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La suerte del ganadero Ángel Julián Estrada señala el destino de Arauca como si fuera una metáfora siniestra. Estrada terminó ejecutado en una trocha de Tame junto a tres campesinos más a los que había recogido de aventón, entre ellos dos niños de cuatro y ocho años, cuando la camioneta en que viajaban cayó bajo una lluvia de rafagazos de fusil cerca de Santodomingo.
El atentado, atribuido primero a las disidencias de las FARC y luego al Ejército de Liberación Nacional (ELN), no iba dirigido contra ningún blanco específico: fue un ataque indiscriminado contra quien violaba el toque de queda que ambos grupos habían impuesto en medio de su disputa, que inicio el 2 de enero de 2022.
Esta guerra ya ajusta 360 homicidios y cuatro masacres en poco más de un año, desde el 2 de enero de 2022 hasta la fecha, crímenes atribuidos en su mayoría al ELN, confrontación que han situado a Arauca entre los primeros lugares en cifras de violencia en el país. Una guerra reciclada, calcada de la que ya había ocurrido entre las extintas FARC y el ELN entre 2005 y 2011, con un saldo de más de 1.000 muertos.
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“Ha muerto tanta gente por cosas absurdas que ya todo mundo tiene miedo de hablar”, dice un empresario de Arauca que solicita hablar bajo el anonimato, confirmando el hastío de buena parte de los habitantes del departamento hacia el control que ejercen ambos grupos armados, pero especialmente hacia el ELN, hegemónico en la región desde los años ochenta, cuando implantó un sistema de cogobierno “asegurándose fidelidades a cambio de favores y servicios como lo que ya ingresaba por presupuesto del erario público y regalías”, según la Comisión de la Verdad.
“Si el presidente quiere pacificar el país, eso pasa por Arauca, no hay otra fórmula”, prosigue este empresario, que admite haber pagado extorsiones a ambos bandos de hasta el 12% sobre sus negocios, a riesgo de morir si no lo hacía. La Comisión de la Verdad empleó un término que define bien la forma como el ELN acabó cooptando la institucionalidad en el departamento: lo llama el “clientelismo armado”, que permea “la política araucana [...] para lucrarse a través de la captura de rentas públicas y no solo del petróleo”.
Desde 1992 por lo menos ocho gobernadores de Arauca han terminado enredados en líos jurídicos por desviar recursos públicos que financiaron al ELN o a los paramilitares, desangrando una voluminosa renta petrolera de la que todos los actores hablan, pero que nadie ha visto convertida en progreso para el territorio y sus gentes.
¿Un cese imposible?
A la vista no hay una desescalada de la violencia, no al menos en el corto plazo, pues esto implica lograr un cese al fuego entre las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC y el ELN, antes incluso de que paren las hostilidades entre esa guerrilla y el Gobierno.
Tanto el ELN como un cúmulo de organizaciones sociales con fuerte arraigo en la región se oponen de forma rotunda a un acuerdo directo para que se acabe la guerra con las disidencias, como había ocurrido con la confrontación del 2005. En cambio, delegan en el Estado la responsabilidad de controlar y detener a estos grupos.
Pablo Beltrán, segundo comandante del ELN y jefe de su delegación negociadora apostada ahora en La Habana, descartó en marzo la posibilidad de un cese al fuego con la disidencia. Lo dijo en una entrevista con este mismo diario argumentando, sin que haya demasiada evidencia, que es el Estado “quien crea” estos grupos y por lo tanto, quien debe erradicarlos o controlarlos.
Un mes más tarde, cuando la disidencia del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC en cabeza de Iván Mordisco llamó a una tregua con el ELN desde su cumbre de mandos en el Yarí, el 15 de abril, otro comandante cercano a la dirección del Frente Oriental del ELN confirmó a Colombia+20 la misma postura de Beltrán, agregando que no habría pacto mientras estuviera de por medio Antonio Medina, el jefe de la estructura de la disidencia conocida como Frente 28, a quien acusan de tratos con el Ejército, algo que esta institución ha desmentido.
El escenario cambió el 8 de febrero y dejó en desventaja al ELN, luego de que empezaron a definirse los protocolos para el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese bilateral al fuego que el Gobierno ya suscribió desde el pasado 1 de enero con las disidencias del Estado Mayor Central, donde se integran los Frentes 10 y 28 que hacen presencia en Arauca.
