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Carlos Ruiz Massieu es el jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y representante especial del secretario general de ese organismo en Colombia.
En ese doble papel, su trabajo se divide entre hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 -con especial énfasis en algunos puntos como la reforma rural integral, la reincoporación de excombatientes y el seguimiento al capítulo étnico-, y al mismo tiempo adelantar el trabajo político de ayudar al país en otras tareas que le soliciten. Bajo esa figura es que hoy acompaña las mesas de diálogo que el Gobierno tiene con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con la mayor disidencia de las antiguas FARC, conocida como Estado Mayor Central.
En entrevista con Colombia+20, Ruiz Massieu habla de esos procesos de diálogo, la articulación del acuerdo de paz y hace -al igual que el informe más reciente de su oficina- un llamado al Gobierno a tener resultados más tangibles en la apuesta de paz total.
Hace dos meses estuvo el Consejo de Seguridad de la ONU en Colombia. ¿Con qué sensación se quedó el organismo sobre la implementación del Acuerdo de Paz, que fue el corazón de ese viaje?
Son varios puntos. Para el Consejo de Seguridad, Colombia siempre tiene el apoyo de la comunidad internacional. El organismo se fue con la visión de que sí hay una voluntad política para seguir avanzando y consolidando la paz, sea a través de la implementación del acuerdo y de las diferentes iniciativas de diálogo. Y por último se fue con la imagen de todos los retos que existen aún en Colombia para llegar a donde se quiere llegar, a donde se aspiró cuando se firmaron los acuerdos de 2016.
Personas cercanas al Acuerdo de Paz de 2016 dijeron en medios que la Misión de Verificación de la ONU “perdió de vista”la implementación de ese pacto porque asumió otras tareas que no le correspondían. ¿Hay alguna respuesta sobre ese tema desde la Misión?
Yo creo que hay quizás una confusión y una falta de entendimiento de cómo trabaja Naciones Unidas. En este caso hay que distinguir dos cosas: uno es el mandato que tiene la Misión de Verificación, dado por el Consejo de Seguridad, que es bastante específico sobre varios apartados de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Es decir, es muy centrada en ese pacto. A eso se suma el monitoreo y verificación del cese al fuego con el ELN. Esos son los mandatos de la Misión de Verificación. La otra cosa es el trabajo político que hace el Representante Especial del Secretario General y un equipo, que tiene la función de buenos oficios a nombre del Secretario General. Como Representante del Secretario, uno está en el país para ayudar a lo que se le solicite por parte del país o los diferentes sectores del país. En este caso, el Gobierno colombiano y otra contraparte, como puede ser la delegación del ELN o las del EMC.
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¿Cree que la política de paz total está ahogando a la implementación del Acuerdo de Paz? ¿Ha pasado a un segundo plano por las otras negociaciones?
Para nosotros no es así. Es decir, sí se están privilegiando diálogos de paz y diálogos políticos, pero está bien. De hecho, apoyamos y acompañamos esos diálogos. El llamado que hacemos es para que avancen más, pero son importantes dada la presencia de estos grupos y la voluntad que han expresado. La voluntad política y la concentración que hay para esto de parte del Gobierno es muy clara para nosotros. El punto nuestro está más en la necesidad de acelerar la implementación, pero no tiene que ver con que se esté eclipsando para usar un fenómeno reciente, una cosa con la otra. Se tienen que hacer las dos cosas. Esa fue la decisión del Gobierno y nosotros acompañamos, simplemente en ambos ámbitos se tiene que acelerar el paso, pero no tiene que ver con privilegiar una vía o la otra. Hay que caminar en los dos sentidos, pero con decisión y con acción.
Muchas sectores de la sociedad, la oposición e incluso el presidente Petro han dicho que los ceses la fuego han sido usados por los grupos para fortalecerse. Ustedes son parte del Mecanismo de Verificación del cese con el ELN, ¿tiene la misma lectura?
