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                                                                                                                                Paz total: la propuesta de la sociedad civil para la ley de acogimiento de bandas

                                                                                                                                El movimiento Sinergia, que desde 1997 trabaja en Medellín en procesos de paz urbanos, le presentó al Gobierno una propuesta de proyecto de ley de acogimiento. Piden crear una justicia especial restaurativa para llevar las investigaciones judiciales.

                                                                                                                                Valentina Parada Lugo

                                                                                                                                Periodista de Investigación

                                                                                                                                Cindy A. Morales Castillo

                                                                                                                                Editora General Colombia+20
                                                                                                                                La propuesta de Sinergia incluye medidas para desmontar las bandas criminales. / EFE
                                                                                                                                Foto: EFE - Federico Rios
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Pero es justo el concepto de ‘sometimiento’ lo que hasta ahora es una de las mayores diferencias entre lo que propone y quiere llevar el Gobierno con esas estructuras armadas, y lo que plantean varias organizaciones sociales e incluso algunos de los representantes de las bandas con quiénes se han hecho esos acercamientos y quienes piden que se llegue a un proceso de acogimiento.

                                                                                                                                Colombia+20 tiene un documento del movimiento Sinergia, un proyecto que desde hace más de 20 años articula procesos de convivencia con estos grupos armados e impulsa iniciativas de paz en las comunas de la capital antioqueña, que contiene una propuesta sobre cómo debería ser el acogimiento de las bandas criminales y por qué este debería ser el camino para el desmonte de la violencia urbana armada.

                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                El texto fue escrito en 2016 en medio de las negociaciones de paz con las Farc, pero -dicen sus autores- se hace aún más vigente hoy con la política de “paz total”. De acuerdo con este colectivo, el texto ya se entregó a varios miembros del Gobierno, entre ellos al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sin que hayan obtenido aún una respuesta.

                                                                                                                                “Esto proceso nació en 2015, 2016 como un ejercicio de la sociedad civil que lo recopiló el movimiento Sinergia. Hicimos un estudio sociológico sobre la violencia urbana y concluimos que para romper los ciclos de violencia se necesita tener otra clase de propuestas que fueran diferentes al sometimiento porque se puede demostrar que esos procesos de sometimiento no han funcionado y han llevado a más violencia”, dice un vocero de Sinergia.

                                                                                                                                El documento de 44 páginas -y elaborado como si fuera un proyecto de ley- dice que la figura de sometimiento “está fundado en el principio de abuso, exceso de poder” y no tiene en cuenta la aplicación de justicia transicional o restaurativa, la participación de la sociedad civil y mucho menos la reparación de las víctimas.

                                                                                                                                Aunque Sinergia no quiso decir qué grupos armados conocen sobre esta propuesta, uno de sus voceros indicó que “todos los grupos armados urbanos del Valle de Aburrá son conscientes de la necesidad de una política diferente que no sea el sometimiento a la justicia”. El vocero también indicó que este el resultado de un proceso que vienen haciendo con entre académicos y sociedad civil y que es apenas un acercamiento.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Así sería el proceso de acogimiento

                                                                                                                                El documento divide este punto en cuatro etapas -que tienen varias similitudes con el proceso que se llevó con las Farc en La Habana y el que se lleva con el Eln ahora-. La primera fase sería la de “acercamiento, sensibilización, afianzamiento y exploración”; la segunda sería la del “diálogo y concertación”; la tercera, la de “implementación”, y la última de “verificación”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Miembros de la Oficina de Envigado muestran sus armas en una casa en Medellín, en septiembre de 2022.
                                                                                                                                Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

                                                                                                                                “La primera fase es acercar a la sociedad a estas discusiones. Tenemos que partir desde ahí actividades de paz con las comunidades y que estas se involucren en todos los ejercicios. Puede ser, como dice la Ley de Participación Ciudadana, a través de cabildos abiertos, asambleas populares donde la ciudadanía presente sus propuestas para este proceso”, dice el vocero.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                En el punto de afianzamiento, “el grupo armado organizado al margen de la ley deberá suministrar una primera información general sobre la organización criminal, el número de personas que buscan acogerse a la justicia y detallar el territorio de influencia”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                En la segunda fase, la de diálogo, se establecerían las condiciones “sobre el desmonte del conflicto urbano” y se firmarían “acuerdos, rutas, protocolos, implementación y verificación de los acuerdos de acogimiento”.

