de 2020, se cumplieron cuatro años desde su firma, que incluye 122 medidas específicas dirigidas especialmente a reparar a las mujeres víctimas, gracias a la participación de las mujeres que conformaron la Subcomisión de género.
Esto significó un avance histórico para los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo. Sin embargo, pese a que se aseguró la participación de las mujeres y sus colectivos en la formulación del documento final, la evidencia muestra que no es suficiente y que debe cumplirse de manera debida con la implementación.
Las cifras y los hechos no son alentadores. Según último informe de Grupo Género en la Paz (GPaz), hay una desaceleración preocupante en la implementación de lo pactado, especialmente, en lo que respecta a las medidas de enfoque de género.
De acuerdo con GPAZ, que se encarga de realizar veeduría a la implementación del Acuerdo, solo el 33 % de las medidas con enfoque de género contempladas en el documento contaba con un nivel de implementación satisfactorio. Entre ellas están: en el punto uno, abrir líneas de crédito para comprar tierras a mujeres rurales, y en el punto dos, incluir enfoque de género en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y promover las escuelas de formación políticas con el objetivo de fortalecer liderazgos.
Aún así, la organización advierte que de los seis puntos del Acuerdo de Paz, tres registran el mayor porcentaje de incumplimiento. Se habla de un 34 % de medidas insatisfechas en el segundo punto de Participación Política, un 45 % en el tercero de Fin del Conflicto, y un 33 % en el cuarto de Solución al problema de drogas ilícitas. Este último punto, alerta GPaz, no se registra la implementación satisfactoria de ninguna medida con enfoque de género.
Sumado a esto, es preocupante la situación de violencia que enfrentan las lideresas sociales, encargadas de procesos comunitarios en sus territorios. De hecho, las integrantes de la Instancia Especial de Mujeres para el Seguimiento a la Implementación del Enfoque de Género del Acuerdo de Paz denunciaron el pasado mes de diciembre que han sido amenazadas y que más del 60 % de las mujeres que hacen parte de la instancia están en situación de peligro no cuentan con un esquema de seguridad ni con las condiciones básicas de protección.
El panorama actual no es alentador para las mujeres en Colombia y tampoco para la implementación, al menos, en cuanto a las medidas con enfoque de género tras cuatro años de la firma. Ahora que se demuestra la correlación que tiene la implementación de la paz con los derechos políticos de las mujeres, las lideresas insisten en que Colombia no puede dar un paso atrás.
Si desea consultar el paper completo, léalo acá.
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A nivel internacional, apoyar los procesos de paz internos o entre naciones ha sido una prioridad. Por este motivo, garantes internacionales, centros de estudios, universidades e institutos investigan y monitorean no sólo los diálogos de negociación, sino también su implementación y posibles consecuencias a largo plazo. En medio de esta disciplina se enmarca el último estudio publicado por Madhav Joshi (del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame) y Louise Olsson (del Peace Research Institute Oslo —PRIO—), titulado Terminación de la guerra y derechos políticos de las mujeres.
El artículo, publicado el pasado 31 de diciembre en la revista científica The Social Science Journal, estudió 205 terminaciones de guerras civiles en 69 países, desde 1989 hasta 2011, con el fin de comprobar si la forma en la que se termina un conflicto armado tiene un impacto en el desarrollo de los derechos políticos de las mujeres. En los casos, como el de Colombia, sus conclusiones dan panoramas esperanzadores si se llegase a implementar en su totalidad el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Los investigadores se refieren a cuatro escenarios: (1) un acuerdo de paz comprensivo entre las partes involucradas; (2) un acuerdo de paz “incomprensivo”, es decir, aquel que aunque delimita acciones militares como el cese al fuego no resuelve todas las causas que originaron el conflicto; (3) una victoria insurgente o rebelde, y (4) una victoria del Gobierno o del Estado.
Aunque suene complicado, en la práctica es más sencillo. Por ejemplo: el conflicto maoista en Nepal, que comenzó en 1996 y terminó en 2006, gracias a un acuerdo de paz comprensivo (escenario 1) y a su debida implementación, permitió que se establecieran las oportunidades para reformar aspectos políticos, sociales y económicos. Entre ellos, los derechos políticos de las mujeres. Pese a que las organizaciones de mujeres adelantaban sus luchas por separado y no hicieron parte de las negociaciones, entre las reformas realizadas en el Nepal tras la firma del acuerdo se acordó que las mujeres ocuparan al menos el 33 % de los asientos de la Asamblea Constituyente de 2008.
Otro ejemplo es Colombia. El Acuerdo de Paz, firmado entre la extinta guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, haría parte de este primer escenario, puesto que además de acabar con los enfrentamientos armados y hostilidades, apunta a resolver las causas estructurales de la guerra. Además, se elaboró de manera conjunta, incluyendo no sólo a las partes involucradas y representantes de víctimas, sino también una Subcomisión de Género de la Mesa de Negociaciones de La Habana (Cuba), en la que participaron representantes de organizaciones de mujeres. Ubicar en qué escenario está Colombia es fundamental para aterrizar los hallazgos de esta investigación.
El caso de un acuerdo de paz “parcial” (escenario 2) se puede ejemplificar en el Congo. Allí, tras un pacto firmado entre tres fuerzas políticas (AFDL, RCD y MCL) en mayo de 2001, se lograron reformas limitadas hasta 2009. Aunque se aseguraron algunos derechos políticos en la nueva constitución, no alcanzaron la protección de mujeres y niñas de las violencias basadas en género.