Nosotros no tenemos ningún elemento que pueda asegurar que los ceses se han utilizado para esos efectos, pero lo que sí podemos decir es que eso es algo que hay que evitar a toda costa. No se puede tener un cese ni para que un grupo se fortalezca ni para que un grupo ejerza una situación de mayor presión a la población civil. Desde Naciones Unidas haríamos todo lo que haya que hacer para evitar participar en un proceso en el que se tenga alguna información de esa naturaleza, porque es contraria al espíritu de los diálogos, a la voluntad de paz y a los principios que rigen nuestro accionar de los países.
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¿Cómo leen el aumento de algunos índice de violencia y conflictividad, pese a las mesas y diálogos que tiene el Gobierno?
Nos preocupa y nos ocupa. Por eso el llamado a fortalecer otras medidas. Los ceses al fuego que tienen son muy importantes, pero lo son sobre todo para la mesa y para las dos partes porque son constructores de confianza, pero por ser preliminares, por ser unos ceses temporales, su ámbito de aplicación y sus beneficios son limitados y no alcanzan a llevar beneficios a las comunidades. Por eso se siguen dando dinámicas de violencia en diferentes territorios, sobre todo los históricamente afectados por el conflicto.
¿Cómo ve el estado actual de la mesa de diálogos con el ELN?
Las partes están reunidas en Caracas y han expresado su voluntad de seguir dialogando. Esto es lo más importante, que sigan comprometidas en la mesa nacional y sigan conversando. Las crisis son normales, y hay que resolverlas. Me quedo con la voluntad de las partes de resolverlas. Y me quedo también con la mesa nacional de diálogos como espacio en el que los obstáculos pueden ser abordados por las partes. No somos ajenos a que hay problemas. Confiamos en que las delegaciones sentadas en la mesa van a avanzar en estos días de negociación en Caracas. El proceso, mientras tanto, sigue mostrando avances importantes: el Comité de Participación sigue activo, el cese sigue activo. Siguen pasando cosas positivas.
Con la disidencia EMC hubo una reunión donde empezó a verse una división. ¿Esto podría dificultar que ustedes sigan acompañando la mesa o cambiaría su rol en la misma?
No, no lo cambia, pero creo que lo que hay que tener claro es quiénes participan en ese diálogo, que esos que participan tengan una voluntad real de paz y sea demostrable y que haya una agenda de diálogos. El Gobierno tendrá que decidir, ya sabiendo con quién están en ese proceso de negociación y quién no, cómo actúa con los que no están. (...) Lo importante es tener claridades de quienes están y nosotros acompañaremos esfuerzos teniendo como base un proceso entre las partes con acuerdos puntuales que traigan beneficios puntuales que protejan a la población.
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¿No importaría que la estrategia del gobierno cambie? Es decir, que ahora no se siente con la totalidad de un grupo armado, sino con unos frentes puntuales...
No vería razón para no acompañar un esfuerzo de paz que el Gobierno decide tener, y que pide acompañamiento internacional para darle una serie de garantías al proceso. Celebramos que a través del diálogo se busquen resolver conflictos y que podamos agregar valor a esos diálogos o acuerdos.
¿Van a acompañar el proceso con la Segunda Marquetalia? ¿Hay avances en eso?
Sí, hay un pedido de solicitud. Estamos al pendiente de las condiciones para que se den esas conversaciones y siempre en esos casos conversamos con los que nos solicitan nuestra participación para ver qué es lo que podemos agregar a esos proceso. Estamos en eso todavía.
Volvamos al Acuerdo de 2016. El informe reciente de la Misión decía que se está haciendo esa tarea en el choque que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC. ¿En qué se ha avanzado en ese tema?
Hemos estado ahí para facilitar reuniones, para facilitar mensajes, para que se pueda funcionar de la mejor manera (...) Nosotros y el Secretario General de la ONU hacemos ese llamado al diálogo para entender las preocupaciones de los otros y velar para que sus funciones estén ceñidas a esa voluntad de ese Acuerdo de Paz. La jurisdicción está ad portas de tener sus primeras sanciones, así que es importante que el ambiente que rodee ese acto sea el mejor a para el país.
