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El fin del gobierno de Iván Duque y el principio del de Gustavo Petro tuvo como fondo una crisis social y de seguridad sin precedentes en los últimos 15 años en Colombia. El 2022 fue el año con los índices más altos de violencia desde la firma del Acuerdo de Paz y cerró un cuatrienio con serios retrocesos en materia de paz y de implementación del pacto de La Habana.
Colombia, que había tenido un descenso en cifras de violencia en 2017, vio como se volvía a una guerra inclemente entre grupos armados, aumentaban las extorsiones, homicidios y masacres o se presentaba un desenfreno en las restricciones al acceso humanitario, como confinamientos y reclutamiento de menores en las poblaciones más apartadas del país. En resumen, tal como lo advirtió en marzo de 2022 el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Colombia enfrentaba seis conflictos armados. Hoy ya van siete, según la misma entidad.
Algunos datos que confirman esa crisis son por ejemplo los datos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que registró en 2022 el asesinato de 117 personas que ejercían algún tipo de liderazgo social, siendo la cifra más alta en este tipo de casos desde 2016. De acuerdo con la Fiscalía, ese año hubo 12.221 homicidios en todo el país, también la cifra más alta durante el posconflicto.
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En medio de esa crisis humanitaria, Petro llegó con una bandera de cambio y de seguridad para los territorios, que ha logrado lentamente hacer realidad.
Su primera acción fue robustecer las funciones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), en cabeza de Danilo Rueda, y con él darle forma a la política de Paz Total, el programa más ambicioso de su gobierno, con el que quiere terminar el reciclaje de la guerra producto de procesos de desmovilización y desarme que quedaron a medias.
En ese paquete entraban las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las dos disidencias de las FARC, las bandas criminales en Buenaventura y Medellín, y el intento de diálogos exploratorios con herederos de grupos paramilitares.
El deseo de pacificar los territorios se dio como una carrera contrarreloj con negociaciones simultáneas, treguas a medias, ceses al fuego sin protocolos y algunos aciertos como retomar las negociaciones con el ELN en el punto en que quedaron con Juan Manuel Santos y diferenciar los diálogos con grupos con estatus político de los diálogos con miras a un sometimiento con el resto de estructuras criminales.
Colombia+20 analizó cifras de diferentes organizaciones que han documentado los casos de violencia en el país año a año para analizar cuáles han sido los efectos de las negociaciones de paz de Petro y si se han sentido o no en los territorios.
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Crisis humanitarias y los caminos para los ceses al fuego
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) documentó que durante el primer semestre de 2023 cerca de 26.000 personas fueron desplazadas forzosamente de sus hogares y 27.000 más fueron confinadas, con corte al 17 de julio pasado.
Si bien estas cifras son altas, los mismos reportes oficiales indican que son las afectaciones más bajas de este tipo desde el año 2020 en el mismo periodo. En 2023, la mayoría de estos hechos sucedieron en el marco de confrontaciones armadas entre grupos que están en el radar de la Paz Total.
Cauca, Nariño y Antioquia han sido los tres departamentos en los que más se han reportado hostilidades armadas y otras afectaciones –como desplazamientos y confinamientos–, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Allí no han cesado los enfrentamientos entre la disidencia de las FARC autodenominada Estado Mayor Central (EMC), al mando de Iván Mordisco, y las AGC o Clan del Golfo.
Con esas dos estructuras, el Gobierno ha tenido diálogos. Con el EMC, la negociación ha pasado por altibajos por el incumplimiento del cese al fuego que terminó el 30 de junio. Aunque ya tiene delegados y está próxima a instalarse una mesa de diálogo, mientras la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ya está autorizada para verificar el cese al fuego con este grupo. Por otro lado, con el Clan del Golfo se suspendió ese cese en marzo pasado, luego de que el presidente los culpara de estar detrás del paro armado en el Bajo Cauca. Desde entonces no ha habido más avances.
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Según datos del CICR, en 2021 los desplazamientos afectaron a 77.568 personas, en 2022 a 52.880 y en lo que va del 2023 a 34.212. El descenso se explica porque 2023 aún no se acaba, pero también un análisis territorial muestra que esas afectaciones no se han dado a nivel nacional, sino en zonas específicas.
Pro ejemplo, según el último informe trimestral del CICR, a pesar de haber una disminución en los desplazamientos a nivel nacional, solo en Nariño se evidenció un aumento del 27 % de los casos, en relación con el año anterior. Esta región ha tenido alertas desde hace varios años porque es un corredor estratégico por su ubicación geográfica, que tiene conexión con el Océano Pacífico, Putumayo, Cauca y al sur con Ecuador.
Sobre el confinamiento, el CICR también identificó un aumento del 18 % de los casos en este primer semestre del 2023 con respecto al mismo periodo del año pasado. En este caso, la cifra más preocupante es la de Chocó, el departamento más afectado por este hecho, seguido por el Valle del Cauca.
Los lugares donde no ha habido cese al fuego y que por tanto han tenido más afectaciones son Argelia, Balboa, Caldono, Santander de Quilichao (Cauca); Tumaco, Ricaurte (Nariño); y zonas del noroccidente antioqueño, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), cotejado con información en territorio del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
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Por indicadores como estos radica la urgencia del Gobierno para negociar con el EMC, que entre el 1° de enero y el 31 de julio de este año perpetró 101 agresiones a población civil, 25 enfrentamientos con la fuerza pública, ocho secuestros y cinco reclutamientos forzados de menores de edad.
