Paz total con bandas criminales: sin marco jurídico, ¿tendrá caducidad su voluntad de paz?
Tras casi un año del inicio de las conversaciones con las bandas urbanas en Buenaventura, Quibdó y Medellín, el balance no es positivo. La gran deuda es que sigue sin existir un marco jurídico y legal que les dé piso a los diálogos.
Paulina Mesa Loaiza
El diagnóstico actual de la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro podría ser que mientras las grandes negociaciones políticas, como las que se llevan con el ELN y con la disidencia Estado Mayor Central cojean, los laboratorios urbanos de paz ni siquiera caminan.
A pesar de las voluntades de las estructuras presentes en Buenaventura, Quibdó y el Valle de Aburrá, analistas y expertos en conflicto consultados por este diario afirman que esos procesos aún no muestran avances significativos y que podrían estar en alto riesgo de entrar en una fase de congelamiento -o peor- de caerse debido a dificultades y retrasos.
Desde hace poco más de un año, cabecillas de al menos 15 bandas criminales de esas zonas están sentados en las mesas. Pero la falta de un marco legal y jurídico que sirva como hoja de ruta para el proceso de sometimiento ha provocado que esa voluntad de paz comience a resquebrajarse y, por ende, las mesas se desgasten.
Un ejemplo de ello han sido los recientes comunicados por parte de las delegaciones en Buenaventura y Medellín, en los que le envían mensajes de urgencia al alto comisionado de Paz, Otty Patiño, para que se ponga al frente de la situación y les preste la atención necesaria a los procesos que, a pesar de las dificultades, han entregado una tensa calma a los barrios más azotados por el conflicto urbano.
En otras comunicaciones, como la que se difundió el pasado 24 de marazo por parte de la banda Espartanos, de Buenaventura, era la misma estructura la que decía que se retiraba del proceso debido a que el Gobierno no avanzaba en el diseño de ese marco jurídico.
El pedido de Buenaventura
El más reciente avance se enmarca en el pasado 30 de abril, cuando a la mesa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) llegó una carta firmada por los delegados del Gobierno en el proceso de paz urbana en Buenaventura.
El mensaje era de alerta inminente para que el comisionado Patiño pusiera los ojos en ese proceso, luego de que en más de cinco meses, desde su llegada al cargo, no se hubiera reunido ni una sola vez con la mesa en ese territorio. Además, alertaron por varios requerimientos que ni siquiera habían podido ser atendidos por el comisionado de Paz.
“Esta situación ha generado que la delegación gubernamental incumpla varios de los compromisos adquiridos (...) lo que a su vez tiene implicaciones negativas sobre el proceso de paz y afecta la sostenibilidad de los esfuerzos realizados por esta delegación para disminuir la violencia en el Distrito de Buenaventura”, se lee en la misiva firmada por los delegados del Gobierno, incluido el senador Alejandro Ocampo, jefe negociador en ese proceso urbano.
En contexto: ¿Crisis en diálogo con bandas de Buenaventura? Delegación pide reunión con Alto Comisionado
Más allá de destacar los puntos pendientes que no han podido avanzar, por lo que señalaron una falta de diligencia por parte de la OACP, la delegación invitó a Patiño para que estuviera presente en la siguiente sesión del proceso.
El comisionado atendió el llamado y se reunió el pasado 5 de mayo con ambas delegaciones, pero la cita en el puerto tuvo un sabor agridulce, casi que amargo, debido a las intervenciones de Patiño, que fueron señaladas por presentes en la reunión como “totalmente desafortunadas”.
El desencuentro fue tal, que al día siguiente la banda Shottas publicó un comunicado en el que señalan un abandono del proceso por parte del Gobierno, pero aseguran que mantendrán la tregua que se pactó por 90 días más.
En ese mismo encuentro, al que también asistió el expresidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux, se anunció el regreso al espacio sociojurídico de la banda Espartanos.
