Hoy se posesionan en el Congreso los representantes de las curules de paz
Los 16 nuevos representantes a la Cámara que ocuparán las curules por las víctimas del conflicto armado se posesionan de manera oficial en el Capitolio Nacional. Su camino para llegar allí fue largo y trastabillado: el proyecto de las Circunscripciones Especiales se hundió dos veces en el Congreso, la Corte Constitucional las revivió y en medio de promesas incumplidas del gobierno hicieron campaña los primeros meses de este año en la zonas donde más se sigue sintiendo la violencia.
Uno de los puntos más obstaculizados de la implementación del Acuerdo de Paz fueron las curules de las víctimas. Después de cinco años y siete meses desde que se firmó el pacto en La Habana entre el Estado y las Farc, hoy por fin se posesionan los 16 representantes a la Cámara que ocuparán estos escaños otorgados por las curules de paz. Incluso, el Consejo Nacional Electoral confirmó que John Fredy Núñez, el cuestionado congresista electo por la curul de paz del Caquetá, también recibió su credencial como representante a la Cámara. Esto, a pesar de que el pasado 14 de julio el Consejo de Estado suspendió provisionalmente su elección por una demanda que indica que habría militado en un partido político cinco años antes de su postulación a la Circunscripción Especial de Paz, un hecho que era contrario a la norma.
Las curules de paz son un mecanismo de participación política que quedó estipulado en el punto 2 del Acuerdo de Paz, cuyo objetivo es garantizar una mayor inclusión y representación política de las víctimas del conflicto armado. Para ello, el Gobierno Nacional tenía que comprometerse a crear 16 nuevas curules en la Cámara de Representantes que fueran ocupadas por personas de los territorios donde más se vivió la guerra. “Las Circunscripciones contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos y candidatas. Igualmente, las campañas contarán con financiación especial y acceso a medios regionales. Se establecerán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto del electorado”, quedó registrado en documento firmado en La Habana.
El difícil camino para que las curules fueran una realidad
Sin embargo, el camino para que las curules de paz fueran una realidad fue largo y trastabillado. En mayo de 2017, el Congreso de la República inició el proceso para cumplir con esa promesa pactada, a través de la creación del Acto Legislativa 05 de 2017. En ese documento quedaron establecidos los 167 municipios que conformarían las 16 Circunscripciones Especiales de Paz. Sin embargo, apenas seis meses después ese proyecto se hundió en el Senado por un voto: obtuvo apenas 50 (de 99 posibles) a favor. Eran necesarios 51 para que crearan estas curules.
En abril de 2018 el Congreso intentó revivir las curules de paz presentado un segundo proyecto de ley, pero este volvió a ser hundido en noviembre de ese año luego de que varios senadores abandonaran el recinto antes de que se abriera la discusión y votación. Dos días después, el proyecto de ley quedó archivado por vencimiento de términos.
Fue hasta mayo de 2019 que el senador Roy Barreras presentó una tutela contra la Mesa Directiva del Senado por omitir y no priorizar la creación de las Circunscripciones de Paz. Dos años después, en 2021, la Corte Constitucional falló a favor y ordenó al Senado desarchivar el proyecto. En octubre de ese mismo año, el presidente Iván Duque firmó el decreto que reglamentó la creación de las 16 Circunscripciones por dos períodos legislativos: (2022 - 2026 y 2026 - 2030), tal como quedó estipulado en el Acuerdo de Paz.
¿Cómo fue la elección?
Hasta el 13 de diciembre del 2021 estuvieron abiertas las inscripciones para los aspirantes a las curules de paz. En todo el país se postularon 396 candidatos y candidatas, quienes cumplieron con ciertos requisitos como haber nacido en uno de los municipios de las circunscripciones o haber o vivido tres años consecutivos -esto teniendo en cuenta que algunos de ellos puede ser víctimas de desplazamiento forzado-. Además de ser reconocidos como víctimas de algún hecho victimizante, ya sea individual o colectivo, entre otras condiciones.
