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Los acercamientos del Gobierno Nacional con las bandas criminales del Valle de Aburrá (subregión que contempla a 10 municipios e incluye a Medellín) tenían como fecha de instalación para la mesa de diálogos el pasado 5 de mayo, pero la creación de un protocolo -que está próximo a conocerse- pausó el proceso, que busca un sometimiento a la justicia de grandes estructuras como La Oficina y Los Pachelly, entre otras.
Así lo afirmó a Colombia+20 Jorge Mejía Martínez, uno de los facilitadores del Gobierno en estos diálogos. En esta entrevista, el exconcejal y exsecretario de Gobierno de Antioquia y de Medellín, dice que las estructuras ya han hecho una lista de 10 personas para que sean sus representantes en la mesa y que el presidente Gustavo Petro podría firmar en los próximos días los decretos para la autorización de esos delegados.
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Además, señaló que a pesar de no saber aún cuál será la figura jurídica para este proceso, las bandas están comprometidas y dice que por ahora no han pedido nada a cambio para empezar. Martínez también explicó por qué las bandas propusieron frenar la producción, comercialización y distribución de fentanilo y heroína en Medellín.
Ya se tenía el 5 de mayo como fecha de la instalación de la mesa de diálogos en el proceso de paz urbana que se lleva con bandas armadas en Medellín, ¿por qué se pospuso?
Se consideró que era conveniente avanzar primero en la construcción de un protocolo, que facilite una especie de ruta para resolver situaciones, problemas, inconvenientes que se puedan presentar sobre la marcha. Nos pusimos de acuerdo las partes para avanzar en ese tema. Se hizo un borrador desde la Oficina del Alto Comisionado que fue considerado por las personas en situación de reclusión. Ellos hicieron observaciones y ya hay un gran avance en este tema.
¿Qué tipo de situaciones contempla ese protocolo?
La importancia de ese protocolo es dirimir situaciones que hoy son difícil de prever, pero que en la medida en que haya un acuerdo sobre esas reglas de juego permitirán sortear ese tipo de inconvenientes. Serían situaciones sobre cómo hurgar la responsabilidad de un hecho que se presente en la ciudad y en el que hay sospecha o inquietudes respecto a quiénes fueron los autores. Por ejemplo, una masacre, homicidios, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado intraurbano, el fentanilo. Mejor dicho, los cuatro asuntos gruesos que se abordaron en la rueda de prensa que se dio el pasado 28 de abril.
¿Y cómo va a funcionar ese protocolo? ¿Quién hace esa tarea de verificación?
El protocolo se ha estado trabajando de manera tripartita entre el Gobierno, estructuras armadas ilegales, los observadores y entidades internacionales que acompañan este proceso que son MAPP-OEA, ONU, las embajadas de Suiza y Noruega y esporádicamente la de Irlanda. Ellos han participado de las discusiones alrededor del protocolo.
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¿Ese protocolo va a implicar unas líneas rojas?
Nos tenemos que poner de acuerdo en ese sentido. El protocolo no es para que el Gobierno o sus representantes ejerzan autoridad o estén por encima de los representantes de las estructuras armadas. Yo creo que si arrancamos con esa postura el proceso está condenado a fracasar. Esto es más como un gesto de confianza de ambas partes sentarnos a construir, a prever situaciones y a cuáles serían las soluciones a esas circunstancias que de una u otra manera se podrían presentar y que podrían poner en jaque, el proceso. Hay unos mediadores, que será la comunidad internacional, quienes deberán tener acceso a esa información para en un momento determinado certificar si hubo responsabilidad o no por parte de uno de los miembros que están en esto.
¿Entonces van a esperar a tener el protocolo para la instalación de esa mesa de diálogos?