Pero no ha sido la única vez que las delegaciones de los procesos de paz urbana han emitido comunicados para llamar la atención del comisionado Patiño. El pasado 6 de mayo, desde Medellín salió un documento en el que le piden al presidente Petro que, para que los diálogos avancen, es necesaria la participación del Gobierno.
“Hacemos el llamado a la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz. No ha demostrado real interés ni la celeridad para avanzar en los compromisos que le corresponden”, se lee en la misiva firmada por las estructuras armadas.
Para Francisco Daza, coordinador de la Línea Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, hay una generalidad en los procesos de paz urbana que tiene que ver con la dilatación del proceso, en parte por descuidos del Gobierno Nacional. Además, “hay unas preocupaciones expresas sobre la participación leve de Patiño”, afirmó Daza.
Y no se trata de una dificultad menor, porque esto se ha evidenciado en las otras mesas de diálogo. Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), y asesor de la mesa de diálogos en Medellín, indicó que una de las grandes preocupaciones es el tiempo y las demoras para continuar. “Con el cambio de comisionado ya llevamos cinco meses y el tiempo apremia, está en contra y los tambores de guerra están sonando en muchas partes de Colombia”, dijo.
Le sugerimos: Shottas y Espartanos: así es el entramado criminal y las alianzas entre bandas
Sobre la mesa de diálogo en Quibdó, Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), identifica una problemática bajo la misma línea. “Creo que hay un punto de quiebre con la salida de Danilo Rueda (el exalto comisionado para la Paz). La lectura que uno puede hacer es que con la llegada de Patiño no hay avances concretos que se puedan evidenciar”, apuntó.
Las mesas siguen sin marco jurídico
La extensión de la tregua entre Shottas y Espartanos en Buenaventura, más allá de una acción de paz, se podría entender como un tiempo clave para que finalmente se pueda consolidar un marco jurídico que sostenga el proceso de paz urbana, lo que hasta el momento ha sido la gran deuda. Precisamente, ese marco guía que les hace falta a los diálogos mitigaría riesgos como la caída de las mesas, que tendría efectos colaterales en la comunidad en términos de violencia. De ahí la importancia de blindar el proceso con una base legal y jurídica firme.
El Gobierno tramitó en 2022 la Ley de Paz Total, que incluía ese tipo de diálogos con esas estructuras criminales, pero el 30 de noviembre de 2023 la Corte Constitucional revisó dicha ley y, aunque la dejó en firme, aclaró que el Gobierno no puede negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder. Además, indicó que solo se podrá llegar al punto del sometimiento una vez el Legislativo reglamente bajo qué condiciones se hará.
Para Morales, ese ha sido uno de los grandes obstáculos en el proceso de Quibdó, pues aunque están sentadas tres grandes bandas como los Locos Yam, los Mexicanos y los RPS, no está claro el instrumento legal. “Pareciera que la mesa existiera solamente en papel, con una suerte de acercamientos, pero nada de avances. No se sabe para dónde va ni cómo llegar”, aseguró el analista.
La delegación del Gobierno para ese diálogo en Quibdó también identificó esa problemática. David Racero, representante a la Cámara y delegado de la mesa, explicó a Colombia+20 que el marco jurídico actual es muy exigente para cualquier banda criminal que busque un sometimiento negociado, lo que no genera incentivos.
“Ellos entienden que tienen que pagar cárcel y adelantar un proceso de reparación a las víctimas, están dispuestos, pero en condiciones con garantías”, apuntó Racero. Ese obstáculo estaría quedando atrapado en medio de la agenda política del Gobierno que, hoy por hoy, se concentra en otros temas como salud, pensión y trabajo, lo que de alguna manera podría relegar la paz urbana.
A eso se les suman los tantos intentos de negociación desde diferentes frentes. El investigador Daza lo explica así: “La paz total se le está creciendo al Gobierno en el sentido de que también desde la OACP debe haber un despliegue significativo en cada proceso que está adelantando con cada grupo y, como hemos visto, les ha dado bastante trabajo las mesas con el ELN y el EMC”. Por eso, para Daza es imposible un Estado omnipresente y la atención en los procesos de paz nacionales es un reflejo del descuido y el letargo de los diálogos urbanos.