Los representantes que se posesionan hoy en el Capitolio Nacional fueron elegidos, al igual que el resto de congresistas, el pasado 13 de marzo en medio de los comicios en todo el país, con la diferencia de que no todas las personas de una región -o departamento- estaban habilitadas para votar por las Circuncripciones Especiales de Paz. Quienes tenían la posibilidad de pedir ese tarjetón especial fueron únicamente los habitantes de las zonas rurales de 167 municipios en los departamentos de Arauca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Sucre, Valle del Cauca y Tolima.
Durante la campaña electoral en los primeros meses de este año, Colombia+20 documentó varias inconsistencias en algunas candidaturas a las curules de paz que estaban respaldadas por clanes políticos o que eran aspirantes con cuestionamientos en su contra, como el caso de Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar, conocido en la guerra como Jorge 40, quien finalmente se quedó con la curul de esa región en la que competía con otros nombres cuestionados como el de William Romero, un hombre respaldado por personasl del Clan Gnecco (algunas condenadas por parapoítica) o el caso de Pedro Norberto Castro, respaldado por el Clan Araújo y a quien señalaron de tener nexos con paramilitares.
(Vea las candidaturas en entredicho aquí: Curules de paz, las víctimas llegan al Congreso)
Este diario también hizo seguimiento a las dificultades que vivieron los candidatos de todas las regiones del país para hacer campaña sin los recursos económicos que el Estado prometió garantizarles. También, en medio de los riesgos del recrudecimiento del conflicto armado en esas zonas del país y los problemas de cedulación de los habitantes de zonas rurales, una deuda históricas en corregimientos y veredas a las que nunca había llegado una institución estatal. Por esa falta de garantías, en el camino varios aspirantes renunciaron a sus candidaturas como un acto de protesta y aunque muchos pidieron que se aplazara su elección, el gobierno siguió adelante con las fechas ya estipuladas, a pesar de que el dinero para las campañas nunca llegó.
A pesar de eso, los nombres de los congresistas que representarán a las víctimas del conflicto a partir de hoy son: Karen Manrique (Arauca), John González (Bajo Cauca antioqueño), Diógenes Quintero (Catatumbo), Juan Pablo Salazar (Alto Patía, Norte del Cauca), Jhon Fredy Valencia (Putumayo), Luis Ricardo (Montes de María), James Hermenegildo (Chocó), William Martínez (Meta - Guaviare), Orlando Castillo (Pacífico Medio), Gerson Montaño (Pacífico nariñense), Juan Vargas (sur de Bolívar), Leonor Palencia (sur de Córdoba), Haiver Rincón (Tolima), Karen López (Urabá antioqueño), John Fredy Núñez (Caquetá) —pese a que el Consejo de Estado suspendió su elección— y Jorge Tovar (Sierra Nevada y Serranía del Perijá).
(Lea también: La trayectoria de tres líderes que se quedaron con las curules de paz)
¿En qué comisiones legislarán estos representantes?
Aunque lo más difícil fue lograr que se reconocieran estos nuevos lugares en el Congreso, ya comenzaron a presentarse nuevos obstáculos para los nuevos representantes a la Cámara: sus lugares en las distintas comisiones del Congreso. Como estas circunscripciones son especiales y transitorias, hace falta una reforma a la Ley 3 de 1992 para que los 16 nuevos representantes puedan estar en las comisiones Primera (cuya labor son las reformas constitucionales, leyes estatutarias, estrategias y políticas de paz), Tercera (es la que discute los temas de Hacienda y crédito público) y Cuarta de la Cámara de Representantes (encargada del Presupuesto General de la Nación) afirmando que estas ya tenían un “número bastante elevado de integrantes” como para incluir a los nuevos congresistas.
(Nota relacionada: Se aprueba ampliación de comisiones en Cámara de Representantes por curules de paz)
El Senado y la Cámara aprobaron el proyecto de ley para incluir esos nuevos escaños, pero con ponencias distintas: la de la Cámara decía que esos cupos se debían dar manera directa a los representantes de las víctimas, mientras que el Senado decía que por cociente electoral (división de votos válidos por el número de escaños). Colombia+20 conoció que los partidos políticos llegaron a una negociación para que el anuncio del proyecto sea hoy mismo y la votación de la conciliación se haga el 24 de julio. Así pasaría a sanción presidencial.
Una nueva bancada de paz en el Congreso
Los 16 congresistas ya afirmaron que actuarán como una sola bancada de paz para impulsar distintos proyectos de ley relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz. También estaban contempladas las posibilidades de crear una comisión accidental de curules de paz o consolidar una comisión legal de paz y posconflicto, con el fin de tener una incidencia real en la Cámara de Representantes.
Algunos de los nuevos congresistas han explicado que habrá dos prioridades dentro de su agenda: la Reforma Rural Integral y la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. De las 107 normas que deben pasar por el Congreso para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz, apenas se han expedido 71 -solo cinco de ellas durante el gobierno de Iván Duque-. Por eso, el rol de los representantes por las curules de paz va ser tan importante para impulsar estas normas.
Además: Elegidos en las curules de víctimas oficializan la bancada de paz en el Congreso
Algunos puntos están en una situación más crítica que otros. El punto 1, sobre la Reforma Rural Integral, es el más grave de todos, con 21 normas pendientes, del total de 36 que se establecieron en el alistamiento normativo. Algunas de las pendientes son la Ley de Tierras y la jurisdicción agraria. Según investigadores del Partido Comunes, en su informe de seguimiento a ese punto, hay un incumplimiento sobre el carácter integral de lo que debería ser la reforma y esto, a su vez, pone en jaque la implementación general.
Otro ejemplo de las consecuencias de la falta de normatividad es el punto 4, sobre la solución al problema de las drogas. Una de las normas que no ha pasado tiene que ver con el tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores. Isabel Pereira, de Dejusticia, en entrevista con este diario en marzo pasado ya había advertido que esto no ha sido la causa directa de la precaria implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pero sí da cuenta de la poca voluntad política frente a los pequeños cocaleros que han querido, sin éxito, ingresar al programa o que no han visto los resultados esperados en temas de proyectos productivos alternativos.
Uno de los puntos más obstaculizados de la implementación del Acuerdo de Paz fueron las curules de las víctimas. Después de cinco años y siete meses desde que se firmó el pacto en La Habana entre el Estado y las Farc, hoy por fin se posesionan los 16 representantes a la Cámara que ocuparán estos escaños otorgados por las curules de paz. Incluso, el Consejo Nacional Electoral confirmó que John Fredy Núñez, el cuestionado congresista electo por la curul de paz del Caquetá, también recibió su credencial como representante a la Cámara. Esto, a pesar de que el pasado 14 de julio el Consejo de Estado suspendió provisionalmente su elección por una demanda que indica que habría militado en un partido político cinco años antes de su postulación a la Circunscripción Especial de Paz, un hecho que era contrario a la norma.
Las curules de paz son un mecanismo de participación política que quedó estipulado en el punto 2 del Acuerdo de Paz, cuyo objetivo es garantizar una mayor inclusión y representación política de las víctimas del conflicto armado. Para ello, el Gobierno Nacional tenía que comprometerse a crear 16 nuevas curules en la Cámara de Representantes que fueran ocupadas por personas de los territorios donde más se vivió la guerra. “Las Circunscripciones contarán con reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos y candidatas. Igualmente, las campañas contarán con financiación especial y acceso a medios regionales. Se establecerán mecanismos especiales de acompañamiento para asegurar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto del electorado”, quedó registrado en documento firmado en La Habana.
El difícil camino para que las curules fueran una realidad
Sin embargo, el camino para que las curules de paz fueran una realidad fue largo y trastabillado. En mayo de 2017, el Congreso de la República inició el proceso para cumplir con esa promesa pactada, a través de la creación del Acto Legislativa 05 de 2017. En ese documento quedaron establecidos los 167 municipios que conformarían las 16 Circunscripciones Especiales de Paz. Sin embargo, apenas seis meses después ese proyecto se hundió en el Senado por un voto: obtuvo apenas 50 (de 99 posibles) a favor. Eran necesarios 51 para que crearan estas curules.