Los otros dos escenarios en el que hay una terminación de la guerra por una victoria estatal o insurgente, como el conflicto interno en Sri Lanka en 1989 y el caso de Afganistán en la década de los setenta, respectivamente, no se documentaron avances reales en los derechos políticos de las mujeres, pues no hacían parte de la agenda. En el caso de Afganistán se retrocedió con campos ya ganados, como el acceso de las mujeres a la educación universitaria.
Los hallazgos históricos llevaron a los investigadores a responder si, efectivamente, la forma como se terminan los conflictos armados tienen una repercusión en los derechos políticos de las mujeres. Aplicando ocho modelos diferentes, cruzando las variables (forma de terminación del conflicto, implementación del acuerdo y los derechos políticos de las mujeres) los académicos lograron comprobar que efectivamente la forma en la que se culmina una guerra tiene impactos negativos o positivos en los derechos políticos de las mujeres, dependiendo el escenario.
Como es de esperarse, el más favorable para los derechos políticos de las mujeres es el primer escenario en el que el conflicto termina tras la firma y adecuada implementación de un acuerdo de paz comprensivo. “La probabilidad de mejorar el porcentaje de implementación de un 10 % a un 80 % incrementa la probabilidad de favorecer los derechos políticos de las mujeres de un 21 % a un 278 %. Esto es significativo y demuestra por qué las negociaciones de la paz mediante a un acuerdo comprensivo y su debida implementación deben ser priorizados”, aseguran los investigadores.
Es la primera vez que un estudio demuestra cuantitativamente el impacto que tiene negociar o no el final de una guerra con los derechos políticos de las mujeres. La salida más favorable es, entonces, negociar por medio de un acuerdo comprensivo e implementarlo a cabalidad. La siguiente es un acuerdo parcial, que abre algunas oportunidades a las mujeres por la agencia de sus derechos. Los escenarios más desfavorables son: la no implementación de los acuerdos y las victorias insurgentes o estatales, que pueden incluso bloquear avances en la equidad de género.
Los autores aseguran que las demandas de las mujeres tienen que ser trasladadas en reformas institucionales en orden de que se vean progresos reales en un contexto de postguerra. Esto para que no solo se siga adelantando investigaciones como esta, sino para que los estados y organismos internacionales que respaldan los acuerdos de paz no solo redacten los compromisos sino que construyan estrategias a largo plazo que favorezcan la consolidación de la paz y de la mano, los derechos de las mujeres.
¿Cómo va el Acuerdo en temas de género?
Teniendo en mente los hallazgos revelados, necesario revisar en qué va la implementación del Acuerdo de Paz en temas de género. El 24 pasado de noviembre de 2020, se cumplieron cuatro años desde su firma, que incluye 122 medidas específicas dirigidas especialmente a reparar a las mujeres víctimas, gracias a la participación de las mujeres que conformaron la Subcomisión de género.
Esto significó un avance histórico para los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo. Sin embargo, pese a que se aseguró la participación de las mujeres y sus colectivos en la formulación del documento final, la evidencia muestra que no es suficiente y que debe cumplirse de manera debida con la implementación.
Las cifras y los hechos no son alentadores. Según último informe de Grupo Género en la Paz (GPaz), hay una desaceleración preocupante en la implementación de lo pactado, especialmente, en lo que respecta a las medidas de enfoque de género.
De acuerdo con GPAZ, que se encarga de realizar veeduría a la implementación del Acuerdo, solo el 33 % de las medidas con enfoque de género contempladas en el documento contaba con un nivel de implementación satisfactorio. Entre ellas están: en el punto uno, abrir líneas de crédito para comprar tierras a mujeres rurales, y en el punto dos, incluir enfoque de género en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y promover las escuelas de formación políticas con el objetivo de fortalecer liderazgos.
Aún así, la organización advierte que de los seis puntos del Acuerdo de Paz, tres registran el mayor porcentaje de incumplimiento. Se habla de un 34 % de medidas insatisfechas en el segundo punto de Participación Política, un 45 % en el tercero de Fin del Conflicto, y un 33 % en el cuarto de Solución al problema de drogas ilícitas. Este último punto, alerta GPaz, no se registra la implementación satisfactoria de ninguna medida con enfoque de género.
Sumado a esto, es preocupante la situación de violencia que enfrentan las lideresas sociales, encargadas de procesos comunitarios en sus territorios. De hecho, las integrantes de la Instancia Especial de Mujeres para el Seguimiento a la Implementación del Enfoque de Género del Acuerdo de Paz denunciaron el pasado mes de diciembre que han sido amenazadas y que más del 60 % de las mujeres que hacen parte de la instancia están en situación de peligro no cuentan con un esquema de seguridad ni con las condiciones básicas de protección.
El panorama actual no es alentador para las mujeres en Colombia y tampoco para la implementación, al menos, en cuanto a las medidas con enfoque de género tras cuatro años de la firma. Ahora que se demuestra la correlación que tiene la implementación de la paz con los derechos políticos de las mujeres, las lideresas insisten en que Colombia no puede dar un paso atrás.
Si desea consultar el paper completo, léalo acá.
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