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Aún hoy no se tiene certeza sobre quiénes financiaron los cursos de entrenamiento militar que dictó el excoronel del Ejército israelí Yair Klein en Cimitarra, en el Magdalena Medio, entre 1987 y 1988. Se sabe que contaron con recursos de los ganaderos de esa región asociados en Acdegam y de narcotraficantes que entrenaron a sus hombres en esos cursos. Sin embargo, menos reseñado ha sido el apoyo que esos entrenamientos recibieron de la exportadora de banano Uniban, con la intención de que luego los hombres entrenados allí incursionaran en el Urabá, zona bananera donde esa empresa tenía sus operaciones. Los primeros paramilitares que ingresaron a esa región entre Antioquia y Chocó lo habrían hecho a los municipios de Necoclí, Carepa y Arboletes en agradecimiento a Uniban por su apoyo al curso del mercenario israelí.
Ese episodio está reseñado en una detallada investigación que este lunes quedó en manos de la Comisión de la Verdad. Se trata del informe ‘La sombra oscura del banano en Urabá’, elaborado por la Fundación Cultura Democrática (Fucude) y Opción Legal. Un ambicioso documento que se propuso entender lo que ocurrió entre la década de 1980 y la primera mitad de la década de 2000 en esa región del país. Investigación en la que se detalló cómo la participación del sector bananero fue fundamental para la consolidación del paramilitarismo en Urabá.
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La relación entre ese gremio y ese grupo armado, como recoge el informe, quedó formalizada casi una década después de los cursos dictados por Yair Klein, en una reunión celebrada en abril de 1997 en la mansión Montecasino, propiedad de la Casa Castaño ubicada en Medellín. A ese encuentro asistieron Charles Kaiser, gerente general en Colombia de la multinacional Chiquita Brands (para entonces la más importante comercializadora de banano de Urabá), Reinaldo Escobar de la Hoz, representante legal de la filial de Chiquita en Colombia, Banadex, e Irving Bernal, empresario bananero del Urabá, quienes pactaron con Carlos Castaño el pago de tres centavos de dólar por caja de banano exportada.
Álvaro Villarraga, de Fucude, es el director y coautor del informe de 504 páginas que también exploró las mutaciones que los distintos grupos armados tuvieron en el Urabá. Una región en la que, por ejemplo, la guerrilla del Epl se desmovilizó y empezó a ser perseguida por una disidencia propia y por las Farc, por lo cual, paradójicamente, toma las armas para defender su derecho a dejar la lucha armada, y luego ese grupo, conocido como los Comandos Populares, termina haciendo alianzas con la Fuerza Pública para combatir a las Farc y después termina siendo absorbido por los paramilitares. En entrevivtsa con Colombia2020, Villarraga explicó los hallazgos y el alcance de su investigación.
En el informe siguen el curso del conflicto armado en el Urabá y de forma paralela el desarrollo de las operaciones de la multinacional Chiquita Brands. ¿Por qué es tan importante esa empresa para entender el conflicto en esa región del país?
Le damos una importancia alta porque realmente la tuvo: una empresa que es de carácter transnacional, de una fortaleza tal que, junto con otros empresarios bananeros, ganaderos y otros sectores de poder desde la sociedad civil de Urabá, resultaron directamente comprometidos con el fenómeno paramilitar durante más de una década. Y no sólo en términos de financiación. Muchos testimonios de exintegrantes de los grupos paramilitares insisten y coinciden las versiones en que no solamente no fueron presionados, sino que ellos fueron llamados, fueron solicitados, fueron financiados y fueron utilizados en beneficio de sus intereses a un costo humanitario altísimo con lo que estaba sucediendo. Con unas decisiones que se tomaron a alto nivel de la empresa, no solamente desde Colombia sino desde su casa matriz en Estados Unidos.