En opinión de Steve Hege, del Instituto de Paz de los Estados Unidos, el grupo de Antonio Medina “podría usar el cese como una ventaja militar para ganar legitimidad internacional” y protegerse en la región de los ataques del ELN, que hasta entonces había golpeado severamente su estructura y a quienes acusan de ser sus colaboradores. Esto podría generar tensiones en la mesa de diálogos con el ELN, así como en el territorio de cara al Frente Oriental, la estructura más beligerante de aquella guerrilla.
Un movimiento social bajo fuego
La guerrilla no es la única que se opone al cese al fuego con las disidencias. Múltiples líderes sociales del departamento expresaron una opinión contraria y su motivo suele ser el mismo: el carro bomba que destruyó la sede de las organizaciones sociales en Saravena, cuando había más de 50 líderes adentro en un taller de derechos humanos, detonado el 19 de enero de 2022. Afirman que este crimen cometido por el grupo de disidentes de Antonio Medina supone haber traspasado una barrera a la que no se atrevieron ni siquiera los paramilitares en su intento de apoderarse del departamento, en los comienzos del nuevo milenio.
“Ese cese (al fuego) a nosotros no nos genera ningún tipo de confianza, ni de tranquilidad, porque la guerra sucia existe y nos pueden matar con otro brazalete”, aseguró José Vicente Murillo, un líder adscrito al Movimiento Político de Masas del Centro Oriente, organización que agrupa varios procesos populares en Arauca, Boyacá y Casanare, señalada de tener lazos con el ELN en lo que ellos mismos definen como “una matriz mediática que pretende satanizar al movimiento social y relacionarlo con la insurgencia”.
“¿Quién no está cansado de la guerra? ¿Quién no está cansado de tener que salir y dejar sus cosas tiradas? A nosotros nos ha tocado eso, a nuestros hijos, ¿pero de quién es la responsabilidad de solucionar eso? No es de nosotros”.
Sonia López, de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra
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Murillo, quién ha estado preso en dos oportunidades en litigios que asegura son montajes judiciales por su liderazgo y por los que nunca ha sido condenado, hizo sus declaraciones durante un almuerzo con periodistas y líderes políticos el pasado 26 de abril, durante el transcurso de un evento sobre la paz organizado por la Gobernación de Arauca con apoyos del Instituto de Paz de los Estados Unidos, la Fundación Paz y Reconciliación y el Instituto Catalán Internacional de Paz, ICIP.
“Lo que actúa en Arauca a nombre de FARC son estructuras paramilitares, ese tipo de proceder va contra un pueblo, ni siquiera contra un objetivo militar”, insistió refiriéndose al atentado, agregando que media hora antes de la explosión ellos ya sabían que les iban a poner un carro bomba pero prefirieron quedarse en el edificio.
Otra postura, contraria y en minoría, es la de los activistas del espectro cercano a la Unión Patriótica y el Partido Comunista, una fuerza política que alcanzó a ganar relevancia en años anteriores en el departamento controlando alcaldías y concejos municipales, también atacada en otras épocas por el ELN, pues asesinaron a una veintena de sus militantes, según datos de la Comisión de la Verdad. “No habrá posibilidades de paz si no arreglan el conflicto interno entre el ELN y las FARC”, declaró bajo reserva una persona cercana a la Unión Patriotica.
“La revolución no es matar gente, eso no es revolucionario, con esas conductas lo que hacen es desprestigiar la revolución, los cambios”, agregó a su vez Yolanda Montes, una profesora y líder social afiliada al Partido Comunista.
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Sin embargo, el sector mayoritario del movimiento social insiste en que no hay nada que negociar con los disidentes y es el Estado el que debería controlarlos: “¿Quién no está cansado de la guerra? ¿Quién no está cansado de tener que salir y dejar sus cosas tiradas? A nosotros nos ha tocado eso, a nuestros hijos”, se quejó Sonia López, de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra: “¿pero de quién es la responsabilidad de solucionar eso? No es de nosotros”.
Este sector también ve con sospecha las conversaciones del Gobierno con la delegación negociadora del ELN, pues consideran, según José Vicente Murillo, que “hay unas clases dominantes que no van a renunciar en sus intereses” y “las posibilidades de un país en paz están bastante lejitos todavía”.
Sus quejas suponen una regresión a cinco décadas de incumplimientos, que se remontan hasta los paros campesinos del Sarare en los años 70, un momento de la historia local donde algunos estudiosos del conflicto armado sitúan el germen del Ejército de Liberación Nacional en la región, fundado por líderes agrarios como Efraín Pabón Pabón, Raimundo Cruz y el doctor William Ospina.
