Ya pasó el primer mes de cese al fuego bilateral con cuatro grupos armados: la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Agc y las Autodefensas de la Sierra Nevada. El cese al fuego entre cada uno de esos actores armados con el Gobierno Nacional tiene un plazo, por ahora, de seis meses y finalizaría el 30 de junio de 2023. Y aunque en los decretos que le dan validez a esas acciones se ordena la creación de un Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, este todavía no ha entrado en funcionamiento, justamente, porque no se conocen todavía los protocolos de verificación.
Sin embargo, una de las organizaciones sociales que ya tiene una propuesta en firme para postularse ante el Gobierno como veedores del cese al fuego es la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio (Asorvimm). Este colectivo, del que hacen parte unas 1.500 personas en los departamentos de Bolívar, Antioquia, Cesar y Norte de Santander, enviaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y al alto comisionado de Paz Danilo Rueda. “Ponemos a disposición nuestra organización como gestora de paz para hacer seguimiento al cese bilateral al fuego, integrar el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación y hacer seguimiento y control a las normas del DIH por parte de todos los actores armados”, dice el documento.
Lilia Peña, representante legal de la Asociación, aseguró en diálogo con Colombia+20 que esa propuesta está centrada en la cobertura que tienen como organización en 19 municipios del país. “Si hay una organización que pueda llegar a conocer alertas sobre violación de cese al fuego de manera rápida y efectiva, somos nosotros, porque somos una de las asociaciones de víctimas más grandes y antiguas que hay en el territorio”.
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El Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese al fuego (MVMV) es una instancia técnica contemplada en los decretos que estará integrada por: el Gobierno Nacional (MinDefensa, Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Fuerza Pública), los actores armados, las organizaciones sociales territoriales y la Iglesia Católica. En los decretos con los cuatro grupos armados que se acogieron a esta decisión se explica que también harían parte de ese mecanismo, “si así lo deciden”, el Consejo Mundial de Iglesias y un componente internacional conformado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Aunque todavía no está en marcha este mecanismo de monitoreo, lo cierto es que hay organizaciones de la sociedad civil que podrían entrar a participar en la fase de veeduría, es decir, emitiendo alertas sobre posibles infracciones en el cese al fuego. Otros organismos como la ONU o la OEA, por ejemplo, se encargarían de verificar y emitir conceptos técnicos sobre los incidentes que ocurran, así como hacer recomendaciones y analizar posibles incumplimientos.
“A pesar de que todavía no se ha formalizado nuestra participación ya hemos venido emitiendo alertas públicas, por ejemplo, de las Agc. Los líderes que tenemos en territorios son los encargados de documentar los casos y de verificar la información antes de hacer algún pronunciamiento”, agregó Peña.
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Se refiere, por ejemplo, a las alertas que han emitido en zonas como Barrancabermeja por las intimidaciones y amenazas firmadas por las Agc contra líderes y defensores de derechos humanos. “La situación que más nos preocupa en este momento es esa. Hemos podido corroborar que en ese lugar, donde desde hace 25 días se viene haciendo una protesta contra una minera, hay amenazas e intimidaciones contra líderes y defensores del medioambiente, a pesar de que ese grupo ha manifestado su voluntad de paz. Tenemos los documentos de las denuncias”.
Aunque todavía no hay una metodología clara para las organizaciones que puedan cumplir con esta función, Peña señala que algunos de los municipios donde priorizarían la veeduría del cumplimiento al cese al fuego serían Arenal, Morales, Santa Rosa, Cantagallo, Simití, San Pablo (sur de Bolívar), Puerto Berrío (Antioquia) y San Alberto (Cesar). “En estos municipios hemos identificado recrudecimiento del conflicto y riesgos altos para nuestros líderes que están en territorio, así que estamos comprometidos a elaborar informes de situación humanitaria en esos lugares”. En esas localidades tienen presencia principalmente las Agc o Clan del Golfo y el Eln.
Su segunda propuesta para participar de la veeduría se centra en la posibilidad de articular la comunicación entre las mesas de víctimas regionales y las juntas de acción comunal. “No solo esperamos que la veeduría la hagan integrantes de nuestra organización sino también otros líderes de procesos sociales distintos que tienen acceso a esa información. Para eso, crearemos un canal de comunicación con líderes comunitarios, mesas de víctimas y otras personas que puedan sumarse”.
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También, señaló que los integrantes de la asociación de víctimas que participarían del mecanismo de monitoreo, en caso de ser elegidos, comenzarán a recibir capacitaciones en los protocolos de cese al fuego para cumplir con esa misión. “La labor de pedagogía sobre cese al fuego la venimos haciendo desde que los diálogos con las Farc antes de 2016. Varios organismos nos capacitaron y los líderes del territorio conocen bien qué deben hacer”.
Aunque el gobierno no ha explicado cómo funcionará el mecanismo de verificación del que quiere hacer parte esta organización, el ministro del Interior Alfonso Prada confirmó que la participación de la sociedad civil se hará a través de organizaciones sociales en los territorios.
La Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio es una organización del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Actualmente, es la asociación de víctimas más grande en esa región y son los encargados de coordinar los comités de víctimas de distintos municipios del Magdalena Medio.