Y también quisimos poner de presente una situación en la que hay ocultamientos y silencios muy marcados con los terceros actores del conflicto. Por ejemplo, el predominio de la impunidad en la justicia ordinaria y cómo a la JEP, por error grave del Congreso, le quitan la competencia frente a terceros actores y cómo incluso desde la Fiscalía, en lugar de cumplir su deber constitucional de investigar, cuando llegaron las 15 mil compulsas de copias que identificaban a más de 5 mil personas ligadas con la actuación de los grupos paramilitares, lo que se hizo fue encubrimiento. Hay que reconocer que los paramilitares ya han hecho reconocimientos importantes a instancias de justicia y paz; hay que reconocer que las Farc está haciendo reconocimientos importantes y hay que reconocer que los militares que se están acogiendo a la JEP han hecho reconocimientos y seguramente con el trabajo que se está desarrollando en los macrocasos entregarán revelaciones. La pata más floja es la de los terceros y otra pata muy floja es la de las propias instituciones del Estado.
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Habla de la participación de Chiquita Brands en el conflicto más allá de la financiación. ¿Qué otro tipo de vinculación documentaron?
Había un interés además de la financiación, en sustituir formas de seguridad y protección de las haciendas bananeras para que esto fuera copado por las redes paramilitares. Tanto Chiquita Brands como el empresariado bananero promovió unas formas de control de la seguridad de las fincas que estaban inscritas en dispositivos de la entrada masiva del control paramilitar en la región. Pero además de eso hubo una apuesta estratégica, que está clara: si había conflicto, si había violencia, si había grupos armados ilegales, ¿por qué Chiquita Brands no acudió las autoridades nacionales? No le apostó al estado de derecho, a la legalidad. No le apostó a un convenio de seguridad y así como le entregaron tantos recursos a los paramilitares, se los hubieran entregado a la fuerza pública, pero desde una actuación transparente. por encima de la mesa.
Chiquita Brands fue consciente de la instrumentalización junto con sectores bananeros, sectores ganaderos y otros, de las Convivir. Una figura legal, pero bastante documentado, que fueron instrumentos que contribuyeron de manera decisiva en la expansión del fenómeno paramilitar. Eran el epicentro de relacionamiento con niveles de fuerza pública, con niveles gubernamentales, inclusive haciendo acción social, capitalizando recursos institucionales de programas del Estado. Y la Chiquita Brands era consciente y le apostaba a esa línea de articulación que configuró el fenómeno paramilitar que lamentablemente se hace hegemónico en Urabá.
Y en esa consolidación del paramilitarismo en esa región, ¿cuál fue el papel de las asociaciones bananeras como Augura, Uniban o Banacol?
En toda la investigación, inclusive en la documentación de ellos, no hay un deslinde con ese fenómeno masivo y de altísimo impacto. Está demostrado cómo llegaron los recursos de los bananeros a los paramilitares desde el principio, desde los años ochenta, desde las masacres de Honduras y La Negra (Turbo), desde los primeros paramilitares que llegaron con los Castaño desde el Magdalena Medio. Desde los adiestramientos de Yair Klein hay sectores bananeros comprometidos. No hubo un deslinde, no hubo un coronel (Carlos Alfonso) Velásquez, que sí le reaccionó a Rito Alejo del Río y pasó un reporte a sus superiores y señaló como irregular lo que estaba sucediendo. No se conoce una ruptura con esa relación estratégica, con esa financiación como gremio. Eso no se hacía públicamente, con reconocimiento, y por supuesto que ahora se puede pretender ocultar. Pero la evidencia es que los recursos llegaban, que los paramilitares entraban, que dominaron los territorios de las fincas, las rutas de exportación, que llegaron fusiles en los barcos bananeros. Y no conocemos que se hayan opuesto.
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¿Cuál es el grado de impunidad en esas responsabilidades?