Los líderes muestran un rechazo frontal al extractivismo y las compañías petroleras que, dicen, no le han dejado nada a su territorio más que devastación ambiental, y repiten igual que un mantra viejas consignas de los años setenta contra el imperialismo y la burguesía, como si Arauca siguiera anclada a esa década de subdesarrollo y guerrillas que enarbolaban la emancipación latinoamericana.
Y en esto último quizá tengan razón, pues Arauca, tan aislado y singular, es un territorio prisionero de su atraso y su singularidad. El pésimo estado de las pocas vías que existen, la ausencia de infraestructura indispensable como hospitales, centros educativos u obras de saneamiento básico, y la condición de pobreza multidimensional de un tercio de los habitantes combinada con un escandaloso índice de empleo informal que alcanza el 91% de la población ocupada, de acuerdo con el DANE, ofrecen razones sólidas a aquellos discursos radicales.
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Pero acá es donde las interpretaciones de las causas se chocan. Mientras unos culpan al Estado y las multinacionales petroleras por el atraso, muchos en el departamento creen que gran parte de la responsabilidad le cae encima al propio ELN, asociado a los gobernantes locales que con su venia han desfalcado por tres décadas los billonarios recursos de las regalías y renta del petróleo.
Una renta que ha financiado la guerra incluso desde antes de que saliera una sola gota de crudo de las llanuras araucanas, en aquellos tiempos que la compañía alemana Mannessmann pagó dos millones del dólares al ELN para poder construir el oleoducto Caño Limón - Coveñas, como contó al diario alemán Die Zeit el sacerdote guerrillero Manuel Pérez, quien fuera máximo jefe de aquella guerrilla, según lo había revelado El Tiempo en 1996.
Después, como lo documentó la Comisión de la Verdad, las petroleras financiaron batallones completos del Ejército dedicados a custodiar proyectos mineros y energéticos, lo que fue una clara intromisión en el conflicto colombiano.
“Arauca es el pequeño Vietnan que le quedó grande a los gringos”, se jacta José Murillo: “han utilizado cantidad de formas de neutralizarnos y matarnos, y sin embargo acá estamos, con más experiencia, con más berraquera, con más madurez y convencimiento de lo que estamos haciendo”, dijo el líder social, que basa el fondo de su discurso en la “defensa del territorio”.
A una pregunta sobre si compartían la vieja propuesta del ELN de convocar con los diálogos una “convención nacional” donde todos los sectores del país aportaran para lograr la paz, incluso los sectores más poderosos como los gremios de empresarios representados en la ANDI o los terratenientes de Fedegán, Murillo contestó con un par de frases cortantes: “Si ese es el modelo que va a resultar, pues no estaríamos de acuerdo”.
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El desdoblamiento del ELN
Las paredes de las veredas en Arauquita envejecen con pintas desactualizadas, que nadie se preocupa por borrar, ni ajustar de fecha. Cada aniversario de la toma de Simacota (el hito de la fundación de la última guerrilla del país) supone un grafiti distinto con años diferentes que se acumulan junto a los anteriores: “ELN 39 años de lucha”, dice una de las pintas, “ELN 50 años”, dice otra, “Ni rendición ni entrega, ELN 55 años” reza una más reciente.
El Frente Oriental del ELN, que abarca cuatro estructuras guerrilleras entre Arauca, Boyacá, Casanare, Vichada y varios estados venezolanos, se ha convertido después de todos esos años en la facción más grande, poderosa y radical de esa guerrilla, con desencuentros patentes con su dirección nacional. Se dice, con sorna, que es un ELN dentro del ELN.
Fue el mismo frente que detonó un carro bomba contra la Escuela de Cadetes de la Policía matando a 22 jóvenes reclutas en enero de 2019, lo que dio una excusa para que el presidente Iván Duque pateara definitivamente la mesa de diálogos que había instalado su antecesor Juan Manuel Santos con esa guerrilla. Duque, no sobra aclararlo, nunca se sentó a la mesa antes de ese atentado.
No obstante, seis personas en el departamento aseguraron que al interior del Frente Oriental hay desde hace meses una purga interna, que ha dejado decenas de fusilamientos y comandantes asesinados o degradados de la línea de mando. “Internamente hay una purga y todo es por dinero”, dijo una persona relacionada con la defensa de los derechos humanos, comentando el caso de un hombre y su sobrino que fueron ejecutados cerca de Saravena por órdenes de un jefe local que les reclamaba malos manejos financieros.
