Canciller pide una Comisión Internacional de Investigaciones de ONU para Colombia
La petición la hizo Álvaro Leyva ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que este jueves recibió el informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz. Los países miembros respaldaron la propuesta de ampliar el mandato de la Misión de Verificación para apoyar los diálogos de paz con el ELN .
Este jueves, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, pidió una Comisión Internacional de Investigaciones de Naciones Unidas o Grupo de Expertos independientes con el apoyo de Naciones Unidas para blindar el proceso de paz.
La petición la hizo Leyva durante la sesión en la que se entregaba el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz, un documento que construye y entrega la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
En el informe, que fue publicado el pasado 10 de abril y abarca el período del 27 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023, la Misión de Verificación destacó los avances que se han dado en el punto uno del Acuerdo de Paz, sobre reforma rural, la implementación del capítulo étnico de ese pacto y la integración de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, señaló la preocupación por la escalada violenta en varias regiones.
En contexto: “Es urgente desescalar el conflicto”: ONU en informe de Acuerdo de Paz en Colombia
El canciller hizo referencia a uno de los puntos de ese informe de la Misión que da cuenta de la denuncia que la JEP le hizo a antiguos funcionarios de la Fiscalía General por presunta obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio en 2018 por el caso de Jesús Santrich.
“Algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso siento como obligación llamar la atención sobre el Consejo de Seguridad porque sí tenemos enemigos del proceso de paz. De allí, después de reflexionarlo, veremos si es conducente la creación de una Comisión Internacional de Investigaciones de las Naciones Unidas”, afirmó.
Le puede interesar: Los audios de la DEA y la Fiscalía que le negaron a la JEP sobre el caso “Santrich”
Y agregó: “Como consecuencia de la creciente necesidad de implementar mecanismos para evitar que se continúe afectando el proceso de paz -mediante el entrampamiento realizado por extraños-, lo cual ha ocasionado la conformación de disidencias y el debilitamiento del Acuerdo, se hace necesaria la creación de una Comisión Internacional de Investigaciones de las Naciones Unidas o Grupo de Expertos con el acompañamiento del Secretario General de la ONU”.
De acuerdo con el cancilller, la petición es para “blindar aún más la tarea que está haciendo el Consejo de Seguridad”.
Leyva también aseguró en su intervención que está dispuesto a ponerle la firma a cada uno de los puntos entregados en el documento de la Misión de Verificación. “Mi obligación no puedo decir que sea vigilar, pero hacer el seguimiento para que efectivamente se llega a la Paz Total”, dijo.
Sobre esa política, el canciller explicó que el desorden de violencia en Colombia ha llevado al Gobierno a tener que dialogar con agrupaciones que no tienen carácter político, pero que hay que hablar con “todo el que quiera”.
Los países miembros del Consejo de Seguridad afirmaron que tomaban nota de la solicitud que el pasado 14 de febrero hizo el canciller Leyva para ampliar el mandato de la Misión de Verificación para apoyar el avance de los diálogos de paz con el ELN y los decretos de cese al fuego.
Rodrigo Londoño habla por primera vez ante el Consejo de Seguridad
Durante la sesión, el primero en intervenir fue Carlos Ruiz Massieu, representante Especial del Secretario General de la ONU en Colombia, quien habló de la reciente amenaza que sufrieron los firmantes de paz que viven en el ETCR de Mesetas (Meta), por parte de una de las disidencias de las FARC. La amenaza se desactivó, y el presidente Gustavo Petro hizo presencia en la zona, pero tras una reunión entre funcionarios y los firmantes del Acuerdo de Paz se acordó su permanencia en el Espacio Territorial Mariana Páez mientras se compra un predio donde puedan establecerse definitivamente.
“Si bien lamento que este grupo de excombatientes haya tenido que abandonar el sitio donde invirtieron tanto esfuerzo y trabajo en su reincorporación a la vida civil, es positivo que se haya acordado un plan de traslado ordenado de ellos y sus familiares a un lugar nuevo con mayor seguridad y acceso a tierra productiva (...) Pueden estar seguros de que la Misión continuará acompañando a los excombatientes y sus familias, y monitoreando los avances respecto a las medidas anunciadas. La seguridad de los y las excombatientes de las antiguas FARC-EP es nuestra mayor prioridad y así lo seguirá siendo, así como lo es la protección de los líderes y lideresas sociales”, indicó.
Ruiz Massieu también hizo referencia a la inclusión por primera vez de asuntos relacionados con la reforma rural integral y el capítulo étnico en este informe trimestral. “Estas disposiciones del Acuerdo son de una magnitud enorme: desde llevar infraestructura e inversiones muy necesarias a zonas rurales remotas hasta garantizar un acceso equitativo a la tierra y reparar los impactos específicos sufridos por las comunidades étnicas durante el conflicto”, aseguró.
