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A las difíciles condiciones de seguridad que enfrentan los excombatientes de las FARC que se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016 -que ya tiene a 350 firmantes asesinados-, esta semana se sumó el inminente desplazamiento de reincorporados que viven en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Mesetas, Meta.
La salida de 200 familias de ese ETCR, llamado Mariana Páez, empieza a poner en duda el compromiso del gobierno de Gustavo Petro con la ya retrasada implementación del Acuerdo de La Habana, pero también ha puesto en vilo su política de “paz total”, pues la amenaza a los firmantes vino de parte de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), con el que Petro empezó una negociación. Ese grupo armado advirtió a los excombatientes que les daban un plazo de 30 días -que empezó el 14 de marzo- para salir de la zona.
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A pesar de que varias instituciones gubernamentales que trabajan en la implementación del Acuerdo de Paz junto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la MAPP-OEA, un delegado de la Embajada de Noruega y el alcalde de Mesetas, entre otras, atendieron una reunión de emergencia con los excombatientes de ese ETCR, no se logró que ellos permanecieran en el territorio y su salida ahora es inminente.
Alejandra Miller, directora de la Agencia de Renovación y Normalización (ARN), le explicó a Colombia+20 que durante la reunión el Gobierno les presentó a los habitantes de ese ETCR tres medidas de protección inmediata para garantizar su vida y evitar el desplazamiento. Aunque todas esas medidas se empezaron a trabajar desde ese mismo día, los líderes de esa zona consideraron, según Miller, que los ofrecimientos del Gobierno son insuficientes. “Ahora el Gobierno está garantizando a estas personas la protección de su vida mientras se logra una reubicación”, dijo.
Por su parte, Manuela Marín, delegada del Partido Comunes a la CSIVI (Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación), y quien participó en esa reunión de emergencia, afirmó a este diario que el riesgo era alto y que las medidas del Gobierno no daban las garantías.
“La vida de las personas no puede depender de una posibilidad y lo que el Gobierno planteaba era eso, que ellos hablaban con las disidencias del EMC para que se derogara esa orden, pero, ¿qué pasa si la conversación con ese grupo se rompe en un mes? Los habitantes del ETCR quedarán aún más desprotegidos. Así que lo que se dijo en esa reunión es que se podría perder todo lo que han construido, pero no la vida. La decisión se tomó por esa amenaza latente. Ya hemos perdido muchas vidas en pro de la construcción de la paz”, afirmó.
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Desde el domingo se empezaron a ejecutar los acuerdos a los que llegó esa mesa interinstitucional con los habitantes del espacio territorial. Ese día se instauró un campamento humanitario con apoyo de la Misión de Verificación de la ONU y de la MAPP-OEA, que hará el acompañamiento y la verificación de los compromisos.
También se inició la conformación de un comité para el “protocolo de salida y reubicación de la comunidad”. Además, empezará a operar el Puesto de Mando Unificado Humanitario para garantizar la protección integral antes, durante y después de la salida de ese espacio.
Además, se constituyó la comisión de tierras -como lo llaman los excombatientes-, que reúne a varias entidades como la ARN, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Gobernación de Meta, entre otras, para la “exploración, realización de estudios y adquisición de tierras para vivienda y desarrollos de los proyectos productivos”, según explicó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
De acuerdo con un comunicado del Partido Comunes -a través de sus representantes en el Consejo Nacional de Reincorporación- desde el domingo se inició con la búsqueda de los predios y se espera que para el 24 de marzo “se puedan dar reportes positivos”.
“Se organizó un cronograma para la compra de tierras y se creó una comisión para atender el tema humanitario, analizando posibles lugares que alberguen temporalmente a estas personas”, indicó Miller, quien explicó que se está trabajando en la creación de un fondo de sostenibilidad para darles un segundo aire a los proyectos productivos y hacerlos rentables. “Se reforzó el equipo de la ARN para acelerar el estudio que permita la compra de predios y vamos a cambiar el suministro de víveres por unos bonos de alimentación”, aseveró.
