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Luego de que Colombia+20 diera a conocer que el Gobierno de Gustavo Petro iniciará formalmente el diálogo de paz con el Clan del Golfo, también conocido como AGC, pero autodenominada como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), se difundieron los nombres de los delegados del Gobierno en esa mesa.
El jefe negociador será Álvaro Jiménez Millán, quien oficialmente será el Coordinador en el Espacio de Conversación Sociojurídico. También estará María Gaitán Valencia, actual directora del Centro Nacional de Memoria Histórica; Armando Custodio Wouriyu, presidente de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas (ONIC); Víctor Negrete Barrera; sociólogo y director de la Fundación del Sinú y docente de la Universidad del Sinú y Águeda Plata Gómez, directora de la Unidad de Víctimas en el Magdalena Medio.
Previamente, este diario publicó los nombres de los miembros de ese grupo armado que serán representantes del grupo en el espacio sociojurídico, entre ellos a Jobanis de Jesús Avila Villadiego, conocido como Chiquito Malo, máximo jefe de esa organización criminal.
También estará Orozman Orlando Osten Blanco, conocido como Rodrigo Flechas; José Gonzalo Sánchez, Gonzalito. Sobre Orozman se conoce muy poco, pero se sabe que declaró en el proceso penal contra los exparamilitares que secuestraron y torturaron a la periodista Jineth Bedoya. Sobre Gonzalito es señalado de ser uno de los causantes de la crisis humanitaria de Ituango y se disputa las rutas del narcotráfico con el frente 18 de las disidencias de las extintas Farc.
Además, aparecen José Miguel Demoya Hernández, Chirimoya, señalado de estar detrás de los enfrentamientos que se dieron en el paro minero en el Bajo Cauca en 2023 y que derivó en el levantamiento del cese al fuego con ese grupo armado. También está Luis Armando Pérez Castañeda, Bruno o Jerónimo, quien actúa como vocero político del grupo; y Elkin Casarrubia Posada, conocido como el Cura o Joaquín; exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que pasó por los bloques Bananero, Calima y Centauros. De acuerdo con las autoridades, Casarrubia se habría rearmado hace cuatro años.
En la resolución también se pide que se levanten las órdenes de captura y que la Consejería Comisionada de Paz constate que el grupo armado “haya dado muestras adjetivos de su compromiso de desmantelamiento y de transitar al Estado de derechos”.
La resolución que se publicó en el Diario Oficial se afirma que se trata de un “espacio de conversación socio-jurídica” como se han denominado los diálogos que tiene el Gobierno con estructuras armadas con miras al sometimiento a la justicia. Esto porque el Clan del Golfo ha dicho en reiteradas ocasiones que no quiere ese tipo de proceso, sino una negociación de paz, que implicaría concederles estatus político.
El proceso con el Clan del Golfo, que no solo es la organización con más personas en armas y mayor presencia territorial, sino la que tiene más potencial de expandirse, estaba paralizado hace casi un año.