No. El último acuerdo sobre el tema es que podíamos tener avances significativos sobre ese documento, pero que no podemos condicionar la instalación de la mesa de conversaciones a que el último detalle del protocolo esté resuelto. A esa mesa, que se habrá de instalar en estos próximos días se le irán entregando los detalles. Este es un instrumento de conversación que consideramos es muy importante porque se reconoce que en el país otras experiencias de diálogos, de conversaciones o de negociaciones algunos parecidos a este han fracasado por no tener ese protocolo de acuerdo.
¿Pero entonces ya hay fecha para la instalación?
La fecha va a depender del momento en el que presidente Gustavo Petro saque los decretos designando los voceros, representantes tanto del Gobierno como de las estructuras armadas.
¿Cuándo se conocerán los nombres de los delegados de las partes?
En la Oficina del Alto Comisionado de Paz están trabajando intensamente en ese asunto para entregarle al presidente Petro los decretos para su firma. Creemos que este fin de semana él (Petro) firmará y dará a conocer esos nombres. Las estructuras desde la semana pasada entregaron una lista con los nombres de 10 personas que serán sus representantes, sus voceros en esa mesa de conversación.
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¿Quiénes están en esa lista de 10?
No tengo los nombres. Esa lista se le entregó directamente a la Oficina del Alto Comisionado de Paz. Suponemos que dentro de los nombres hay personas que estarán en (la cárcel de) Itagüí, así como también es posible que haya personas que están en libertad, sin ningún tipo de inconveniente legal jurídico, pero que bien podrían asumir la vocería de estas organizaciones.
“A pesar de carecer de ese contexto jurídico, estas estructuras han decidido dar el paso de propiciar estos diálogos e incluso dar un avance a través de ese comunicado del 28 de abril, sin ningún tipo de solicitud o de prebenda porque no tenemos competencia o capacidad legal para ofrecer ningún tipo de beneficio”
Jorge Mejía, facilitador del Gobierno en los acercamientos con bandas criminales de Medellín
De los delegados del Gobierno se conocen tres, usted es uno, la senadora por el Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, y la excomisionada de la Verdad Lucía González. ¿Se conocen otros nombres?
Se menciona que va a haber un representante del empresariado, uno de la oposición, particularmente del Centro Democrático y una de la sociedad civil, de las organizaciones sociales.
Se han dicho varios nombres de las estructuras armadas ilegales que entraron en este proceso, ¿finalmente quiénes están?
Además de ‘La Oficina’, que es como el tronco común de la cual se han desprendido muchas otras estructuras, están ‘Los Pesebreros’, que es una estructura muy conocida en el occidente de Medellín. También entraron ‘El Mesa’, ‘La Terraza’, ‘Los Pachelly’ y ‘Niquía Camacol’. Recientemente ingresaron ‘Los Triana’ y ‘La Agonía’. Esas dos fueron las últimas que manifestaron esa disposición y designaron representantes para llevar a cabo las conversaciones. Digamos que ahí está el 95 %, por no decir que el 100 % de las grandes estructuras ilegales armadas que operan en Medellín y en el Valle de Aburrá.
¿Cuántas personas dependen de esas estructuras?
Esos grupos tiene una relación con entre 350 a 400 combos que operan en todo este territorio y que son como las organizaciones de base.
¿De ahí sale la cifra que dio el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en la conferencia del 28 de abril, donde dijo que este proceso “involucraría a entre 12 mil y 14 mil personas vinculadas a esas bandas criminales”?
El número tiene que ver con las personas que directa o indirectamente participan de las actividades de estas estructuras. Hablamos de 350 a 400 bandas y combos y cada uno puede tener entre 20 y 50 personas. Ahí nos da una cifra muy importante. Pero además de eso estas estructuras han logrado tener o construir vínculos muy directos con las comunidades. Puede haber jóvenes que hacen labores de inteligencia o son campaneros. Mejor dicho, son personas con distintas actividades que no tienen una pistola, pero están al servicio de esas estructuras. Llegará el momento en el curso de las conversaciones nos tengamos que sentar con los grupos a diseccionar y preguntar ¿cómo están compuestas las organizaciones criminales? ¿Cuántos miembros tienen? ¿Dónde están? Hasta allá tenemos que llegar porque es la única manera de identificar sobre qué personas vamos a hacer un trabajo social.