                                                                                                                                Además: Ley de paz total: ¿Qué le aprobó el Congreso al Gobierno Petro?

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                La reparación de las víctimas

                                                                                                                                Como parte de su propuesta de reparar a las víctimas de las bandas criminales o grupos armados urbanos, este documento plantea la inclusión del concepto de “delito social”, como aquel que es ejecutado “por un estado de necesidad o legítima defensa de los miembros de organizaciones al margen de la ley que afectan la seguridad pública, las libertades o la dignidad de los asociados de una comunidad”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Le puede interesar: Así fue la caravana del Gobierno y Eln para oír el drama de guerra en el Pacífico

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                                                                                                                                Aunque en el Código Penal no aparecen catalogados como delitos de orden público el secuestro, la extorsión, la tortura y los homicidios, los voceros aseguran que están evaluando la posibilidad de que esos también puedan ser considerados delitos sociales. “La propuesta es que debe existir una reparación simbólica hacia las víctimas por los delitos sociales que se hayan cometido”.

                                                                                                                                De hecho, el concepto de justicia restaurativa de esta propuesta de ley de acogimiento es similar al que tiene la JEP con las víctimas de la Fuerza Pública y de las Farc. Por ejemplo, establecen que las acciones de reparación hacia las víctimas deben ser concertadas con la población afectada.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Foto de archivo tomada el 20 de noviembre de 2019 en una comuna de Medellín. Joaquín Sarmiento / AFP
                                                                                                                                Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

                                                                                                                                “Entonces, si por ejemplo Chimpa salió de la cárcel, la idea es que entre a trabajar de lleno en Ecopaz en las actividades que tengamos en ese momento (que pueden ser desde la reparación de vías o la atención de una empresa de la comunidad hasta el mantenimiento de los parques del barrio)”, dijo.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Lea también: El colectivo de víctimas que quiere hacer veeduría al cese al fuego bilateral

                                                                                                                                Además, explican que el incumplimiento de un acuerdo en el marco de la reparación de las víctimas no debería utilizarse como fundamento para entablar alguna acción judicial contra el integrante de la banda.

                                                                                                                                Proponen una justicia alternativa

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Otra de las propuestas es la de una justicia alternativa con la que se suspenderían las ejecuciones de pena, las medidas de aseguramiento, las investigaciones judiciales, las órdenes de captura y las solicitudes de extradición a quienes se acojan al proceso.

                                                                                                                                El documento precisa que a aquellos miembros de las bandas armadas que acepten delitos relacionados con “violaciones a bienes jurídicos que protegen la vida e integridad personal, delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario”, entre otros, se les impondrá privación de la libertad en centros de acogimiento “por un período establecido y acordado por las partes”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                La reincorporación

                                                                                                                                A pesar de que la propuesta inicial contempla que debe ser la Agencia para la Reincorporación y Normalización la entidad que acompañe este proceso, los voceros confirmaron que como no está dentro de su competencia vincular a miembros de grupos armados urbanos que no son reconocidos dentro del conflicto armado, esperan que el Estado cree una entidad para lograr este fin.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Siga leyendo: Así fue la búsqueda de justicia por la desaparición de Arles Edison Guzmán

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Sobre las personas que permanezcan privadas de la libertad mencionaron que ellos “tendrán derecho a acceder y ser trasladados a centros de acogimiento y a los mismos beneficios que las personas que ya recuperaron su libertad”. Esta propuesta indica que los beneficios estarían vigentes hasta que las personas en reincorporación logren reintegrarse a la vida civil y logren una autonomía económica.

                                                                                                                                La propuesta de Sinergia incluye medidas para desmontar las bandas criminales. / EFE
                                                                                                                                Foto: EFE - Federico Rios
                                                                                                                                PUBLICIDAD

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                                                                                                                                Pero es justo el concepto de ‘sometimiento’ lo que hasta ahora es una de las mayores diferencias entre lo que propone y quiere llevar el Gobierno con esas estructuras armadas, y lo que plantean varias organizaciones sociales e incluso algunos de los representantes de las bandas con quiénes se han hecho esos acercamientos y quienes piden que se llegue a un proceso de acogimiento.

                                                                                                                                Colombia+20 tiene un documento del movimiento Sinergia, un proyecto que desde hace más de 20 años articula procesos de convivencia con estos grupos armados e impulsa iniciativas de paz en las comunas de la capital antioqueña, que contiene una propuesta sobre cómo debería ser el acogimiento de las bandas criminales y por qué este debería ser el camino para el desmonte de la violencia urbana armada.

                                                                                                                                Read more!

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                                                                                                                                El texto fue escrito en 2016 en medio de las negociaciones de paz con las Farc, pero -dicen sus autores- se hace aún más vigente hoy con la política de “paz total”. De acuerdo con este colectivo, el texto ya se entregó a varios miembros del Gobierno, entre ellos al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sin que hayan obtenido aún una respuesta.

                                                                                                                                “Esto proceso nació en 2015, 2016 como un ejercicio de la sociedad civil que lo recopiló el movimiento Sinergia. Hicimos un estudio sociológico sobre la violencia urbana y concluimos que para romper los ciclos de violencia se necesita tener otra clase de propuestas que fueran diferentes al sometimiento porque se puede demostrar que esos procesos de sometimiento no han funcionado y han llevado a más violencia”, dice un vocero de Sinergia.

                                                                                                                                El documento de 44 páginas -y elaborado como si fuera un proyecto de ley- dice que la figura de sometimiento “está fundado en el principio de abuso, exceso de poder” y no tiene en cuenta la aplicación de justicia transicional o restaurativa, la participación de la sociedad civil y mucho menos la reparación de las víctimas.

                                                                                                                                Aunque Sinergia no quiso decir qué grupos armados conocen sobre esta propuesta, uno de sus voceros indicó que “todos los grupos armados urbanos del Valle de Aburrá son conscientes de la necesidad de una política diferente que no sea el sometimiento a la justicia”. El vocero también indicó que este el resultado de un proceso que vienen haciendo con entre académicos y sociedad civil y que es apenas un acercamiento.

                                                                                                                                Read more!
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                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Uno de los voceros del Movimiento Sinergia precisó que eso se debe a que, aunque las bandas criminales no tienen estatus político para el Gobierno, “la sociedad colombiana debe entender que todos somos actores políticos y en la historia del conflicto urbano, indiscutiblemente, los muchachos se armaron y actuaron políticamente para defender sus territorios”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Así sería el proceso de acogimiento

                                                                                                                                El documento divide este punto en cuatro etapas -que tienen varias similitudes con el proceso que se llevó con las Farc en La Habana y el que se lleva con el Eln ahora-. La primera fase sería la de “acercamiento, sensibilización, afianzamiento y exploración”; la segunda sería la del “diálogo y concertación”; la tercera, la de “implementación”, y la última de “verificación”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Miembros de la Oficina de Envigado muestran sus armas en una casa en Medellín, en septiembre de 2022.
                                                                                                                                Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

                                                                                                                                “La primera fase es acercar a la sociedad a estas discusiones. Tenemos que partir desde ahí actividades de paz con las comunidades y que estas se involucren en todos los ejercicios. Puede ser, como dice la Ley de Participación Ciudadana, a través de cabildos abiertos, asambleas populares donde la ciudadanía presente sus propuestas para este proceso”, dice el vocero.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                En el punto de afianzamiento, “el grupo armado organizado al margen de la ley deberá suministrar una primera información general sobre la organización criminal, el número de personas que buscan acogerse a la justicia y detallar el territorio de influencia”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Este tema aún es un pendiente frente a los diálogos que lleva el Gobierno con otros grupos armados y fue un punto de discusión entre el fiscal general, Francisco Barbosa, y el presidente Petro. Por ejemplo, en el caso del Clan del Golfo, varias órdenes de captura no se han podido levantar porque Barbosa afirma que el mandatario no tiene competencia legal ni constitucional para dar esa orden, mientras que Petro afirma que el marco jurídico de la recién aprobada Ley de Paz Total (2272) le da esa facultad.

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                En el proceso de exploración habrá sesiones de trabajo donde se elaborará la agenda general. Colombia+20 ya había revelado que para ello, ‘Los Pachelly’ y ‘La Oficina’, las dos bandas más grandes de Medellín, habían propuesto cuatro escenarios de participación: “Inclusión y concertación”, una mesa de diálogo que cuente con la participación de líderes sociales de las comunas, organizaciones de derechos humanos y población de la comunidad. Otra llamada “mesa de diálogo penitenciario”, otra “Justicia y Derechos Humanos” en la que participarían abogados y defensores de derechos humanos. Y una última “Institucional”, en el que estarían Defensoría, Fiscalía, Personería, alcaldías, la Iglesia, la Policía, entre otras.