¿Ve disposición de las partes para resolver ese choque? Quedó en el aire la sensación de que había puntos irreconciliables…
Yo sí veo disposición. A veces en estos caminos y en estas complicaciones hay de repente frustraciones, pérdida de paciencia, pero sí hay apertura y hay disposición. El tema es cómo encontrar esos entendimientos comunes hacia futuro. Que el tribunal trabaje en el marco de su independencia, pero también tome en cuenta, dado su papel político, estas preocupaciones que son muy válidas.
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El antiguo secretariado le dijo a este diario que el hecho de que el Acuerdo de Paz haya llegado ante el Consejo de Seguridad daba un blindaje internacional y que sería una carta que se jugarían si hay un incumplimiento. ¿Hay alguna posibilidad de que el Consejo pueda recoger o revisar esos reclamos jurídicos?
El Acuerdo de Paz fue hecho por los colombianos y las colombianas y, por tanto, el mérito de los avances, de los retos y la resolución de sus retos es interna. El Consejo de Seguridad seguirá apoyando la implementación y confía en la capacidad de Colombia y de sus sectores y de sus diferentes actores para resolver esos conflictos entonces. No creo que sea adecuado que se busque una solución por vía del Consejo de Seguridad. Creo que lo que hay que hacer ese seguir buscando soluciones internas, no buscar hacia afuera. Se han enfrentado diferentes retos y problemas en todos estos siete, casi ocho años, y se han resuelto no tendría por qué ser esta la excepción.
Los ex-FARC propusieron tener un tribunal de cierre. ¿Qué opinan sobre esa propuesta?
Las conclusiones de las conversaciones que hemos tenido con los diferentes actores en cuanto a estas tensiones que se dieron en los últimos meses es que, por lo menos ellos, los firmantes y sectores que estaban en esa discusión, ya no estaban pensando en alternativas de este tipo. Cualquier decisión que tomen las instituciones democráticas colombianas en cualquier sentido, nosotros seremos siempre muy respetuosos de ellas.
¿Cómo han visto la preparación de la JEP de cara a esas primeras sanciones que debe proferir este año?
Se ha avanzado, pero es necesario acelerar todas las medidas que se tengan que tomar para el momento en que impongan las sanciones. Eso abarca a la propia JEP como al Estado porque tienen que cerciorarse de que estén dadas todas las condiciones bajo las cuales se pueden ejecutar las sanciones en temas más de infraestructura, seguridad, etc. Hay que aprovechar el tiempo todavía que se tiene hasta antes de que emita, pero todavía hay trabajo que hacer. Ese es también parte de los llamados.
¿Cómo ve la llegada a la JEP de Salvatore Mancuso y de la posibilidad de que otros actores armados aterricen en ese tribunal?
Esas son decisiones que tiene que tomar la jurisdicción con base en su independencia de personas que a su juicio agregan información relevante el mandato de la jurisdicción, en ese caso de los casos más emblemáticos y representativos del conflicto y eventualmente para asignar las responsabilidades. Son decisiones, pues que nosotros igual respetamos y entendemos que son en ese marco.
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El informe más reciente de la Misión habla sobre el mejoramiento del uso de la arquitectura para implementar el Acuerdo de Paz, ¿es un nuevo llamado sobre el trabajo de la Unidad de Implementación? Se ha dicho mucho que debería convertirse, como lo dijo el presidente Petro hace un año, en una Alta Consejería...
Lo que yo puedo decir es que estamos muy satisfechos, el trabajo que ha hecho Gloria Cortas es muy bueno, es un trabajo muy dedicado a fondo para procurar la implementación de los diferentes aspectos. Lo que se habló en su momento, y que el presidente anunció en Mesetas, era tener esta consejería Presidencial para la implementación que tuviera ese nivel para poder, no solamente verificar la implementación, sino articular diferentes ministerios. Eso también lo destaca (la experta internacional) Antonia Urrejola en su informe. Pero bueno, cualquiera sea la arquitectura que el Gobierno decida tener, debe ante todo cumplir esas funciones de articular y de seguir implementando. Urge otra vez restituirles a las comunidades y que disfruten los dividendos de la paz.
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El informe afirma que la población necesita sentir mucho más los beneficios del Acuerdo de Paz, ¿a qué se refiere con eso?
