Este viernes 2 de junio se instaló formalmente la mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional y las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Durante el evento, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, ambas partes emitieron una declaración conjunta y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP)confirmó los nombres de quienes serán los negociadores y asesores del gobierno durante este proceso.
Por el lado de las bandas, estuvieron presentes en la instalación Jorge de Jesús Vallejo Alarcón (Vallejo), Juan Carlos Mesa (Tom), Sebastián Murillo (Lindolfo) y Freyner Ramírez (Carlos Pesebre).
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Mientras que por el lado del gobierno asistieron el alto comisionado para la Paz Danilo Rueda, en compañía de la senadora Isabel Zuleta, la excomisionada de la Verdad Lucía González Duque y Jorge Mejía, exsecretario de seguridad de Antioquia.
Estos últimos tres, que fungieron como facilitadores de diálogo con las bandas en una etapa exploratoria y privada, serán los negociadores del Gobierno Nacional de ahora en adelante.
A ellos se suma el nombre de la lideresa comunitaria María Gisela Quintero, que ha trabajado a nivel barrial con comunidades desplazadas en la comuna 8 de Medellín.
Desde la OACP confirmaron que existirán figuras asesoras del Gobierno para este proceso. Este rol lo tendrán Fernando Quijano, experto en conflictividad urbana; el académico Mijael Lacher; y Johan Giraldo, abogado y defensor de derechos humanos, ha acompañado comunidades en Antioquia y también trabajó con la Corporación Jurídica Libertad.
La experiencia de los negociadores
La excomisionada de la Verdad Lucía González Duque ya sabe lo que es estar sentada en una mesa de negociación de paz frente a un actor armado. Durante el proceso de paz con las extintas FARC en Cuba, la arquitecta antioqueña fue asesora del entonces comisionado de Paz Sergio Jaramillo y fue una persona cercana a la formulación del punto de participación política de la exguerrilla y a la difusión pedagógica del Acuerdo de Paz en los territorios.
A su turno, como autoridad en temas de memoria histórica en Antioquia, González fue directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín, directora del Museo de Antioquia, asesora en temas de reconciliación y convivencia de la Alcaldía de Medellín y se desempeñó como directora de la Unidad para las Víctimas en la seccional de Antioquia.
Isabel Cristina Zuleta, senadora por el Pacto Histórico, es reconocida por su activismo medioambiental en Ituango y zonas del suroccidente colombiano, y con los años se ha consolidado como una defensora de derechos humanos que se ha acercado a los contextos de reconciliación.
En carne propia vivió un desplazamiento forzado y desde su juventud estuvo vinculada a grupos de mujeres que como colectividad trataron temas de superación de traumas después de la guerra. Allí adquirió habilidades en diálogo social y justamente eso fue lo que llevó a la cárcel de “La Paz” en Itagüí, para acercarse a los líderes de las bandas en Medellín, con el ánimo de crear un ambiente de confianza y sugerir una salida no violenta de esa guerra urbana que lleva más de tres décadas de actividad.
Jorge Mejía Martínez es un rostro visible de la política urbana antioqueña en estos diálogos entre el Gobierno Nacional y las bandas de Medellín.
Hace 13 años, en un análisis que dio sobre crimen organizado en Medellín, Mejía advirtió que el fenómeno de acción criminal por bandas en el Valle de Aburrá no debía entenderse sólo como una situación barrial. Desde que este experto trabaja en temas de seguridad y paz urbana, ha sido un férreo defensor de analizar a los controles de las bandas desde el rol de mafias piramidales -muchas veces transnacionales- que tienen intereses dentro y fuera de las comunas.
En ese sentido, en entrevista con Colombia+20, el ahora negociador de paz dijo que se debe hacer un esfuerzo grande de trabajo social para comprender la totalidad de las estructuras de las bandas en Medellín, teniendo en cuenta también las relaciones estrechas que con los años han formado con las comunidades de las que hacen parte.
De hecho, como exconcejal y exsecretario de Gobierno departamental y municipal en Medellín, siempre estuvo abierto a diálogos exploratorios y ahora cree que eso apremia -para llegar a soluciones de fondo- al estar en un contexto descrito por él en el que “el 40% de la delincuencia organizada del país está concentrada en Medellín”.
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Entre los negociadores del gobierno, tal vez el nombre menos público es el de María Gisela Quintero, una lideresa social que conoce a la perfección las comunas de Medellín en las que las bandas han operado por décadas.
Con un conocimiento especializado en asuntos de reconciliación y diálogos comunitarios al interior de la comuna 8 de la capital antioqueña, Quintero ha dado insumos testimoniales y prácticos que han servido para elaborar documentos académicos y de organismos internacionales, para entender la conflictividad urbana en esta zona del país.
Quintero lleva más de 15 años trabajando en garantías de no repetición dentro de Medellín y es reconocida por estudiar de fondo cómo se pueden defender los derechos de las personas afectadas por violencias urbanas y cómo grandes capitales a nivel nacional como Medellín, Cali o Bogotá pueden ser protagonistas de estrategias de intervención urbana integral para mitigar las violencias de bandas armadas.
