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El Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC, un hito que marcó la historia reciente de Colombia, cumple este domingo ocho años de su firma. Ahora que se está en la mitad del plazo de implementación pactado, el balance presenta claroscuros, en el que persisten profundas dificultades en seguridad no solamente de los firmantes, sino también en las regiones, también en el proceso de reincorporación y un retraso sobre acceso a la tierra que se hace cada más grande.
Algunos de los avances y retrasos fueron mostrados este viernes en el informe Del Capitolio al Territorio, un proyecto en alianza con la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que palabras más palabras menos es un documento de control político realizado por el Congreso donde se presenta un corte de cuentas sobre el estado de ejecución del Acuerdo de Paz.
El informe resalta como uno de los logros más notables del Acuerdo de Paz la reincorporación de más de 13.000 personas que abandonaron las armas para apostar el tránsito a la vida civil. En paralelo, la transformación de la ruralidad, una deuda histórica del país se ha posicionado como un eje fundamental en la agenda pública.
Sin embargo, el documento presenta serias alertas sobre el tema de seguridad, especialmente en las zonas PDET (Programa de Desarrollos con Enfoque Territorial), el aumento de secuestros, extorsiones, y asesinatos a firmantes de paz.
Aunque la tasa nacional de homicidios es de 14 por cada 100.000 habitantes en 2024, los municipios PDET registran tasas significativamente más altas, alcanzando 22,7 en el mismo periodo.
Más preocupante aún es la situación de los líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. Entre 2016 y agosto de 2024, 1.164 líderes sociales fueron asesinados, y los municipios PDET concentraron casi la mitad de estos casos. Mientras tanto, de acuerdo con la Fiscalía 390 excombatientes han perdido la vida desde 2017, lo que subraya los riesgos persistentes para quienes apostaron por la paz. Otros datos, como los que lleva Indepaz, hablan de 435 firmantes asesinados.
Las extorsiones, que alcanzaron un récord de 11.078 casos en 2023, ilustran cómo el control territorial por actores armados ilegales continúa siendo una amenaza latente para las comunidades.
Además, el desplazamiento forzado y los confinamientos siguen afectando a miles de personas, exacerbando las crisis humanitarias en regiones como Chocó y Antioquia. “Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre 2022 y 2023 los eventos de desplazamiento masivo aumentaron en un 6,9%, pero las personas afectadas por los mismos disminuyeron en un 6,1%, mostrando que el número de personas por cada desplazamiento es menor, en parte como una estrategia de los grupos armados”, dice el informe.
Sobre el confinamiento, los eventos aumentaron en un 62,8% y las personas afectadas por los mismos un 6,2%. “Entre enero y julio se han presentado 57 eventos, con 96.977 personas afectadas; es decir, con apenas siete meses corridos, ya se superan las afectaciones de 2023 en un 46,3%”, se precisa.
Así va el Acuerdo de Paz punto por punto
El desarrollo rural, un eje central del Acuerdo, enfrenta múltiples obstáculos. El acceso a tierras, pilar de la Reforma Rural Integral, se encuentra estancado por la falta de información confiable y el rezago en la gestión institucional. Las barreras administrativas y la inseguridad limitan el avance de la restitución, mientras que la ejecución del Plan Nacional de Salud Rural, prometido en el Acuerdo, sigue pendiente.
La implementación de los PDET avanza lentamente: aunque el 47,8 % de las iniciativas han activado su ruta de Implementación, este indicador no mide la ejecución real de los proyectos. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha intentado priorizar la actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), pero los resultados concretos son aún limitados por el ritmo lento de ejecución amenaza con diluir las metas de desarrollo en los territorios más afectados.
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El plan de choque presentado en octubre ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, va en ese sentido para acelerar esos planes territoriales. El documento impulsado por el ministro Cristo habla de los pactos territoriales, que son en realidad el corazón del plan de choque, porque incluyen las acciones que se realizarán para ponerles acelerador a las obras y proyectos en esas zonas PDET.
