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Hace menos de una semana el país conoció que unas 12 bandas criminales de Medellín están desde hace cuatro meses en diálogos exploratorios para un eventual sometimiento con el gobierno de Gustavo Petro y así entrar en la política de “paz total”.
Pero es justo el concepto de ‘sometimiento’ lo que hasta ahora es una de las mayores diferencias entre lo que propone y quiere llevar el Gobierno con esas estructuras armadas, y lo que plantean varias organizaciones sociales e incluso algunos de los representantes de las bandas con quiénes se han hecho esos acercamientos y quienes piden que se llegue a un proceso de acogimiento.
Colombia+20 tiene un documento del movimiento Sinergia, un proyecto que desde hace más de 20 años articula procesos de convivencia con estos grupos armados e impulsa iniciativas de paz en las comunas de la capital antioqueña, que contiene una propuesta sobre cómo debería ser el acogimiento de las bandas criminales y por qué este debería ser el camino para el desmonte de la violencia urbana armada.
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El texto fue escrito en 2016 en medio de las negociaciones de paz con las Farc, pero -dicen sus autores- se hace aún más vigente hoy con la política de “paz total”. De acuerdo con este colectivo, el texto ya se entregó a varios miembros del Gobierno, entre ellos al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sin que hayan obtenido aún una respuesta.
“Esto proceso nació en 2015, 2016 como un ejercicio de la sociedad civil que lo recopiló el movimiento Sinergia. Hicimos un estudio sociológico sobre la violencia urbana y concluimos que para romper los ciclos de violencia se necesita tener otra clase de propuestas que fueran diferentes al sometimiento porque se puede demostrar que esos procesos de sometimiento no han funcionado y han llevado a más violencia”, dice un vocero de Sinergia.
El documento de 44 páginas -y elaborado como si fuera un proyecto de ley- dice que la figura de sometimiento “está fundado en el principio de abuso, exceso de poder” y no tiene en cuenta la aplicación de justicia transicional o restaurativa, la participación de la sociedad civil y mucho menos la reparación de las víctimas.
Aunque Sinergia no quiso decir qué grupos armados conocen sobre esta propuesta, uno de sus voceros indicó que “todos los grupos armados urbanos del Valle de Aburrá son conscientes de la necesidad de una política diferente que no sea el sometimiento a la justicia”. El vocero también indicó que este el resultado de un proceso que vienen haciendo con entre académicos y sociedad civil y que es apenas un acercamiento.
La primera parte del documento son las disposiciones generales, un capítulo en el que hacen claridad sobre los términos “sometimiento y acogimiento”, y en el que explican, por ejemplo, por qué estos actores armados urbanos o bandas criminales deben ser categorizadas como grupos armados en medio de un conflicto armado en las ciudades. “Los grupos armados urbanos organizados tendrán el mismo tratamiento igualitario en la mesa de diálogo y concertación que han tenido los demás actores armados, ya que son la consecuencia de este conflicto”.
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Uno de los voceros del Movimiento Sinergia precisó que eso se debe a que, aunque las bandas criminales no tienen estatus político para el Gobierno, “la sociedad colombiana debe entender que todos somos actores políticos y en la historia del conflicto urbano, indiscutiblemente, los muchachos se armaron y actuaron políticamente para defender sus territorios”.
En este apartado también hablan de la importancia de que sea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la institución que debería mediar en la implementación de justicia para los integrantes. Sin embargo, en diálogo con los voceros del movimiento, explicaron que teniendo en cuenta que la JEP no tiene competencia para asumir estos casos, proponen la creación de una justicia especial restaurativa, como una instancia creada para juzgar a los miembros de las bandas criminales.
Así sería el proceso de acogimiento
El documento divide este punto en cuatro etapas -que tienen varias similitudes con el proceso que se llevó con las Farc en La Habana y el que se lleva con el Eln ahora-. La primera fase sería la de “acercamiento, sensibilización, afianzamiento y exploración”; la segunda sería la del “diálogo y concertación”; la tercera, la de “implementación”, y la última de “verificación”.
“La primera fase es acercar a la sociedad a estas discusiones. Tenemos que partir desde ahí actividades de paz con las comunidades y que estas se involucren en todos los ejercicios. Puede ser, como dice la Ley de Participación Ciudadana, a través de cabildos abiertos, asambleas populares donde la ciudadanía presente sus propuestas para este proceso”, dice el vocero.
El proceso de acercamiento, según la propuesta, sería la “manifestación expresa y clara del Gobierno y del mando responsable de la organización al margen de la ley de aportar a la paz”, y para ello se deberá informar quiénes son los delegados y representantes de los diálogos. Hasta ahora en Medellín solo ‘Los Pachelly’ y ‘La Oficina’ han designado a esos voceros.
En el punto de afianzamiento, “el grupo armado organizado al margen de la ley deberá suministrar una primera información general sobre la organización criminal, el número de personas que buscan acogerse a la justicia y detallar el territorio de influencia”.
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Por el lado del Gobierno, en esta fase, “podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la orden de captura, de medida de aseguramiento o de pena en contra de miembros o exmiembros de esos grupos”.
Este tema aún es un pendiente frente a los diálogos que lleva el Gobierno con otros grupos armados y fue un punto de discusión entre el fiscal general, Francisco Barbosa, y el presidente Petro. Por ejemplo, en el caso del Clan del Golfo, varias órdenes de captura no se han podido levantar porque Barbosa afirma que el mandatario no tiene competencia legal ni constitucional para dar esa orden, mientras que Petro afirma que el marco jurídico de la recién aprobada Ley de Paz Total (2272) le da esa facultad.