Lea también: Corte Constitucional pidió cambios y limitó el poder de Petro en la ley de Paz Total
Asimismo, lo que pase en el ámbito nacional tiene un impacto directo en las mesas en los barrios. Por ejemplo, los pocos avances de una negociación con el Clan del Golfo se traducen en expansión a otros territorios, lo que imposibilita profundizar en las agendas de paz. Según Pares, existen indicios de que el también denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) estaría buscando ingresar al norte de Quibdó, lo que desde ya se avizora como un punto complejo debido a posibles enfrentamientos con la banda los Mexicanos. “El Clan del Golfo actualmente tiene una política expansiva en Quibdó, y al no tener un proceso de paz nacional entonces impacta el tema de la paz territorial”, explicó Racero.
Extorsión y rentas criminales, los pendientes
Pero aún con esas dilaciones, en el terreno, las comunidades sí han notado una considerable reducción de los hechos violentos. En todos sigue vigente la tregua entre las bandas, también han bajado las agresiones contra la Fuerza Pública y disminuyó el índice de homicidios.
Sin embargo, otros temas aún siguen pendientes, como la extorsión y la difícil erradicación de las rentas criminales que se mantienen por fuera de las mesas y de las treguas.
“No es que se quedaron sentadas las bandas, sino que siguen operando, siguen desarrollando economías ilegales, y eso debe revisarse a la luz de los avances en la mesa”, señaló el investigador Daza.
A partir de una revisión de datos del SIEDCO de la Policía Nacional, la Fundación Pares identificó que en el Valle de Aburrá, por ejemplo, ese delito tuvo un aumento considerable del 63 % para 2023. Mientras que en 2022 se registraron 552 casos, para el año siguiente se reportaron 902. Con respecto a Quibdó, el panorama fue similar sobre la extorsión. Entre enero y agosto de 2022 se presentaron 146 casos, mientras que para 2023, en el mismo período, la cifra fue de 167 extorsiones, lo que se traduce en un aumento del 12 %. Aunque para el caso de Buenaventura los datos apuntan a que hubo una disminución del 45 %, expertos aseguran que para este año los casos van en subida.
Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Colombia y quien acompaña los diálogos con Buenaventura, explicó a Colombia+20 que el tema de la extorsión es complejo en Quibdó. “Los grupos se sustentan ellos mismos y no tienen recursos infinitos. Entonces vemos casos de extorsión incluso a los docentes para que vayan a dar clases en las comunidades. Ese tipo de acciones claramente están dañando las comunidades y generan un alto nivel de zozobra y desesperanza”.
Además, la extorsión a contratistas en la región estaría minando la confianza con respecto a la inversión pública y privada. Si bien el tema es preocupante, el embajador hace la salvedad de que es una problemática que se ha fortalecido a lo largo de los años y no tiene un vínculo de causalidad directo con las mesas urbanas de paz.
Para el representante Racero, la voluntad de paz existe entre las bandas a pesar de la persistencia de la extorsión y las economías ilegales, “es un punto de llegada, porque poco a poco lo deben ir desescalando. Quisiéramos que fuera más rápido, pero ese tipo de procesos deben tener paciencia. Aun así, nunca la acción de la Fuerza Pública debe ceder”, agregó.
Si bien es cierto que los procesos son largos y necesitan tiempo, Bertrand resalta que ahora lo más importante es comenzar a ver pasos concretos. “Creo que la buena voluntad está, lo que se necesita ahora es la implementación pura y dura, ser claros en lo que se puede cumplir en dos meses y en lo que se puede cumplir a un año. Es importante generar confianza”, concluyó.
Para el congresista Alejandro Ocampo, jefe negociador en Buenaventura, esa confianza es una realidad, porque “ambos grupos nos manifiestan y nos dan muestras de paz, aunque el Gobierno no da nada, ni les paga, solo es un tema de confianza. Pero esperamos que en esta etapa el Gobierno empiece a construir”.
