Comunes propone tratamiento penal especial para cocaleros: ¿en qué consiste?

Foto: Jonathan Bejaran

Tras la firma del Acuerdo de paz con las Farc, casi 100 mil familias campesinas admitieron haber cometido uno o varios delitos: participaron en actividades vinculadas a los cultivos de uso ilícito, tráfico y fabricación de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

Los aceptaron al firmar los acuerdos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) con los que prometieron arrancar sus matas de coca y abandonar esa actividad para reemplazarla por proyectos productivos legales. Y lo hicieron bajo la promesa del Acuerdo de Paz de darles apoyo técnico y económico y un tratamiento penal diferenciado, partiendo de la idea de que la persistencia de estos cultivos está relacionada con las condiciones de pobreza, marginalidad, debilidad institucional y presión por parte de organizaciones armadas de la que han sido víctimas históricamente.

Ese trato penal especial, sin embargo, no se ha concretado y es la deuda que pretende saldar el Partido Comunes con un proyecto que presentó en julio pasado en la Comisión Primera del Senado. “En el punto 4 del Acuerdo de Paz quedó firmado que había que crear ese tratamiento alternativo para que el Estado renuncie a la persecución penal, a la continuidad de los procesos en caso de que estén siendo procesados y a la pena en el caso de que ya estén condenados”, explica el senador Julián Gallo Cubillos, también conocido como Carlos Antonio Lozada, uno de los principales promotores del proyecto.

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Los senadores compararon las cifras de capturas reportadas por la Fiscalía y el monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos y encontraron que la persecución de los campesinos, además, no ha desembocado en la disminución de hectáreas sembradas. Por eso, el proyecto busca que se flexibilice la judicialización de los responsables de esos delitos cuando se trate de pequeños agricultores y que “la respuesta primigenia del Estado frente a ellos se convierta en la aplicación de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y no la utilización de las medidas privativas de la libertad”, según se lee en el documento.

¿Para quienes aplicaría el trato especial?

El proyecto está destinado a los pequeños agricultores que estén inscritos o se inscriban hasta un año después de la entrada en vigencia de la ley al Pnis u otros programas de Desarrollo Alternativo que pudieran ponerse en marcha en ese tiempo.

En la cadena de procesamiento de narcóticos, no solo participan los cultivadores de las matas. Por eso, el proyecto contempla a todas las personas relacionadas con los cultivos de uso ilícito y cuyos ingresos dependen principalmente de esta actividad: quienes siembran las plantas; quienes las conservan y las cuidan, y quienes, en el caso de la coca, las transforman en pasta base. También acoge a los recolectores, quienes trabajan como jornaleros cosechando plantaciones que no le pertenecen; a las trabajadoras domésticos (normalmente mujeres) que realizan labores de cuidado y preparación de alimentos; incluso a quienes transportan los insumos químicos para el procesamiento de las matas.

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Sin embargo, hay algunas exclusiones. “En el proyecto está establecido que no se beneficiaría a quienes financian a los campesinos, algunos de ellos como se conoce reciben dinero para financiar los cultivos porque no tienen acceso a créditos o subsidios, entonces no se beneficia a quienes financian los cultivos. Tampoco a quienes tienen cultivos extensos”, explica Lozada. Sumado a ello, los campesinos deben probar su dependencia económica a esta actividad. Es decir, “debe demostrar su estado de pobreza que lo obligó a tener que recurrir a ese tipo de cultivos para sobrevivir”, añade el senador.

Una de las críticas de los campesinos cocaleros al gobierno de Iván Duque es que no permitió la inscripción al programa de nuevas familias interesadas en abandonar estas siembras. Al respecto, Lozada aseguró la presentación de este proyecto es un primer paso para que el gobierno de Gustavo Petro busque la manera tanto de incorporar a más familias en el programa, como de volver a convencer a las familias que por distintas razones fueron desvinculadas. “El gobierno anterior no tuvo la voluntad política para avanzar en el cumplimiento de este programa y muchas familias se vieron obligadas a reincidir. Entonces hay que mostrarles que si hay un compromiso y hacerlo extensivo a otros campesinos que en su momento no firmaron el acuerdo. Es decir, hay que retomar el Pnis como un componente de la Paz Total que plantea el presidente Petro”, señaló.