Aunque pareciera que solo hasta ahora, con la amenaza en el medio, el gobierno de Petro estuviera metiéndoles acelerador a estas peticiones, la directora de la ARN afirmó que desde hacía varios días se venían revisando algunos predios.
“La comunidad había entregado información de cuatro predios y la ARN venía trabajando en el procedimiento de verificación, ya que no podemos comprar tierra. Le pasamos la información a la ANT. El equipo de tierras de la ARN estuvo en Mesetas durante 10 días con la comunidad revisando los cuatro predios y dos días después sucedió la amenaza”, dijo Miller.
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Según Marín, la comunidad del Mariana Páez había buscado esos cuatro predios, pero ahora son inviables porque están en los límites en los que esa disidencia no quiere tener a los firmantes. Pese a ello, siguen contemplando la posibilidad de moverse a municipios cercanos como Granada o Acacías, también en Meta. “El arraigo de todos los habitantes por esta tierra es grande, no queremos perder los procesos comunitarios”, recalcó.
Lo cierto es que hoy, a 22 días de que se cumpla el plazo dado por las disidencias del EMC, varios habitantes del ETCR le confirmaron a este diario que se están haciendo los inventarios de las cosas que tienen dentro del espacio y muchas familias ya han empezado a empacar sus enseres para irse.
¿Por qué se acordó la salida de los excombatientes de Mesetas?
La amenaza directa que sufrieron los excombatientes fue la gota que rebosó la copa y el miedo se ha extendido entre todos los habitantes del espacio que reúne a cerca de 200 familias, 86 mujeres -la gran mayoría madres cabeza de hogar-, alrededor de 80 niños y niñas (30 aún de brazos), hombres y mujeres de la tercera edad y población con discapacidad.
Marín confirma que esa amenaza se sumó a las varias denuncias que desde hace meses llevan haciendo los habitantes de ese espacio territorial sobre los incumplimientos e inconformidades que tenían en esa zona, porque el terreno no cumplía con las necesidades para los proyectos productivos.
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“Las condiciones de vivienda en las que están no son las mejores. Las puertas de las viviendas se están destruyendo y las paredes se derriten. Además, desde hace tiempo ellos vienen manifestando que hay una falta de claridad en la caracterización de los predios”, explicó Marín.
Además indicó: “El terreno donde está el Mariana Páez es baldío y eso también impide que ellos tengan una posibilidad real de una propiedad colectiva o de una compra de vivienda”, explica.
Así lo confirmó Miller: “Ese predio, como otros, tienen problemas de papeles que no se pueden resolver. Este ETCR hay que reubicarlo y eso se sabía”, afirmó.
Desplazamiento forzado, la otra amenaza contra firmantes
Los hostigamientos contra ese espacio territorial se vienen presentando desde 2019. De hecho, el primer asesinato contra un excombatiente dentro de un ETCR ocurrió justamente allí en octubre de ese año, cuando hombres armados ingresaron al lugar y acabaron con la vida de Alexánder Parra, líder social y esposo de Luz Marina Giraldo, entonces candidata al Concejo por el Partido FARC (hoy Comunes).
De acuerdo con reincorporados que hablaron con Colombia+20, las amenazas también llegaron al Nuevo Punto de Reincorporación (NPR) Simón Trinidad, ubicado apenas a unos 4 kilómetros de Mariana Páez. Según Marín, la alerta que están generando no es solo por el ETCR Manuela Páez, sino por otros en Meta. “Estamos hablando del Simón Trinidad, de la Nueva Área de Reincorporación de La Pista (ubicado en La Julia, Meta), La Cooperativa de Vista Hermosa. Si sumamos eso, unos 1.500 firmantes de paz están bajo amenaza de desplazamiento. Y no estamos hablando de lo que ocurre en Cauca, Arauca y Antioquia, donde se están presentando hechos similares”, dijo.