El diagnóstico actual de la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro podría ser que mientras las grandes negociaciones políticas, como las que se llevan con el ELN y con la disidencia Estado Mayor Central cojean, los laboratorios urbanos de paz ni siquiera caminan.
A pesar de las voluntades de las estructuras presentes en Buenaventura, Quibdó y el Valle de Aburrá, analistas y expertos en conflicto consultados por este diario afirman que esos procesos aún no muestran avances significativos y que podrían estar en alto riesgo de entrar en una fase de congelamiento -o peor- de caerse debido a dificultades y retrasos.
Desde hace poco más de un año, cabecillas de al menos 15 bandas criminales de esas zonas están sentados en las mesas. Pero la falta de un marco legal y jurídico que sirva como hoja de ruta para el proceso de sometimiento ha provocado que esa voluntad de paz comience a resquebrajarse y, por ende, las mesas se desgasten.
Un ejemplo de ello han sido los recientes comunicados por parte de las delegaciones en Buenaventura y Medellín, en los que le envían mensajes de urgencia al alto comisionado de Paz, Otty Patiño, para que se ponga al frente de la situación y les preste la atención necesaria a los procesos que, a pesar de las dificultades, han entregado una tensa calma a los barrios más azotados por el conflicto urbano.
En otras comunicaciones, como la que se difundió el pasado 24 de marazo por parte de la banda Espartanos, de Buenaventura, era la misma estructura la que decía que se retiraba del proceso debido a que el Gobierno no avanzaba en el diseño de ese marco jurídico.
El pedido de Buenaventura
El más reciente avance se enmarca en el pasado 30 de abril, cuando a la mesa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) llegó una carta firmada por los delegados del Gobierno en el proceso de paz urbana en Buenaventura.
El mensaje era de alerta inminente para que el comisionado Patiño pusiera los ojos en ese proceso, luego de que en más de cinco meses, desde su llegada al cargo, no se hubiera reunido ni una sola vez con la mesa en ese territorio. Además, alertaron por varios requerimientos que ni siquiera habían podido ser atendidos por el comisionado de Paz.
“Esta situación ha generado que la delegación gubernamental incumpla varios de los compromisos adquiridos (...) lo que a su vez tiene implicaciones negativas sobre el proceso de paz y afecta la sostenibilidad de los esfuerzos realizados por esta delegación para disminuir la violencia en el Distrito de Buenaventura”, se lee en la misiva firmada por los delegados del Gobierno, incluido el senador Alejandro Ocampo, jefe negociador en ese proceso urbano.
En contexto: ¿Crisis en diálogo con bandas de Buenaventura? Delegación pide reunión con Alto Comisionado
Más allá de destacar los puntos pendientes que no han podido avanzar, por lo que señalaron una falta de diligencia por parte de la OACP, la delegación invitó a Patiño para que estuviera presente en la siguiente sesión del proceso.
El comisionado atendió el llamado y se reunió el pasado 5 de mayo con ambas delegaciones, pero la cita en el puerto tuvo un sabor agridulce, casi que amargo, debido a las intervenciones de Patiño, que fueron señaladas por presentes en la reunión como “totalmente desafortunadas”.
El desencuentro fue tal, que al día siguiente la banda Shottas publicó un comunicado en el que señalan un abandono del proceso por parte del Gobierno, pero aseguran que mantendrán la tregua que se pactó por 90 días más.
En ese mismo encuentro, al que también asistió el expresidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Roux, se anunció el regreso al espacio sociojurídico de la banda Espartanos.
Pero no ha sido la única vez que las delegaciones de los procesos de paz urbana han emitido comunicados para llamar la atención del comisionado Patiño. El pasado 6 de mayo, desde Medellín salió un documento en el que le piden al presidente Petro que, para que los diálogos avancen, es necesaria la participación del Gobierno.