                                                                                                                                En la segunda fase, la de diálogo, se establecerían las condiciones “sobre el desmonte del conflicto urbano” y se firmarían “acuerdos, rutas, protocolos, implementación y verificación de los acuerdos de acogimiento”.

                                                                                                                                Además: Ley de paz total: ¿Qué le aprobó el Congreso al Gobierno Petro?

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                La reparación de las víctimas

                                                                                                                                Como parte de su propuesta de reparar a las víctimas de las bandas criminales o grupos armados urbanos, este documento plantea la inclusión del concepto de “delito social”, como aquel que es ejecutado “por un estado de necesidad o legítima defensa de los miembros de organizaciones al margen de la ley que afectan la seguridad pública, las libertades o la dignidad de los asociados de una comunidad”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Le puede interesar: Así fue la caravana del Gobierno y Eln para oír el drama de guerra en el Pacífico

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Aunque en el Código Penal no aparecen catalogados como delitos de orden público el secuestro, la extorsión, la tortura y los homicidios, los voceros aseguran que están evaluando la posibilidad de que esos también puedan ser considerados delitos sociales. “La propuesta es que debe existir una reparación simbólica hacia las víctimas por los delitos sociales que se hayan cometido”.

                                                                                                                                De hecho, el concepto de justicia restaurativa de esta propuesta de ley de acogimiento es similar al que tiene la JEP con las víctimas de la Fuerza Pública y de las Farc. Por ejemplo, establecen que las acciones de reparación hacia las víctimas deben ser concertadas con la población afectada.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Foto de archivo tomada el 20 de noviembre de 2019 en una comuna de Medellín. Joaquín Sarmiento / AFP
                                                                                                                                Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

                                                                                                                                “Entonces, si por ejemplo Chimpa salió de la cárcel, la idea es que entre a trabajar de lleno en Ecopaz en las actividades que tengamos en ese momento (que pueden ser desde la reparación de vías o la atención de una empresa de la comunidad hasta el mantenimiento de los parques del barrio)”, dijo.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Lea también: El colectivo de víctimas que quiere hacer veeduría al cese al fuego bilateral

                                                                                                                                Además, explican que el incumplimiento de un acuerdo en el marco de la reparación de las víctimas no debería utilizarse como fundamento para entablar alguna acción judicial contra el integrante de la banda.

                                                                                                                                Proponen una justicia alternativa

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                El documento precisa que a aquellos miembros de las bandas armadas que acepten delitos relacionados con “violaciones a bienes jurídicos que protegen la vida e integridad personal, delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario”, entre otros, se les impondrá privación de la libertad en centros de acogimiento “por un período establecido y acordado por las partes”.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                La reincorporación

                                                                                                                                A pesar de que la propuesta inicial contempla que debe ser la Agencia para la Reincorporación y Normalización la entidad que acompañe este proceso, los voceros confirmaron que como no está dentro de su competencia vincular a miembros de grupos armados urbanos que no son reconocidos dentro del conflicto armado, esperan que el Estado cree una entidad para lograr este fin.

                                                                                                                                No ad for you

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                                                                                                                                Siga leyendo: Así fue la búsqueda de justicia por la desaparición de Arles Edison Guzmán

                                                                                                                                No ad for you

                                                                                                                                Sobre las personas que permanezcan privadas de la libertad mencionaron que ellos “tendrán derecho a acceder y ser trasladados a centros de acogimiento y a los mismos beneficios que las personas que ya recuperaron su libertad”. Esta propuesta indica que los beneficios estarían vigentes hasta que las personas en reincorporación logren reintegrarse a la vida civil y logren una autonomía económica.

                                                                                                                                Por Valentina Parada Lugo

                                                                                                                                Comunicadora Social - Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, con experiencia en cubrimiento de conflicto armado y crisis humanitaria. @valentinaplugo vparada@elespectador.com

                                                                                                                                Por Cindy A. Morales Castillo

                                                                                                                                Periodista con posgrado en Estudios Internacionales. Actualmente es la editora de Colombia+20 de El Espectador y docente de Narrativas Digitales de la Universidad Javeriana.@cinmoralejacmorales@elespectador.com
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