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El sábado, hace un año exactamente, Otty Patiño se posesionó como alto comisionado de Paz. Su llegada a lo que hoy se conoce como Oficina del Consejero Comisionado —un cambio de nombre que en realidad no hace ninguna diferencia— se leyó como un guiño al papel que venía desempeñando como jefe de delegación en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) —que hasta entonces venía avanzando—, pero también como una muestra del giro que el presidente Gustavo Petro le quería dar a su apuesta de paz total.
La decisión del mandatario no distó mucho de lo que viene haciendo durante su administración: rodearse de fichas cercanas, varias de ellas militaron con él en la extinta guerrilla del M-19.
La movida sacaba a Danilo Rueda, a quien Petro apenas dedicó un escueto mensaje en su cuenta de X agradeciéndole “su inmenso esfuerzo”. El escenario que recibía Patiño era complejo: el Gobierno llevaba más de un año tratando de hacer despegar la estrategia de paz, varios procesos estaban detenidos y los que parecían ir más avanzados (con el ELN y la disidencia de Mordisco) atravesaban sendas crisis.
Un año después, se podría escribir las mismas palabras del escenario actual de las conversaciones de paz. Si hoy Patiño es un personaje del año es porque en sus hombros reposa la apuesta de paz total, una de las banderas del Gobierno, pero el balance de estos 365 días se queda aún cojo. Especialmente porque, para quienes siguen las negociaciones de paz, los avances se dan solo en los procesos que están en el corazón del comisionado, mientras que el resto se ha ido estancando,
Una muestra es lo que pasa con los diálogos de paz urbana que se llevan con bandas del Valle de Aburrá, Chocó y Buenaventura, cuyas mesas se han quejado públicamente de la ausencia de Patiño. “Lo que ha avanzado es porque él quiere que avance. Se evidencia en un proceso como el de Comuneros del Sur, al que le ha puesto todas las fichas. Los demás parecieran ni siquiera estar en la agenda”, dice a este diario una persona cercana a una de las negociaciones.
El progreso de esta mesa no deja de sorprender porque fue el origen de la crisis con el ELN. Comuneros del Sur fue el frente que se separó de esa guerrilla a mediados de abril —aunque lo hizo oficial un mes más tarde—, que inició un diálogo regional con el Gobierno que el ELN calificó de traición y como un intento para fraccionarlos.
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La extrañeza, si así se puede decir, es que Otty venía justamente de liderar la delegación del Gobierno en el proceso con el ELN, un diálogo del que hace apenas unos días dijo que “ha ido perdiendo la fe”.
Al margen de ello, si algo es innegable es que ese diálogo con Comuneros sí ha progresado. Hay un acuerdo para suspender secuestros y el reclutamiento de menores, se prevé una entrega de armas antes de que termine este año y hay acuerdos sobre búsqueda de desaparecidos y desminado humanitario.
Este último punto, sin embargo, puso sombras sobre la negociación y sobre el mismo consejero comisionado, pues varias informaciones apuntan a que podría haber irregularidades en la designación de los contratos para hacer desminado, algunos de los cuales habrían beneficiado a la Campaña Colombiana contra Minas, una ONG que por años fue presidida por Álvaro Jiménez, cercano al círculo de Otty, quien ha tenido labores tanto en esa mesa como en la que se quiere abrir con el Clan del Golfo, en donde es el jefe negociador.
La otra sombra son las divisiones que ha habido dentro de los grupos con los que se negocia. A lo del ELN se suman las fracturas con la disidencia de Iván Mordisco y la de Iván Márquez. Expertos y fuentes cercanas a las negociaciones han planteado la hipótesis de que esas fracturas podrían ser una estrategia del Ejecutivo, específicamente de la oficina de Patiño, para debilitar a los grupos armados.
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Lo cierto es que Patiño, de 79 años, es una figura controversial y multifacética, un lector voraz y un hombre “intelectual”, como lo califican varios de sus cercanos, que no deja a nadie indiferente. A pesar de su voz lenta y pasmosa, varias declaraciones no han escapado de la polémica. Este año “dio la bienvenida” al nuevo bloque que creó la disidencia de Mordisco y dijo que estaban en “el derecho” de reorganizarse. También envió un mensaje de condolencia a la Segunda Marquetalia por la baja de uno de sus hombres y antes había dicho que “no sabía” si el ELN reclutaba “forzosamente” a menores de edad.
Eso sí, su trayectoria personal y profesional le otorga legitimidad para llevar este tipo de procesos. Él mismo estuvo en la negociación de paz que terminó en la desmovilización del M-19, guerrilla de la que fue comandante y con la que incluso coordinó ataques como la famosa toma de la Embajada de la República Dominicana.
Además, cumplió un papel fundamental en la Asamblea Constituyente, de la que salió la redacción de la Constitución de 1991. Ha sido funcionario de varias alcaldías y también escritor. Uno de sus libros más reconocidos es Historia (privada) de la violencia.
Pero sus formas también le han generado detractores en su labor de consejero comisionado que, sobre todo, debería ser el facilitador del diálogo y promotor de lo que Petro llama la “reconciliación nacional”. Su gestión ha sido objeto de críticas por parte de distintos sectores políticos, sociales y académicos. Uno de los puntos más cuestionados es la dispersión de la estrategia de paz total, que abarca negociaciones simultáneas con una gran variedad de actores armados, desde insurgencias con motivaciones políticas hasta estructuras criminales enfocadas en economías ilícitas.
Es que la paz total tiene varias tareas: busca desescalar la violencia en el país mediante negociaciones y el sometimiento judicial de organizaciones criminales. Pero también atender las múltiples dimensiones de la violencia armada, desde las reivindicaciones políticas hasta las economías ilegales, e involucrar a comunidades afectadas y diversos sectores sociales en la construcción de acuerdos duraderos.
Un todo en uno que ni Rueda ni Otty han podido manejar del todo.
En el caso del ELN, las negociaciones han tenido avances, como la instalación de mesas de diálogo en varios países y la firma de un cese al fuego bilateral, pero también han sido criticadas por su lentitud y por la falta de claridad en los términos de los acuerdos. Algunos sectores consideran que los avances han sido simbólicos y que aún no se refleja un impacto tangible en la reducción de la violencia en los territorios más afectados.
Pero se deben reconocer algunos esfuerzos, como la inclusión de la sociedad civil en los procesos de negociación, entre ellas comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como de organizaciones sociales y de víctimas. Este enfoque busca garantizar que los acuerdos sean inclusivos y representativos, atendiendo las necesidades específicas de los territorios más afectados por el conflicto.
Por otro lado, los acercamientos con disidencias de las FARC y grupos criminales han sido problemáticos, con informes de incumplimientos y actos de violencia que generan dudas sobre la efectividad de las negociaciones y el compromiso real de las partes.
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Otro aspecto criticado de la gestión de Patiño es la percepción de que los procesos de diálogo no siempre están suficientemente articulados con la justicia transicional y las políticas de reparación para las víctimas. La Oficina del Consejero Comisionado ha liderado iniciativas para promover el sometimiento judicial de estructuras como el Clan del Golfo, aunque los resultados aún son limitados y no siempre generan confianza en las comunidades afectadas por sus actividades delictivas.
Y el otro punto que le critican es el tema de las gestorías de paz que, aunque es una figura utilizada desde hace años por varios gobiernos, algunos apuntan a que han sido usadas excesivamente por la administración de Petro sin resultados concretos. El mayor blanco reciente de estas controversias fue la designación de 18 exjefes paramilitares con este rol.
Aunque ha logrado avances importantes en la promoción del diálogo y en la creación de un marco integral para abordar la violencia, las críticas sobre la lentitud, la fragmentación y la falta de resultados tangibles evidencian la complejidad de este proceso. Tanto al Gobierno como a Otty les espera en 2025 un año clave para determinar si la paz total podrá consolidarse como una política efectiva para transformar las dinámicas de conflicto en el país.
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