En abril de 2018 el Congreso intentó revivir las curules de paz presentado un segundo proyecto de ley, pero este volvió a ser hundido en noviembre de ese año luego de que varios senadores abandonaran el recinto antes de que se abriera la discusión y votación. Dos días después, el proyecto de ley quedó archivado por vencimiento de términos.
Fue hasta mayo de 2019 que el senador Roy Barreras presentó una tutela contra la Mesa Directiva del Senado por omitir y no priorizar la creación de las Circunscripciones de Paz. Dos años después, en 2021, la Corte Constitucional falló a favor y ordenó al Senado desarchivar el proyecto. En octubre de ese mismo año, el presidente Iván Duque firmó el decreto que reglamentó la creación de las 16 Circunscripciones por dos períodos legislativos: (2022 - 2026 y 2026 - 2030), tal como quedó estipulado en el Acuerdo de Paz.
¿Cómo fue la elección?
Hasta el 13 de diciembre del 2021 estuvieron abiertas las inscripciones para los aspirantes a las curules de paz. En todo el país se postularon 396 candidatos y candidatas, quienes cumplieron con ciertos requisitos como haber nacido en uno de los municipios de las circunscripciones o haber o vivido tres años consecutivos -esto teniendo en cuenta que algunos de ellos puede ser víctimas de desplazamiento forzado-. Además de ser reconocidos como víctimas de algún hecho victimizante, ya sea individual o colectivo, entre otras condiciones.
Los representantes que se posesionan hoy en el Capitolio Nacional fueron elegidos, al igual que el resto de congresistas, el pasado 13 de marzo en medio de los comicios en todo el país, con la diferencia de que no todas las personas de una región -o departamento- estaban habilitadas para votar por las Circuncripciones Especiales de Paz. Quienes tenían la posibilidad de pedir ese tarjetón especial fueron únicamente los habitantes de las zonas rurales de 167 municipios en los departamentos de Arauca, Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Sucre, Valle del Cauca y Tolima.
Durante la campaña electoral en los primeros meses de este año, Colombia+20 documentó varias inconsistencias en algunas candidaturas a las curules de paz que estaban respaldadas por clanes políticos o que eran aspirantes con cuestionamientos en su contra, como el caso de Jorge Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar, conocido en la guerra como Jorge 40, quien finalmente se quedó con la curul de esa región en la que competía con otros nombres cuestionados como el de William Romero, un hombre respaldado por personasl del Clan Gnecco (algunas condenadas por parapoítica) o el caso de Pedro Norberto Castro, respaldado por el Clan Araújo y a quien señalaron de tener nexos con paramilitares.
(Vea las candidaturas en entredicho aquí: Curules de paz, las víctimas llegan al Congreso)
Este diario también hizo seguimiento a las dificultades que vivieron los candidatos de todas las regiones del país para hacer campaña sin los recursos económicos que el Estado prometió garantizarles. También, en medio de los riesgos del recrudecimiento del conflicto armado en esas zonas del país y los problemas de cedulación de los habitantes de zonas rurales, una deuda históricas en corregimientos y veredas a las que nunca había llegado una institución estatal. Por esa falta de garantías, en el camino varios aspirantes renunciaron a sus candidaturas como un acto de protesta y aunque muchos pidieron que se aplazara su elección, el gobierno siguió adelante con las fechas ya estipuladas, a pesar de que el dinero para las campañas nunca llegó.
