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Desde octubre de 2018, Myriam Martínez es la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quizá la entidad más importante a la hora de aterrizar los compromisos pactados en el primer punto del Acuerdo de Paz de La Habana (Cuba). La ANT tiene la labor de alcanzar dos de las metas más ambiciosas trazadas en dicho pacto: entregarle tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra a través de un Fondo de Tierras de adjudicación gratuita y formalizar otros siete millones a campesinos que han habitado sus predios por décadas, pero que hasta hoy no cuentan con un título que los haga sus dueños.
En esta entrevista con Colombia 2020, la funcionaria respondió a los cuestionamientos que recientemente hizo la Procuraduría General sobre las cifras oficiales en materia de reforma rural. Reconoció que en este momento no conocen la situación de la mayoría de los predios que han ingresado al fondo pues primero es necesario hacer una caracterización de ellos, y que la cifra de las hectáreas formalizadas en virtud del Acuerdo de Paz puede ser inferior a lo que han anunciado en declaraciones públicas. Igualmente, aseguró que al término de 2021 llegarán a 500.000 hectáreas entregadas a campesinos a través del Fondo de Tierras.
Contexto: Los cuestionamientos a las cifras del Gobierno sobre la Reforma Rural
Según la Procuraduría, la cifra de las 1′200.000 hectáreas que han sido ingresadas al Fondo de Tierras en este momento no es real, pues la ANT no conoce la situación de esos predios y buena parte de ellos podrían estar ocupados. En ese caso, de adjudicarlos a sus ocupantes, lo que la agencia está haciendo es formalizando la propiedad y eso no podría contar dentro de la meta de tres millones de hectáreas entregadas a campesinos sin tierra. Igualmente, dijo que de lo reportado como formalizado en cumplimiento del Acuerdo de Paz, alrededor de la mitad fue formalizado antes de la firma de ese pacto de La Habana.
El Fondo de Tierras tiene casi 1′200.000 hectáreas ingresadas. ¿Cuál es el estatus jurídico actual de esos predios y cuántas de esas están realmente disponibles en este momento para ser adjudicadas a campesinos?
Desde el punto de vista jurídico son predios baldíos, de la Nación, predios que la agencia tiene que administrar y que al haber ingresado al Fondo de Tierras su destinación específica es para campesinos o grupos étnicos. Lo que suscita un poco de inconformidad o dudas respecto a las tierras del fondo es que algunas de estas tierras sí están ocupadas. Pero la informalidad de la tierra en Colombia no se da precisamente porque hay un montón de tierra desocupada, sino porque por diferentes movimientos de personas a lo largo de la historia, los campesinos fueron trasladándose de un lugar a otro, ya sea por desplazamiento forzado o por motivaciones de colonizar otras zonas, y empezaron a ubicarse en tierras que estaban desocupadas con la expectativa de que el Estado les iba a regularizar su situación.
Entonces hoy cuando se va a territorio, podemos encontrar muchos bienes baldíos que pueden estar ya ocupados. Mal haría el Estado en decirle a todo ese montón de gente que se fuera a un lado para poder tener la tierra libre y mirar a ver después cómo la adjudica. Si estas personas cumplen con los requisitos de ley, que además la gran mayoría los cumple, lo que hace en este momento la autoridad de tierras, luego de una caracterización de esos predios, es adjudicarle a esas personas que ya las están ocupando.
¿Qué porcentaje de esas 1′200.000 hectáreas están ocupadas?
En este momento yo no te lo podría decir. Nosotros lo primero que hacemos es un barrido de diferentes folios de matrícula y, después de un estudio, verificamos que son bienes baldíos y los vamos ingresando al fondo. Ya después de eso empezamos a hacer visitas a territorio para poder caracterizar el predio. De las 1′200.000 hectáreas que hemos ingresado, ya hemos caracterizado unas 200.000 hectáreas y a la fecha ya hemos entregado 100.000. Esto va a ser paulatino, entonces en la medida en que uno vaya caracterizando, va a poder determinar qué porcentaje puede estar ocupado y qué porcentaje puede estar completamente desocupado.
Lo importante es que en lo que está ocupado a las personas se les verifica sus condiciones legales y se trata de adjudicarles a ellos mismos la tierra donde están. Y si está desocupado, se recurre al RESO, el Registro de Sujetos de Ordenamiento Social de la Propiedad, en donde ya hay personas que fueron calificadas y cumplen los requisitos de ley. Esas personas son las que tienen prioridad para que se les adjudique esa tierra desocupada, como también los grupos étnicos.
Es decir, en los casos en que la tierra está ocupada se formaliza y eso contribuiría a la meta de los siete millones de hectáreas formalizadas, pero no está relacionada con las tres millones entregadas con el Fondo de Tierras a campesinos que no tenían tierra…
Usualmente, estas personas que están ocupando la tierra baldía son personas que al final están dentro del programa de acceso a tierras, porque si tú no le regularizas la situación, esas personas son invasores. Por eso sí entran dentro de lo que se puede llamar tierras del fondo adjudicadas. Porque al final la única manera para que ellos puedan tener un título de estas tierras es que el Estado se desprenda de su propiedad a través de un proceso de adjudicación de la tierra baldía y le entregue esa propiedad. Desde el punto de vista técnico y legal, eso es tierra adjudicada baldía, porque si no se hace de esa manera, pues las personas tendrían que retirarse de la zona. Nosotros estamos esperando que el Ministerio nos apruebe el plan de formalización, que es el que explica todos estos pormenores de qué conforma el Fondo de Tierras y qué conforma la formalización.