Además: Acuerdo con Petro: exFARC se quedan tres meses más en Mesetas, Meta
De manera virtual, y por primera vez, Rodrigo Londoño, último máximo comandante de las Farc y presidente del partido Comunes, también participó en la sesión del Consejo de Seguridad.
“Hay un enorme rezago en la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, como consecuencia de los insuficientes recursos destinados. Este fue reglamentado con sus respectivas instancias, sin ponerlas nunca en funcionamiento. El anterior gobierno no hizo nada por crear el canal de televisión cerrada para partidos y organizaciones sociales, ni se molestó en los ajustes normativos que lo hicieran posible”, dijo Londoño.
En su intervención, Londoño habló sobre varios retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente de la reforma rural, del que culpó al gobierno de Iván Duque.
“De los otros dos grandes componentes del punto 1, Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, y Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial o PDET, tendientes a disminuir la pobreza rural en un 50% en el término de 15 años, hay que decir que su implementación efectiva es pobre. Nuevamente enfrentaron la ausencia de voluntad política de la administración Duque, así como de los suficientes mecanismos de monitoreo y evaluación, limitada implementación y alto riesgo de corrupción. Recién se denunció la apropiación indebida por funcionarios estatales, de más de 500.000 millones de pesos que el mecanismo de OCAD PAZ aprobó para tales planes”, explicó.
Londoño también se refirió a las disidencias de ese grupo armado, algunas de las cuales están adelantando diálogos con el Gobierno de Petro, y dijo que muchos de ellos siguieron el camino de las armas por la falta de compromiso del Estado para cumplir el Acuerdo de Paz. “Los grupos disidentes que retomaron las armas representaron un porcentaje minúsculo de quienes firmamos el Acuerdo. Su reproducción ha sido producto de gente nueva reclutada en los campos (...) El Estado nunca cumplió su compromiso de ocupar las regiones que las antiguas FARC abandonamos tras la dejación de armas, facilitando así el fortalecimiento de diversos grupos delincuenciales en los territorios”, aseveró.
Así mismo, afirmó que los firmantes de paz apoyan la política de Paz Total. “Con modestia, nos permitimos afirmar que este Acuerdo debe ser el cimiento de cualquier negociación. Los grupos en armas deben reconocer que el gobierno actual es democrático y progresista, que su lucha contra él no tiene sentido. El cese al fuego debería por tanto partir de estas organizaciones”, afirmó Londoño en referencia a las negociaciones con la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro.
Países del Consejo de Seguridad apoyan política de paz de Petro
La primera intervención de los países del Consejo de Seguridad de la ONU -entre los permanentes y los no permanentes- fue la de Dame Barbara Woodward, representante Permanente de Reino Unido ante la ONU. Woodward afirmó que la violencia y débil presencia del Estado tiene efectos en poblaciones rurales “especialmente en poblaciones afrodescendientes, indígenas y firmantes de paz”, aunque destacó los avances en el punto uno de la reforma rural. “El Reino Unido está completamente comprometido con la paz de Colombia”, dijo.
A su turno, el embajador Michel Xavier Biang, Representante permanente de Gabón ante la ONU, afirmó que acogían con beneplácito el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno de Petro y del presupuesto para el mismo. “La aprobación de 10.700 millones de dólares da cuenta de prioridades como la seguridad humana, la lucha contra la desigualdad, cambio climático y la Paz Total”, señaló.
Y agregó: “Reafirmamos nuestro pleno apoyo al Gobierno de Colombia para la implementación del Acuerdo de Paz y hacemos un llamado para que los países mantengan el apoyo financiero para este fin”.
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La representante permanente adjunta de Japón, la embajadora Shino Mitsuko, indicó que el proceso de paz de Colombia es un ejemplo para el mundo y que acoge con beneplácito los acuerdos que se han llevado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Esperamos que se llegue a buen puerto los acuerdos de cese al fuego”, indicó.
Por su parte, el embajador Hernán Pérez Loose, representante permanente de Ecuador y Nathalie Estival-Broadhurst, representante permanente adjunta de Francia ante la ONU, rechazaron el reciente ataque a una unidad militar en Catatumbo -en la que murieron nueve uniformados- y afirmaron que Colombia debe hacer esfuerzos para disminuir la violencia en los territorios rurales.