“El plan de choque es importante porque plantea elementos técnicos y políticos que son necesarios para avanzar. Es una buena idea y tiene elementos importantes, pero sus impedimentos están en la realidad política porque no sabemos cuánto vaya a durar el ministro Cristo y el proyecto depende del Ministerio. En caso de que él salga, no sabemos qué va a pasar con este plan”, afirmó Carolina Varela, coordinadora del proyecto Del Capitolio Al Territorio.
Varela también dice que el plan tuvo que acotar algunos elementos como el de la sustitución de cultivos de uso ilícito. “No sabemos del todo por qué o qué hubo interno en el Gobierno, pero ese es un elemento que hoy no está incluido y yo creo que sin eso se queda bastante cojo”.
Y agregó: “La idea de los pactos territoriales es buena, es un poco esa articulación entre los diferentes niveles de gobierno y se avanza en eso, pero desconoce la integralidad del acuerdo. Reconocer la integralidad del Acuerdo no es fácil. Vamos a terminar con unos proyectos priorizados de nuevo en cada una de las 16 regiones PDET, tal vez con una ruta más clara para su ejecución, pero probablemente nada más porque el acuerdo nacional también depende de la posibilidad de que el ministro continúe (...) En resumen, es un buen plan, pero políticamente tiene limitaciones, entonces eso nos hace dudar de la sostenibilidad de su implementación”.
Sobre el tema de las garantías para la participación política, el documento presenta tres rezagos: la reforma al sistema electoral, las garantías para dar más “espacios democráticos y asegurar una representación plural en los procesos de toma de decisiones” y el fortalecimiento de la oposición política.
Varios informes han destacado la creación de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, conocidas como curules de paz que ya llevan dos años en el Congreso, pero se insiste que no hay una ruta específica protección de los líderes opositores y la equidad en las campañas electorales. “A pesar de que el Acuerdo prometía una mayor apertura democrática, los recursos insuficientes y la inseguridad siguen siendo barreras significativas para un ejercicio pleno de la política en las regiones rurales”, explica el informe.
Este punto también incluye las garantías para la movilización y protesta pacífica, un tema central en el Gobierno de Petro “debido, en parte, a la relevancia que tuvieron las protestas de 2021 en el escenario político” del país, destaca el informe. Esta semana, para no ir más lejos, el Gobierno volvió a convocar a marchas a propósito de varios eventos como la conmemoración de los ocho años de la firma del Acuerdo de Paz. “Sin embargo, continúa pendiente el compromiso del Acuerdo de expedir una ley para su protección”, dice el informe.
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En el punto de reincorporación se resalta la creación, tras años de retraso, del Sistema Nacional de Reincorporación y del Programa de Reincorporación Integral. Estas dos estrategias contienen apuestas para las personas firmantes del Acuerdo de Paz, sus familias y las comunidades donde habitan.
Con esta estrategia, el Gobierno también busca, dice el documento, retomar el enfoque colectivo de la reincorporación. Esto sobre todo porque de los firmantes que adelantan su proceso de reincorporación, únicamente el 15,5% habitan en los Antiguos Espacios Territoriales de Reincorporación y Normalización (AETCR). “Es necesario pensar en las dinámicas geográficas del proceso de reincorporación y preguntarse por la pertinencia de AETCR y su sostenibilidad a futuro”, dice el informe. Algunos de ellos han tenido que desplazarse, han desaparecido o están en peligro de traslado por temas de seguridad o de acceso a tierras, como lo contó Colombia+20 en esta nota.
La lucha contra las drogas ilícitas, otro eje del Acuerdo, evidencia los retos de la política estatal. En 2023, Colombia alcanzó el punto más alto del registro histórico de coca y producción de cocaína. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a diciembre de 2023 el área sembrada con coca llegó a 253.000 hectáreas. La cifra representa un aumento del 10% en relación con lo reportado en 2022. “La producción potencial de hoja de coca llegó a 2.108 toneladas métricas y la de clorhidrato de cocaína a 2.664 toneladas métricas. Esto representa un aumento del 50% y 53%, respectivamente, en relación con 2022″, dice el documento.
