No nos revictimicen: hermano de la magistrada que murió en la toma del Palacio de Justicia

El día 7 de noviembre de 1985 mi hermana Fanny González Franco fue asesinada y calcinada por el M-19 durante la toma al Palacio de Justicia, pero no es su homicidio lo que, indignado, me lleva a escribir el presente texto.

Luego de la muerte de Fanny, mis hermanos y yo decidimos guardar silencio con respecto a lo sucedido, como forma de respeto y honra a la memoria de nuestra hermana. La decisión fue unánime, pues lo único que nos interesaba era guardar incólume el legado que Fanny nos había dejado, y no teníamos interés alguno en buscar sanar el dolor a través de una reparación del Estado. Fue así, entonces, como con el pasar de los años encontramos en el silencio la mejor manera de rendir homenaje a esa mujer, que en un mundo machista logró ser la primera magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el día de hoy decido, con el aval de mi familia, romper el silencio que durante más de tres décadas mantuvimos, y lo hago porque me encuentro indignado, triste y agobiado.

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Los primeros días del mes de septiembre de 2017 recibí una notificación de la Fiscalía General de la Nación a través de la cual me informaban que, en cumplimiento de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debían exhumar los restos de mi hermana para realizar una serie de cotejos forenses y corroborar que efectivamente éstos sí fueran suyos. La notificación de la Fiscalía nos tomó por sorpresa a mi familia y a mí, pues creíamos que 32 años después, tras haber hecho el duelo de perder a una mujer implacable a manos de criminales, no merecíamos ser sometidos a una revictimización. Sin duda alguna nos opusimos de manera categórica, pues considerábamos que ya suficiente habíamos sufrido como familia el flagelo de perder un ser querido por culpa de un arrebato revolucionario. Sin embargo, nuestra oposición fue en vano, pues la Fiscalía procedió a exhumar los restos de mi hermana finalizando el mes de septiembre de 2017 y, como si fuera poco, con los suyos se llevó los de mis padres. No le bastó a la Fiscalía con desenterrar a mi hermana, que con tanto dolor debimos sepultar, y se llevó también a mis padres, quienes nada tuvieron que ver en lo sucedido en noviembre de 1985, e incluso para ese entonces ya habían fallecido. Lo peor de todo fue que con la exhumación de los restos la Fiscalía también abrió heridas profundas que el tiempo había logrado cicatrizar lentamente, y hoy mis hermanos y yo volvimos a vivir aquel noviembre del 85 en que debimos dar el último adiós a Fanny.

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Aunque nos opusimos a la exhumación, la Fiscalía procedió a realizarla y, sin ningún asomo de vergüenza ni respeto por mi familia, se llevaron a Fanny en una bolsa. ¿Es ese el respeto que merece una mujer que decidió no ceder ante los criminales y hacer prevalecer las instituciones y el orden legal? ¿Es ese el respeto que merece una mujer que, salida de la “provincia” colombiana, logró ser la primera mujer graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana y, como si fuera poco, la primera mujer en ostentar el honorable cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia? ¿Es esa la forma de honrar la memoria de una mujer que perteneció a la Corte que no aceptó rendirse a los pies del narcotráfico? No, no consideramos que sea la forma, y menos cuando hoy por hoy el Gobierno se ufana de buscar sanar el dolor de las víctimas del conflicto armado.

El Gobierno no se cansa de repetir hoy por hoy que las víctimas del conflicto tienen derecho a verdad, justicia y reparación. Lo cierto es que hoy, 33 años después del homicidio de mi hermana, no necesitamos más verdad que la que ella misma nos dijo ese noviembre del 85, vía telefónica, donde reiteró que los guerrilleros se habían tomado el Palacio de Justicia y que prefería morir para conservar inmaculadas las instituciones jurídicas antes que doblegarse ante voluntades criminales. Lo cierto es que hoy, 33 años después, la única justicia que queremos es aquella que se esfumó en el año 89 con un indulto. Lo cierto es que hoy, 33 años después, la única reparación que queremos es aquella que no tiene precio: el descanso eterno y en paz de Fanny.

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Por esta razón escribo hoy. Indignado. A mis ya muchos años de edad y siendo el menor de mis hermanos, pedimos al Gobierno respeto, pues logró revictimizar a una familia que ya creía haber cerrado el episodio más oscuro de su vida.

*Asesinada durante la toma al Palacio de Justicia

El día 7 de noviembre de 1985 mi hermana Fanny González Franco fue asesinada y calcinada por el M-19 durante la toma al Palacio de Justicia, pero no es su homicidio lo que, indignado, me lleva a escribir el presente texto.

Luego de la muerte de Fanny, mis hermanos y yo decidimos guardar silencio con respecto a lo sucedido, como forma de respeto y honra a la memoria de nuestra hermana. La decisión fue unánime, pues lo único que nos interesaba era guardar incólume el legado que Fanny nos había dejado, y no teníamos interés alguno en buscar sanar el dolor a través de una reparación del Estado. Fue así, entonces, como con el pasar de los años encontramos en el silencio la mejor manera de rendir homenaje a esa mujer, que en un mundo machista logró ser la primera magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el día de hoy decido, con el aval de mi familia, romper el silencio que durante más de tres décadas mantuvimos, y lo hago porque me encuentro indignado, triste y agobiado.

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Los primeros días del mes de septiembre de 2017 recibí una notificación de la Fiscalía General de la Nación a través de la cual me informaban que, en cumplimiento de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debían exhumar los restos de mi hermana para realizar una serie de cotejos forenses y corroborar que efectivamente éstos sí fueran suyos. La notificación de la Fiscalía nos tomó por sorpresa a mi familia y a mí, pues creíamos que 32 años después, tras haber hecho el duelo de perder a una mujer implacable a manos de criminales, no merecíamos ser sometidos a una revictimización. Sin duda alguna nos opusimos de manera categórica, pues considerábamos que ya suficiente habíamos sufrido como familia el flagelo de perder un ser querido por culpa de un arrebato revolucionario. Sin embargo, nuestra oposición fue en vano, pues la Fiscalía procedió a exhumar los restos de mi hermana finalizando el mes de septiembre de 2017 y, como si fuera poco, con los suyos se llevó los de mis padres. No le bastó a la Fiscalía con desenterrar a mi hermana, que con tanto dolor debimos sepultar, y se llevó también a mis padres, quienes nada tuvieron que ver en lo sucedido en noviembre de 1985, e incluso para ese entonces ya habían fallecido. Lo peor de todo fue que con la exhumación de los restos la Fiscalía también abrió heridas profundas que el tiempo había logrado cicatrizar lentamente, y hoy mis hermanos y yo volvimos a vivir aquel noviembre del 85 en que debimos dar el último adiós a Fanny.

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Aunque nos opusimos a la exhumación, la Fiscalía procedió a realizarla y, sin ningún asomo de vergüenza ni respeto por mi familia, se llevaron a Fanny en una bolsa. ¿Es ese el respeto que merece una mujer que decidió no ceder ante los criminales y hacer prevalecer las instituciones y el orden legal? ¿Es ese el respeto que merece una mujer que, salida de la “provincia” colombiana, logró ser la primera mujer graduada de la Universidad Pontificia Bolivariana y, como si fuera poco, la primera mujer en ostentar el honorable cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia? ¿Es esa la forma de honrar la memoria de una mujer que perteneció a la Corte que no aceptó rendirse a los pies del narcotráfico? No, no consideramos que sea la forma, y menos cuando hoy por hoy el Gobierno se ufana de buscar sanar el dolor de las víctimas del conflicto armado.

El Gobierno no se cansa de repetir hoy por hoy que las víctimas del conflicto tienen derecho a verdad, justicia y reparación. Lo cierto es que hoy, 33 años después del homicidio de mi hermana, no necesitamos más verdad que la que ella misma nos dijo ese noviembre del 85, vía telefónica, donde reiteró que los guerrilleros se habían tomado el Palacio de Justicia y que prefería morir para conservar inmaculadas las instituciones jurídicas antes que doblegarse ante voluntades criminales. Lo cierto es que hoy, 33 años después, la única justicia que queremos es aquella que se esfumó en el año 89 con un indulto. Lo cierto es que hoy, 33 años después, la única reparación que queremos es aquella que no tiene precio: el descanso eterno y en paz de Fanny.

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Por esta razón escribo hoy. Indignado. A mis ya muchos años de edad y siendo el menor de mis hermanos, pedimos al Gobierno respeto, pues logró revictimizar a una familia que ya creía haber cerrado el episodio más oscuro de su vida.

*Asesinada durante la toma al Palacio de Justicia