A pesar de eso, los nombres de los congresistas que representarán a las víctimas del conflicto a partir de hoy son: Karen Manrique (Arauca), John González (Bajo Cauca antioqueño), Diógenes Quintero (Catatumbo), Juan Pablo Salazar (Alto Patía, Norte del Cauca), Jhon Fredy Valencia (Putumayo), Luis Ricardo (Montes de María), James Hermenegildo (Chocó), William Martínez (Meta - Guaviare), Orlando Castillo (Pacífico Medio), Gerson Montaño (Pacífico nariñense), Juan Vargas (sur de Bolívar), Leonor Palencia (sur de Córdoba), Haiver Rincón (Tolima), Karen López (Urabá antioqueño), John Fredy Núñez (Caquetá) —pese a que el Consejo de Estado suspendió su elección— y Jorge Tovar (Sierra Nevada y Serranía del Perijá).
(Lea también: La trayectoria de tres líderes que se quedaron con las curules de paz)
¿En qué comisiones legislarán estos representantes?
Aunque lo más difícil fue lograr que se reconocieran estos nuevos lugares en el Congreso, ya comenzaron a presentarse nuevos obstáculos para los nuevos representantes a la Cámara: sus lugares en las distintas comisiones del Congreso. Como estas circunscripciones son especiales y transitorias, hace falta una reforma a la Ley 3 de 1992 para que los 16 nuevos representantes puedan estar en las comisiones Primera (cuya labor son las reformas constitucionales, leyes estatutarias, estrategias y políticas de paz), Tercera (es la que discute los temas de Hacienda y crédito público) y Cuarta de la Cámara de Representantes (encargada del Presupuesto General de la Nación) afirmando que estas ya tenían un “número bastante elevado de integrantes” como para incluir a los nuevos congresistas.
(Nota relacionada: Se aprueba ampliación de comisiones en Cámara de Representantes por curules de paz)
El Senado y la Cámara aprobaron el proyecto de ley para incluir esos nuevos escaños, pero con ponencias distintas: la de la Cámara decía que esos cupos se debían dar manera directa a los representantes de las víctimas, mientras que el Senado decía que por cociente electoral (división de votos válidos por el número de escaños). Colombia+20 conoció que los partidos políticos llegaron a una negociación para que el anuncio del proyecto sea hoy mismo y la votación de la conciliación se haga el 24 de julio. Así pasaría a sanción presidencial.
Una nueva bancada de paz en el Congreso
Los 16 congresistas ya afirmaron que actuarán como una sola bancada de paz para impulsar distintos proyectos de ley relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz. También estaban contempladas las posibilidades de crear una comisión accidental de curules de paz o consolidar una comisión legal de paz y posconflicto, con el fin de tener una incidencia real en la Cámara de Representantes.
Algunos de los nuevos congresistas han explicado que habrá dos prioridades dentro de su agenda: la Reforma Rural Integral y la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. De las 107 normas que deben pasar por el Congreso para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz, apenas se han expedido 71 -solo cinco de ellas durante el gobierno de Iván Duque-. Por eso, el rol de los representantes por las curules de paz va ser tan importante para impulsar estas normas.
Además: Elegidos en las curules de víctimas oficializan la bancada de paz en el Congreso
Algunos puntos están en una situación más crítica que otros. El punto 1, sobre la Reforma Rural Integral, es el más grave de todos, con 21 normas pendientes, del total de 36 que se establecieron en el alistamiento normativo. Algunas de las pendientes son la Ley de Tierras y la jurisdicción agraria. Según investigadores del Partido Comunes, en su informe de seguimiento a ese punto, hay un incumplimiento sobre el carácter integral de lo que debería ser la reforma y esto, a su vez, pone en jaque la implementación general.
Otro ejemplo de las consecuencias de la falta de normatividad es el punto 4, sobre la solución al problema de las drogas. Una de las normas que no ha pasado tiene que ver con el tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores. Isabel Pereira, de Dejusticia, en entrevista con este diario en marzo pasado ya había advertido que esto no ha sido la causa directa de la precaria implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pero sí da cuenta de la poca voluntad política frente a los pequeños cocaleros que han querido, sin éxito, ingresar al programa o que no han visto los resultados esperados en temas de proyectos productivos alternativos.