Un miembro de alto rango del ELN consultado negó esta situación y desestimó la supuesta purga, aunque Colombia+20 pudo confirmar con fuentes oficiales que de los 360 asesinatos registrados desde 2022, no todos ocurrieron en medio de la confrontación con las disidencias y en cambio varios fueron ejecuciones dentro del mismo ELN.
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Otra persona contó a este diario que Moisés Bautista Núñez conocido como “Jorge” o “Heliodoro”, un importante comandante del Frente Oriental, habría sido ajusticiado por órdenes de sus superiores debido a malos manejos de dineros de la organización.
Después de él supuestamente habrían caído varios de sus hombres de confianza. Si bien ni las autoridades, ni el ELN han anunciado su muerte, Heliodoro ya no aparece entre los últimos organigramas de las Fuerzas Militares. En cambio, quien sigue figurando en esos documentos es Gustavo Aníbal Giraldo “Pablito”, considerado el jefe militar del Frente Oriental, que había sido dado por muerto en 2021 según una publicación del diario El Colombiano.
¿Por qué gana la derecha? El hastío con la guerra
A mediados de abril los transportadores de Arauquita, cansados de la zozobra que les impide trabajar en condiciones normales, se reunieron para elevar una comunicación al Frente Oriental solicitando un pronunciamiento oficial que diera claridad sobre si estaban alineados con los diálogos de paz que el resto de esa organización desarrolla con el gobierno Petro, según la versión de un profesional que trabaja en temas humanitarios en ese municipio.
La ausencia de Pablito, el jefe militar, y de Nacho, uno de los jefes políticos del Frente Oriental, de la mesa de diálogos, han alimentado esta incógnita que es formulada con frecuencia desde múltiples sectores de la sociedad araucana, en la que se percibe un enorme agotamiento con la guerra.
La respuesta a esta incógnita por parte de la delegación negociadora del ELN, en cabeza de Pablo Beltrán, siempre ha sido idéntica; la ha repetido casi con las mismas palabras en entrevistas con este diario pero también a pobladores locales que le han cuestionado el tema en charlas virtuales y encuentros por Twitter. Según Beltrán, todos los frentes del ELN respaldan la negociación y Pablito asistirá a la mesa cuando sea necesario.
“Allá están diciendo una cosa y acá haciendo otra”, se quejó una representante de víctimas: “mientras ellos están allá [en La Habana], siguen las víctimas en el territorio, siguen los asesinatos, ¿a qué juegan?”.
El hastío por todo lo que parezca cercano a las guerrillas se manifestó en Arauca con un síntoma silencioso aunque contundente: en las votaciones presidenciales ganó la derecha. Rodolfo Hernández aventajó a Gustavo Petro en las pasadas elecciones casi triplicando sus votos con el 58%, mientras que Petro sólo obtuvo el 23%.
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De acuerdo con el empresario citado al comienzo de esta historia -que dice haber votado por Petro-, la mayoría de quienes apoyan a partidos como el Centro Democrático en Arauca no lo hacen fundamentalmente “porque crean en Uribe, ni porque crean en el libre mercado”, sino que son personas ofendidas “por tantos años de hegemonía de la ultraizquierda, que ha permitido desmanes y ha muerto mucha gente [...] Es un voto de protesta. ¿Cómo es posible que en un puesto de votación acá que se llama Caranal [en zona controlada por las guerrillas] salgan votos por [el partido de] Álvaro Uribe? El señor o la señora que votó así es porque le mataron un hijo, o le mataron al esposo, algo le hicieron, no es porque crea en el programa de gobierno”.
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Manuel Pérez, miembro del Centro Democrático y varias veces candidato a la alcaldía de Tame, amenazado de muerte por el ELN, que además asesinó a su padre, hizo un fuerte reclamo ante los asistentes al evento de paz organizado por la Gobernación a mediados de abril. Con vehemencia tomó el micrófono para pedir que personas como él no fueran perseguidas por su ideología política. Lo mínimo, dijo, era lograr garantías para que él y sus copartidarios pudieran hacer política sin que les pegaran un tiro.
Sus palabras condensan la increíble paradoja que ocurre en el departamento de Arauca, donde la derecha siempre ha estado en la oposición y ahora, contra todo pronóstico, anhela la paz: “tengo diferencias profundas con el actual Gobierno, pero creería yo que somos los que más esperamos que el proyecto de Paz Total salga adelante”.