Pascale Christine Baeriswyl, representante permanente de Suiza ante la ONU, puso sus ojos en la violencia contra los defensores de derechos humanos y de líderes y lideresas sociales, así como en las consecuencias de las minas antipersonal. “Suiza se asocia a favor de la solicitud de la Misión de Verificación sobre una presencia mayor en las zonas afectadas por el conflicto, específicamente en regiones con altos índices de minas antipersonal”, aseguró.
El representante adjunto interino de Estados Unidos ante la ONU, Jeffrey DeLaurentis, dijo que respaldan los esfuerzos del Gobierno por implementar el Acuerdo de Paz y que es importante conocer “la voluntad real de paz” de los grupos armados con los que se han empezado los diálogos de paz.
¿Qué más dice el informe?
El documento trimestral entregado por la Misión de Verificación de la ONU destaca que hubo una desescalada de la violencia en algunas regiones, pero dice que hay un incremento en dos focos de confrontación en el Pacífico y la frontera con Venezuela.
“Entre otros hallazgos en materia de seguridad durante el periodo del informe, la Misión ha observado una reducción de los asesinatos en medio de combates entre actores armados en zonas rurales de Caquetá, Meta, Putumayo y Norte de Santander. Sin embargo, los altos niveles de violencia relacionada con el conflicto son motivo de preocupación en Cauca, Arauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca”.
Pese a ello, el documento destaca el compromiso del nuevo gobierno con el Acuerdo de Paz, que se refleja, dice la Misión, en que el 82% del presupuesto asignado en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo a la implementación de la paz tiene que ver con cumplir el punto número uno del acuerdo sobre reforma rural integral.
El informe se presentó dos días después de que el presidente Gustavo Petro afirmara que no hay dinero para la implementación del Acuerdo de Paz ni para las víctimas del conflicto, y propusiera que el Banco de la República emitiera bonos para indemnizarlas.
El informe también hace mención a la seguridad de los excombatientes, un índice que asegura ha mejorado. El documento indica que los ataques y homicidios contra ellos han disminuido considerablemente en comparación con años anteriores, aunque aún persisten amenazas. Al corte del 26 de marzo la ONU llevaba un registro de seis excombatientes asesinados en lo que va corrido del año, a pesar de lo cual señala que “este último trimestre fue uno de los menos violentos contra excombatientes desde la dejación de armas en 2017″.
En contexto: Petro se compromete a acelerar restitución de tierras
Sobre el proceso de paz que se lleva a cabo con el Ejército de Liberación Nacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebra los dos ciclos de negociación que se han llevado a cabo y los acuerdos parciales, pero conmina al grupo a “desescalar el conflicto” y afirma que espera que se concrete el cese bilateral al fuego.
Este jueves, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller de Colombia, Álvaro Leyva, pidió una Comisión Internacional de Investigaciones de Naciones Unidas o Grupo de Expertos independientes con el apoyo de Naciones Unidas para blindar el proceso de paz.
La petición la hizo Leyva durante la sesión en la que se entregaba el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz, un documento que construye y entrega la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
En el informe, que fue publicado el pasado 10 de abril y abarca el período del 27 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023, la Misión de Verificación destacó los avances que se han dado en el punto uno del Acuerdo de Paz, sobre reforma rural, la implementación del capítulo étnico de ese pacto y la integración de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Sin embargo, señaló la preocupación por la escalada violenta en varias regiones.
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El canciller hizo referencia a uno de los puntos de ese informe de la Misión que da cuenta de la denuncia que la JEP le hizo a antiguos funcionarios de la Fiscalía General por presunta obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio en 2018 por el caso de Jesús Santrich.
“Algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso siento como obligación llamar la atención sobre el Consejo de Seguridad porque sí tenemos enemigos del proceso de paz. De allí, después de reflexionarlo, veremos si es conducente la creación de una Comisión Internacional de Investigaciones de las Naciones Unidas”, afirmó.
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Y agregó: “Como consecuencia de la creciente necesidad de implementar mecanismos para evitar que se continúe afectando el proceso de paz -mediante el entrampamiento realizado por extraños-, lo cual ha ocasionado la conformación de disidencias y el debilitamiento del Acuerdo, se hace necesaria la creación de una Comisión Internacional de Investigaciones de las Naciones Unidas o Grupo de Expertos con el acompañamiento del Secretario General de la ONU”.
De acuerdo con el cancilller, la petición es para “blindar aún más la tarea que está haciendo el Consejo de Seguridad”.
Leyva también aseguró en su intervención que está dispuesto a ponerle la firma a cada uno de los puntos entregados en el documento de la Misión de Verificación. “Mi obligación no puedo decir que sea vigilar, pero hacer el seguimiento para que efectivamente se llega a la Paz Total”, dijo.