En diciembre de 2021 ya se había producido el desplazamiento de otro espacio territorial en Meta. Unos 43 excombatientes y las familias que vivían en el ETCR Urías Rondón del Yarí, ubicado en La Macarena, tuvieron que irse del territorio por las graves condiciones de seguridad. En el operativo de salida de esa zona hacia el predio San José, en El Doncello, Caquetá, fueron impactados con ráfagas de fusil y los atacantes quemaron uno de los camiones que llevaban los enseres.
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Registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indican que desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 3 de marzo de 2023, 350 firmantes han sido asesinados, dos de ellos este año.
La situación de seguridad es tan grave, que en enero de 2022 la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional, es decir, una violación masiva del Acuerdo de Paz por los incumplimientos en garantías de protección hacia los exintegrantes de las FARC, que están siendo asesinados o desplazados sin que el Estado haga algo.
Los primeros desplazamientos de excombatientes en proceso de reincorporación desde los ETCR ocurrieron en Vidrí, Antioquia, y Gallo, Córdoba, respectivamente. Los problemas en Vidrí no estuvieron relacionados con la seguridad, sino con dificultades logísticas y de abastecimiento, por ello más de 200 excombatientes prefirieron irse de la zona (ver línea de tiempo).
En junio de 2020, unos 20 exguerrilleros que vivían en El Diamante, zona rural de Uribe, Meta, también abandonaron el lugar por amenazas de grupos armados. Un mes después pasó lo mismo con el ETCR de Santa Lucía, en Ituango, que debió trasladarse a Mutatá, Antioquia.
¿Un revés para la “Paz Total” y para el Acuerdo de Paz?
Lo ocurrido en el ETCR de Mesetas llevó a que las antiguas FARC dieran un llamado de auxilio al presidente Petro y le recordaran el compromiso que adquirió con la implementación del Acuerdo de La Habana.
El mismo Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, actual líder del Partido Comunes, le advirtió el jueves al presidente Petro a través de su cuenta de Twitter que los firmantes de paz siguen siendo blanco de las disidencias y le pidió una reunión de urgencia.
“La implementación del Acuerdo de Paz corre grave peligro. Las organizaciones con las que se pretende negociar la “paz total” nos han hecho blanco de sus acciones y su gobierno no atiende nuestros llamados (…). Desde el inicio de su gobierno estamos esperado que usted nos reciba para exponerle nuestros puntos de vista sobre la implementación del Acuerdo de Paz, nuestras inquietudes y propuestas”, afirmó Londoño.
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Aunque Petro no ha respondido sobre esta solicitud, una reunión con Londoño se viene preparando desde hace días, aunque aún sin fecha definida.
El llamado del exjefe guerrillero fue respaldado por el expresidente Juan Manuel Santos. “El Gobierno tiene la obligación de escuchar a Rodrigo Londoño y a los firmantes del Acuerdo de Paz. Lo que está sucediendo es muy grave. Como siempre se ha dicho: este Acuerdo es el cimiento de la ‘paz total’”, tuiteó el exmandatario y arquitecto de ese Acuerdo con las FARC.
En efecto, el desplazamiento de ese ETCR también ha significado un golpe para Petro y su política de “paz total”. Según denunciaron los excombatientes de las FARC que viven en el espacio Mariana Páez, las disidencias del Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco, con quien Petro inició una mesa de negociación, fueron quienes los amenazaron.
La amenaza ocurrió apenas dos días después de que Petro anunciara que se sentará a negociar con ese grupo armado, que no se acogió al Acuerdo de Paz de 2016, luego de que el fiscal general suspendiera las órdenes de captura contra 19 miembros de esa disidencia.
“Si el Gobierno no puede garantizarles la seguridad a las personas que llevamos seis años firmes con la paz, ¿a quién carajos se la va a garantizar?”, aseveró hace unos días a Colombia+20 Luz Marina Giraldo.