El presidente dijo que con estas bandas criminales se debe llevar a un diálogo, pero con miras a un sometimiento o acogimiento a la justicia, pero esa ley no se ha aprobado. ¿Cuál va a ser entonces el modelo o la figura jurídica para estos diálogos?
Ese es uno de los temas inciertos que tiene este proceso y que genera alguna confusión. Esas estructuras decidieron participar o asumir el tema de la Paz Total urbana, a pesar de que hoy no tenemos un marco jurídico sobre el cual apoyar este ejercicio. Esa ley (la de sometimiento/acogimiento) no se ha aprobado y está tambaleando, pero mientras tanto hay que hurgar en otro en otro tipo de instrumentos jurídicos disponibles como la Ley 975, la Ley de Justicia y Paz, que de pronto nos podría dar una mano para resolver algunas de las inquietudes que en ese campo de lo legal se puedan presentar en este ejercicio.
Pero lo interesante es que, a pesar de carecer de ese contexto jurídico, estas estructuras han decidido dar el paso de propiciar estos diálogos e incluso dar un avance a través de ese comunicado del 28 de abril, sin ningún tipo de solicitud o de prebenda porque no tenemos competencia o capacidad legal para ofrecer ningún tipo de beneficio.
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¿Está diciendo que por ahora esos grupos armados no han pedido nada a cambio para iniciar este proceso?
Así es. No hay por ahora. Yo diría que es una muestra de voluntad la que ellos tienen la promulgar ese comunicado. También es muestra de la disposición que hay con el Gobierno en avanzar, en buscar puntos de acuerdo que permitan el desmonte de las estructuras y, de pronto, también algún favorecimiento de tipo legal, pero eso será más adelante.
¿Y el pedido de que todos los cabecillas estén en la cárcel de Itagüí?
Ese fue para empezar, pero todavía faltan algunas personas. Unos están en Cómbita y en Valledupar.
Sobre lo que dice de la Ley de Justicia y Paz, ¿entonces van a tomar ese marco jurídico?
Estamos estudiando el tema porque esa ley, que está vigente, nos puede suministrar algunas opciones de tipo legal para resolver temas específicos sobre la marcha. Por ejemplo, la conveniencia de concentrar a estas personas en un sitio específico que puede ser la cárcel (de Itagüí). Ellos no han planteado llevar a cabo el proceso en condición de libertad o extramural, sino que han aceptado que sea dentro de la cárcel. Eso podríamos verlo a la luz de esa ley.
¿Se ha contemplado que ese proceso incluya componentes de justicia restaurativa y, sobre todo, reparación para las víctimas?
Todos coincidimos, incluso las mismas estructuras, en la necesidad de abrir espacios a la reparación restaurativa. Mejor dicho coincidimos en darle vida a una posibilidad, a un tipo de justicia como la restaurativa, particularmente con las comunidades afectadas durante las décadas de presencia de esos grupos. He percibido que ellos tienen esa preocupación.
Las organizaciones sociales y víctimas afirman que se han sentido relegadas del proceso, ¿qué les dice?
Ese es uno de los grandes temas de incertidumbre en este proceso. Hoy no hay posibilidad de decir con claridad estas son las víctimas del conflicto urbano porque hasta ahora la Ley 1448 habla de víctimas del conflicto, pero con otras estructuras que han tenido connotación política. Es que si el Estado se siente impotente hoy para cumplirle a los 8 millones de víctimas del conflicto armado colombiano, ¿qué diremos nosotros si abrimos este boquete? Tenemos que pensarlo muy bien, pero indudablemente hay que abrirles espacio a las víctimas de estas organizaciones para que de alguna u otra manera tengan acceso a verdad, justicia y reparación y lógicamente a la no repetición.