Sobre esa política, el canciller explicó que el desorden de violencia en Colombia ha llevado al Gobierno a tener que dialogar con agrupaciones que no tienen carácter político, pero que hay que hablar con “todo el que quiera”.
Los países miembros del Consejo de Seguridad afirmaron que tomaban nota de la solicitud que el pasado 14 de febrero hizo el canciller Leyva para ampliar el mandato de la Misión de Verificación para apoyar el avance de los diálogos de paz con el ELN y los decretos de cese al fuego.
Rodrigo Londoño habla por primera vez ante el Consejo de Seguridad
Durante la sesión, el primero en intervenir fue Carlos Ruiz Massieu, representante Especial del Secretario General de la ONU en Colombia, quien habló de la reciente amenaza que sufrieron los firmantes de paz que viven en el ETCR de Mesetas (Meta), por parte de una de las disidencias de las FARC. La amenaza se desactivó, y el presidente Gustavo Petro hizo presencia en la zona, pero tras una reunión entre funcionarios y los firmantes del Acuerdo de Paz se acordó su permanencia en el Espacio Territorial Mariana Páez mientras se compra un predio donde puedan establecerse definitivamente.
“Si bien lamento que este grupo de excombatientes haya tenido que abandonar el sitio donde invirtieron tanto esfuerzo y trabajo en su reincorporación a la vida civil, es positivo que se haya acordado un plan de traslado ordenado de ellos y sus familiares a un lugar nuevo con mayor seguridad y acceso a tierra productiva (...) Pueden estar seguros de que la Misión continuará acompañando a los excombatientes y sus familias, y monitoreando los avances respecto a las medidas anunciadas. La seguridad de los y las excombatientes de las antiguas FARC-EP es nuestra mayor prioridad y así lo seguirá siendo, así como lo es la protección de los líderes y lideresas sociales”, indicó.
Ruiz Massieu también hizo referencia a la inclusión por primera vez de asuntos relacionados con la reforma rural integral y el capítulo étnico en este informe trimestral. “Estas disposiciones del Acuerdo son de una magnitud enorme: desde llevar infraestructura e inversiones muy necesarias a zonas rurales remotas hasta garantizar un acceso equitativo a la tierra y reparar los impactos específicos sufridos por las comunidades étnicas durante el conflicto”, aseguró.
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De manera virtual, y por primera vez, Rodrigo Londoño, último máximo comandante de las Farc y presidente del partido Comunes, también participó en la sesión del Consejo de Seguridad.
“Hay un enorme rezago en la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, como consecuencia de los insuficientes recursos destinados. Este fue reglamentado con sus respectivas instancias, sin ponerlas nunca en funcionamiento. El anterior gobierno no hizo nada por crear el canal de televisión cerrada para partidos y organizaciones sociales, ni se molestó en los ajustes normativos que lo hicieran posible”, dijo Londoño.
En su intervención, Londoño habló sobre varios retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente de la reforma rural, del que culpó al gobierno de Iván Duque.
“De los otros dos grandes componentes del punto 1, Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, y Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial o PDET, tendientes a disminuir la pobreza rural en un 50% en el término de 15 años, hay que decir que su implementación efectiva es pobre. Nuevamente enfrentaron la ausencia de voluntad política de la administración Duque, así como de los suficientes mecanismos de monitoreo y evaluación, limitada implementación y alto riesgo de corrupción. Recién se denunció la apropiación indebida por funcionarios estatales, de más de 500.000 millones de pesos que el mecanismo de OCAD PAZ aprobó para tales planes”, explicó.
Londoño también se refirió a las disidencias de ese grupo armado, algunas de las cuales están adelantando diálogos con el Gobierno de Petro, y dijo que muchos de ellos siguieron el camino de las armas por la falta de compromiso del Estado para cumplir el Acuerdo de Paz. “Los grupos disidentes que retomaron las armas representaron un porcentaje minúsculo de quienes firmamos el Acuerdo. Su reproducción ha sido producto de gente nueva reclutada en los campos (...) El Estado nunca cumplió su compromiso de ocupar las regiones que las antiguas FARC abandonamos tras la dejación de armas, facilitando así el fortalecimiento de diversos grupos delincuenciales en los territorios”, aseveró.
Así mismo, afirmó que los firmantes de paz apoyan la política de Paz Total. “Con modestia, nos permitimos afirmar que este Acuerdo debe ser el cimiento de cualquier negociación. Los grupos en armas deben reconocer que el gobierno actual es democrático y progresista, que su lucha contra él no tiene sentido. El cese al fuego debería por tanto partir de estas organizaciones”, afirmó Londoño en referencia a las negociaciones con la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro.