En el proceso de exploración habrá sesiones de trabajo donde se elaborará la agenda general. Colombia+20 ya había revelado que para ello, ‘Los Pachelly’ y ‘La Oficina’, las dos bandas más grandes de Medellín, habían propuesto cuatro escenarios de participación: “Inclusión y concertación”, una mesa de diálogo que cuente con la participación de líderes sociales de las comunas, organizaciones de derechos humanos y población de la comunidad. Otra llamada “mesa de diálogo penitenciario”, otra “Justicia y Derechos Humanos” en la que participarían abogados y defensores de derechos humanos. Y una última “Institucional”, en el que estarían Defensoría, Fiscalía, Personería, alcaldías, la Iglesia, la Policía, entre otras.
En la segunda fase, la de diálogo, se establecerían las condiciones “sobre el desmonte del conflicto urbano” y se firmarían “acuerdos, rutas, protocolos, implementación y verificación de los acuerdos de acogimiento”.
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La implementación estaría monitoreada y verificada por “parte de la sociedad civil organizada en veedurías”, con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas y la Procuraduría.
La reparación de las víctimas
Como parte de su propuesta de reparar a las víctimas de las bandas criminales o grupos armados urbanos, este documento plantea la inclusión del concepto de “delito social”, como aquel que es ejecutado “por un estado de necesidad o legítima defensa de los miembros de organizaciones al margen de la ley que afectan la seguridad pública, las libertades o la dignidad de los asociados de una comunidad”.
Sobre este punto, los voceros consultados fueron muy claros en decir que su propuesta es que se declaren como “delitos sociales” todos aquellos que impactan el orden público. Aunque aseguraron que no tienen un listado de cuáles serían los que entrarían en esta categoría, el Código Penal cataloga como delitos de orden público la sedición, los atentados contra la autoridad o funcionarios, los desórdenes públicos, la tenencia, tráfico y porte de armas, municiones o explosivos, entre otros.
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Aunque en el Código Penal no aparecen catalogados como delitos de orden público el secuestro, la extorsión, la tortura y los homicidios, los voceros aseguran que están evaluando la posibilidad de que esos también puedan ser considerados delitos sociales. “La propuesta es que debe existir una reparación simbólica hacia las víctimas por los delitos sociales que se hayan cometido”.
De hecho, el concepto de justicia restaurativa de esta propuesta de ley de acogimiento es similar al que tiene la JEP con las víctimas de la Fuerza Pública y de las Farc. Por ejemplo, establecen que las acciones de reparación hacia las víctimas deben ser concertadas con la población afectada.
En diálogo con este diario el pasado 27 de enero, Henry Holguín, vocero de la sociedad civil de los Pachelly, había mencionado que una de sus propuestas era que los integrantes de esos grupos pudieran participar de un proyecto llamado Ecopaz, un proceso en la Comuna 6 de Medellín que han venido acompañando con el fin de fortalecer empresas comunitarias y procesos de educación popular.
“Entonces, si por ejemplo Chimpa salió de la cárcel, la idea es que entre a trabajar de lleno en Ecopaz en las actividades que tengamos en ese momento (que pueden ser desde la reparación de vías o la atención de una empresa de la comunidad hasta el mantenimiento de los parques del barrio)”, dijo.
Algunas de las reglas que proponen son: “Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y proporcionadas con el daño ocasionado con el delito, y la participación del infractor, acusado o sentenciado no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores”.
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Además, explican que el incumplimiento de un acuerdo en el marco de la reparación de las víctimas no debería utilizarse como fundamento para entablar alguna acción judicial contra el integrante de la banda.
Proponen una justicia alternativa
Otra de las propuestas es la de una justicia alternativa con la que se suspenderían las ejecuciones de pena, las medidas de aseguramiento, las investigaciones judiciales, las órdenes de captura y las solicitudes de extradición a quienes se acojan al proceso.
El documento precisa que a aquellos miembros de las bandas armadas que acepten delitos relacionados con “violaciones a bienes jurídicos que protegen la vida e integridad personal, delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario”, entre otros, se les impondrá privación de la libertad en centros de acogimiento “por un período establecido y acordado por las partes”.
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La reincorporación
A pesar de que la propuesta inicial contempla que debe ser la Agencia para la Reincorporación y Normalización la entidad que acompañe este proceso, los voceros confirmaron que como no está dentro de su competencia vincular a miembros de grupos armados urbanos que no son reconocidos dentro del conflicto armado, esperan que el Estado cree una entidad para lograr este fin.
El documento especifica que los integrantes de las bandas, en caso de un eventual proceso de acogimiento, deberán ser beneficiarios de una ruta de reincorporación a la vida civil, como sucede actualmente con los exintegrantes de las Farc o de otros grupos que deciden desmovilizarse. “Serán beneficiarios en centros de acogimiento donde accederán a la oferta educativa, de formación para el trabajo, oportunidades laborales e intervención psicosocial que ofrezca el Gobierno Nacional y las administraciones de cada ente territorial”.
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Sobre las personas que permanezcan privadas de la libertad mencionaron que ellos “tendrán derecho a acceder y ser trasladados a centros de acogimiento y a los mismos beneficios que las personas que ya recuperaron su libertad”. Esta propuesta indica que los beneficios estarían vigentes hasta que las personas en reincorporación logren reintegrarse a la vida civil y logren una autonomía económica.