El 2 8% de las acciones del EMC durante el 2023 se perpetraron en el mes de julio, justo cuando el Gobierno y la disidencia restablecieron las conversaciones de paz.
¿Los avances con el ELN sí tuvieron repercusión en los territorios?
No es un secreto que los mayores avances de la Paz Total de Petro han radicado en la mesa de negociación con el ELN. En las cifras de acciones bélicas de esta guerrilla hay una marcada tendencia a la baja que podría mantenerse tras el cese al fuego bilateral temporal por seis meses que arrancó el pasado 3 de agosto.
El ELN ha sido responsable de 66 acciones armadas a lo largo de 2023, de las cuales el 35 % se concentraron en medio de su paro armado, que fue entre el 27 de mayo y el 5 de junio, de acuerdo con Indepaz.
Para poner esto en una comparación más tangible de los primeros cuatro meses de gobierno de Petro, en 2022 el ELN participó en 119 acciones armadas, de las cuales, más de la mitad fueron en los meses en los que ya había cambio de gobierno. Esto a la luz de estudios del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).
Otro dato no menor que arrojan Indepaz y Cerac frente al ELN es que la incidencia de este grupo armado en la muerte de civiles ha sido mucho más baja en el primer semestre de este año. Mientras que en 2023 esa guerrilla ha sido responsable del asesinato de un líder social y de perpetrar una masacre, en 2022 el ELN estuvo directamente relacionado con 53 asesinatos de personas no combatientes.
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A pesar del conflicto armado, la violencia ha disminuido en algunos casos
La violencia armada ha bajado respecto a picos altísimos de 2021 y 2022. Los esfuerzos de la Paz Total para alentar a ceses al fuego pueden incidir, pero para funcionarios como Carlos Camargo, defensor del Pueblo, debe haber mayores atenciones de este Gobierno a poblaciones vulnerables y con protección diferencial, como los líderes sociales.
“Es una vergüenza cuando vemos cifras tan escalofriantes en el ejercicio libre de los liderazgos sociales en el territorio nacional. Los homicidios de este año (45) contra ellos se han concentrado en 26 departamentos y vemos cómo entre liderazgos comunitarios, indígenas y comunales se llevan el 63 % de estas matanzas. Hay una vulneración a la vida con empadronamientos y carnetizaciones a muchas personas”, explicó Camargo.
Aunque la violencia contra los liderazgos sociales y firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC se mantiene en el país, ha venido en descenso en los últimos años. Según cifras de Indepaz, en 2021 se registraron 214 asesinatos a líderes y firmantes de paz; en 2022 la cifra aumentó a 231 personas y hasta el 31 de julio de este año el registro va en 122 casos.
Este sigue siendo un reto importante para el gobierno de Petro y quizás llegue a buen puerto de la mano de las negociaciones de paz con grupos armados ilegales y bandas criminales. Sin embargo, la unión interinstitucional sigue siendo clave para salvaguardar a líderes y lideresas en los territorios y trabajar para hacer más visible su aporte en la construcción de paz.
Las masacres son otro hecho que se sigue perpetrando en el país y que ha disminuido de forma mínima en los últimos años. En 2021 se registraron 96 casos, en 2022 fueron 94 casos y en lo corrido del 2023 hasta el 30 de julio, Indepaz ha registrado 55 masacres en el país. Este hecho sigue afectando a la población civil y es utilizado por los grupos armados ilegales para ejercer control en los territorios, apropiarse de ellos y generar desplazamientos forzados.
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Los casos de víctimas por accidente con artefactos explosivos como minas antipersonal y restos de explosivos de guerra se redujo en un 42 % en comparación con el primer semestre del 2022. El CICR documentó 212 víctimas por este tipo de artefactos en 2022, mientras que en lo transcurrido del 2023 se han ocasionado 20 accidentes. Los departamentos con más registros son Nariño, Norte de Santander y Antioquia.
Cauca, el departamento más afectado
El Observatorio de Conflictividades y Derechos Humanos de Indepaz ha alertado que el Cauca es el departamento donde se han focalizado diferentes violencias, como desplazamientos, violaciones a los ceses al fuego con grupos armados ilegales, reclutamiento de menores de edad y confinamientos en lo corrido del 2023.
En Cauca se han presentado 5.872 eventos de desplazamiento en 2023, de los cuales el 43 % han ocurrido en el municipio de Argelia. Este municipio, ubicado al sur en límites con Nariño, también encabeza la lista de lugares donde se han incumplido los ceses al fuego con grupos armados ilegales: de las 57 acciones, 10 ocurrieron allí.
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Estas violaciones ocurrieron en el marco del cese al fuego bilateral decretado por el presidente Petro del 1° de enero al 30 de junio de este año con cinco grupos armados, entre ellos la Segunda Marquetalia y el ELN, que hacen presencia en el Cauca. Otro grupo que tiene control en territorio caucano y se disputa las economías con otros actores es el Bloque Oriental Comandante Jacobo Arenas.
Los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos étnicos son los principales afectados: de los 22 casos de asesinatos, 10 corresponden a indígenas y tres a líderes afrodescendientes, ubicados principalmente en Jambaló, Balboa, Caldono, Corinto, Guapi, Toribío y Santander de Quilichao.