Países del Consejo de Seguridad apoyan política de paz de Petro
La primera intervención de los países del Consejo de Seguridad de la ONU -entre los permanentes y los no permanentes- fue la de Dame Barbara Woodward, representante Permanente de Reino Unido ante la ONU. Woodward afirmó que la violencia y débil presencia del Estado tiene efectos en poblaciones rurales “especialmente en poblaciones afrodescendientes, indígenas y firmantes de paz”, aunque destacó los avances en el punto uno de la reforma rural. “El Reino Unido está completamente comprometido con la paz de Colombia”, dijo.
A su turno, el embajador Michel Xavier Biang, Representante permanente de Gabón ante la ONU, afirmó que acogían con beneplácito el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno de Petro y del presupuesto para el mismo. “La aprobación de 10.700 millones de dólares da cuenta de prioridades como la seguridad humana, la lucha contra la desigualdad, cambio climático y la Paz Total”, señaló.
Y agregó: “Reafirmamos nuestro pleno apoyo al Gobierno de Colombia para la implementación del Acuerdo de Paz y hacemos un llamado para que los países mantengan el apoyo financiero para este fin”.
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La representante permanente adjunta de Japón, la embajadora Shino Mitsuko, indicó que el proceso de paz de Colombia es un ejemplo para el mundo y que acoge con beneplácito los acuerdos que se han llevado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Esperamos que se llegue a buen puerto los acuerdos de cese al fuego”, indicó.
Por su parte, el embajador Hernán Pérez Loose, representante permanente de Ecuador y Nathalie Estival-Broadhurst, representante permanente adjunta de Francia ante la ONU, rechazaron el reciente ataque a una unidad militar en Catatumbo -en la que murieron nueve uniformados- y afirmaron que Colombia debe hacer esfuerzos para disminuir la violencia en los territorios rurales.
Pascale Christine Baeriswyl, representante permanente de Suiza ante la ONU, puso sus ojos en la violencia contra los defensores de derechos humanos y de líderes y lideresas sociales, así como en las consecuencias de las minas antipersonal. “Suiza se asocia a favor de la solicitud de la Misión de Verificación sobre una presencia mayor en las zonas afectadas por el conflicto, específicamente en regiones con altos índices de minas antipersonal”, aseguró.
El representante adjunto interino de Estados Unidos ante la ONU, Jeffrey DeLaurentis, dijo que respaldan los esfuerzos del Gobierno por implementar el Acuerdo de Paz y que es importante conocer “la voluntad real de paz” de los grupos armados con los que se han empezado los diálogos de paz.
¿Qué más dice el informe?
El documento trimestral entregado por la Misión de Verificación de la ONU destaca que hubo una desescalada de la violencia en algunas regiones, pero dice que hay un incremento en dos focos de confrontación en el Pacífico y la frontera con Venezuela.
“Entre otros hallazgos en materia de seguridad durante el periodo del informe, la Misión ha observado una reducción de los asesinatos en medio de combates entre actores armados en zonas rurales de Caquetá, Meta, Putumayo y Norte de Santander. Sin embargo, los altos niveles de violencia relacionada con el conflicto son motivo de preocupación en Cauca, Arauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca”.
Pese a ello, el documento destaca el compromiso del nuevo gobierno con el Acuerdo de Paz, que se refleja, dice la Misión, en que el 82% del presupuesto asignado en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo a la implementación de la paz tiene que ver con cumplir el punto número uno del acuerdo sobre reforma rural integral.
El informe se presentó dos días después de que el presidente Gustavo Petro afirmara que no hay dinero para la implementación del Acuerdo de Paz ni para las víctimas del conflicto, y propusiera que el Banco de la República emitiera bonos para indemnizarlas.
El informe también hace mención a la seguridad de los excombatientes, un índice que asegura ha mejorado. El documento indica que los ataques y homicidios contra ellos han disminuido considerablemente en comparación con años anteriores, aunque aún persisten amenazas. Al corte del 26 de marzo la ONU llevaba un registro de seis excombatientes asesinados en lo que va corrido del año, a pesar de lo cual señala que “este último trimestre fue uno de los menos violentos contra excombatientes desde la dejación de armas en 2017″.
En contexto: Petro se compromete a acelerar restitución de tierras
Sobre el proceso de paz que se lleva a cabo con el Ejército de Liberación Nacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebra los dos ciclos de negociación que se han llevado a cabo y los acuerdos parciales, pero conmina al grupo a “desescalar el conflicto” y afirma que espera que se concrete el cese bilateral al fuego.