Tanto en Urabá como a nivel nacional, la impunidad frente a graves violaciones a los derechos humanos es de niveles altísimos, es casi total. En cifras, algunas estimaciones hablan del 95%, 96%. Lamentablemente ante las principales violaciones a los derechos humanos lo que hemos tenido de revelaciones en la justicia procede más de la veintena de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esas sentencias a veces han exigido al Estado acciones judiciales y penales, pero que no van a mayor desarrollo. Ha habido violencia contra jueces honestos, contra funcionarios del CTI honestos. La justicia ordinaria tiene una deuda altísima frente a tratar de esclarecer lo que sucedió. Algunas acciones sí ha habido: lo de Justicia y Paz, con revelaciones de paramilitares y con algunos fallos frente a ellos; ha habido desde la corte suprema de justicia algunas investigaciones y sanciones con relación a la llamada parapolítica. Pero de manera general y con relación al empresariado ha predominado la impunidad en Urabá.
¿Cómo entender lo que pasó con el Epl, que se desmoviliza, empieza a ser perseguida por las Farc y por una disidencia misma del Epl y entonces toma las armas para defender su decisión de dejar las armas y luego esos Comandos Populares terminan en alianzas con la fuerza pública y luego absorbidos por los paramilitares?
Es un caso que no es fácil de entender, pero muy real. Hay circunstancias que lo explican: quienes salieron en disidencia y atacaron a las personas de Esperanza, Paz y Libertad (movimiento político surgido de esa exguerrilla), después se pasan al paramilitarismo, que aparentemente es un absurdo. Quienes para defenderse de esa disidencia y de las Farc conforman los Comandos Populares también pasan al paramilitarismo y hay una veintena de personas de la zona de las Farc que también pasan al paramilitarismo. Incluso encontramos entrevistas que nos reafirman que H.H, Ever Veloza, procede de las Farc, y hace tránsito junto con los Comandos Populares a los paramilitares. Fue un fenómeno extendido, no fueron solo los comandos. En contextos donde te están matando, te están persiguiendo, están chocando grupos y están grupos enfrentados, estoy a este lado o estoy al otro lado. Ninguno de la disidencia, ninguno de los comandos populares y ninguno de los de las Farc que ingresan al paramilitarismo fueron comandantes o cuadros políticos importantes en la insurgencia. Por lo regular son jóvenes, guerreros, que estuvieron en las filas de la insurgencia, pero que no tenían unos niveles de formación mayores.
Pero también otra razón: el fenómeno del paramilitarismo expresa la incapacidad del Estado de haber brindado la protección y garantía que demanda la constitución. No estuvimos en Urabá ante un Estado garantista, estuvimos ante un Estado y una fuerza pública que tenían nexos con los paramilitares, que articulaban acciones, y tenemos testimonios que demuestran cómo cuando la gente de Esperanza, Paz y Libertad pidió protección, el Estado no se la brindó.
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Como lo ha dicho, algunas de estas verdades han sido contadas en los tribunales de Justicia y Paz, en investigaciones académicas, pero esa verdad pareciera estar guardada en cajones y ser desconocida por el país. ¿Conocer esa verdad sigue siendo una deuda? ¿Por qué la investigación que le entregaron a al Comisión de la Verdad avanza en esa dirección?
La importancia de este informe radica en que puede afirmarse que Urabá ha sido la región más compleja, en el sentido de los múltiples factores de victimización y múltiples conflictos sociales y políticos. Es tal vez en donde comúnmente se encuentran más imprecisiones, más vacíos y más desconocimiento en cómo fueron mutando los escenarios, las alianzas, que no fueron lo mismo en la década del 80 que en la del 90 o en la de 2000. La particularidad de este informe es que quisimos hacerlo de una manera integral, que fuera comprensivo de todos los actores y las interrelaciones entre ellos. A veces salen documentos mirando solamente desde un sector victimizado y desconociendo otros. Uno ve por ejemplo informes de la fuerza pública que están totalmente circunscritos a anunciar las denuncias contra la guerrilla y las afectaciones de las que fueron víctimas; o informes que hablan solamente de las víctimas de la Unión Patriótica, pero desconocen las de Esperanza, Paz y Libertad o viceversa.
