![El presidente Gustavo Petro y Antonio García, jefe del ELN, anunciarán cese al fuego desde Cuba.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/TXAGXJYKUJGONLSJCRYYXOYCKM.jpg?auth=978c9bc738ae9da95eab6f7d3fed1a710825115e9cde707441c8a8bf27872f8f&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Como “dificultades poco despreciables” calificó Antonio García, máximo comandante de la guerrilla del ELN, una serie de sucesos que él considera hacen parte de incumplimientos del Gobierno de Gustavo Petro de cara al cese bilateral al fuego de 180 días pactado entre esa guerrilla y el Estado colombiano que inicia el próximo 3 de agosto.
En una columna de opinión que fue difundida en su cuenta de Twitter, García aseguró que el Gobierno se había comprometido a “retirar de la lista de los GAO (Grupos Armados Organizados) al ELN” y según él aquello no ha ocurrido y “dicho compromiso debía haberse cumplido antes de finalizar junio de 2023″.
Sin embargo, García desconoce que el presidente Gustavo Petro ha reconocido en discursos públicos al ELN como un grupo rebelde con carácter político. Además, expidió la resolución 194 del 8 de julio de 2023, en la que se lee textualmente que “las referencias que se hagan del Ejército de Liberación Nacional - ELN en los diferentes actos administrativos expedidos por el Presidente de la República se harán sobre el reconocimiento de que son una organización armada rebelde”.
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En su comunicación, García además dijo que “continúan las operaciones paramilitares en coordinación con las Fuerzas Militares en varias regiones del país”, una afirmación para la cual no aportó mayores pruebas. Aunque es cierto que hay una ofensiva generalizada de las AGC o Clan del Golfo en contra del ELN en varias regiones como el Chocó y la Serranía de San Lucas, como lo hemos contado en Colombia+20, no existe evidencia concluyente de una presunta colaboración entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública. Sí han existido algunas denuncias de organizaciones de derechos humanos y miembros de la iglesia católica en el sentido de falta de acción de la Fuerza Pública contra las AGC.
Finalmente, Antonio García volvió a referirse al tema de la financiación de la guerrilla mientras dure el cese al fuego, ya que el acuerdo y los protocolos prohíben acciones como los secuestros extorsivos. Cabe recordar que hubo especulaciones en algunos medios sobre la creación de un supuesto fondo multidonante con recursos de la comunidad internacional para garantizar la manutención de los guerrilleros y que los mismos fueron desmetidos por el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda y por el jefe del equipo negociador Otty Patiño.
De hecho, al revisar los acuerdos firmados por las partes, en ninguna parte figura la creación de un fondo o figura similar con el objetivo de pagar la manutención de las tropas guerrilleras mientras estén en cese al fuego.
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Según García, el hecho de que no esté en marcha ese mecanismo “interroga la posibilidad de acuerdos futuros, pues si ahora no es posible cubrir los gastos de alimentación, vestido, salud y condiciones básicas para unas tropas en cese el fuego, menos habrá voluntad para acuerdos mayores”.
En entrevista con este diario, Patiño explicó que ya existe un Grupo de Países Acompañantes y Garantes del proceso, integrado por Alemania, Suecia, Suiza, España y Noruega que aportan recursos que ejecuta Naciones Unidas para financiar a los gestores de paz de la guerrilla y a sus equipos. “Los movimientos de la delegación del ELN de un país a otro se financian con apoyo internacional, al igual que la manutención en cada país. De tal manera que el ELN no está desfinanciado para efectos del proceso de paz”, dijo en ese momento el jefe negociador de gobierno.
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Las opiniones de García se conocen cuando falta una semana para que empiece a regir el cese al fuego bilateral y temporal, cuya fecha fue acordada para el 3 de agosto. Ese día, además, se deberá instalar en Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMV, del cese y se instalará el Comité Nacional de Participación en Bogotá, que será el organismo bilateral que debe coordinar las actividades para garantizar la participación de la sociedad civil en este proceso.