La más reciente encuesta Invamer no solo revela que la desaprobación del presidente Gustavo Petro aumentó del 20 al 61 % tras un año de Gobierno, sino que también raja al mandatario en su principal apuesta: la política de Paz Total.
Desde la posesión de Petro en agosto del año pasado hasta hoy, la opción de insistir en los diálogos de paz con la guerrilla y los grupos armados bajó 17 puntos porcentuales (pasó de 76 % a 59 %). Entretanto, hubo un aumento al apoyo a derrotar militarmente a los grupos armados ilegales, qué subió de 21 % (en 2022) al 37 % (en 2023).
Las cifras se desprenden de la medición que se realizó entre el 27 julio y el 6 de agosto en cinco ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga). En total fueron 1.500 encuestas personales, de acuerdo con Invamer, que afirma que el margen de error es del 2.53%.
El sondeo no solo mide la aprobación del presidente y la favorabilidad de personajes e instituciones en Colombia, sino que tiene un apartado dedicado al proceso de paz, donde se encuentra la pregunta de los diálogos, pero también otras sobre las negociaciones con el ELN y la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas FARC firmado en 2016.
Justamente sobre lo pactado en La Habana, la encuesta muestra un incremento en la percepción de que va por mal camino la implementación. Entre junio y agosto de 2023 se pasó de 61 % a 64 % en ese concepto negativo; mientras que entre quienes piensan que va por buen camino, hubo un leve aumento de 26 a 27 %.
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Sin embargo, si se toma todo el primero año de Gobierno de Gustavo Petro, las cifras son más preocupantes. La percepción sobre en qué va la implementación del Acuerdo de Paz va por mal camino, pasó del 42 % al 64%. Otra pregunta es si los encuestados creen que el Gobierno cumplirá con lo pactado en esos acuerdos, un compromiso que hizo el presidente Petro desde el inicio de su Gobierno. Para el 57 % de los encuestados no cumplirá (subió un punto porcentual con respecto a junio de 2023, cuando era de 56 %), mientras que para el 39 % sí lo hará (bajó dos puntos, pues antes lo pensaba el 41 %).
La misma pregunta se hace, pero con respecto a si las FARC cumplirá con lo pactado en 2016. El sondeo no muestra variaciones con respecto a junio de 2023, cuando el 70 % de las personas que respondieron la encuesta no creían en su cumplimiento, frente al 27 % que sí.
Por último, el sondeo pregunta si está de acuerdo con que el Gobierno siga las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Justamente este mes, esos diálogos tuvieron su mayor avance tras lograr el inicio del cese al fuego el pasado 3 de agosto y empezar a andar el Comité Nacional de Participación, instancia para que la sociedad civil esté activa en ese proceso.
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Pese a ello, hace dos días la mesa de diálogos afronta una situación complicada, tras la alerta de la Fiscalía General de un presunto plan del ELN para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa. La delegación del ELN negó cualquier vinculación.
La encuesta muestra que el 54 % de los encuestados sí está de acuerdo con continuar con esa negociación (subió un punto porcentual con respecto a junio de 2023 cuando era de 53 %), contra el 42 % que está en desacuerdo.
Sin embargo, en el último año ese apoyo a las negociaciones ha venido bajando. En agosto de 2022, el 69 % de los encuestados estaba de acuerdo con continuar los diálogos, frente a un 28 % que afirmaba que no.
Paz Total: poco apoyo y mucho escepticismo
Desde febrero de este año ha bajado la buena percepción de la población colombiana de que el proyecto de Paz Total vaya por buen camino. Se pasó del 39% que va en buen camino a agosto con un total de 28%. El escepticismo ha crecido 15%, según cifras de la encuesta Invamer.
Este proyecto que ha sido la bandera del gobierno Petro busca alcanzar la paz con diferentes actores armados ilegales. Hasta el momento, se están abonando esfuerzos en siete negociaciones con grupos armados ilegales y bandas criminales, siendo las más adelantadas las del ELN, los Shottas y Espartanos y las disidencias de de las FARC ‘Iván Mordisco’ autodenominadas Estado Mayor Central.