El otro tema es el ofrecimiento de las bandas para no permitir la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el fentanilo y la heroína. ¿Cómo se llegó a ese “acuerdo”?
Esa postura tiene que ver con la preocupación de estas personas -que debo decir, además, que ninguno está pedido en extradición- sobre la posición de Estados Unidos respecto a que exista la posibilidad de que carteles mexicanos se estén nutriendo de Colombia, particularmente desde Medellín y el Valle de Aburrá a través de organizaciones delincuenciales para producir y comercializar ese tipo de sustancias. Entonces estas estructuras vieron en eso una oportunidad para dar a conocer su rechazo a esto y decirle a Estados Unidos: “nosotros no tenemos nada que ver con los mexicanos”. Es el mensaje que se le quiso dar a Estados Unidos.
¿Y eso cómo se va a verificar o a monitorear?
Nos tenemos que sentar para mirar concreto con las autoridades si esas drogas están circulando, cómo están ingresando al mercado, cómo se están comercializando. Aquí se ha habido algún consumo de fentanilo, pero no es masivo. Todavía es muy marginal. Las bandas manifiestan su voluntad de trabajar con las autoridades para desterrar esa producción y esa comercialización es un ejercicio para más adelante, pero lo cierto es que es muy importante como mensaje para quienes estén metidos en ese negocio el que saber que esas grandes estructuras son reacias o enemigas de ese tipo de sustancias.
Esto que se está haciendo en Medellín es como un laboratorio para replicar en otros lugares con guerras urbanas, ¿lo vea así?
Yo he escuchado una cifra, no sé qué tan real es, pero se habla de que el 40 % de la delincuencia organizada del país está concentrada en Medellín. Mejor dicho desde ahí y el Valle de Aburrá se influye en la delincuencia organizada que hay en Bogotá. Entonces la suerte de este proceso es muy significativa y es muy importante para el resto del país.
“Las estructuras desde la semana pasada entregaron una lista con los nombres de 10 personas que serán sus representantes, sus voceros en esa mesa de conversación”
Jorge Mejía
En Medellín ya ha habido otros procesos fallidos con bandas y el reciclaje de la guerra ha venido ganando terreno. ¿Cómo blindar este?
En Medellín en el siglo pasado y en la década de los 80 y los 90 hemos tenido algunos procesos, diría que incluso algunos exitosos de desarticulación de estructuras delincuenciales. El tema es que algunas de esas bandas han estado ligadas a lo que podríamos llamar delincuencia política, pues milicias de las FARC, milicias del ELN, etc. Pero no hemos tenido procesos con estructuras delincuenciales armadas e ilegales que sea el resultado de un relacionamiento con el Gobierno. Eso es lo significativo de este proceso. Ahora, a diferencia de cese de hostilidades que ha habido con los pactos del fusil, ahora este cese declarado hace parte de un proceso de conversación o diálogo con el Gobierno Nacional. Es decir, ellos hacen cada rato pactos de este estilo, pero aquí no es solamente una decisión entre estructuras, sino que tiene que ver con su afán de relacionarse con el Gobierno.
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Las otras negociaciones que tiene el Gobierno abiertas con otras estructuras no están pasando por el mejor momento. ¿No les da temor que se caiga este por lo que pasa en las otras mesas?
Al contrario. Las dificultades o las vicisitudes de los otros procesos con el ELN, disidencias y Autodefensas de la Sierra nos estimulan más a nosotros. Nosotros queremos hacer de este proceso de paz urbana un piloto nacional. Por eso el interés y el entusiasmo que le estamos poniendo a este ejercicio porque hemos encontrado receptividad en los “antagonistas”. Hemos encontrado la posibilidad de avanzar. Ojalá nos dure la cuerda. Hasta ahora tenemos esa fe de que efectivamente de este proceso podamos entregarle algo positivo, no solamente a Medellín y a Antioquia, sino a todo el país.