“Hacemos el llamado a la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz. No ha demostrado real interés ni la celeridad para avanzar en los compromisos que le corresponden”, se lee en la misiva firmada por las estructuras armadas.
Para Francisco Daza, coordinador de la Línea Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, hay una generalidad en los procesos de paz urbana que tiene que ver con la dilatación del proceso, en parte por descuidos del Gobierno Nacional. Además, “hay unas preocupaciones expresas sobre la participación leve de Patiño”, afirmó Daza.
Y no se trata de una dificultad menor, porque esto se ha evidenciado en las otras mesas de diálogo. Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), y asesor de la mesa de diálogos en Medellín, indicó que una de las grandes preocupaciones es el tiempo y las demoras para continuar. “Con el cambio de comisionado ya llevamos cinco meses y el tiempo apremia, está en contra y los tambores de guerra están sonando en muchas partes de Colombia”, dijo.
Le sugerimos: Shottas y Espartanos: así es el entramado criminal y las alianzas entre bandas
Sobre la mesa de diálogo en Quibdó, Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), identifica una problemática bajo la misma línea. “Creo que hay un punto de quiebre con la salida de Danilo Rueda (el exalto comisionado para la Paz). La lectura que uno puede hacer es que con la llegada de Patiño no hay avances concretos que se puedan evidenciar”, apuntó.
Las mesas siguen sin marco jurídico
La extensión de la tregua entre Shottas y Espartanos en Buenaventura, más allá de una acción de paz, se podría entender como un tiempo clave para que finalmente se pueda consolidar un marco jurídico que sostenga el proceso de paz urbana, lo que hasta el momento ha sido la gran deuda. Precisamente, ese marco guía que les hace falta a los diálogos mitigaría riesgos como la caída de las mesas, que tendría efectos colaterales en la comunidad en términos de violencia. De ahí la importancia de blindar el proceso con una base legal y jurídica firme.
El Gobierno tramitó en 2022 la Ley de Paz Total, que incluía ese tipo de diálogos con esas estructuras criminales, pero el 30 de noviembre de 2023 la Corte Constitucional revisó dicha ley y, aunque la dejó en firme, aclaró que el Gobierno no puede negociar un sometimiento a la justicia sin consultar con las otras ramas del poder. Además, indicó que solo se podrá llegar al punto del sometimiento una vez el Legislativo reglamente bajo qué condiciones se hará.
Para Morales, ese ha sido uno de los grandes obstáculos en el proceso de Quibdó, pues aunque están sentadas tres grandes bandas como los Locos Yam, los Mexicanos y los RPS, no está claro el instrumento legal. “Pareciera que la mesa existiera solamente en papel, con una suerte de acercamientos, pero nada de avances. No se sabe para dónde va ni cómo llegar”, aseguró el analista.
La delegación del Gobierno para ese diálogo en Quibdó también identificó esa problemática. David Racero, representante a la Cámara y delegado de la mesa, explicó a Colombia+20 que el marco jurídico actual es muy exigente para cualquier banda criminal que busque un sometimiento negociado, lo que no genera incentivos.
“Ellos entienden que tienen que pagar cárcel y adelantar un proceso de reparación a las víctimas, están dispuestos, pero en condiciones con garantías”, apuntó Racero. Ese obstáculo estaría quedando atrapado en medio de la agenda política del Gobierno que, hoy por hoy, se concentra en otros temas como salud, pensión y trabajo, lo que de alguna manera podría relegar la paz urbana.
A eso se les suman los tantos intentos de negociación desde diferentes frentes. El investigador Daza lo explica así: “La paz total se le está creciendo al Gobierno en el sentido de que también desde la OACP debe haber un despliegue significativo en cada proceso que está adelantando con cada grupo y, como hemos visto, les ha dado bastante trabajo las mesas con el ELN y el EMC”. Por eso, para Daza es imposible un Estado omnipresente y la atención en los procesos de paz nacionales es un reflejo del descuido y el letargo de los diálogos urbanos.