Aunque el ELN sea la guerrilla con quien el gobierno Petro ha adelantado significativamente el proceso de paz, pues se decretó un cese al fuego que va hasta febrero del 2024 y la próxima semana iniciará el cuarto ciclo de negociaciones en Venezuela, la población colombiana sigue teniendo una opinión desfavorable sobre esta guerrilla.
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Desde el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos (2014-2018) hasta agosto del 2023, la desfavorabilidad del ELN se ha mantenido por encima del 80%.
Organismos internacionales como la ONU ha mantenido una opinión favorable de los colombianos desde el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006). Sin embargo, luego de casi 20 años, en agosto del 2023 llegó a tener su registro más bajo con un 53% de aprobación.
A través de la Misión de la ONU, este organismo hace presencia en Colombia, liderada por Carlos Ruiz Massieu, en labores de verificación de los procesos de paz del país. El pasado 2 de agosto se extendió su mandato para verificar el cese al fuego bilateral de 180 días con el ELN y realizar labores de verificación de la posible reanudación del cese al fuego con el EMC de las FARC.
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A pesar de los esfuerzos que han realizado diferentes gobiernos y la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, la población colombiana mantiene una postura pesimista sobre la situación de la guerrilla en el país. A finales del año 2016 se evidenció un aumento en la percepción de mejora sobre la situación de la guerrilla. Sin embargo, desde agosto de 2018 cuando inicia el periodo presidencial de Iván Duque (2018-2022) se llegó a tener una respuesta del 75% por situación que va empeorando, frente a 14% que veía cierta mejora en febrero del 2020, un mes antes de iniciar la pandemia.
Reparación a las víctimas
Este ha sido uno de los puntos que ha generado escándalos durante este primer año del gobierno Petro cuando el presidente señaló que no habían recursos necesarios para reparar a las más de 9 millones de víctimas del conflicto.
La encuesta Invamer sondeó qué tal de acuerdo estarían los colombianos de pagar impuestos para darle ese dinero a las víctimas de violencia. Desde los últimos meses del gobierno Duque (febrero-julio del 2022) se evidencia diferencias muy mínimas donde por meses prevalece el desacuerdo. Con la llegada del gobierno Petro, la cifra muestra que las cosas no han cambiado y a agosto del 2023, el 50% de la población está de acuerdo, mientras el 48% no.
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Otro punto que ha sido clave en ese gobierno es el tema de las tierras. Ante la pregunta de estar en acuerdo o desacuerdo con que el Gobierno volombiano será capaz de devolverle las tierras a los campesinos desplazados por la violencia, las respuestas estuvieron reñidas: 52% de acuerdo frente a 45% en desacuerdo.
Se podría analizar que el aumento de la favorabilidad y respaldo de esta idea, desde la entrada del gobierno Petro responde a los cambios en la legislatura, como reconocer al campesinado como sujeto político de derechos y el inicio de la jurisdicción agraria.
Respecto a la justicia, instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras el Acuerdo de La Habana de 2016, desde el gobierno Duque, han tenido una constante opinión desfavorable, por parte de la población colombiana, de la cual aún no se recupera. En diciembre del 2022 tuvo una diferencia mínima de 1% entre favorable y desfavorable; pero a agosto del 2023 está el 54% con una opinión desfavorable frente al 35% en la orilla contraria.
Estas cifras frente a la JEP también pueden leerse a la luz de la postura de los colombianos sobre sacrificar o no parte de la justicia por negociar la paz. Aunque desde el último mandato presidencial de Uribe a Duque se había mantenido una distancia, desde la llegada de Petro se hizo más evidente. Se pasó de 43% a favor y 51 en contra en agosto del 2022 a 69% en contra versus 25% a favor.