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Un viaje de más de dos horas desde Medellín hasta San José, capital de Costa Rica, será el primer vuelo internacional que emprenderá hoy Luz Enith Franco en su búsqueda por respuestas y justicia tras la desaparición de su esposo, Arles Edison Guzmán, en noviembre de 2002.
Franco llegará a la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que por primera vez estudiará un caso de desaparición forzada producto de la Operación Orión, una de las 12 operaciones militares que se perpetraron en la Comuna 13 de Medellín ese año en connivencia con los paramilitares.
La historia de Arles llegó a ese órgano judicial el 5 de septiembre de 2021, 14 años después de un arduo proceso que ha liderado Luz Enith junto al Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), que la acompaña desde diciembre de 2002, cuando la conocieron en la Comuna 13. “Casi una semana después de que se llevaron a Arles conocí a la que ahora es mi abogada y llevamos 20 años en esta lucha, que ha sido tanto de ella como mía. Cada día he buscado a Arles y no voy a parar, seguiré y seguiré hasta donde Dios me dé fuerzas”, afirma Franco en entrevista con Colombia +20.
La persistencia en la búsqueda conjunta las llevó a interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de octubre de 2004. Seis años después, el 4 de enero de 2011, la Comisión aceptó el caso y concluyó que “el Estado, dada su acreditada relación con los paramilitares, fue permisivo de los hechos, violando el derecho a la vida e integridad personal de la víctima, así como a la protección y garantías judiciales, al no investigar su desaparición debidamente y en un plazo razonable”, según lo documentó el GIDH.
En contexto: Primer caso de desaparición forzada en Comuna 13 por Operación Orión en Corte IDH
Con este logro, esta corporación paisa con más de 20 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos lleva esperanza a las familias de las víctimas de Operación Orión, que fue la incursión militar urbana más grande de Colombia. Se estima que más de 100 personas fueron desaparecidas de esta zona de Medellín en 2002, cuando inició la política de seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
“Nosotros tenemos la expectativa de que haya un reconocimiento franco, amplio, abierto del caso de Arles y las modalidades de participación de agentes del Estado en las violaciones durante la Operación Orión”, afirmó María Victoria Fallon, abogada del caso y directora del GIDH.
Además del reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, las abogadas y los familiares de Arles Edison esperan llegar a consensos en las medidas de reparación de los más de 20 años de búsqueda sin respuestas.
Una de ellas es continuar con el proceso de búsqueda de su esposo en La Escombrera y que, más allá de lo económico, también se realice un documental sobre Arles y la violencia vivida en la Comuna 13 con las operaciones militares. “Estoy animada, tengo fe en este Gobierno y estoy a la expectativa de que sí se solucione todo”, resaltó Franco.
Lea también: Operación Orión en comuna 13 de Medellín: 20 años de impunidad y falta de verdad
Esta audiencia fue citada por Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte IDH, el pasado 21 de diciembre, mediante una resolución en la que invitó a una audiencia pública al Estado colombiano, al GIDH como representante de las víctimas, a Luz Enith Franco, a dos peritos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La diligencia será transmitida en vivo por la Corte desde las 10 de la mañana, hora Colombia. También podrá verla a través de las redes y la página de Colombia+20.
¿Quiénes asistirán a la audiencia de Arles Edison?
Desde Colombia viajará un equipo de unas siete personas, entre ellas Luz Enith Franco, un hermano de Arles Edison, las abogadas María Victoria Fallon y Patricia Fuenmayor (del GIDH), y Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, nueva representante del Gobierno para este caso.
Parte del dinero para poder viajar a Costa Rica saldrá del Fondo de Asistencia Legal que tiene la Corte IDH, utilizado cuando se demuestra la falta de recursos de la víctima o de la organización representante.
En este caso, el GIDH es una organización de voluntarios con pocos recursos que pudo aportar apenas una pequeña parte y, junto a lo suministrado por la Corte IDH, financiar los gastos de Luz Enith y las abogadas durante los tres días de estadía en el país centroamericano.