Lea también: Corte Constitucional pidió cambios y limitó el poder de Petro en la ley de Paz Total
Asimismo, lo que pase en el ámbito nacional tiene un impacto directo en las mesas en los barrios. Por ejemplo, los pocos avances de una negociación con el Clan del Golfo se traducen en expansión a otros territorios, lo que imposibilita profundizar en las agendas de paz. Según Pares, existen indicios de que el también denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) estaría buscando ingresar al norte de Quibdó, lo que desde ya se avizora como un punto complejo debido a posibles enfrentamientos con la banda los Mexicanos. “El Clan del Golfo actualmente tiene una política expansiva en Quibdó, y al no tener un proceso de paz nacional entonces impacta el tema de la paz territorial”, explicó Racero.
Extorsión y rentas criminales, los pendientes
Pero aún con esas dilaciones, en el terreno, las comunidades sí han notado una considerable reducción de los hechos violentos. En todos sigue vigente la tregua entre las bandas, también han bajado las agresiones contra la Fuerza Pública y disminuyó el índice de homicidios.
Sin embargo, otros temas aún siguen pendientes, como la extorsión y la difícil erradicación de las rentas criminales que se mantienen por fuera de las mesas y de las treguas.
“No es que se quedaron sentadas las bandas, sino que siguen operando, siguen desarrollando economías ilegales, y eso debe revisarse a la luz de los avances en la mesa”, señaló el investigador Daza.
A partir de una revisión de datos del SIEDCO de la Policía Nacional, la Fundación Pares identificó que en el Valle de Aburrá, por ejemplo, ese delito tuvo un aumento considerable del 63 % para 2023. Mientras que en 2022 se registraron 552 casos, para el año siguiente se reportaron 902. Con respecto a Quibdó, el panorama fue similar sobre la extorsión. Entre enero y agosto de 2022 se presentaron 146 casos, mientras que para 2023, en el mismo período, la cifra fue de 167 extorsiones, lo que se traduce en un aumento del 12 %. Aunque para el caso de Buenaventura los datos apuntan a que hubo una disminución del 45 %, expertos aseguran que para este año los casos van en subida.
Gilles Bertrand, embajador de la Unión Europea en Colombia y quien acompaña los diálogos con Buenaventura, explicó a Colombia+20 que el tema de la extorsión es complejo en Quibdó. “Los grupos se sustentan ellos mismos y no tienen recursos infinitos. Entonces vemos casos de extorsión incluso a los docentes para que vayan a dar clases en las comunidades. Ese tipo de acciones claramente están dañando las comunidades y generan un alto nivel de zozobra y desesperanza”.
Además, la extorsión a contratistas en la región estaría minando la confianza con respecto a la inversión pública y privada. Si bien el tema es preocupante, el embajador hace la salvedad de que es una problemática que se ha fortalecido a lo largo de los años y no tiene un vínculo de causalidad directo con las mesas urbanas de paz.
Para el representante Racero, la voluntad de paz existe entre las bandas a pesar de la persistencia de la extorsión y las economías ilegales, “es un punto de llegada, porque poco a poco lo deben ir desescalando. Quisiéramos que fuera más rápido, pero ese tipo de procesos deben tener paciencia. Aun así, nunca la acción de la Fuerza Pública debe ceder”, agregó.
Si bien es cierto que los procesos son largos y necesitan tiempo, Bertrand resalta que ahora lo más importante es comenzar a ver pasos concretos. “Creo que la buena voluntad está, lo que se necesita ahora es la implementación pura y dura, ser claros en lo que se puede cumplir en dos meses y en lo que se puede cumplir a un año. Es importante generar confianza”, concluyó.
Para el congresista Alejandro Ocampo, jefe negociador en Buenaventura, esa confianza es una realidad, porque “ambos grupos nos manifiestan y nos dan muestras de paz, aunque el Gobierno no da nada, ni les paga, solo es un tema de confianza. Pero esperamos que en esta etapa el Gobierno empiece a construir”.