A eso se suma que la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) avanza de manera desigual, con menos del 1,5 % de las familias beneficiarias completando su ruta de sustitución. “En este contexto, la renegociación de los proyectos productivos parece perpetuar los errores asistencialistas que han limitado su impacto”, se explica.
”El tema más urgente que falta por implementar es el PNIS, ya que desde las discusiones en La Habana se decía mucho que la implementación de este programa es fundamental para el Acuerdo. La no implementación de ese punto, en buena medida, no ha permitido la implementación del acuerdo en general por el tema de la seguridad. Este Gobierno, además, incluyó en su Plan de Desarrollo la posibilidad de renegociar con los campesinos, pero fue un tema porque solo les da la plata y salen de eso. Por eso se habla de cerrar el programa, pero no conocemos del nuevo”, dice Varela.
Por último, en el tema de las víctimas del conflicto, cuya reparación es central en el proceso de reconciliación, enfrentan un panorama desalentador. Con más de 9 millones de víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas, apenas el 17,3 % han sido indemnizadas. “A julio de 2024 habían sido indemnizadas 1.325.542 víctimas; es decir, apenas el 17,3% de las víctimas sujetas de atención. Como ya lo ha advertido Del Capitolio al Territorio, al ritmo de indemnización actual, el Estado necesitaría más de cinco décadas para cumplir con esta meta.
El enfoque étnico y de género, aunque presente en el diseño del Acuerdo, muestra rezagos significativos en su implementación. Las iniciativas con estos enfoques avanzan más lentamente que otras, reflejando una falta de priorización y coordinación institucional. Por ejemplo, solo el 47,9 % de las iniciativas etiquetadas con enfoque de género tienen una ruta de implementación activa, y las disparidades regionales limitan su alcance. Las mujeres lideresas, así como las personas con identidades de género diversas, enfrentan riesgos persistentes, subrayando la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y promoción de sus derechos.
El panorama legislativo tampoco es alentador. De las 107 normas necesarias para la implementación del Acuerdo, 25 siguen pendientes. La reforma rural integral es el área más rezagada, con 15 normas aún por tramitar. Aunque el Congreso ha avanzado en proyectos relacionados con la jurisdicción agraria y la protesta pacífica, la falta de recursos y voluntad política limita el alcance de estas iniciativas.
Además: Anuncian proyecto de ley para ampliar tiempo de implementación de Acuerdo de Paz
Esta semana, Gobierno anunció esta semana que propondrá un proyecto de ley para ampliar el tiempo de implementación del Acuerdo. Sobre esto, Varela afirma que el Ejecutivo ha sido lento en impulsar sus reformas en el Congreso. “No sabemos qué incentivos tienen los congresistas. El Congreso y muchas instituciones se mueve por incentivos, entonces uno piensa qué los movería a aprobar algo así. Lo que me preocupa es que intenten ampliar, no solo el tiempo sino los municipios porque sí hay muchas voces que buscan ampliar los municipios y yo creo que eso es un error grandísimo en lógica porque no vamos a tener más recursos, vamos a tener los mismos 10 pesos para los mismos 170 municipios o vamos a tener los mismos 10 pesos para 300 municipios”, explica.
Y agrega: “La probabilidad de éxito depende de la agenda del Gobierno para ver qué prioriza porque tiene muchas normas pendientes de sus reformas sociales que se suman a otras pendientes del acuerdo como, por ejemplo, la jurisdicción agraria que es fundamental para poder avanzar”.
El informe también aborda el tema del financiamiento. Justamente esta semana, otro documento de la Contraloría advirtió de deficiencias en la gestión de recursos del Acuerdo de Paz. El ente indicó que aunque se han ejecutado $88,5 billones entre 2017 y marzo de 2024, esto representa solo 45 % de los recursos proyectados para 15 años, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
“Las reducciones presupuestales para entidades clave como la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Reincorporación y Normalización representan una amenaza para el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo”, dice el informe.
El documento hace un llamado urgente a la acción para superar las fases de planeación e impulsar la ejecución de los compromisos pactados hace ocho años.
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