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El 25% de los recursos aprobados por el OCAD-Paz en Antioquia corresponden a proyectos para instalar baterías y unidades sanitarias. Se trata de 11 contratos que se realizan en ocho municipios. La suma total de los contratos es de $125.846.250.407, mientras que el monto aprobado hasta el momento para el OCAD Paz en ese departamento es de $504.657.967.708.
En principio esto no supondría nada irregular, pero ha llamado la atención a líderes del territorio que se haya destinado una cuarta parte de los recursos a uno solo de los ocho pilares de los PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial), que es el pilar de vivienda, agua potable y saneamiento básico. También es llamativo que algunas de estas asignaciones son tan elevadas que representan más de la mitad del presupuesto anual de los municipios en donde se están ejecutando, lo que revela una desproporción del gasto. Cabe aclarar que los recursos no provienen de las asignaciones por transferencias, sino del fondo OCAD Paz, dineros que han tenido múltiples cuestionamientos de malos manejos y corrupción en el resto del país.
El OCAD Paz es el órgano del Sistema General de Regalías (SGR) que aprueba proyectos de inversión financiados con recursos de regalías para la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. Una investigación periodística de Blu Radio publicada en julio pasado reveló un entramado de corrupción a través del cual se habrían pagado alrededor de $500.000 millones en sobornos a congresistas, funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP) —uno de los filtros previos al OCAD-Paz— y de la Contraloría.
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Sobre el tema de las irregularidades en Antioaquia, en Necoclí, los dos proyectos aprobados para dotar de baterías sanitarias a viviendas rurales suman una asignación de más de 41.000 millones de pesos, cuando el presupuesto general para el municipio de este año es de 73.000 millones. Es decir, un par de proyectos puntuales cuestan un monto que supera la mitad del presupuesto de funcionamiento de Necoclí en un año.
Uno de estos proyectos por más de 22 mil millones de pesos fue adjudicado a la Asociación de Municipios del Urabá, Darién y el Caribe (ASOMUDACAR), que a su vez subcontrató a la empresa Unión Temporal Saneamiento Familiar para su ejecución, representada por Juan Mena Rivas, un ingeniero chocoano que tuvo cargos directivos en empresas de servicios públicos del Chocó.
A pesar de que dicha Unión Temporal recibió un anticipo de de $11.078´374.025, que representa el 50% del valor del contrato, el avance físico de las obras en agosto de 2022 era del 0.7% del compromiso, de acuerdo con un informe de auditoría de la propia ASOMUDACAR en poder de este diario.
Todos estos proyectos de unidades sanitarias son similares y su propósito es dotar a viviendas rurales con baños y pozos sépticos, lo que implica la construcción de un pequeño cerramiento en ladrillo y la instalación de tuberías, lavamanos, un sanitario y otros accesorios menores. Los valores en algunos de los proyectos rondan los veinte millones de pesos por unidad instalada, lo que incluye costos operacionales, transporte, mano de obra y materiales.
En Anorí cada una de estas instalaciones se cotizó por $16.955.000, pero en otros municipios como Apartadó los costos llegan hasta 19 millones por unidad, según los cálculos de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Ómar Restrepo.
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Colombia+20 consultó en una cadena de comercios de herramientas para construcción y ferretería el valor comercial de un combo de baño que incluye lavamanos, sanitario y accesorios para colocar toallas y jabones. Se pudo determinar que estos combos oscilan en el mercado entre los 300 y 400 mil pesos a precios de octubre de 2022. No obstante, en el pliego de solicitud privada de ofertas No. 02 de 2022 que se anexó para el proyecto en el municipio de Briceño un combo similar aparece presupuestado por un valor de 529 mil pesos.
Los 11 proyectos fueron aprobados en sesiones del OCAD Paz precedentes a la campaña electoral, entre junio y diciembre de 2021. En algunos casos estas actas, como la del Acuerdo de aprobación no. 53 del 31 de julio de 2021, están firmadas por el ex consejero para la Estabilizaciónm Emilio Archila. También figuran cuestionados funcionarios de la Contraloría como Aníbal Quiroz y Juan Carlos Gualdrón.
Quién encabeza las denuncias por los presuntos sobrecostos de las obras es el senador antioqueño Ómar Restrepo, del Partido Comunes, que en entrevista con este diario aseguró que “de todas esas irregularidades hemos dejado constancia y la información ha llegado directamente a la Procuraduría, la Contraloría y la defensoría, pues la mayoría de veces han estado citadas a los espacios de control político o de intercambio con los liderazgos sociales”.
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Colombia+20 pudo constatar que en el contrato asignado en Briceño al Consorcio UNISAFAS (a su vez compuesto por las empresas Construmonajes HD y HC Construcciones del Caribe SAS) se encuentra vinculada la señora Adriana de Jesús Blanco, quien fuera candidata por el Partido Conservador a la Cámara en el departamento del Atlántico en las pasadas elecciones legislativas y en 2010 perteneciera al Partido de Integración Nacional, célebre por acoger a decenas de parapolíticos en sus filas.
Blanco además fue cercana a la prófuga excongresista Aída Merlano y coordinadora de una de sus campañas, de acuerdo con una publicación de La Silla Vacía. Además, se abrió un proceso en la Contraloría por presunta responsabilidad fiscal en la construcción de unas obras de infraestructura en Duitama, Boyacá, donde también fue contratista en 2014.
Intentamos consultar a la empresa Construmontajes sobre el rol que la señora Blanco cumple en las obras pero en el correo electrónico y el teléfono que figura en su Registro Único Tributario no obtuvimos ninguna respuesta.
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Un presupuesto multimillonario sin ejecutar
Otro cuestionamiento tiene que ver con los retrasos de las obras. Si buena parte del dinero ya fue desembolsado, ¿por qué no hay casi nada construido? El senador Restrepo cuenta que en la legislatura anterior él como miembro de la Cámara de Representantes participó en un debate de control político “y muchas de las denuncias de la comunidad se pusieron sobre la mesa, pero estas entidades que deberían investigar de oficio, han hecho muy poco”.
De acuerdo con los datos que recopiló la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Ómar Restrepo, en Necoclí el avance financiero de uno de los proyectos es del 47%, pero la ejecución física es del 0%. Esto quiere decir que la mitad del dinero (más de 10 mil millones de pesos) ya se entregó, pero no hay nada construido.
En el municipio de Anorí la situación sería similar, según Restrepo: la ejecución física de la obra apenas registra el 4% mientras que la ejecución financiera ya va en el 37%.
“Nadie como nosotros interesados en que todo esto salga bien y se haga bien hecho”, se queja Restrepo, insistiendo en que estas obras de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial buscaban impactar a las comunidades que más sufrieron la guerra, como había sido pactado en los diálogos de La Habana, “además, el Acuerdo de Paz es la síntesis de nuestra lucha histórica”.
La conclusión de Restrepo es sencilla: “muchos políticos y funcionarios que fueron cuotas de partidos tradicionales se opusieron abiertamente a la paz, para luego enriquecerse con ella”, dice, “con personajes de la talla de Felipe Córdoba en la Contraloría General de la Nación, con personas cuestionadas como Juan Carlos Guadrón en la Contraloría delegada para el posconflicto y otros de sus cuadros medios en las direcciones regionales, era bastante difícil que se priorizaran investigaciones serias frente a situaciones como las que venimos comentando”.