El tema de seguridad es el que quizás puede ejemplificar mejor la situación. Las políticas de defensa del Gobierno, con su enfoque de seguridad humana, la política de desmantelamiento, deben complementar las iniciativas, no solamente implementación del Acuerdo de Paz, sino de otros diálogos. Los propios ceses al fuego son positivos, pero no son suficientes. Tiene que haber medidas de seguridad -muchas de ellas contempladas en el Acuerdo- y otras, como las políticas de seguridad del Estado , que deban trabajar al mismo tiempo para aliviar a las comunidades. En paralelo, lo que se espera en los territorios y lo que esperamos nosotros es que los diálogos que están llevándose a cabo también tengan más resultados concretos.
En el caso del ELN tuvo muy buenos resultados en los primeros ciclos con el cese al fuego, el Comité Nacional de Participación, pero ya es importante tener un horizonte más claro, a dónde vamos y dar pasos concretos respecto a esos diálogos. Y no se diga en el caso del EMC donde hay necesidad todavía de aclarar otra vez si están todas las diferentes partes siendo parte de este ejercicio, si hay voluntad de paz, que se respeten a los civiles, que tengan una agenda de diálogos. Todas estas medidas son importantes y ya urge para que este año de verdad sea un año de implementación y de avances concretos en beneficio de las comunidades .
Eso último se repite mucho en el informe, que se necesitan otras medidas y más concretas. ¿Cuáles pueden ser?
No hablamos tanto de ceses. Hay medidas más benéficas para la población. Yo hablaba de otros temas como el (de reclutamiento) de menores, la de violencia sexual. Como Naciones Unidas obviamente nos interesaría que pudiera también ampliarse a este tipo de conductas. En fin, son todas estas que pueden tener más elementos de protección civil y que son consecuentes con el Derecho Internacional Humanitario.
Casi siempre, cuando se habla de un balance de la implementación del Acuerdo, el capítulo étnico y el de género aparecen más rezagados que el resto, entre otras razones, por su transversalidad. Si solo nos centráramos en los seis puntos, ¿cuál es para la Misión ve Verificación el más atrasado?
Seguramente sería aún la reforma rural, pero lo es contra sus metas planteadas. Ahí sí hay que decirlo y es que esto pasa, no obstante, a los esfuerzos renovados y la priorización que ha dado este Gobierno —mucho más que los anteriores— a ese punto y eso hay que reconocerlo. Aun así, todo todavía no se alcanza el ritmo de implementación que tienen otros apartados como reincorporación. El otro punto sería probablemente el de las garantías de seguridad porque, si bien en indicadores nacionales se ha mejorado un poco, en las diferentes regiones vemos diferentes fenómenos.
El informe dice que el Gobierno “redujo uno de los objetivos de entrega de tierras previstos en su Plan Nacional de Desarrollo de 3 a 1,5 millones de hectáreas para 2026”. ¿Genera dudas esa disminución?
El camino hacia una meta general tiene que revisarse a la luz de la realidad en temas de tierras, de capacidad, de compra. Entonces no nos parece grave, aunque se haya reducido a la mitad, quizás es más realista la cifra del millón y medio. Lo más importante es que siga avanzando. Lo señalamos porque es una meta interna que el Gobierno se marcó y luego la ajustó, pero no nos preocupa, lo que nos preocupa más que se siga avanzando para llegar a las metas globales.
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Usted habla de los desafíos de seguridad y en el informe se dice que han sido limitados los avances del Ministerio del Interior en varias medidas como la implementación del Programa Integral de Seguridad. ¿Qué es lo que ocurre con esa entidad? Varias veces se ha señalado esas limitaciones en sus resultados...
A veces tienen retrasos en virtud de la falta de materialización de algunos trámites administrativos o legales. Es más, falta ejecución. No se trata de señalar y buscar culpables, sino de estimular las acciones. En temas de garantías hay ciertos programas sobre todo los que tienen que ver con la protección de líderes o lideresas que también han tenido algunos retrasos. Yo espero que esto se vaya desahogando en estas próximas semanas y esto vaya avanzando porque sí son apremiantes.
