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“¿Alguien se ha preguntado cuánto valen las tres millones de hectáreas? ¿O de dónde las vamos a sacar? Hay que comprarlas para no entrar en pelea con los señores dueños de la tierra (…) ¿Qué prefiere Colombia? ¿No hacer la paz, hundirnos en la guerra? ¿O cambiar el marco fiscal para podernos endeudar con los dueños de la tierra para pasar tres millones de hectáreas al campesinado?”. Las palabras son del presidente Gustavo Petro en una reciente entrevista con Noticias Caracol, y las reafirmó el domingo pasado en el relanzamiento de las dos principales instancias que hacen seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.
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El mandatario se refiere a la meta trazada en el primer punto de ese acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las antiguas Farc: adjudicar tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Según él, para cumplir esa meta es necesario endeudarse y modificar el marco fiscal. El cálculo en el que insiste el presidente es que el valor de la hectárea productiva de tierra oscilaría entre $10 y $20 millones, por lo cual la compra de las tres millones de hectáreas costaría entre $30 y $60 billones. “Cumplir el acuerdo significa $60 billones. ¿Qué hacemos? ¿Cumplimos o no cumplimos?”, dijo el presidente.
En realidad, la disyuntiva que plantea el presidente no es del todo cierta. Uno de los primeros en advertirlo fue precisamente Humberto de la Calle, quien lideró la delegación del Gobierno en los diálogos con las Farc en La Habana, que fue donde se pactó la cifra de las tres millones de hectáreas. “Cuando firmamos, partimos de la base de que entre el 40% y el 50% podía ingresar recuperando tierra mal habida. Gratis. Hubo estudios técnicos. ¿Por qué se habla de comprar los tres millones del Fondo de Tierras?”, dijo el exjefe negociador de paz en su cuenta de Twitter.
“Sesenta billones en caja para comprar tierras no los hay ni los habrá. Pero si se utilizan baldíos, bienes incautados con vocación rural, y una parte prudencial de compra de tierras e inversiones estratégicas en bienes públicos en el campo, se puede dar reinicio a reforma agraria ya”, añadió por su parte Juan Camilo Restrepo, ministro de agricultura en la época de las negociaciones.
Al frente de esos estudios técnicos, en ese momento, estuvo la investigadora agraria Jhenifer Mojica, quien para la época en que se discutía en La Habana el punto de la reforma rural era la subgerente de tierras del antiguo Incoder. “Realmente en el Acuerdo de Paz nunca se planteó que se tenía que hacer la compra de tierras de esas tres millones de hectáreas, jamás fue el sentir del Acuerdo. Cuando se habló de la redistribución o democratización de tierras era apelando a otros mecanismos y posibilidades con las que cuenta el Estado”, explica la investigadora, que ahora se desempeñará como directora de Asuntos Étnicos en la Unidad de Restitución de Tierras.
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En ese momento, es decir, entre 2013 y 2014, la cifra de las tres millones de hectáreas salió de una proyección con base en las tierras que cursaban procesos en el Incoder y que, siendo realistas, podrían estar disponibles en determinado tiempo para adjudicarlas. Según explica la investigadora, se trataba de tierras en procesos de sustracción de reservas forestales, clarificación de propiedad, recuperaciones de baldíos, revocatorias de adjudicaciones hechas de forma indebida, bienes en poder de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (hoy Sociedad de Activos Especiales), entre otros.
Esas son, entonces, las fuentes para el Fondo de Tierras que se pactó en ese primer punto del Acuerdo y que se creó en el decreto ley 902 de 2017. En esa norma quedó explícito un decálogo con las fuentes de donde saldría la tierra para adjudicar, tanto a población campesina como indígena y afro. Además de las ya mencionadas, estaban contempladas también las tierras objeto de extinción de dominio por vinculación con el narcotráfico o por incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad.
Pero, además, ese Fondo de Tierras hoy existe y actualmente, según las cifras más actualizadas de la Agencia Nacional de Tierras que lo administra, cuenta con 2′135.957 hectáreas ingresadas. El grueso de esa tierra entró al fondo durante el Gobierno de Iván Duque, que varias veces anunciaba que ya habían avanzado en la mayoría de la meta trazada. Sin embargo, también durante el gobierno anterior, la Procuraduría delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz advirtió que esas tierras en realidad no estaban desocupadas y habilitadas para adjudicar, sino que enfrentaban distintas situaciones jurídicas y materiales.
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Así lo explica Jhenifer Mojica: “Esos dos millones de hectáreas que afirmaba el Gobierno Duque tener en el Fondo realmente son dos millones de problemas: lo que hay ahí es una serie de procedimientos que tiene que adelantar la ANT, algunos los puede resolver de forma directa, y el resto son tierras que deben cursar unos procesos, en su mayoría a través de jueces agrarios, y por eso la urgencia de crear la jurisdicción agraria”.
Gerardo Vega es el director general de la ANT y quien está a cargo de dicho fondo. Según le dijo a Colombia+20, de esos más de dos millones de hectáreas ingresadas al fondo, ya fueron entregadas 700.000, pero el resto están ocupadas. Por eso, explica, esas tierras en realidad no serían adjudicadas a campesinos sin tierra, sino a quienes ya las ocupaban pero no tenían título, es decir, serían tierras formalizadas. En consecuencia, obedecen no a la meta de tres millones de hectáreas, sino a la otra gran meta que trazó el Acuerdo: siete millones de hectáreas formalizadas.
Entonces, como la mayoría de la tierra del fondo está ocupada, sostiene Vega, se hace necesaria la compra de tierras que sí puedan ser adjudicadas a campesinos que no tienen.
La investigadora Mojica agrega que el planteamiento del Gobierno Nacional también va en línea de volver a la compra de tierras para resolver problemas de acceso, como lo hacía el antiguo Incora en las décadas de 1970, 1980 y 1990. “La compra de tierras era uno de los mecanismos a los que se acudía para responder a las demandas de tierras de población campesina y étnica. Era lo que se llamaba tierras “incoradas”: se compraban fincas grandes, las parcelaban y las asignaban”.
¿Un acuerdo político?
La insistencia del presidente Petro en la necesidad de comprar tierras para cumplir el Acuerdo se da en medio de dos hechos importantes, que no hay que perder de vista. Primero, La Silla Vacía reveló los encuentros secretos que han venido teniendo el senador de la bancada de Gobierno Iván Cepeda y la cabeza del gremio ganadero, José Félix Lafaurie. Según ese medio, en los encuentros se ha avanzado considerablemente en un acuerdo para comprarles tierras a los ganaderos, para hacer la reforma agraria. “Si el Gobierno compra, por qué no, se trata de ver cómo uno logra avanzar en ese frente”, dijo Lafaurie.
Y por el otro lado: las dos reuniones que ha tenido el presidente Petro con el expresidente Álvaro Uribe, en las que se ha tratado, entre otros temas, la reforma agraria. A finales de junio, tras la primera reunión – cuando ya Petro había ganado en segunda vuelta – el expresidente Uribe señaló que veía con buenos ojos la reforma agraria que le planteó Petro con el referente de Corea del Sur. La reforma agraria en ese país asiático consistió en aumentar la carga tributaria a los grandes terratenientes y en comprarles tierra para luego venderla más barata a los campesinos que la necesitaban.
En ese sentido, la insistencia del presidente Petro en la necesidad de comprar tierras obedecería a esos acercamientos que ya se han tenido con el uribismo y con el sector ganadero, que están de acuerdo en que la reforma agraria se haga a través de compra de tierras.