Los negociadores de las bandas
En el evento de instalación, la delegación de las bandas criminales de Medellín anunció su equipo negociador para llegar a la paz.
En el acto público estuvieron los nombres de Juan Carlos Mesa Vallejo, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, Gustavo Adolfo Pérez Peña, Juan Camilo Rendón Castro, Albert Antonio Henao Acevedo, Freyner Ramírez García y Mauricio de Jesús Morales Múnera, como los voceros de las bandas encargados de dialogar con el gobierno.
Mesa Vallejo (Tom) es el máximo jefe de la Oficina de Envigado, incluido en la Lista Clinton en 2014 y quien está recluido en Itagüí desde 2017.
Jorge de Jesús Vallejo, líder de la estructura El Mesa, fue capturado por la policía en agosto de 2020, por el cargo de concierto para delinquir agravado. En su momento, la banda Los Pachelly lo consideraban como su principal enemigo al disputarse rentas ilegales en el noroccidente de Medellín y la zona sur de Bello.
Gustavo Adolfo Pérez, conocido como El Montañero, es otro líder de El Mesa. Fue capturado en octubre de 2019 en una finca en el departamento de Caldas y sobre él pesan casos de desplazamiento intraurbano en Medellín y antes de entrar a El Mesa estaba en las filas de La Oficina, estructura en la que era socio de Juan Carlos Mesa.
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Juan Camilo Rendón Castro, por su parte, es un cabecilla capturado de la banda La Terraza. En las estructuras de las bandas en Medellín es conocido con el alias de Saya. Según informes de la Policía Nacional, Rendón se encargó de consolidar más de 40 combos barriales en las comunas 3 y 4 de Medellín, lugares desde los cuales creó una red de crimen organizado dedicada a la extorsión y hostigamiento a comerciantes y miembros de la fuerza pública.
Albert Antonio Henao, conocido como Alber, es uno de los líderes históricos de Los Pachelly. Fue capturado en Bello en agosto de 2020 y es reconocido en el mundo de las bandas criminales por comenzar una guerra sin tregua con El Mesa y la estructura de Niquía Camacol en el norte de Medellín y sur de Bello.
Es conocida la apatía que Henao siente por Gustavo Adolfo Pérez, por ser este último uno de los sospechosos del crimen de Alejandro Mazo Pulgarín, socio de Henao asesinado en 2020 dentro de la cárcel de Cómbita. Henao fue capturado también en 2011 por concierto para delinquir, pero cumplió sentencia en 2016. Hace tres años fue recapturado.
Freyner Ramírez, Carlos Pesebre, es uno de los máximos líderes de combos en el noroccidente de Medellín. Es un exparamilitar de las AUC -convertido en parte de la cúpula de La Oficina, estructura desde la cual ha dirigido operaciones de crimen organizado y articulado el trabajo de su banda con carteles de narcotráfico que sacan cocaína por el Pacífico colombiano.
Ramírez fue condenado en 2016 en calidad de determinador de homicidio agravado, pidió una apelación de sentencia condenatoria, pero en 2017 fue enviado a la cárcel La Picaleña en Ibagué, y posteriormente fue trasladado a Itagüí, donde se encuentra en este momento junto con su socio Juan Carlos Mesa.
Y Mauricio de Jesús Morales es un abogado penalista que en agosto de 2021 fue capturado por la Policía Nacional en Medellín acusado de conspirar para filtrar información reservada a bandas criminales en el municipio de Bello.
Al litigante Morales se le recuerda por ser el abogado de integrantes de la banda Niquía Camacol y socio de Gustavo Amet Restrepo, quien fue hace más de siete años asistente de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada. Ambos se encargaron de filtrarle información confidencial a miembros de Los Pachelly, Niquía Camacol y El Mesa.
Los asesores del Gobierno Nacional
El profesor Fernando Quijano es una de las personas que más sabe sobre criminalidad urbana en Medellín. Desde la ONG Corpades, Quijano lleva más de 20 años denunciando dinámicas de narcotráfico, crimen transnacional, violencia urbana y haciendo análisis de conflictos que le han valido amenazas y persecución.
Quijano fue una de las primeras personas en denunciar la incidencia paramilitar al interior de la comuna 13 de Medellín y desde hace un par de meses ha servido como consultor ante el gobierno para entender el trasfondo de las solicitudes de las bandas en Medellín que buscan negociar.
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Mijael Lacher Sigal, politólogo y filósofo con reciente experiencia académica en la Universidad de Antioquia, ha sido por años consultor independiente en temas de conflictividad urbana y derechos humanos en Medellín. Ha basado sus conocimientos en unir temas económicos y de seguridad desde una perspectiva urbanística y multicultural.
Por último, de lo poco que se sabe del asesor Johan Giraldo es que ha sido cercano a Isabel Zuleta en su UTL, de la cual es abogado.