Un documento de apenas tres páginas sentenció la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hace 20 años. En el Acuerdo de Ralito, que contenía 10 puntos, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares, comandados por Carlos Castaño, concertaron la desintegración de ese grupo armado, la entrega paulatina de las armas que se extendería hasta el 31 de diciembre de 2005 y el tránsito de las tropas hacia la vida civil a cambio de una serie de beneficios.
Para el comienzo del milenio, las AUC ya se habían consolidado como un ejército federado, poderoso y rico. La estructura armada llegó a ocupar 26 de los 32 departamentos del país, especialmente en la zona norte y, según los registros de derechos humanos, fueron los responsables del asesinato de 205.028 personas. Además, en 2001 fueron declarados por Estados Unidos como una organización terrorista que era parte del entramado del narcotráfico.
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Con todo eso, el Gobierno empezó las negociaciones con las AUC, a las que trató como un grupo armado con estatus político. Tanto las negociaciones como la firma del pacto se dieron en Santafé de Ralito, un corregimiento de Tierralta, Córdoba, ubicado en estribaciones del Nudo de Paramillo, y para entonces uno de los fortines de esa confederación armada que había nacido en 1997 para combatir el accionar y la expansión de las guerrillas.
Aunque la desmovilización de más de 31.000 hombres y mujeres mermaba la desesperanza que existía en el país por el desbordamiento de la violencia, había críticas por la falta de detalles de este pacto, por las dudas del desarme y por la premura de la firma.
Apenas cuatro meses después de la firma, y sin haber entrado en vigencia la ley de Justicia y Paz, el sistema de justicia transicional que los investigaría y juzgaría, se dio la primera gran desmovilización. En Medellín, el 25 de noviembre de 2003 y con un evento televisado, el bloque Cacique Nutibara fue el primero en dejar las armas.
Gran parte de las razones del apuro en avanzar en el proceso de desmovilización estaba relacionado con la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) entrara a investigar los crímenes de lesa humanidad que habían cometido durante la guerra para que estos no quedaran impunes. Para evitar esa investigación internacional, los paramilitares y el Gobierno diseñaron el sistema de Justicia y Paz, que por primera vez en Colombia fijaba como principio la reparación a las víctimas. Esa ley empezó a operar en 2006, y hasta 2010 emitió su primera condena.
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El acuerdo también contempló la decisión de legalizar las fortunas que los paramilitares habían acumulado a través de los años a cambio de pagar ocho años de prisión.
Sin mucha financiación, en febrero de 2004 entró en marcha la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) como un mecanismo externo de observación a este proceso de desmovilización. En sus informes resaltó que muchas de las estructuras paramilitares no se desmovilizaron en su totalidad y alertó por un inminente resurgimiento de nuevos grupos armados.
Como ha quedado reseñado ampliamente por la prensa y las organizaciones de derechos humanos, aunque las principales cabezas de las AUC se desmovilizaron, les dejaron a sus mandos medios el poder y el control de los territorios. Desde las cárceles del país movían sus hilos. Asimismo, pese a que se entregaron más de 18.000 armas durante todo el proceso de desmovilización, los comparecientes confesaron que entregaron armas viejas e inservibles, mientras que las nuevas y mejores las escondieron.
Su parcial desmovilización generó creación de Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD), como los Rastrojos, los Pachenca, los Caparros, el Clan del Golfo o AGC y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que hoy siguen haciendo presencia en los territorios y que configuran el reciclaje y recrudecimiento de la guerra. Algunos de ellos han adelantado acercamientos con el Gobierno de Gustavo Petro para entrar a la política de “paz total”.
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La verdad extraditada
La gran crítica de ese pacto, y que aún hoy se palpa en las víctimas, fue la extradición de algunos de los máximos comandantes a Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Su salida del país supuso, para muchos, la imposibilidad de conocer la verdad sobre los hechos y una reparación integral.
El 13 de mayo de 2008, a las 5:30 a.m., el entonces presidente Álvaro Uribe tomó la sorpresiva decisión de extraditar a 14 exjefes paramilitares a Estados Unidos. Su argumento fue que delinquían desde la cárcel, que no habían cumplido con los compromisos adquiridos, especialmente con la reparación a las víctimas, hecho que los paramilitares consideraron como una traición.
Haberlos sacado del país rompió con uno de los ejes fundamentales de la Ley de Justicia y Paz: la verdad. Muchos han contado, desde prisiones extranjeras, sus versiones sobre su papel en la guerra y luego de 12 años han comenzado a regresar, como Hernán Giraldo, el Señor de la Sierra, exjefe del bloque Resistencia Tayrona de las extintas AUC, y Salvatore Mancuso, que ahora pide pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El Pacto de Ralito y la parapolítica
El poder y la expansión del paramilitarismo no solo se quedó en las operaciones militares para hacerles frente a las guerrillas y proteger a ganaderos y terratenientes. En 2001, en pleno auge de las AUC, los jefes paramilitares firmaron un pacto secreto e ilegal con dirigentes de la clase política, especialmente de la costa Caribe. El hecho se conoce como el Pacto de Ralito, y por ello suele confundirse con el acuerdo para la desmovilización.
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Con este documento de cinco párrafos, al menos 24 políticos, cuatro jefes paramilitares y seis civiles sellaron una alianza para la toma del poder político. Para hacerlo era clave ganar las elecciones regionales y de Congreso de los años siguientes, y para eso se valieron de la violencia, la financiación del narcotráfico, la cooptación y la eliminación de sus contrarios.
Vea el cubrimiento de El Espectador en julio de 2003:
El plan, que después fue conocido como la parapolítica, logró permear las elecciones. En 2002 llegaron a tener una tercera parte del Congreso, tal como lo confesó Mancuso en Justicia y Paz. Según los cálculos de ese sistema, recogidos en el Informe Final de la Comisión de la Verdad, en distintos comicios, y con diferentes artimañas como la manipulación del mapa electoral, el pacto obtuvo la elección de 26 senadores en sus zonas de influencia, infiltraron e influyeron en organismos del Gobierno Nacional e intervinieron en la aprobación de la reelección presidencial de Álvaro Uribe. Además, lograron elegir a sus aliados en 250 alcaldías y nueve gobernaciones en las elecciones de 2003.
Años después también se conoció que miembros de la Fuerza Pública de todos los rangos se aliaron con los paramilitares (y actuaron en connivencia) para cometer asesinatos selectivos y colectivos, y manejar el tráfico de drogas.
Esa alianza entre poderosos en las regiones dio paso al perfeccionamiento de una “maquinaria” de despojo de tierras, como lo señaló el Informe Final en uno de sus anexos. Los “paras”, a través de la violencia, expulsaron a poblaciones enteras para apoderarse de sus predios y entregarlos a un puñado de terratenientes, un problema que aún no se resuelve. Tras 17 años de funcionamiento del sistema de Justicia y Paz se han emitido alrededor de 65 sentencias condenatorias en contra de más de 580 exparamilitares.