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Usted dice que han caracterizado 200.000 hectáreas. ¿Por qué la agencia ingresa al fondo la tierra que todavía no ha podido determinar si es adjudicable o no?
Porque el tema del fondo no es tan simple como se ve desde afuera. El primer paso al ingresar al fondo es identificar los baldíos. Una vez identificados los baldíos, se procede a hacer la caracterización para poder mirar cuál es el tema de adjudicación de esa tierra, si es de adjudicación a ocupantes o si es una tierra que está desocupada para poder entregarla a campesinos que no tienen tierra. El Acuerdo de Paz dice tres millones de hectáreas dispuestas en el Fondo de Tierras. Dispuestas significa que simplemente se hace una identificación, que es la primera parte en la que identificamos los baldíos para poderlos ingresar al fondo. Pero esto tiene un trabajo posterior y es la caracterización en donde siempre hay una demora, pero uno no puede hacer una caracterización de lo que no ha distinguido previamente. Son varias etapas de un mismo proceso en el que una vez caracterizado y definidos los beneficiarios ya se puede adjudicar. A veces la gente cree que nosotros vamos por ahí en un territorio, encontramos un terreno baldío y decimos ‘esto de una vez se lo adjudico al campesino’. Eso no es así.
A hoy, ¿cuántas hectáreas del fondo están disponibles, desocupadas, para ser adjudicadas a campesinos sin tierra?
No, es muy difícil saberlo. Hay unas que ya hemos identificado que están desocupadas y a medida que vayamos haciendo caracterización vamos a ir seguramente identificando más. Lo importante es que todo esto que vayamos identificando va a ser destinado a personas que están dentro del RESO. Nosotros vamos a caracterizar lo que más podamos, pero eso implica una gran cantidad de recursos. Caracterizaremos hasta un punto, pero seguiremos incluyendo baldíos en el fondo y de pronto podamos dejar más tierra dispuesta para que a los siguientes gobiernos ya les quede más fácil no tener que buscarla sino de una vez entrar a la caracterización para poder adjudicar. Porque a nosotros nos tocan ambas cosas, estamos tratando de identificar y caracterizar, al tiempo que vamos entregando algo del Fondo de Tierras, porque por supuesto yo podría ponerme a identificar todos los baldíos y después a caracterizar, pero la gente siente que eso no es suficiente. En las dos labores ya hemos caracterizado 200.000 y entregado 100.000, que ya es un buen número de hectáreas del fondo entregadas.
Eso quiere decir que, aparte de las 200.000 hectáreas caracterizadas, la ANT no conoce en este momento cuáles de las otras hectáreas están ocupadas y cuáles están disponibles para adjudicar a campesinos sin tierra...
No, no es tan fácil. A medida que vayamos caracterizando vamos a ir haciendo el reporte de cuánto está desocupado y cuánto está ocupado. Pero no es tan simple porque todo esto implica visita a territorio. Y, por ejemplo, el año pasado estuvimos seis meses parados y eso en una entidad que trabaja en territorio pega bastante.
Con ese escenario que plantea, ¿usted cree que tendrían razón quienes dicen que este punto del acceso a la tierra para campesinos sin tierra estaría marchando más lento de lo que se esperaba?
Depende del punto de vista del que tú lo mires. Para poder hacer una entrega de tres millones de hectáreas tienes que identificarlas primero. Si no identificas previamente las tierras, es muy difícil que las entres a caracterizar para después entregarlas. Lo que yo veo es que muchas veces las personas que hacen ese tipo de críticas ignoran lo que es un proceso de adjudicación de tierras. Cuando se colocó la meta, de pronto algunas personas desconocían la cantidad de pasos que hay que seguir para que esas tierras finalmente sean entregadas. Quiero recordar que la implementación de los acuerdos va a cuatro gobiernos, no a uno solamente. Todo lo que yo haga, deje dispuesto y alcance a caracterizar es también una ayuda para que el siguiente gobierno no tenga que salir a identificar los predios sino que entre de lleno a caracterizar y pueda tener más fácil la adjudicación. Esto se tiene que ver como un compromiso de Estado. Para ser el primer gobierno de implementación, vamos bastante bien. Ya tenemos 1′200.000 hectáreas ingresadas, ya hemos entregado 100.000 y al finalizar este año vamos a cerrar con 500.000 hectáreas entregadas del fondo.
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De las 100.000 hectáreas entregadas, ¿qué porcentaje ha sido tierra que estaba ocupada y qué porcentaje ha sido tierra entregada a campesinos que no la tenían?
El dato se puede sacar. Pero un baldío ocupado no significa que deja de ser baldío. Un baldío ocupado es todavía un baldío. Y si el Estado decidiera decirle a todas las personas que están ahí que se fueran sería muy grave. Pero en realidad las personas que están ocupándolos no tienen tierra hasta que no se les adjudique la tierra. El mensaje claro es que la formalización del campo colombiano no solamente es a personas de propiedad privada, es a personas que no tienen tierra y que están ocupando una tierra que al final no es de ellos, y que el Estado ya decide por fin darles una, regularizando la situación que tienen.
El informe de la Procuraduría dice que de las 1′966.000 hectáreas que registra la ANT como formalizadas en virtud del Acuerdo de Paz, alrededor de un millón fueron formalizadas antes de la firma del Acuerdo. ¿Por qué se cuentan como resultados de la implementación formalizaciones anteriores a la firma?
Nosotros en este momento reportamos 470.000 hectáreas formalizadas. Cuando llegamos a la entidad, encontramos unos reportes de formalización de tierras que aparecen en el sistema Sinergia que habla de más de un millón de hectáreas formalizadas. Esa información aparece en Sinergia, pero realmente nosotros lo que reportamos como entidad son 470.000 hectáreas y en registro otras 177.000 más, para llegar a 600.000 hectáreas formalizadas. Esa cifra fue reportada por la administración anterior y eso debería tener algún tipo de explicación. Nosotros sí estamos haciendo el desglose de lo que hay reportado en Sinergia porque sí va a tocar empezar a dar claridad de lo que realmente está formalizado de conformidad con la meta de los 7 millones de hectáreas del Acuerdo de paz. ¿Qué estamos haciendo ahora? Verificando qué fue lo que subió la anterior administración en ese sistema y de qué época realmente son esas tierras para saber si algo de eso que se reportó realmente corresponde a metas posteriores al Acuerdo de Paz o no.
¿Entonces en realidad la cifra es inferior y hoy no se puede decir que se hayan formalizado 1′900.000 hectáreas en virtud del Acuerdo de paz?
Puede llegar a ser inferior. Una vez hagamos el análisis yo creo que nosotros mismos haremos la claridad de eso que encontramos en Sinergia.
¿Por qué hay procesos de solicitudes de conformación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) que no han sido resueltas en casi 10 años?
Hoy ha quedado un rezago en muchos temas desde el Incora y el Incoder que fueron heredados por la Agencia Nacional de Tierras. Cuando nosotros llegamos a esta administración encontramos rezago no solamente en las Zonas de Reserva Campesina sino también en otro tipo de solicitudes de nuestros campesinos y nuestros grupos étnicos. Y nos hemos dado a la tarea de tratar de organizar e ir sacando lo más que podamos de rezago. Por eso es que, por ejemplo, en temas de formalización podemos estar entregando títulos de personas que llevan 40 años viviendo en un predio. Entonces con las ZRC hay que hacer lo mismo. Empezamos a verificar el estado de cada una y con base en eso cada una tiene un nivel de avance. ¿Por qué llevan 10 años sin ser resueltos? No sabría por qué las anteriores administraciones no movieron las figuras y las ZRC, que es una figura de ordenamiento territorial que debía ir acompañada de un plan de desarrollo que también fuera dirigido al tema de formalización. Solamente hasta esta administración se ha empezado a adjudicar predios que están dentro de la ZRC a los campesinos de esas zonas, como hemos hecho en la del Guaviare. ¿Cómo es posible que hasta ahora se estén adjudicando o regularizando los predios que están dentro de las zrc? Eso debió hacerse desde el principio, pero las primeras zonas se constituyeron y no ha pasado nada más. Nosotros sí hemos estado haciendo tanto un fortalecimiento de las que ya están constituidas, como avanzando en las que están en proceso.
La semana pasada un juzgado de Bogotá le ordenó a la ANT constituir las Zonas de Reserva Campesina del Losada - Guayabero, Guejar - Cafre y Sumapaz en máximo 180 días. ¿Esas zonas van a estar constituidas en ese plazo?
Eso es muy difícil. Por ejemplo la de Sumapaz fue una ZRC que en su momento se suspendió la constitución porque está colindando con un tema del páramo en donde hubo unos cambios por parte del MinAmbiente en el manejo y uso de páramos y toca volver a hacer una redistribución de la zona. Y de eso son completamente conocedores los campesinos que están pidiendo la constitución. Otras ZRC en donde hay cultivos ilícitos, por ejemplo, están en trámite de solicitud ante las entidades encargadas de minas antipersonal para que primero hagan un desminado y luego se proceda a hacer el retiro de cultivos ilícitos. Esas de la última sentencia tienen ciertas particularidades que se vienen trabajando. Pero donde toca hacer desminado y retiro de cultivos ilícitos 180 días seguramente no va a ser suficiente. Lo que sí tienen que tener tranquilidad los campesinos y los jueces es que sí se va a tratar de cumplir, si en el tiempo no da, pues habrá las justificaciones pero la agencia sí va a seguir con el proceso para poder constituirlas.