¿En qué consiste el tratamiento penal diferenciado?

Si el proyecto es aprobado después de pasar por las discusiones en Senado y Cámara, las autoridades competentes renunciarían al inicio y desarrollo de procesos penales contra los campesinos inscritos a estos programas; detendrían los procesos en curso; eliminarían las penas en contra de los campesinos ya condenados; y, cuando aplique, eliminarían la extinción de dominio sobre sus tierras.

El proyecto incluye que si el beneficiario está preso, la Fiscalía y la Procuraduría deben pedir al juez correspondiente que ordene su “libertad condicionada de formar inmediata”. Incluso, el documento añade la eliminación de los antecedentes: “En todos los casos se extinguirán los antecedentes judiciales de las bases de datos de quienes accedan al beneficio y cumplan el periodo de verificación”, se lee allí.

Para que todo ello suceda, los campesinos deben cumplir los compromisos adquiridos con el Pnis y no volver a ninguna de esas actividades ilícitas. Los procesos penales y la ejecución de las penas estarían suspendidas durante un periodo de verificación de dos años, en los que el Pnis corroborará ese cumplimiento. Una vez cumplido el periodo de verificación se eliminarán los procesos y las penas. En cambio, si el agricultor incumple los compromisos, le revocarán el acuerdo y el Pnis le avisará a las autoridades para que inicien o continúen el proceso, la pena o la extinción de dominio de su tierra o bienes.

Organizaciones celebran el proyecto

Arnobi Zapata, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam) y representante de Ascsucor celebra este proyecto y considera que es la oportunidad para que esta nueva legislatura empiece a subsanar los vacíos en la implementación del Acuerdo de Paz que dejó la anterior. “Recibimos con satisfacción la presentación de este proyecto y creemos que, además de que sacaría del limbo jurídico a los campesinos cultivadores de coca que se sometieron al Pnis, abre una puerta importante para que quienes quieran sustituir tengan la garantía de no ser judicializados”, señaló. Según la Coccam, son más de 96.000 las familias que permanecen en el programa y que saldrían del limbo jurídico si se promulga la ley.

Sin embargo, asegura que aún hay dudas por resolver. Entre ellas la forma en que se determinará qué es un pequeño cultivador o cuánta extensión tienen los grandes cultivos que no entran dentro de ese trato penal diferenciado. Sobre esto, el senador Lozada respondió que es el Pnis en concertación con las autoridades y comunidades locales quienes deben determinar la extensión máxima de los cultivos. “Tanto con coca como con cualquier otro cultivo el rendimiento es diferenciado de acuerdo a la región. No es lo mismo tener una hectárea en Cundinamarca que tener una hectárea en el Meta. Esos límites se deben definir a nivel local, dependiendo también de las condiciones socioeconómicas”, señaló.

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Desde el Catatumbo, Holmer Pérez, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) considera que el proyecto también es un paso adicional en el cambio de enfoque que el Gobierno Petro prometió en la lucha contra el narcotráfico. “Esperamos que con esto se deje de enfocar la política de drogas contra el eslabón de la cadena más débil que es el cultivador y sea contra los grandes narcotraficantes porque en esa persecución ha habido muertos. En Catatumbo, en el periodo de la pandemia tuvimos dos”, asegura el líder.

Sin embargo, tanto él como Zapata insisten en que aunque es un avance, no es suficiente. “Deben brindarle las garantías reales al campesino para que pueda subsistir de una economía legal. La gente está cansada de ese círculo de violencia que lo único que genera es la plata para la comida”, dice Pérez. Por eso esperan que con este proceso se empiecen a enmendar los vacíos en la implementación del programa de sustitución. “En los cinco años que llevan firmados los acuerdos de sustitución, la gente lleva cinco años esperando que el gobierno le cumpla. El Gobierno Duque hizo un paralelismo a la implementación del Pnis y lo que generó fue desconfianza. Si eso no se corrige, vemos muy difícil cumplir el objetivo de sacar a los campesinos de la coca”, sentenció Zapata.