Para las abogadas y los familiares, la presencia en la audiencia de una nueva delegada del gobierno de Gustavo Petro genera esperanzas. Según relatan, han identificado una línea de trabajo distinta por parte de una administración que ha manifestado el respeto a las víctimas como una de sus banderas.
Vea: El caso de Arles Edisson Guzmán esclarece lo ocurrido en la Operación Orión
“Desde el Gobierno de Petro ya se hicieron unas manifestaciones que demuestran que sí puede haber una voluntad diferente. Por ejemplo, las preguntas enviadas por el Estado a los declarantes han sido con un ánimo de ampliar el conocimiento de los hechos, no de confrontación. Los agentes del gobierno de Iván Duque tenían una clara defensa de la política de seguridad democrática de Uribe y una definición de no reconocimiento de las violaciones y respeto para las víctimas”, explicó la directora del GIDH.
Luz Enith será la única familiar que declarará ante la Corte lo que vivió hace 21 años, cuando desaparecieron a su esposo el 30 de noviembre en el restaurante Asados el 20, que atendían en el barrio 20 de Julio. Esa noche, hombres sin identificar llegaron preguntando por Arles Edison Guzmán y argumentaron que un “patrón” necesitaba hacerle unas preguntas. Sin saber de lo que vendría después, Guzmán se subió a un taxi con paramilitares vestidos de civil que no dejaron rastro de su paradero.
En la audiencia también se escucharán a dos peritos. Uno de ellos es Claudia Rivera, directora de ciencias forenses de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, organización con experiencia en la búsqueda de desaparecidos en condiciones difíciles. Según Fallon, directora del GIDH, Rivera se referirá a las posibilidades técnicas y científicas de hacer una búsqueda en La Escombrera y el impacto del tiempo para la identificación de las víctimas. Esta zona y La Arenera hacen parte de los predios de Constructores El Cóndor S. A., adonde llegan los escombros y se saca material de construcción para las obras de ingeniería de la ciudad.
A partir de declaraciones de paramilitares desmovilizados, se sabe que allí fueron enterrados más de un centenar de personas durante y después de la Operación Orión.
El otro perito es Bernard Duhaime, especialista en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, quien hablará sobre las obligaciones estatales en relación con la desaparición forzada, cuáles son los estándares para imputar al Estado y la atribución de responsabilidades.
Según la resolución de la Corte para este caso, Duhaime también va a “presentar elementos probatorios para acreditar la colaboración, tolerancia o aquiescencia de la fuerza pública con grupos armados al margen de la ley, como una forma de atribución al Estado de una desaparición, en especial en contextos de zonas urbanas de alta conflictividad”.
Aunque solo estas personas declararán presencialmente ante la Corte, más de 20 realizaron declaraciones juradas ante un notario, las cuales fueron enviadas a esa instancia judicial en Costa Rica. Familiares, exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín y de la Personería, y defensores de derechos humanos de la Comuna 13 son algunos de estos perfiles.
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Búsqueda en La Escombrera
El pasado 11 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) retomó el proceso de excavación en La Escombrera, zona que tiene medidas cautelares desde agosto del 2020 para proteger y conservar el terreno donde se realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas. Junto con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), la JEP aseguró que la intervención durará máximo ocho meses.
“Desde el GIDH somos conscientes de la complejidad del tema de La Escombrera y la gravedad de que siga funcionando. Cada camión que sube con cinco metros de tierra, son cinco metros de tierra más encima de los desaparecidos”, explicó la abogada María Victoria Fallon.
Los resultados que entregará la perita Rivera son claves para determinar si los esfuerzos realizados por la JEP y la UBPD en esta zona van por buen camino en la búsqueda no solo de Arles, sino también de las otras 459 víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13 entre 1978 y 2016, según lo documentado por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP.